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Mi?rcoles, 08 de septiembre de 2010

La masacre de Umasi y el Decreto Legislativo 1097

Por Wilfredo Ardito

El 16 de octubre del a?o 1983, una columna senderista ingres? a la comunidad de Raccaya, en la provincia ayacuchana de V?ctor Fajardo, y secuestr? a m?s de treinta escolares del colegio secundario.  Se los llevaron caminando hasta la comunidad de Umasi, distante ocho horas, para adoctrinarlos y adiestrarlos.

La noticia lleg? a la base militar de Canaria, al mando del oficial Jorge C?rcovich Cortelezzi, y se dispuso atacar a los senderistas.  Cuando vieron llegar a los soldados, los escolares de Raccaya creyeron que iban a rescatarlos, pero los mataron a todos, hasta los que ten?an catorce a?os o menos.   Los soldados, sin embargo, no actuaron precipitadamente: se dieron tiempo para violar a las ni?as antes de asesinarlas.

La masacre de Umasi fue parte de la pol?tica de "tierra arrasada" ejecutada en Ayacucho durante el segundo gobierno de Fernando Bela?nde, considerado parad?jicamente por algunos como un presidente de "ideales democr?ticos".  En todo caso, dentro de la noci?n belaundista de democracia no estaban los campesinos ayacuchanos.   Jam?s en la historia republicana del Per? hubo una sucesi?n de cr?menes tan atroces como los ocurridos entre 1982 y 1985 en Putis, Soccos, Umasi y decenas de aldeas.

En diciembre del a?o pasado,  se realiz? la exhumaci?n de los restos de los ni?os y adolescentes asesinados en Umasi, encontr?ndose tambi?n los restos de sus uniformes escolares.  El Ministerio P?blico viene realizando las investigaciones pertinentes que permitir?an acusar a C?rcovich, que actualmente es nada menos que General de Divisi?n.

El viernes pasado se tom? las muestras de ADN a los campesinos de Raccaya para identificar mejor a sus hijos asesinados.  Sin embargo, dos d?as antes, el 1? de septiembre, fue publicada una norma que podr?a generar que este proceso quede archivado: el Decreto Legislativo 1097.

Esta norma plantea que los cr?menes de guerra o de lesa humanidad solamente son imprescriptibles desde el noviembre del 2003, una afirmaci?n que vulnera todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  En Europa, los criminales nazis han sido sancionados por sus delitos muchos a?os despu?s que fueron cometidos.  Lo mismo ha sucedido en Argentina con los cr?menes cometidos por los militares en los a?os

Adem?s, el Decreto Legislativo establece el "sobreseimiento obligatorio", es decir, se obliga a los jueces a archivar un proceso de violaci?n a los derechos humanos, cuando el juicio exceda un plazo de 18 ? 36 meses, dependiendo el caso.  Sin embargo, una de las principales causas por las que estos procesos se prolongan mucho es la falta de colaboraci?n del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que se reh?san a entregar los nombres de oficiales y soldados involucrados en los cr?menes, as? como a proporcionar las dem?s informaciones que solicitan el Poder Judicial y el Ministerio P?blico.

Para generar todav?a mayores beneficios, los acusados de masacres, desapariciones forzadas o torturas pueden recibir orden de comparecencia y encontrarse bajo el cuidado de su instituci?n.  La norma es abiertamente discriminatoria, puesto que los civiles que cometen delitos no gozan de este privilegio.  Otro privilegio concedido a los acusados de violaciones de los derechos humanos se refiere a que el impedimento de salir del pa?s ser? de un m?ximo de ocho meses.

Finalmente, se se?ala que los procesados tambi?n podr?n pagar una cauci?n econ?mica, para evitar ser detenidos.  Adem?s, si un militar o polic?a no tiene o no desea aportar sus recursos, su instituci?n podr? hacerlo por ?l, consagr?ndose as? el esp?ritu de cuerpo que tanto da?o ha hecho a la lucha contra la impunidad en el Per?.

La aprobaci?n del Decreto Legislativo 1097 no deber?a causar mayor sorpresa, dada la escasa simpat?a del actual gobierno por los derechos humanos.    Recordemos que, desde la primera semana que asumi? el mando, en julio del 2006, Garc?a propuso reinstaurar la pena de muerte declarando que "En el Per? hay gente que no merece vivir".   Si en tiempos de Toledo, 15 personas murieron por acci?n de las Fuerzas Armadas y Policiales, en los ?ltimos cuatro a?os, los muertos son 115.

La mayor?a de estas muertes se produjeron desde la promulgaci?n de otro Decreto Legislativo, el 982, que establece que los polic?as y militares que maten o hieran civiles son inimputables.  Afortunadamente, hace unas semanas,  el Tribunal Constitucional se?al? que esta norma no tiene aplicaci?n autom?tica, sino que los jueces deben estudiar en cada caso las circunstancias para plantear si el militar o polic?a est?n exonerados de responsabilidad penal.

En cuanto al Decreto Legislativo 1097 constituye, en la pr?ctica, una amnist?a para los responsables de terribles cr?menes ocurridos, por lo cual deber?a ser derogado por el Congreso.  Si esto no ocurre, ser? necesario acudir al Tribunal Constitucional o a instancias internacionales.

En una sociedad democr?tica, los responsables de cr?menes tan atroces como la masacre de los ni?os de Raccaya, deben ser severamente sancionados.  Para ello, la derogatoria del Decreto Legislativo 1097 resulta fundamental.

Fuente: RP 320: La masacre de Umasi y el Decreto Legislativo 1097 - La Mula


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