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El reciente debate sobre el terrorismo en el Congreso revela varias cosas. Una de ellas es que el fujimorismo ha acentuado su fobia a la democracia. Otra, que es necesaria y viable una política antisubversiva de consenso entre el resto de partidos.

Luego de la sentencia a don Alberto, el fujimorismo ha dicho que no espera nada del Poder Judicial. También que lucharán en otros espacios para liberarlo y que lo harán hasta las últimas consecuencias. Algo así como que salvo el poder todo es ilusión. Uno se pregunta, si gobiernan otra vez. ¿Qué harán con los jueces y fiscales? ¿Lo mismo que la vez pasada?

En el debate sobre el VRAE, los fujimoristas han sido más agresivos con los defensores de derechos humanos que con el terrorismo. Su idea es que ningún militar debe ser procesado si viola derechos humanos durante el servicio en acciones antisubversivas. La política, se lee, debiera incluir impunidad.

El fujimorismo también concentró su ataque sobre el premier Simon. No tocó para nada al ministro de Defensa y a los mandos militares, los verdaderos responsables por lo sucedido en el VRAE. Más bien se convirtió en vocero del reclamo militar por más presupuesto. Es obvio el cortejo. 

Si a esto sumamos la felicidad del fujimorismo en pleno con la teoría Nakazaki de que el golpe del 92 fue “constitucional”, entonces hay argumentos para afirmar que la bandera naranja es, ahora, el símbolo de la subversión de derecha. Con ella no habrá consenso respecto a una política democrática contra la subversión senderista. Ese acuerdo sí podría ser posible con los otros partidos.

Un punto importante es que esa política debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El terrorismo es un ataque a eso. Las operaciones corresponden a la esfera militar y policial, ciertamente. Pero el liderazgo y el control democrático de esas operaciones, a la esfera civil.

Las acciones de desarrollo económico y social son imprescindibles. Integran a poblaciones excluidas y recuperan legitimidad para el Estado y los gobiernos. Esas acciones debieran incluir un trato de verdadero respeto, no impositivo, a esas poblaciones.

La moral de los efectivos policiales y militares es también una de las claves. Esa moral se diluye si estos efectivos perciben el desinterés o incluso el maltrato de sus mandos o de los responsables políticos. Peor aún si perciben recurrentes casos de corrupción en esos niveles. 

Ahora bien, para resultados más directos sobre los mismos grupos subversivos, lo prioritario es el refuerzo de la inteligencia. La experiencia del GEIN demostró que equipos de la inteligencia policial, especializados y, sobre todo, permanentes, logran resultados para ubicar a los núcleos senderistas y a sus redes. La llamada Dircote tendría que ser reforzada en personal y recursos.

Por Carlos Reyna

Fuente:  LaRepublica.pe