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Como era previsible, Alberto Fujimori utilizó su tiempo para hacer un alegato político. Lo hizo no solamente porque no puede refutar las abundantes y contundentes evidencias en su contra, sino porque apuesta a un buen desempeño electoral de sus seguidores, que lo libre de las varias sentencias que le esperan por múltiples delitos.

Fujimori y su camarilla han insistido en que no existen pruebas de sus crímenes, aduciendo que no hay una orden escrita en la que él indique que hay que asesinar a los estudiantes de La Cantuta o a los vecinos de Barrios Altos.

El asunto es que nunca en la historia de este tipo de crímenes, quienes los ordenan firman un papel diciendo “hay que matar a Fulano y Mengano”. Precisamente porque se trata de delitos ejecutados por funcionarios estatales y ordenados por quienes tienen el poder necesario para mandar y hacer que sus instrucciones se cumplan, y que saben que están realizando una acción ilegal, las disposiciones no se dictan con las formalidades de un acto oficial.

CRÍMENES DE COLINA

Está demostrado que el Grupo Colina, un destacamento del Ejército, existió y cometió numerosos crímenes. Por lo menos nueve de sus operaciones, que culminaron con medio centenar de víctimas, entre noviembre de 1991 y julio de 1992, están absolutamente demostradas. (Carlos Rivera, “La Responsabilidad del Jefe. 41 pruebas que condenan a Fujimori”, IDL, marzo 2009, p. 41).

Es más, está judicialmente probado que existió una línea de mando que llegaba al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Por eso, el jefe formal del SIN, el general Julio Salazar Monroe, fue sentenciado a 35 años de cárcel por el crimen de La Cantuta por la Primera Sala Penal Anticorrupción en abril del año pasado.

La verdad es que Salazar era sólo un títere que figuraba como jefe y que cumplía las órdenes que le impartían Montesinos y Fujimori.

Un elemento fundamental para entender quiénes realmente mandaban, es el manejo del dinero. Los que disponían –y se repartían– los llamados fondos reservados del SIN, sin dar cuenta a nadie más, eran Fujimori y Montesinos. Son unos 180 millones de soles en el período en que Salazar fue jefe formal, como él mismo ha admitido. No es poca cosa.

Si Salazar ha sido condenado a 35 años de prisión siendo el responsable formal –no hay duda de su culpabilidad–, ¿qué pena les corresponde a los que realmente mandaban y daban las órdenes, Fujimori y Montesinos?

LÍNEA DE MANDO

A estas alturas ya nadie discute que el grupo Colina existió, y que secuestró, desapareció, torturó y asesinó a decenas de personas. El propio Fujimori y sus secuaces lo admiten.

¿Cómo pudo existir en la estructura vertical e hipercentralizada del Ejército y el SIN un grupo que durante mucho tiempo cometía esos crímenes sin que nadie se diera cuenta, nadie los detuviera y nadie los sancionara?

¿Cómo unos cuantos mayores, capitanes y suboficiales podían disponer de armas, vehículos y dinero para realizar esos operativos?

¿Cómo ellos podían ordenarles a generales como Luis Pérez Documet, Juan Rivero Lazo y el propio comandante general Nicolás Hermoza Ríos que les brindara las facilidades necesarias para ingresar a La Cantuta y llevarse a los estudiantes y el profesor?
Eso solo fue posible porque alguien que estaba más arriba y que controlaba la organización y el poder lo disponía. Y más arriba solamente estaban Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

Sin olvidar un hecho decisivo. Montesinos era formalmente un asesor ad honorem, sin sueldo. ¿Cómo podía mandar a generales, ministros y jueces? Solamente porque Fujimori delegaba el poder en el jefe real del SIN. Y eso duró toda la década.

ENCUBRIMIENTO

Por último, si alguna duda podía existir, están los hechos que ocurrieron cuando Henry Pease denunció en el Congreso, en abril de 1993, el crimen de La Cantuta. Imputación ampliada con detalles por el general Rodolfo Robles Espinoza en mayo de ese año.

El gobierno entero, bajo la batuta de Fujimori y Montesinos, salió a negar el crimen. Son inolvidables las palabras de Martha Chávez y su séquito de esbirros negando el crimen y sosteniendo que estaban vivos y se habían “autosecuestrado” para unirse a las filas de Sendero.

Y cuando Ricardo Uceda y Edmundo Cruz de la revista “Sí”, con el respaldo de Francisco Soberón de Aprodeh, encontraron las fosas, y Cecilia Valenzuela de “Caretas” contribuyó a identificar a los asesinos, es decir, cuando las evidencias eran abrumadoras, el gobierno entero, dirigido por Fujimori y Montesinos, se movilizó para ayudar a los ejecutores directos.

Dictaron ilegalmente en el Congreso la llamada “Ley Cantuta” en febrero de 1994, para juzgarlos en el fuero militar. Luego de una farsa de juicio clandestino, condenaron a los asesinos a largas penas, porque el escándalo nacional e internacional era inmenso. Pero prometieron a los criminales liberarlos pronto, a cambio de que no revelaran que ellos solo cumplían órdenes.

Dicho y hecho, al año siguiente, en junio de 1995, el Congreso dio dos leyes de amnistía para liberar a los asesinos. La segunda se necesitó porque la valiente jueza Antonia Saquicuray insistió en juzgar a los asesinos en el fuero civil.

¿Acaso un grupo se oficiales subalternos y suboficiales podían movilizar a todo el aparato del Estado para salvarse? ¿Podían hacer que el Congreso aprobara varias leyes con nombre propio?
Es evidente que solo Fujimori y Montesinos tenían ese poder.

Todo esto y mucho más consta en las numerosas pruebas aportadas por los fiscales Avelino Guillén y José Peláez, y por los abogados de la parte civil, Carlos Rivera, Ronald Gamarra y Gloria Cano.

LA POLÍTICA

Un argumento extrajudicial que se utiliza ahora, es que si Fujimori es sentenciado, eso lo favorecerá políticamente y permitirá que su hija Keiko gane las próximas elecciones.

Por cierto, a la hora de juzgar a un presunto delincuente, hay que excluir por completo las consecuencias políticas. De lo contrario, habría que ahorrarse los procedimientos judiciales y determinar la culpabilidad o inocencia haciendo encuestas. Más barato y más rápido.

Pero además, suponer que una probable sentencia lo favorecería y una declaratoria de inocencia lo perjudicaría, es una tontería. Nadie sabe qué influencia tendrá eso en el futuro. Depende de muchos factores.

Finalmente, las elecciones de 2011 son impredecibles dos años antes, digan lo que digan las encuestas ahora. Sobre todo, porque estamos a punto de ser golpeados por el tsunami de la crisis mundial –hasta ahora solo llegan pequeñas olas–, que provocará remezones no solo económicos y sociales, sino también políticos.

Gracias a todos los que en los últimos días me han expresado, de muy diversas maneras, su solidaridad ante la arbitraria y prepotente sanción que me ha impuesto la alianza corrupta de los que pasaban por la salita del SIN a recibir órdenes y dinero de Vladimiro Montesinos y los que visitaban la suite de Fortunato Canaán para organizar el asalto a las arcas del Estado.

Por Fernando Rospigliosi

Fuente: Las pruebas | LaRepublica.pe