contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Mi?rcoles, 10 de junio de 2009

Imposici?n a sangre y fuego de modelo neoliberal ha llevado a la masacre de decenas de peruanos

El Perú vive horas trágicas desde la madrugada de ayer. Decenas de peruanos han perdido la vida en las últimas horas, al menos 11 policías y una cantidad aún no determinada de indígenas, producto de enfrentamientos iniciados con la violenta operación de desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la zona de la Curva del Diablo (Bagua, Amazonas) a cargo de fuerzas combinadas de la policía y el ejército.

La masacre pudo ser evitada, nunca debió producirse. Las comunidades indígenas amazónicas han sido agredidas y olvidadas durante más de 500 años. Han primado por varios siglos intereses privados, extranjeros y nacionales, por sobre los derechos y las libertades de los habitantes ancestrales de la Amazonía. Hoy en día, en pleno siglo veintiuno, a pesar que existen herramientas legales de carácter supranacional que protegen los derechos de las poblaciones indígenas, continúan el despojo y el desprecio por nuestras comunidades.

El gobierno aprista presidido por Alan García, elegido en el año 2006 con un claro mandato de cambio de modelo económico, ha traicionado la voluntad popular al profundizar las políticas de corte neoliberal sin importarle incluso violar la Constitución y los convenios internacionales
suscritos por el Estado peruano. De la mano con grandes intereses de empresas transnacionales y nacionales a las que parece representar, desarrolló el discurso del “Perro del Hortelano” para satanizar a quienes en defensa de los recursos naturales de todos los peruanos y peruanas se oponen a privatizaciones y concesiones absolutamente lesivas para los intereses nacionales.

En junio del año 2008, al amparo de facultades delegadas por el Congreso de la República en el marco de la implementación del TLC con los Estados Unidos, el gobierno promulgó un conjunto de decretos legislativos atentatorios contra los derechos de las comunidades indígenas de la Amazonía.

Sin respetar el Convenio 169 de la OIT, ni el gobierno ni el Congreso de la República sometieron a consulta con los pueblos indígenas el fondo de los decretos. Se iniciaron entonces las justificadas protestas en la Amazonía exigiendo la derogatoria de los decretos así como el pedido de diálogo con las autoridades del gobierno y el poder legislativo para llegar a acuerdos conducentes a políticas de
desarrollo integral de los pueblos amazónicos.

Ha pasado casi un año desde el inicio del conflicto, agudizado en los últimos dos meses debido a la escasa apertura de las autoridades. Lejos de resolver los problemas, el gobierno ha implementado un conjunto de medidas dilatorias instalando improductivas mesas de diálogo, tratando de quebrar la unidad de las organizaciones amazónicas, y postergando inexplicablemente el debate y derogatoria
de los decretos legislativos a través de maniobras pueriles en el Congreso de la República, habiendo incluso un dictamen de la comisión de Constitución favorable a la derogatoria. La sucesión de errores y actos antidemocráticos, tuvo como última medida la intervención violenta de ayer en Bagua, ocasionando una tragedia que aún no ha terminado.

El gobierno es el gran responsable político de la muerte de civiles y policías, de las decenas de heridos y de las pérdidas materiales ocasionadas. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, como responsables políticos directos deben dar amplias explicaciones al país sobre los sucesos. Así mismo, corresponde a la mayoría aprista y a sus aliados en el Congreso facilitar el debate y la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales, con la finalidad de avanzar en una solución legal y pacífica al conflicto.

La gravedad de los hechos exige la formación de una comisión mediadora, que podría ser integrada por la Defensoría del Pueblo, representantes de organismos internacionales con carácter humanitario y miembros de la Iglesia Católica. No podemos permitir que se sigan perdiendo más vidas humanas, ni de civiles ni de policías.

Urge, así mismo, que las autoridades pongan mayor atención en la identificación de las víctimas y atención a los heridos civiles de las localidades en las que se han desarrollado los enfrentamientos.

Finalmente, exigimos al gobierno respetar la libertad de expresión, especialmente de medios de comunicación local y regional que informan sobre la gravedad de los hechos en las regiones de Loreto, Amazonas y Cajamarca. Rechazamos las amenazas contra Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas, emisora asociada a la Coordinadora Nacional de Radio, Radio Visión de Jaén y radio La Voz de Utcubamba, medios de comunicación que cumplen con la misión de informar y abrir espacios de diálogo y propuesta respecto a la problemática amazónica.

Consejo Directivo Nacional
Lima, 6 de junio del 2009

La Coordinadora Nacional de Radio es afiliada a:
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
RADIOS COMUNITARIAS AMARC – ALC EDUCACIÓN RADIOFÓNICA ALER

Fuente: CNR

Tags: amazonía, peru, indígenas, policía, alan garcía, muerte, bagua

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