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Luego de un año, el fiscal colombiano Mario iguarán ha admitido que Bogotá  extraditó a ex jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a Estados Unidos, sin tener pruebas de que éstos delinquían desde prisión.

Iguarán, en entrevista concedida al diario bogotano El Tiempo, donde recordó que el señalamiento sobre una presunta violación de la Ley de Justicia y Paz por parte de los ex jefes de las AUC fue el pretexto del gobierno colombiano para emprender la extradición.

"Hoy por hoy no tenemos una imputación referida a delitos cometidos con posterioridad a la reclusión de estas personas (los ex jefes de las AUC) en las cárceles colombianas", dijo Iguarán.

Los 14 ex cabecillas paramilitares, considerados como parte de la cúpula de esta organización armada de extrema detrecha y que en otra época sembraron el terror en algunas zonas del país, cumplieron en este mes de mayo los primeros 365 días bajo la tutela de Estados Unidos.

Todo este tiempo han estado encerrados en cárceles donde hablan otro idioma y con las mismas condiciones de cualquier otro preso, situación muy distinta a la que vivieron en Colombia.

La Ley de Justicia y Paz, mediante la cual seupuestamente se desmovilizaron unos 31 mil paramilitares de este ejército irregular, según Bogotá fue vulnerada por los ex dirigentes de las AUC y ello motivó una repentina extradición, que sucedió de madrugada.

Este instrumento jurídico garantiza a ex integrantes del movimiento paramilitar penas máximas de sólo ocho años, sin importar qué crímenes hayan cometido.

En Estados Unidos, la mayoría de los extraditados tiene cargos por producir o distribuir cocaína, lavar dinero o pertenecer a un grupo terrorista, mientras que en Colombia, se les acusa por ordenar y participar en crímenes de lesa humanidad.

El pasado jueves, el ex comandante del Estado Mayor de las AUC, Salvatore Mancuso dijo que su extradición a Estados Unidos, junto a la de otros antiguos comandantes, obedeció a presiones, por el temor entre políticos y empresarios sobre los datos que comenzaron a revelar a los jueces colombianos.

Mancuso sostuvo que aún no se han revelado los nombres de todos los políticos y empresarios que tuvieron nexos con los paramilitares y que obtuvieron beneficios.

"El Gobierno se asustó con las actividades de algunos comandantes y porque estábamos reconstruyendo la verdad. Me di a la tarea de decirles a todos los que trabajaron conmigo que contaran la verdad y en un estrado conté algunas de ellas", dijo Mancuso en una entrevista cedida a la revista Cambio.

"Quedé solo. Esa verdad preocupó a empresarios y dirigentes políticos y del sector gremial. Alguna presión hubo para que nos extraditarán a todos", aseguró el ex jefe paramilitar quien permanece en una cárcel de Washington, la capital estadounidense, donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.

En torno a la verdad, el ex jefe de las AUC declaró que fue extraditada con él. "La verdad importante la tenemos los comandantes, con nuestro envío a Estados Unidos extraditaron la verdad (...) La verdad es estigmatizada y genera rechazo de la sociedad", recalcó.

Igualmente, sostuvo que la ley creada "fue para buscar retaliación. Por ejemplo, cuando dije que Carlos Castaño (ex jefe paramilitar colombiano) y yo nos reunimos con el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos para promover un golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper (1994-1998), salió el ministro del Interior y dijo que no había que creerle a un criminal como Mancuso".

"Si a las autodefensas, que supuestamente eran amigas del Gobierno, y a Mancuso, el amigo personal de Uribe, les hacen esto, qué no les harán a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que asesinaron al padre del presidente", apuntó Mancuso.

Por su parte, la senadora colombiana, Piedad Córdoba, denunció este viernes s teleSUR que no existen instrumentos de cooperación de parte del gobierno de Álvaro Uribe para que los paramilitares extraditados confiesen los crímenes que cometieron cuando pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En entrevista exclusiva a esta casa periodística, Córdoba aseguró que el objetivo de reunirse con los paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos fue "buscar realmente cuáles eran los instrumentos de cooperación que había señalado el Gobierno colombiano con relación a la extradición y el proceso de Justicia y Paz ,y darnos cuenta de que no lo había y que además (no había) ninguna posibilidad de reparación".