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Martes, 07 de septiembre de 2010

Per?: normas que favorecen la impunidad deben ser derogadas por el congreso e inaplicadas por la jus

Centro Internacional para la Justicia Transicional

Comunicados de prensa

Nueva York y Bogot?, 03 de septiembre de 2010.-

La expedici?n de normas que regulan los juicios a violadores de derechos humanos, ocurrida en el Per? esta semana, incluye preceptos contrarios a las obligaciones internacionales sobre el deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, afirm? hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional. "El gobierno y el Congreso deben derogar las normas que permitir?an el archivo de decenas de juicios por graves cr?menes contra los derechos humanos y la liberaci?n de quienes hoy enfrentan a la justicia por esos hechos", se?al? David Tolbert, presidente del ICTJ.

Esta semana, el gobierno peruano emiti? varios decretos legislativos (normas ejecutivas con rango de ley) sobre aspectos vinculados al funcionamiento de la justicia en casos de derechos humanos. Una de esas normas, el decreto legislativo 1097, incluye regulaciones que - en caso sean aplicadas - conllevar?an el sobreseimiento (archivo) de numerosas investigaciones y juicios por violaciones a los derechos humanos.

Esta ley ordena el archivo de los casos relacionados con delitos contra los derechos humanos cuando haya transcurrido el plazo contenido por el nuevo C?digo Procesal Penal (que a?n no est? vigente en todo el pa?s), sobre las personas que sufran detenci?n u otra medida restrictiva. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los juicios por violaciones a los derechos humanos han demorado m?s que el plazo se?alado (16 meses), muchas veces por maniobras dilatorias, todos los inculpados sometidos a restricciones quedar?an libres, y sus procesos inmediatamente archivados. Adem?s, la norma declara que los jueces y fiscales no podr?n argumentar la imprescriptibilidad sobre hechos ocurridos antes del a?o 2003.

La aplicaci?n de esta legislaci?n implicar?a el inmediato archivamiento de por lo menos 17 procesos y la libertad de m?s de 60 personas, en su mayor parte miembros de las fuerzas del orden que est?n en prisi?n por casos de derechos humanos, incluyendo a los sindicados como integrantes de un reconocido escuadr?n de la muerte que oper? durante el gobierno de Alberto Fujimori, as? como los acusados de una matanza de presos ocurrido en la primera administraci?n de Alan Garc?a.

"El Per? ha dado pasos significativos en procura de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, como fue la importante labor de la Comisi?n de la Verdad y las sentencias contra Alberto Fujimori y otros perpetradores", agreg? Tolbert. "Estas normas representan un vergonzoso paso atr?s que debe ser rechazado por el propio gobierno y, si as? no ocurriera, sus normas deben ser inaplicadas por los jueces, pues est?n en la obligaci?n de preferir las normas internacionales y constitucionales, en lugar de leyes notoriamente violatorias de las obligaciones internacionales del Estado".

La aplicaci?n de este decreto viola directamente las obligaciones internacionales del Per? referidas a su obligaci?n de investigar, juzgar y sancionar violaciones de los derechos humanos, en los t?rminos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia y en aquellos se?alados por el propio Tribunal Constitucional peruano. Las personas acusadas de violaciones a los derechos humanos deben, por supuesto, contar con todas las garant?as del debido proceso, como cualquier persona, pero ello debe hacerse en el contexto de investigaciones serias, que logren demostrar los hechos ocurridos y establecer sus responsables.

"No son admisibles jur?dicamente los obst?culos procesales como excusa para incumplir obligaciones referidas a la verdad, la justicia y la reparaci?n", enfatiz? Tolbert. "El Per? se pone por fuera de sus obligaciones internacionales si persiste en favorecer la impunidad", agreg?.

Contexto

El gobierno de Alan Garc?a fue autorizado por el Congreso, en julio pasado, a expedir normas con rango de ley sobre aspectos vinculados al uso y aplicaci?n de la fuerza, a aspectos procesales de casos de violaciones de derechos humanos, as? como para atender la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias, organizaci?n y funciones de la justicia penal militar. El 1 de septiembre fueron publicados cuatro decretos legislativos (norma con rango de ley que expide el Poder Ejecutivo), sobre las siguientes materias:

  • Normas procesales sobre delitos contra los derechos humanos
  • Normas referidas al empleo y uso de las fuerza por las fuerzas armadas
  • Nuevo C?digo Penal militar y policial
  • Nueva Ley de Organizaci?n y Funciones del fuero militar y policial

La primera de estas leyes contiene disposiciones espec?ficas para adelantar la entrada en vigencia del nuevo C?digo Procesal Penal, norma que s?lo est? vigente en algunas zonas del pa?s, y s?lo para los juicios que se sigan por delitos contra los derechos humanos. Adem?s, el decreto emitido por el Ejecutivo se?ala que el personal militar y policial que est? con mandato de detenci?n por estos cr?menes, ser? entregado en custodia a instalaciones militares o policiales.

Por otro lado, la ley ordena que la imprescriptibilidad de cr?menes de lesa humanidad debe operar en el Per? s?lo a partir del momento de la entrada en vigencia de la Convenci?n Internacional sobre la materia, desconociendo la jurisprudencia internacional, en particular la derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal internacional ha se?alado, desde el caso "Barrios Altos versus Per?" (Febrero 2001), que los obst?culos procesales tales como la amnist?a, el indulto, la prescripci?n y la cosa juzgada no pueden ser circunstancias opuestas a la investigaci?n, juicio y sanci?n de graves violaciones a los derechos humanos. Esta interpretaci?n ha sido acogida por diversos sistemas judiciales latinoamericanos, como en Argentina, Chile y Ecuador.
El Per? sufri? las secuelas de un sangriento conflicto armado (1980-2000) que fue prolijamente analizado por la Comisi?n de la Verdad y Reconciliaci?n (CVR). El informe final de esta comisi?n determin? que la cifra m?s probable de muertos y desaparecidos por dicho conflicto fue de alrededor de 69,000 personas y recomend? al Estado diversas pol?ticas para continuar las investigaciones de casos considerados emblem?ticos. Actualmente, hay m?s de 400 investigaciones judiciales pendientes sobre violaciones a los derechos humanos y se han producido algunas sentencias.

Sin embargo, los procesos judiciales son lentos debido a la sobrecarga del tribunal especializado, a la lentitud de los fiscales y, principalmente, a obst?culos referidos a la ausencia de informaci?n sobre la identidad de los presuntos perpetradores. El Ministerio de Defensa ha ignorado las repetidas peticiones de la justicia para revelar los nombres del personal militar y policial procesado en estos casos, contribuyendo a dilatar a?n m?s los juicios. Por ello, en 2004, el Tribunal Constitucional del Per? orden? que en los procesos por violaciones a los derechos humanos se tomara en cuenta los derechos de las v?ctimas y el entorpecimiento de la justicia, al momento de disponer la libertad de los procesados.

Sobre el ICTJ

El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja para remediar y prevenir las m?s graves violaciones a los derechos humanos al confrontar los legados de abusos pasados. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendici?n de cuentas y construir sociedades justas y pac?ficas. M?s informaci?n, disponible en www.ictj.org/es/.

Descargar el comunicado de prensa [PDF]

Fuente: Per?: normas que favorecen la impunidad deben ser derogadas por el congreso e inaplicadas por la justicia - Centro Internacional para la Justicia Transicional


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