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El aprismo es un aliado secundario del fujimorismo. De hecho, son los dirigentes y no los militantes quienes pactan con los seguidores del ex presidente a punto de ser sentenciado. La mayoría de apristas, intuyo, se oponen al contubernio, pero son irrelevantes en la rígida organización partidaria y el culto al jefe máximo. Pero el aliado principal es esa masa de afectos y opiniones que sigue apostando por métodos violentos y corruptos para mejorar su situación o perpetuarla. Es el grupo impermeable a razonamientos de derecho, para quienes los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos –no hablemos de los secuestros de Gorriti y Dyer, una minucia– son parte de un plan de combate o daños colaterales.

La corrupción, algo que siempre ha estado ahí y creen que no los afecta personalmente. El control de los medios, que hoy renace con otras mañas, una estrategia necesaria para pacificar al país. Lo mismo podría decirse de la disolución del Congreso y el copamiento del Poder Judicial. En suma, todo vale e incluso, sospecho, es deseable, dada la cantidad de maltratos, injusticias, desprecios y abandonos a los que continúa sometida tanta gente (el problemita es que el mismo argumento sería válido para justificar los crímenes terroristas). Fujimori fue nuestro primer antisistema moderno.

Por eso un porcentaje alto de encuestados lo considera culpable de los crímenes juzgados… pero va a votar por Keiko. Esa es la doble vara y no la falacia del ex presidente en su autodefensa, sosteniendo que Belaunde y García hicieron lo mismo que él, negando su escuadrón de la muerte llamado Colina. Felizmente, un sector considerable de peruanos (ya) no se come esa retahíla de falsedades y piensa posible avanzar sin violar las leyes que nos hemos dado como colectividad. Pero el equilibrio es frágil.

Muchos siguen, consciente o inconscientemente, optando por el autoritarismo como la vía rápida para incrementar su calidad de vida. Aunque por definición la mayoría son pobres, no faltan ricos y poderosos en esta corriente del atajo que atropella la normatividad para alcanzar el bien superior, esos valores que solo se cotizan en bolsa. Tres casos recientes: el vicepresidente Giampietri descalificando a Vargas Llosa al ser derrotado en su obstrucción al Museo de la Memoria, Edgar Núñez con sus ataques grotescos a la verdad y a sus hijas (fue sobre este punto que reaccionaron los dirigentes del Apra, pues el primero obviamente tenía aval de arriba, un personaje tan deleznable no se permitiría hacerlo sin permiso) y la vergonzosa acusación constitucional contra Fernando Rospigliosi.

Así, mientras el mundo entero aguarda la sentencia del primer ex mandatario procesado en su país por crímenes de lesa humanidad, el Congreso confirma su desprestigio agrediendo a quienes combaten la corrupción y premiando a quienes la protagonizan desde sus yates. Como diciendo, podrán condenar las violaciones contra derechos humanos, pero eso no va a cambiar nada: nosotros seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Pero se equivocan. Esa condena –cuento con ella– va a tener un significado histórico, mas será preciso insistir en convencer a esos compatriotas incrédulos sobre la viabilidad, a pesar de todo, de la democracia.

Por Jorge Bruce

Fuente: La doble vara | LaRepublica.pe