contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Martes, 29 de diciembre de 2009

La verdad del baguazo al desnudo


(1) La religiosa Carmen G?mez puso en aprietos pretensiones oficiliastas. (2) En la Curva del Diablo se produjo la peor operaci?n policial de todos los tiempos y no hay responsables.

Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo esp?ritu y la misma l?nea de argumentaci?n y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

Los hechos sucedidos
el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas

Aqu? las razones por las cuales los representantes de los nativos no firmaron el informe del Ejecutivo que limpia a los verdaderos responsables de la muerte de 34 peruanos en Bagua.

Publicamos el documento ?ntegro que el presidente de la Comisi?n Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jes?s Manac?s, y la integrante de esta comisi?n, religiosa Carmen G?mez Calleja, entregaron el pasado s?bado al ministro de Agricultura, Adolfo de C?rdova V?lez, explicando sus razones por las que no est?n de acuerdo con el informe firmado por los otros miembros de la comisi?n.

Lima, 25 de Diciembre del 2009
Se?or
Adolfo de C?rdova V?lez
Ministro de Agricultura
Presente.-

Jes?s Manac?s Valverde y Carmen G?mez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisi?n Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resoluci?n Ministerial N? 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

1.- En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen G?mez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisi?n y el cual -tal como se me comunic? oportunamente- hab?a sido dejado desde el d?a 22 de diciembre el a?o en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los dem?s miembros de la CEI pudi?ramos leerlo y decidir si lo suscrib?amos o no. Fue s?lo gracias a la gesti?n del Presidente de la Comisi?n que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.

2.- En segundo lugar, era de esperarse que luego de las un?nimes cr?ticas que desat? una primera versi?n del Informe, que fue de conocimiento p?blico, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relaci?n con las pruebas recopiladas por nuestra Comisi?n durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurri?.

3.- Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo esp?ritu y la misma l?nea de argumentaci?n y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

4.- En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayor?a de sus afirmaciones carece de una sustentaci?n rigurosa, por m?s esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se est?n tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los p?rrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opini?n de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciaci?n propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ning?n correlato con lo recogido por la Comisi?n.

5.- Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos ind?genas de la Amazon?a, haya sido que ?stos no "comprendieron bien" el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos pol?ticos, sectores de la Iglesia Cat?lica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y enga?ando de esta manera a los Pueblos Ind?genas.
Durante el tiempo de trabajo de la comisi?n se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados ten?an distintos puntos de vista y no se lleg? a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexi?n conjunta; de ah? nuestra insistencia en la ampliaci?n del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicaci?n o explicaci?n de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son m?s complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opini?n de algunos miembros de la comisi?n, pero la afirmaci?n de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de ind?genas u organizaciones representativas.
Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicaci?n o explicaci?n de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran n?mero de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.

6.- Es importante se?alar que no se da el mismo car?cter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los ind?genas; en muchos casos estos ?ltimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quer?a decir y volvi?ndolos contra ellos mismos.

7.- En la cronolog?a efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificaci?n adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronolog?a, adem?s, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigaci?n objetiva e imparcial.

8.- Si bien de los testimonios que se logr? recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y polic?as, no se ha logrado a?n determinar c?mo fue el operativo, qu? coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.

9.- En suma, la gran mayor?a de las recomendaciones son discutibles y encierran una cr?tica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos pol?ticos, dirigentes, ONG, como si la actuaci?n de los grupos ind?genas siempre fuera producto de enga?os o manipulaciones.

10.- Como es de dominio p?blico, el 5 de junio de 2009 aconteci? en Bagua, Amazonas, Per?, una situaci?n de conmoci?n y confrontaci?n social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos ind?genas amaz?nicos y dej? un lamentable saldo de 33 v?ctimas mortales, un polic?a desaparecido y m?s de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.
Tres meses m?s tarde, el 7 de septiembre de 2009, se cre? la Comisi?n Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a trav?s de la Resoluci?n Ministerial N? 0664-2009-AG asign?ndole como objeto "determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, econ?micas, pol?ticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliaci?n".
Conforme a su norma de creaci?n, la CEI debi? estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad; y su finalidad esencial es contribuir a que "hechos similares nunca m?s vuelvan a suceder".
No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posici?n que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicaci?n directa y p?blica en estos hechos; deriv?ndose m?s bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.

11.- El an?lisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisi?n que suscriben el denominado Informe Final, no s?lo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, adem?s, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.

12.- El gobierno, por su parte, no colabor? efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisi?n, pues no se le otorg? el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.

13.- En efecto, la CEI se instal? el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprob? el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto. Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solvent? dos viajes de la CEI; este fue el ?nico apoyo en lo que se refiere a presupuesto.

14.- Otros ?rganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuaci?n de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio P?blico, quienes negaron al Presidente de la Comisi?n, se?or Jes?s Manac?s, los documentos de la investigaci?n fiscal. Lo mismo ocurri? con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.

15.- A pesar de tener por objeto la b?squeda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ning?n momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construy? alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, as? como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.

16.- No se pudo lograr la entrevista con el se?or Presidente de la Rep?blica, Dr. Alan Garc?a P?rez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y despu?s del proceso, que contribuir?an a la reconciliaci?n nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisi?n.

17.- La CEI tampoco interrog? a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos ind?genas, carec?an de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos ind?genas, tal como instru?a el Convenio 169 de la OIT y fueron "el desencadenante que gener? el paro y las movilizaciones amaz?nicas a nivel nacional". En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Ar?oz, pese a que se la cit?, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se pon?a en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Per? pod?a ser objeto de sanciones internacionales. Afirmaci?n que luego el se?or Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encarg? de desmentir tajantemente. Este ?ltimo, tampoco fue entrevistado por la Comisi?n pese a la eminente y cr?tica posici?n que ocup? en el momento en que ocurr?an los hechos objeto de investigaci?n por la CEI.

18.- En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONGs, medios de comunicaci?n y miembros de la Iglesia Cat?lica, a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaraci?n y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribu?a. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliaci?n nacional.

19.- Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP), a quienes sindica como promotores de la movilizaci?n ind?gena y la comisi?n de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayor?a tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales a quienes el Informe Final atribuye la comisi?n de actos violentos, como tambi?n ocurri? respecto de representantes y dirigentes ind?genas.

20.- El Informe Final tampoco incluy? la versi?n u opini?n de ninguno de los deudos de las v?ctimas civiles, fueran estas mestizas o ind?genas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estaci?n de Bombeo N? 6. Ning?n miembro de la DINOES declar? de forma reservada ante la CEI.

21.- A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, se?or Javier Vel?squez Quesqu?n, y teniendo claro que la palabra empe?ada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicaci?n de por qu?, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisi?n Multipartidaria, coincidiendo con la Defensor?a del Pueblo, hab?a recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisi?n se posterg? una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se hab?a desatado con el conocido saldo lamentable de v?ctimas mortales que produjo.

22.- El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos ind?genas y en estado de emergencia.

23.- Aunque el Informe Final destaca la promulgaci?n por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos ind?genas, no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones ind?genas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administraci?n que les afectan.

24.- Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa p?rdida de vidas humanas con que se sald? el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexi?n encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos ind?genas amaz?nicos del Per?; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podr?an dificultar un di?logo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.
En este mismo sentido se ha pronunciado un?nimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Ind?genas (se?or James Anaya), la Asamblea General de la Organizaci?n Internacional del Trabajo (OIT), el Comit? de la ONU contra todas las formas de Discriminaci?n Racial (CERD) y la Federaci?n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un di?logo respetuoso y al cese de la represi?n contra los dirigentes y representantes ind?genas.

25.- La CEI no cont? con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que ten?a planteados; El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Per? es parte.

26.- Temas de investigaci?n y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigaci?n no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisi?n no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.

27.- En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versi?n oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el prop?sito de no responsabilizar a los autores de las decisiones m?s relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.

28.- A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusi?n y marginaci?n hist?rica y estructural de los Pueblos Ind?genas, no profundiza en las verdaderas ra?ces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jur?dica de los territorios ind?genas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegaci?n de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos ind?genas amaz?nicos.

29.- El Informe Final omite destacar, asimismo, el traum?tico estado actual de todos los pueblos ind?genas de la Amazon?a peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupaci?n de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, as? como los grav?simos impactos a su salud, a su derecho a la alimentaci?n y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisi?n elude tratar la causa estructural que, seg?n los pueblos ind?genas amaz?nicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.

30.- Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participaci?n de los pueblos ind?genas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.

31.- En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuaci?n defensiva una acci?n policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pac?fico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazon?a.

32.- En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar qui?n les orden? que actuaran de esta forma.

33.- La formulaci?n del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la caracter?stica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos ind?genas, donde los dirigentes deben asumir la funci?n para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuesti?n personal o particular.

34.- El Informe Final no manifiesta un principio y derecho b?sico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.

35.- Junto con la b?squeda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ?sta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilizaci?n del Estado contra las organizaciones ind?genas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliaci?n buscadas.

36.- El Informe Final carece de una dimensi?n inherente a la reconciliaci?n, que es la de generar medidas para reparar los da?os infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la p?rdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto. Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como polic?as o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situaci?n econ?mica, situaci?n legal e indemnizaciones.

37.- Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisi?n, su sistematizaci?n adecuada y la identificaci?n de los vac?os de informaci?n pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigaci?n que la CEI no pudo concluir.

38.- Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participaci?n efectiva de los pueblos ind?genas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistem?tica y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci?n de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Ind?genas, incluyendo la revisi?n de la legislaci?n y las instituciones concernidas para adecuarlas al car?cter plurinacional de nuestro pa?s.

39.- Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, b?sicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requer?a.

40.- Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurri? el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando ?ste.

41.- Es muy importante que en cualquier investigaci?n se cuente con la participaci?n de los organismos internacionales; tal como lo sugiri? el relator de las NNUU en su informe.

42.- Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisi?n Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos tambi?n observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentaci?n, su disconformidad con la investigaci?n realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.

43.- Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisi?n, as? como en otros documentos p?blicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.

Fuente: La Primera

 


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