contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Mi?rcoles, 29 de julio de 2009

Chile: la devastaci?n

Los territorios ancestrales de los pueblos ind?genas de Chile est?n siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energ?ticos amenazan la existencia de numerosas comunidades.

En el norte del pa?s --donde viven los pueblos diaguita, atacame?os, colla y aymara-- la gran miner?a estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.

Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Ind?genas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneraci?n sistem?tica de derechos ind?genas al agua que se presenta en Chile y otros pa?ses de la regi?n andina", se exponen los graves da?os asociados a "la implementaci?n de un modelo sustentado en la explotaci?n de recursos naturales".

Este informe fue preparado por los abogados Nancy Y??ez y Jos? Aylwin. Su contenido no hab?a sido divulgado por la prensa.

La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunci?n, Paraguay, recibi? a la abogada Y??ez. Ella se refiri? a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposici?n del "modelo neoliberal" y de la extracci?n deliberada de recursos.

Y??ez sostuvo que en Chile "se promueve una econom?a de r?pido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercanc?as sujetas a precios internacionales)". Afirm? que estas pol?ticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democr?ticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislaci?n, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".

Puso como ejemplo lo sucedido con el C?digo de Aguas de 1981 y el C?digo de Miner?a de 1982, de car?cter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los ?ltimos a?os que consolidan la orientaci?n de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos ind?genas.

La sequ?a provocada

La situaci?n de apropiaci?n del agua de los pueblos ind?genas es particularmente grave en el norte de Chile, zona des?rtica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.

Entre los casos de vulneraci?n de los derechos ancestrales de los pueblos ind?genas, ese informe menciona la extracci?n de aguas subterr?neas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compa??a Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".

Adem?s, se revela "la p?rdida de los derechos de aguas ind?gena en la Cuenca del R?o Loa a consecuencia de la monopolizaci?n y sobre explotaci?n de los recursos h?dricos por parte de las empresas mineras".

Menciona como las principales responsables de esta situaci?n a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a empresas del grupo Luksic como: ESSAN S.A (sanitaria).

El poblado ind?gena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del r?o Loa casi ha desaparecido fruto de la abusiva explotaci?n del agua: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.

Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de ind?genas, es la explotaci?n de los G?iseres del Tatio -sitio patrimonial de las comunidades ind?genas de Toconce y Caspana- por parte de la Empresa Geot?rmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacame?os intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama -madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros.

A ra?z de estos hechos, el Consejo Nacional Atacame?o emiti?, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Adem?s, sostiene que la citada prohibici?n "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".

Menci?n aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotaci?n de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.

Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecer? del valle de Copiap? (capital de la Regi?n de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el r?o del mismo nombre ya se sec?. Igual suerte han corrido casi un centenar de r?os en el norte de Chile.

Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoel?ctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican a?n m?s la situaci?n de los pueblos ind?genas y no ind?genas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazar?an en las costas de la Regi?n de Atacama y otros seis en la Regi?n de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoel?ctricas existentes en Tocopilla y Huasco han sido devastadores.

El sur tambi?n existe

El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro sur de Chile, tambi?n est? siendo gravemente afectado por la imposici?n del actual modelo de acumulaci?n de riquezas. El responsable del principal da?o ambiental y social es el sector forestal, cuya producci?n (aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo exponencial en las ?ltimas tres d?cadas. Mientras en 1980 este sector exportaba 254 mil d?lares, en 2007 las ventas al exterior alcanzaron los 4.952 millones de d?lares, seg?n cifras del Banco Central de Chile.

Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dict? el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos. Adem?s, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos econ?micos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hect?reas de tierras con plantaciones forestales.

Esto favoreci? no s?lo la concentraci?n de la tierra y la riqueza, sino tambi?n una enorme expansi?n de los grupos beneficiados con estas pol?ticas. S?lo dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres millones de hect?reas de tierras. En contraste, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco m?s de 900 mil.

Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hect?reas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Regi?n del B?o B?o y de la Frontera, en el coraz?n del hist?rico territorio mapuche. Esta expansi?n del monocultivo ha derivado en una dr?stica disminuci?n de las aguas subterr?neas, as? como de la fauna y vegetaci?n silvestre, lo que ha mermado dram?ticamente la agricultura tradicional y las actividades de recolecci?n de frutos y hierbas medicinales de los mapuches.

La contaminaci?n por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.

Tras la "pacificaci?n de la Araucan?a" -nombre con que la historiograf?a oficial denomin? al proceso de ocupaci?n militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a trav?s de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros -sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su ra?z en ese despojo.

El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunci? "un incremento transitorio" en los subsidios -no precis? cifras-- que se otorgan a trav?s del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, plante? que lo hac?a para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la econom?a mundial". Sostuvo, adem?s, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el ?rea de monocultivo forestal en la pr?xima d?cada. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.

Por otra parte, tres grupos econ?micos: las transnacionales Endesa (espa?ola), SN Power (noruega), adem?s del grupo Matte, a trav?s de Colb?n S.A., planean construir ocho nuevas centrales hidroel?ctricas en territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y en contra de la voluntad ind?gena. El 28 de mayo pasado la COREMA de la Regi?n de los R?os aprob? la construcci?n de una Galer?a de Prospecci?n, que es el primer paso para la construcci?n de la Central Hidroel?ctrica Neltume, impulsada por Endesa Espa?a. El pasado 22 de octubre, en medio de una gran pol?mica, la misma COREMA hab?a autorizado a la empresa Colb?n una central sobre el R?o San Pedro.

El m?s grande de los proyectos hidroel?ctricos es la central Maqueo, que SN Power pretende construir en el hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa precordillera de la Regi?n de los R?os. El proyecto contempla una inversi?n de mil 500 millones de d?lares, y considera una impresionante transformaci?n del paisaje, adem?s de una apropiaci?n de los recursos h?dricos que por centenares de a?os han resguardado la vida de sus habitantes.

El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carri?e marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que est? en fase de evaluaci?n ambiental, y la devoluci?n de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.

Peor a?n: el gobierno y el Ministerio P?blico han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".

Represi?n estatal

Amnist?a Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos ind?genas -en especial la comunidad mapuche- siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansi?n de la industria forestal y de extracci?n de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunci?ndose violaciones de derechos humanos".

En el primer examen peri?dico universal (EPU) realizado a Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile persisten situaciones de discriminaci?n que afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotaci?n sobre sus tierras, y en la aplicaci?n de una legislaci?n antiterrorista para enfrentar su protesta social.

Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protecci?n jur?dica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcaci?n de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminaci?n, en especial en favor de las mujeres y ni?os ind?genas.

El organismo de la ONU tambi?n pidi? a Chile terminar con las pr?cticas de represi?n desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Adem?s, se le pidi? investigar los casos de arresto y deportaci?n de periodistas y documentalistas que investigan la problem?tica que afecta a este pueblo.

Es necesario se?alar que un porcentaje importante de las cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto con forestales, est?n vigiladas por destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.

La complicada situaci?n que afecta a los ind?genas chilenos amerit? una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situaci?n de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ind?genas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, seg?n el mismo Anaya declar? al llegar a Santiago, fue "establecer un di?logo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos ind?genas (.), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, as? como de la implementaci?n del Convenio 169 de la OIT".

El emisario de la ONU critic? -en entrevista con La Naci?n-- la parcialidad de la aplicaci?n de justicia en Chile: "Esta combinaci?n entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condici?n de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expres?.

En 2003, Stavenhagen hab?a realizado un duro diagn?stico de la realidad que viven los ind?genas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalizaci?n de la protesta, la discriminaci?n, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificaci?n del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resoluci?n 2003/56 de la Comisi?n de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, se?al? que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".

Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomend? agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos ind?genas; ratificar el Convenio 169 de la Organizaci?n Internacional del Trabajo (OIT); prestar atenci?n urgente a la prevenci?n y soluci?n de los conflictos basados en la tenencia y explotaci?n de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acu?feros y mar?timos de las comunidades ind?genas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalizaci?n de las leg?timas actividades de protesta o demandas sociales".

El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional m?s importante y efectivo de protecci?n de derechos de los pueblos ind?genas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminaci?n, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrar? en vigencia plena el pr?ximo 15 de septiembre.

Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energ?ticos que pretenden emplazar en "a?reas de desarrollo ind?gena". El gobierno intent? detener el alcance de este Convenio a trav?s de una declaraci?n interpretativa -que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislaci?n chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretaci?n legales que se generaran fruto de su pr?xima aplicaci?n.

Jos? Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desisti? ante el rechazo que esto provoc? entre los ind?genas y la propia OIT.

En la actualidad, tanto el gobierno como la oposici?n de derecha, se empe?an en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos ind?genas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprob? el 7 de abril, en su primer tr?mite constitucional, dicha reforma constitucional.

La Mesa de Trabajo Mapuche, que re?ne a un importante n?mero de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emiti? una declaraci?n el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones ind?genas en Chile y tampoco se ubica a la altura del est?ndar internacional sobre los derechos ind?genas".

Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestaci?n de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestion? el hecho que se abriera un proceso de consultas despu?s de que el Senado haya aprobado en su primer tr?mite el proyecto. Tambi?n critic? el corto tiempo que se dedicar? a esta consulta y el hecho de que no haya representantes ind?genas en la formulaci?n y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.

M?s duro a?n con esta normativa fue Bartolom? Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Ind?genas. Afirm? que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Ind?genas; que esta reforma "que en teor?a viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos ind?genas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y tambi?n para cancelar de paso alg?n derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas".

En entrevista con Apro, Nancy Y??ez afirm? que "la situaci?n de los pueblos ind?genas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades ind?genas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".

Y??ez estima que los ?ltimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa v?a las comunidades ind?genas est?n siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotaci?n industrial, pero adem?s por la contaminaci?n que estos proyectos generan".

Por Francisco Marin

Fuente: Mapuexpress - Informativo Mapuche


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Imagenes de BHP, una de las mineras en L.A.

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