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Por Jaqueline Fowks

Comisionada Maricarmen G?mez revisa informe final que no firm?.

Tras leer el informe final de la Comisi?n Bagua, las 43 observaciones de Jes?s Manac?s y la hermana Maricarmen G?mez, y la apostilla del padre Ricardo Alvarez Lobo, la conclusi?n es que el documento es un instrumento a favor del Ejecutivo, no plural, que refuerza la versi?n oficial de lo ocurrido y contiene gran cantidad de imprecisiones de fondo y forma.

Al momento Mirko Lauer y Carlos Mel?ndez han comentado que el documento se convierte en un elemento para que contin?e la disputa electoral, especialmente porque alienta la pugna entre el Apra y los nacionalistas que han sido acusados de soliviantar a los nativos el a?o pasado.

Sin embargo, tal punto de vista evita evaluar un asunto de fondo: la actuaci?n del Gobierno y el oficialismo ante los hechos pendientes luego de la tragedia en Bagua del 5 de junio. Este informe final y las declaraciones de ayer del presidente Alan Garc?a son una p?sima noticia acerca del rumbo del Estado peruano en su v?nculo con las organizaciones amaz?nicas y el respeto a los derechos de los pueblos ind?genas.

Lo m?s grave del informe final es reiterar la idea de que los polic?as no iniciaron el ataque la ma?ana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses 'subalternos' de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa G?mez Calleja, reclam? que testimonios clave recogidos por la Comisi?n no hubieran sido tenidos en cuenta para la versi?n final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayud? a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de p?ginas a la cronolog?a de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no se?alar las fuentes de informaci?n incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigaci?n es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estaci?n 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmaci?n en un testimonio, grabaci?n o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente Garc?a cuando hizo la distinci?n de peruanos de segunda categor?a en alusi?n a la poblaci?n que rechazaba los decretos legislativos.

El se?alamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalizaci?n de la protesta en la selva tampoco es demostrada, el documento s?lo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

En la parte de recomendaciones, el informe rescata una propuesta que el ministro Aurelio Pastor difunde reiteradamente: la creaci?n de casas de la justicia (p. 85).

Quiz? uno de los pocos p?rrafos destacables por su precisi?n figura en la p?gina 81, e indica que pese a que la PNP cumpli? el operativo de acuerdo a lo establecido, hubo deficiencias como equipamiento limitado, falta de eequipos de comunicaci?n, fiscales a destiempo,
menor n?mero de efectivos que los necesarios, descoordinaciones de horario, falta de conocimiento sobre la forma de ser y combatitividad de los ind?genas cuando defienden su tierra, entre otros.

Sobre las firmas
El informe final fue suscrito por Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, quienes actuaron como la voz del Gobierno o del oficialismo en la Comisi?n Especial de Investigaci?n de los Sucesos de Bagua. El sacerdote dominico Ricardo Alvarez Lobo lo firm? tambi?n, pero agreg? un documento adicional -bastante acertado- con se?alamientos directos sobre las responsabilidades de altos funcionarios del Ejecutivo.

Por otro lado, los medios informaron desde el 29 los motivos para negarse a firmar por parte del coordinador de la Comisi?n Especial, Jes?s Manac?s, y de la hermana G?mez Calleja.

Otro miembro de la Comisi?n, el decano del CAL, Walter Guti?rrez, dijo el 23 de diciembre que renunci? al grupo de trabajo el 9 de noviembre, aunque fuentes de la CEI indican que no hay un documento al respecto. En una nota de prensa indic? que ni desestima ni avala el informe final. Por tanto, de siete miembros de la Comisi?n, s?lo tres lo respaldan en su totalidad, los m?s afines al Gobierno.

M?s se?ales del Gobierno
Un documento elaborado por una comisi?n formada por resoluci?n ministerial y sobre un asunto tan sensible, tuvo que haber cuidado la m?ximo la redacci?n de fondo y forma, pero ?ste no es el caso. Para m?, una se?al m?s de la poca seriedad y agresividad con la que el Gobierno encara los asuntos pendientes con los ciudadanos de la selva est? en los errores obvios a lo largo del informe final.

Por ejemplo, se refieren a un grupo 'piromashco' que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese'eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), ind?genas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ej?rcito (p. 61).

Uno de los peores p?rrafos por la forma tan sesgada en que se refieren a los ind?genas aparece en la p?gina 39, en las referencias al 13 de mayo 2009.

Los tres documentos:
Informe final, apostilla de sacerdote Alvarez Lobo y 43 observaciones de Manac?s y G?mez Calleja

Parte de una entrevista realizada a hermana Maricarmen G?mez por el programa DosxDos en Radio San Borja: infbagua3 from Jacqueline Fowks on Vimeo.

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Fuente: Notas desde Lenovo