La Coca Loca Company

“No se puede hablar de ‘peces gordos’ del narcotráfico en la Bolivia de hoy; hay ‘peces medianos’”. El actual Gobierno recibió el país con 25.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca.

Lamenta que Naciones Unidas vaya a cerrar la oficina de prevención del delito en Bolivia y que sea manejada desde Lima. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, expresa su molestia porque la representante de ese organismo en Bolivia, Cristina Albertin, dijera que el Ejecutivo no combate a las mafias de narcotraficantes y muestra datos de los resultados en la lucha contra este flagelo social.

—¿Persigue el Gobierno realmente a las organizaciones de narcotraficantes?

—En primer lugar, éste es un tema nacional, no es del Gobierno, ni tan siquiera, diría, es del Estado boliviano. La lucha contra el narcotráfico debe convertirse en una cruzada nacional. Puedo admitir diferencias políticas sobre muchos otros temas y que con base en ellas nos atrincheremos. Pero sí hay dos temas en los cuales, me parece, debemos dejar, por un lado, las diferencias políticas y todos contribuir a una buena solución nacional: el narcotráfico y la seguridad ciudadana. Ambos están vinculados.

En este momento, el país está llevando adelante esfuerzos muy grandes en lo que es el control de la producción de hoja de coca. No es ni será política del Gobierno autorizar el libre cultivo de la hoja de coca. Debe haber un control social en aquellos lugares en que está permitido el cultivo. La Ley 1008 define esos lugares: Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba. Fuera de esos lugares no cabe concertación alguna y se procede a la erradicación pura y simple.

El Gobierno ha mostrado estos años una voluntad muy grande para erradicar donde está prohibido cultivar por ley y de racionalizar donde la ley lo permite. El resultado es que estos años hemos superado las metas de erradicación.

En el plano de la interdicción, observamos, por los datos que hemos recibido de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que el comportamiento interdictivo de las fuerzas policiales y militares bolivianas, cuando menos desde 2008, muestra que hubo una persecución a los operadores del narcotráfico.

Se ha hecho una gran cantidad de aprehensiones de personas vinculadas al negocio, lo que muestra que en Bolivia estamos no solamente persiguiendo sino también sancionando a quienes transportan la droga, precursores, hacen intento de lavado de dinero, en fin... No quiero entrar en una danza de cifras, pero el informe de la FELCN muestra que hubo un comportamiento en el número de operativos antidrogas y en el número de aprehensiones.

Por lo tanto, no puede decirse que el Estado boliviano no está combatiendo a los delincuentes. Felizmente, en el país no tenemos carteles de narcotraficantes. Ésa es una realidad que el país vivió en los años 80 e incluso 90, pero hoy no podemos hablar de que los haya. Tal vez haya algunos clanes que operan este ilegal negocio, pero las fuerzas antinarcóticos militares y policiales están actuando contra esos delincuentes, los detienen y desarticulan redes de narcotraficantes. Haciendo una comparación del desempeño de las fuerzas antinarcóticos cuando la DEA estaba presente en Bolivia y desde el momento en que salió, en realidad no hay un impacto negativo en los operativos. Es más, el desempeño de estas fuerzas, sin la DEA, ha mejorado. Hay más operativos, detenciones e incautaciones de cocaína, marihuana y otras drogas.

La realidad es que aquellos que indican que en nuestro país prolifera este negocio, me parece, no están viendo las cifras.

—¿Han caído los “peces gordos” de estos clanes?

—Por las informaciones de la FELCN, no podemos hablar hoy en Bolivia de “peces gordos”, porque en las décadas del 80 y 90, los golpes dados a los verdaderos carteles hicieron que el nivel de esa actividad baje.

En este momento, de lo que más podemos hablar es de “peces medianos”. Lo que hay es actividad de grupos, que invierten una determinada cantidad de recursos y que la FELCN va controlando. Hay otro fenómeno que me parece muy curioso. Una representante de Naciones Unidas, que ayer dio una entrevista a La Prensa, pasa por alto que hace por lo menos un año y medio el rebalse de la producción de cocaína procedente de Perú ingresa en Bolivia, en algunos casos, en tránsito. La FELCN calcula que de las incautaciones totales de ese periodo, más o menos un tercio corresponde a droga peruana. Ignorar esta realidad, ajena al país en cuanto a la producción, pero que nos afecta por el tránsito, es mostrar que no hay un verdadero conocimiento de la lucha contra las drogas en Bolivia.

—Sin embargo, se ve que las 12.000 hectáreas autorizadas por ley han sido largamente superadas. Da la impresión de que hay cierta permisividad...

—En cuanto a la superficie, se tiene cifras aproximadas, referenciales, no oficiales ni exactas. Se desprenden de imágenes satelitales que tienen un margen de error importante.

Algunos datos que manejan ciertos organismos internacionales no son exactos. La cifra oficial saldrá de varias fuentes: el estudio del mercado legal de la coca, que actualmente lleva adelante la Cancillería por encargo del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), con apoyo de la Unión Europea; del registro y catastro en las áreas donde legalmente está permitido el cultivo, que se lleva adelante como parte del control social, y las imágenes satelitales. Son datos que están en construcción.

En cuanto a la referencia de cantidad de hojas de coca destinada al consumo legal en el país, hace varios años el Conaltid indicó que en Bolivia se cubriría con 20.000 hectáreas. El Gobierno boliviano también plantea la necesidad de hacer un ajuste de la cifra permitida, porque las 12.000 hectáreas provienen de los años 80, desde cuando hubo muchos cambios. El consumo legal y tradicional se ha expandido al punto de que en el norte argentino hay tres provincias en las que hay consumo tradicional de la hoja de coca.

—¿No es una contradicción decir que los datos están en estudio y, por otro lado, decir que ya nomás elevamos la superficie permitida?

—Eso requerirá una modificación legal, que se va a dar no en este Congreso. Es necesario modificar la Ley 1008, pero no creo que el actual Congreso, con facultades legislativas limitadas por la nueva Constitución, tenga esa facultad. Tendremos que esperar la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para actualizar la normativa.

Además, se dice que en los gobiernos neoliberales el ritmo anual de erradicación era de 10.000 a 12.000 hectáreas por año. Y uno se pregunta, ¿por qué entonces no se alcanzó la meta, inalcanzable, por lo demás, de coca cero? Era el objetivo del Plan Dignidad y todos los planes que trazaron gobiernos neoliberales. No alcanzaban esa meta porque había erradicación y, al mismo tiempo, nuevo cultivo. Por eso la superficie neta se mantenía. Nosotros recibimos 25.000 hectáreas de hoja de coca, por lo tanto, no se nos puede atribuir que durante este tiempo haya habido un incremento desmesurado de hectáreas. Fue el fracaso de las políticas de coca cero el que llevó a esto.

Nosotros hemos cambiado esas políticas. Se erradicaban 10.000 a 12.000 a un costo social muy alto en muertos y heridos.

Es una diferencia cualitativa que la señora representante de Naciones Unidas parece no conocer. El Gobierno actual, en tres años de gestión, ha cumplido las metas anuales de erradicación, las ha superado. En 2007 superamos las 6.000 hectáreas sin violar los derechos humanos ni atentar contra el medio ambiente, porque acudimos a la concertación con los productores para limitar la cantidad de cultivos. Soy optimista porque la racionalización provino del Chapare. Pero gracias al diálogo que hemos efectuado en 2008, hemos logrado ingresar en Caranavi y La Asunta, para racionalizar cultivos en Yungas, un objetivo que los neoliberales, a sangre y fuego, no pudieron cumplir. La erradicación se aplica en parques nacionales, donde no hay concertación, donde se aplica la ley. Ignorar estos aspectos y confundirlos con interdicción no es posible. Una cosa es dialogar y concertar en los lugares permitidos y otra cosa es aplicar la fuerza en interdicción contra los narcotraficantes.

En gobiernos anteriores, organismos internacionales actuaban como patrones, con actitudes patronales y creo que la señora Cristina Albertin reproduce, un poco, por inercia esa lógica y en este tema también necesitamos socios y no patrones. Además, la regionalización de la lucha antidrogas ha dejado de ser un discurso para convertirse en realidad, pero debe ser una lucha mundial.

Fuente: La Prensa