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Alberto Fujimori, mediante su autodefensa con la ayuda del gobierno de Alan García transmitiendo sus discursos por la televisión del Estado, ha pretendido embrollar a los ciudadanos peruanos.

El ex dictador, intencionalmente se equivocó por completo de libreto en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, debió entender aunque sea por una sola vez en su vida que el tribunal que lo juzga no es una plazuela pública sujeta a atender discursos políticos mal elaborados; y en segundo lugar, aunque sea un poco tarde debió pensar que la defensa de su gobierno y la política de guerra sucia bajo el pretexto de combatir el terrorismo subversivo es, desde cualquier punto de vista jurídico, ilegal, anticonstitucional y delictivo.

No cabe la menor duda, Fujimori y sus huestes, con la ayuda de Alan García pretenden aventar contra el tribunal de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidido por el vocal César San Martín Castro, una masa de imberbes e ignorantes, manipulados por los delincuentes políticos fujimoristas, enriquecidos a través del aplauso fácil al ex dictador japonés. La intención de adelantarse a los hechos comprobados de los crímenes cometidos, a fin de descalificar la sentencia jurídicamente sustentada no puede ser más evidente.

La sentencia en el juicio por los casos de la matanza de los Barrios Altos y el asesinato de los estudiantes y un profesor de La Cantuta, asimismo por el secuestro de un periodista y un empresario, tiene que ajustarse a la ley y a los procedimientos judiciales habidos. De manera alguna pueden tenerse en cuenta las peroratas del acusado o el apoyo del gobierno aprista de Alan García, quien para ganarse los votos de los congresistas fujimoristas en el parlamento y salvarse él mismo de acusaciones similares, auspicia la algarada política incitando a la manipulación de los ignorantes.

Ya lo hemos visto, la alianza entre Alan García y Alberto Fujimori, unidos en el crisol de los actos inmorales, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, funciona desde hace más de quince años; en la actualidad el presidente aprista es salvado a cada momento de las acusaciones de corrupción totalizadora de su gobierno, precisamente por los fujimoristas y los tránsfugas de todos los pelajes.

Felizmente, estamos frente a un juicio donde las armas de la ley deben prevalecer y donde los razonamientos jurídicos exhibidos prevalecerán por encima de consideraciones ajenas al proceso, asimismo frente a las presiones políticas de un gobierno corrupto e inmoral por todos sus contornos. El esfuerzo realizado en el debido proceso, regulado por el derecho a la acusación y la defensa, creará un precedente histórico del significado de la justicia conforme a los principios democráticos.

La autodefensa final del acusado Alberto Fujimori no puede cambiar un veredicto condenatorio ni siquiera influir en él, toda vez que el discurso político de un individuo que justifica no sólo sus crímenes de lesa humanidad sino el arrasamiento de la constitución y la ley, es inadmisible.

El ex dictador describió una situación apocalíptica donde él era el salvador llamado a cambiar el infierno en un paraíso, habló de la imposibilidad de cristianizar la guerra y a la vez negó la existencia de un conflicto interno; no contento con sus exabruptos justificó el golpe de Estado como una necesidad impostergable a fin de combatir la subversión; y luego de dirigir la guerra sucia, como comandante en jefe, deslindo su responsabilidad y le echó la culpa de los crímenes cometidos a la Fuerza Armada; también dijo que no había guerra sin costo social.

A nadie en su sano juicio sorprenden tales argumentos.

La cristianización existe con guerra o sin guerra, son principios, inclusive ajenos al culto de la fe, que se deben cumplir y uno de los mandamientos de la ley de Dios es “no matar” en el sentido del asesinato mondo y lirondo, como en los casos de los Barrios Altos y la Cantuta.

Nadie juzga a Alberto Fujimori por las muertes provocadas en los enfrentamientos de las fuerzas del orden con las huestes subversivas que, de acuerdo a cualquier ordenamiento, vendrían a ser el costo social de un conflicto armado o de una guerra.

Una masacre de campesinos, de ciudadanos pacíficos en una pollada, de estudiantes sacados de sus viviendas o de presos rendidos en los patios de los penales, no son “costos sociales” sino ejecuciones extrajudiciales o asesinatos. Lo que pasa es que los tiranos hacen caso omiso del ordenamiento jurídico y de la ley y, no sólo de la ley, sino de los principios fundamentales de la existencia humana.

La utilización de la tribuna política en este juicio, donde los ignorantes justifican los crímenes sin tener presente siquiera su cristiandad declarada y la aspiración a ser ciudadanos completos, está dirigida a lograr la impunidad en medio del atraso incivilizado. De este modo se pretende la coronación del cinismo de los gobernantes, quienes viven felices alimentando la sumisión de vastos sectores populares sin importarles el espíritu de la nación y la cultura.

Cómo construir la patria negando la esencia del derecho a la vida como lo hace Alberto Fujimori, el ex presidente que alegó su ciudadanía japonesa para huir lleno de maletas de dinero, videos acusatorios y pillajes acumulados, y renunciar por fax a la primera magistratura de la nación.

Algo no me cabe en la cabeza y es la siguiente pregunta a todos los peruanos sin excepción, sobre todo a aquellos quienes todavía justifican los desmanes criminales y los saqueos millonarios al país realizados por el ciudadano japonés Alberto Fujimori: ¿justificarían estos defensores ciegos del delincuente Fujimori, algún asesinato cometido contra uno de sus hijos, hijas, esposos, madres, padres o seres queridos? Si así lo hicieran, habremos perdido la razón de constituir parte de la raza humana.

Por Carlos Angulo Rivas

Fuente: Enviado por inf. izcuintli Fw: Fujimori: autodefensa inculpatoria - Buzón - Correo Yahoo!