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LA HISTORIA NEGRA DEL GENOCIDA ALAN GARCIA, QUE LA PRENSA DE HOY: televisi?n, RADIO Y PERIDODICOS OCULTAN.

Alan Garc?a reclama tener experiencia de gobierno. Recapitulemos en que consisti? ?sta en dos temas claves de preocupaci?n de esta revista: derechos humanos y lucha contra la subversi?n.

Alan Garc?a 1985-2000: barbarie y fracaso

El 28 de julio de 1985 el flamante presidente Alan Garc?a en su discurso inaugural, refiri?ndose al problema de la violencia pol?tica en el pa?s sostuvo enf?ticamente que su gobierno no combatir?a la barbarie con la barbarie.

Insurg?a as? contra una pol?tica antisubversiva condenada desde diferentes sectores por su permanente recurso a pr?cticas ilegales y violatorias de los derechos humanos y que hab?a sido uno de los factores para que un fen?meno marginal y aislado en sus inicios, empezara a extenderse por el pa?s.

Accomarca y Pucayacu

A los quince d?as de instalado el nuevo gobierno, el 14 de agosto de 1985, como respuesta a una serie de emboscadas senderistas, se pone en pr?ctica la "Operaci?n Huancayoc". As?, un contingente del Ej?rcito comandado por el sub?teniente Telmo Hurtado, atac? la aldea de Accomarca en el departamento de Ayacucho. 69 campesinos murieron durante el ataque, incluyendo algunas mujeres y ni?os. Antes, el 7 de agosto, cinco hombres y dos mujeres que hab?an sido detenidos en un operativo militar fueron llevados a la zona de Pucayacu en un cami?n del Ej?rcito por un contingente al mando del teniente De la Cruz Salcedo. Los detenidos fueron asesinados con disparos en la nuca. M?s tarde se pudo establecer que hablan actuado por ?rdenes del teniente coronel David Lama Romero, jefe pol?tico-militar de Huanta.

La reacci?n presidencial frente a los sucesos de Pucayacu y Accomarca fue r?pida y en?rgica. El 15 de septiembre, el Presidente le pidi? la renuncia al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, C?sar Enrico Praelli, despu?s que ?l negara p?blicamente estos sucesos y los atribuyera al oportunismo de los pol?ticos. El presidente orden?, asimismo, que el Comando Conjunto compareciera ante la Comisi?n de Derechos Humanos del Senado. El 17 de septiembre, se presentaron los generales Sinesio Jarama D?vila, comandante de la Zona de Seguridad del Centro y Wilfredo Mor? Orlo, jefe pol?tico-militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho. Sus testimonios fueron evaluados como insuficientes y no ofrecieron respuesta sobre los hallazgos. Esa misma noche, el gobierno anuncio el cambio del general Jarama a otro puesto y el pase a retiro de Mori.

A fines de septiembre, la Comisi?n de Derechos Humanos del Senado, presidida por Javier Valle Riestra, viaj? a la zona de la masacre y entrevistaron al sub?teniente Hurtado quien se mostr? desafiante en sus respuestas, llegando incluso a justificar el crimen "en defensa de Los pol?ticos y de la democracia". Luego de un trabajo bastante sostenido y r?pido la Comisi?n evacu? su informe. En el de mayor?a, se defend?a la tesis de que los cr?menes cometidos deb?an ser sometidos a la jurisdicci?n ordinaria y no a la de los tribunales militares, pero ignorando las recomendaciones de la Comisi?n, el Senado decidi? por mayor?a terminar con las investigaciones y pasar los expedientes al fuero militar para que fueran juzgados. Como consecuencia de ello el senador Valle Riestra renunci? a la presidencia de la Comisi?n. Los responsables de los hechos terminar?an luego b?sicamente impunes.

La Comisi?n de Paz

Alan Garc?a formo una Comisi?n de Paz. Sus integrantes fueron monse?or Augusto Beuzeville; Fernando Cabieses, m?dico vinculado al Partido Apresta; Diego Garc?a?Say?n. secretario ejecutivo de la Comisi?n Andina de Juristas: C?sar Rodr?guez Rabanal, psic?logo y Alberto Giesecke, conocido cient?fico. Presidi? inicialmente la Comisi?n el abogado Mario Su?rez Casta?eda, antiguo militante aprista.

La Comisi?n trabaj? recopilando informaci?n y documentaci?n sobre problemas relacionados con los derechos humanos y en la formulaci?n de una pol?tica alternativa frente al problema de la violencia. Un primer acuerdo de la Comisi?n de Paz fue someter a consideraci?n del Presidente, una serie de recomendaciones, las que si bien no fueron expl?citamente rechazadas por el gobierno, tampoco fueron tomadas en cuenta. Ante estos problemas y la falta de apoyo claro del Presidente, los miembros de la Comisi?n de Paz renunciaron de manera colectiva en enero de 1986. Con el fracaso de la Comisi?n de Paz se desperdici? una gran oportunidad de una convocatoria amplia a la ciudadan?a que planteara nuevos rumbos a la lucha contra la violencia y por los derechos humanos.

La matanza de los penales

El 17 de junio de 1986, Alan Garc?a en la c?spide de su popularidad recib?a a delegaciones de todo el mundo que ven?an a participar, por primera vez en Lima, en un Congreso de la Internacional Socialista. Aprovechando esta circunstancia, presos senderistas de Lurigancho, El Front?n y Santa B?rbara tomaron rehenes, se apoderaron de sus pabellones y anunciaron su decisi?n de no rendirse, hasta obtener la plena satisfacci?n de sus demandas.

A las cuatro horas de haberse tomado al primer reh?n, el Presidente Garc?a convoc? una reuni?n del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en la que participaron los jefes de las instituciones militares. All? se tom? la decisi?n de entregar al Comando Conjunto el control de los penales en procura de establecerla calma lo m?s r?pido posible.

En la c?rcel de mujeres la Guardia Republicana recuper? el control del penal relativamente r?pido. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrim?genos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados quedando dos internas muertas.

Mientras tanto, en El Front?n, el viceministro del Interior Agust?n Mantilla anunciaba que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que hab?a sido declarada zona militar restringida. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorizaci?n para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervenci?n. Luego la marina atac? militarmente el Pabell?n Azul usando armas de guerra y luego con la ayuda de un helic?ptero echaron abajo las paredes. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los rehenes y 135 prisioneros.

A Lurigancho lleg? el escuadr?n Llapan Atic de la Guardia Republicana que coloc? explosivos alrededor de la pared exterior del Pabell?n Industrial donde los senderistas ten?an al reh?n. A las tres de la ma?ana. despu?s del ataque con fusiles y granadas, los senderistas se rindieron. Horas m?s tarde los 124 senderistas que ocupaban el edificio estaban muertos; hab?an sido asesinados, uno a uno, de un tiro en la nuca.

El esc?ndalo nacional e internacional frente a este crimen m?ltiple fue enorme. El presidente Garc?a visit? tard?amente, el lugar de los sucesos y haciendo uso de su acostumbrada elocuencia, dijo que frente a ?stos s?lo cab?an dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo".

En los d?as o meses siguientes nada significativo se hizo por determinar lo sucedido y sancionar a los responsables. S?lo un a?o despu?s se logr? que empezara a actuar una Comisi?n Investigadora del Congreso y que se le encargara la presidencia al senador opositor Rolando Ames. La Comisi?n realiz? un amplio, riguroso y severo proceso de investigaci?n de lo sucedido, lo que permiti? una reconstrucci?n de los hechos verdaderamente detallada y escrupulosa.

El Informe Ames -que qued? al final en ajustada minor?a por las maniobras del APRA- encontr? que hubo imprevisi?n en la actuaci?n del gobierno, as? como desgobierno en los penales, permitido por el entonces Ministro de Justicia, Luis Gonz?les Posada. Se demostr? que la informaci?n proporcionada al pa?s era distorsionada y dirigida a magnificar los hechos.

Igualmente se prob? que las autoridades gubernamentales ?principalmente a trav?s de la actuaci?n del viceministro Mantilla y los mandos militares- impidieron y limitaron ilegalmente la actuaci?n de las autoridades judiciales y del Ministerio P?blico.
Encontr?, asimismo, que el gobierno dio ?rdenes que trajeron como consecuencia un injustificable n?mero de muertes. Ello, cuando el Presidente pidi? debelar los motines en el plazo m?s breve y perentorio, sin existir ninguna raz?n que obligara a actuar con excesiva premura.
Se estableci?, por otro lado, que la fuerza militar utilizada en el ataque a los amotinados fue desproporcionada e innecesaria en relaci?n al peligro realmente existente. S?lo en el caso de El Front?n los internos ten?an tres armas de fuego fuego, en los otros dos penales carec?an de ellas. En cambio las fuerzas encargadas de reducir a los internos utilizaron fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, bazucas, ca?ones de 81 mil?metros, explosivo pl?stico y dinamita.

El Informe confirm? que las fuerzas encargadas del debelamiento realizaron ejecuciones extrajudiciales. En Lurigancho se fusil? con un disparo en la nuca a un n?mero superior a 90 internos ya rendidos. En el Front?n, la Marina vol? el Pabell?n Azul a sabiendas que en su interior se encontraban a?n internos con vida.

Otro aspecto grave que consigna el Informe Ames, es que se pretendi? encubrir los delitos realizados por las fuerzas del orden durante las acciones de debelamiento de los motines. El propio presidente Garc?a conoci? inmediatamente el n?mero de v?ctimas; sin embargo en lugar de ordenar en ese momento la investigaci?n de esos hechos, felicit? al Comando Conjunto de la Fuerza Armada; asimismo prohibi? el ingreso de los jueces y civiles, declarando 'zonas militares restringidas' a los penales. La denuncia sobre lo sucedido, hecha luego de los sucesos por el Presidente se refiri? exclusivamente al caso de Lurigancho, pese a que se conoc?an ya los hechos ocurridos en los otros penales.

El Informe Ames atribu?a responsabilidades al Presidente y al Consejo de Ministros, a los oficiales encargados de las operaciones de debelamiento, al personal militar y policial que particip? en ellas, al Fiscal de la Naci?n, C?sar Elejalde, a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y al viceministro del Interior. El Informe propuso al Congreso se aplique el antejuicio constitucional a los ministros y a Alan Garc?a, al finalizar su mandato.

Sin embargo prim? la impunidad. La Corte Suprema argument? que por tratarse de hechos ocurridos en el marco de una zona militar restringida ten?a que inhibirse de ver la causa y decidi? su traslado a la jurisdicci?n militar. El caso de El Front?n fue sobrese?do por uno de esos tribunales, al no encontrar responsabilidad alguna en lo sucedido. En el caso de Lurigancho s?lo se encontr? responsabilidad en dos oficiales subalternos de la Guardia Republicana, absolvi?ndose a los dem?s acusados. No s?lo eso, sino que el Senado ascender?a tiempo despu?s al General Jos? Rabanal Portilla, Jefe Militar encargado de debelar el mot?n de Lurigancho, al m?s alto rango del escalaf?n militar.

El c?rculo de impunidad se cierra en noviembre de 1990, ya durante el r?gimen de Fujimori, cuando la C?mara de Diputados con una precaria mayor?a conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos contra y 75 a favor de la acusaci?n constitucional contra Alan Garc?a. En el debate se hizo evidente que exist?a un acuerdo pol?tico para exculpar al ex-presidente. Seg?n fuentes de prensa de la ?poca una delegaci?n del APRA encabezada por su secretario general, Luis Alva Castro, fue hasta en 3 oportunidades en Palacio de Gobierno y pasada la medianoche a reunirse con Fujimori.

A callar Cayara

El 13 de mayo de 1988, un contingente de Sendero Luminoso tendi? una emboscada a un convoy militar de 20 efectivos en Erusco, provincia de Cangallo, Ayacucho. En el combate resultaron muertos cuatro senderistas, un capit?n del Ej?rcito y tres soldados. Al d?a siguiente el Ej?rcito ingres? en Cayara, la localidad m?s cercana a Erusco. El contingente militar asesin? al primer habitante que encontr?; luego lleg? a la iglesia del poblado, donde encontr? a cinco hombres que estaban desarmando tabladillo en donde se hab?a celebrado una fiesta religiosa y los fusil? en el acto. Luego reuni? a la poblaci?n en la plaza principal, esperando a que los hombres volvieran del trabajo en el campo. Los hombres y j?venes fueron separados de las mujeres y ni?os y en presencia de ?stos los soldados obligaron a los hombres a acostarse y los mataron utilizando bayonetas e instrumentos de labranza.

El n?mero total de v?ctimas se ha establecido entre 28 y 31 personas. Acto seguido, los soldados enterraron a los muertos en un lugar cercano.

En el Senado de la Rep?blica se produjo un debate en el que se reclamaba la constituci?n de una Comisi?n Investigadora de los hechos. La mayor?a gubernamental se opuso inicialmente a dicho pedido, pero finalmente el Congreso aprob? multipartidariamente la iniciativa, encarg?ndose la presidencia al senador aprista Carlos Enrique Melgar.

La Comisi?n viaj? a Cayara solo un mes despu?s de los hechos y durante los tres d?as de su estad?a en Ayacucho se dedic? fundamentalmente a dialogar con los jefes militares, eludiendo comunicarse directamente con los testigos. El propio senador Melgar sostuvo que ?l no hab?a entrevistado a los testigos de la masacre porque no era "chulillo de ellos para ir correteando testigos". Dijo tambi?n: "(Los de Amnist?a Internacional) son imb?ciles y corruptos porque est?n diseminando por el mundo que el Per? es un pa?s de genocidas y eso no se hace; eso es una impostura".

Entre tanto el fiscal Carlos Alberto Escobar quien, pese a las dificultades que la situaci?n ten?a, avanz? significativamente en la investigaci?n de los sucesos, fue permanentemente hostilizado por las Fuerzas Armadas, as? como por el senador Melgar. Finalmente fue retirado del caso por sus superiores y ante persistentes amenazas de muerte al punto que se vio obligada a buscar asilo en el extranjero. La persecuci?n contra los testigos fue sistem?tica. Nueve de ellos fueron asesinados. La ?ltima fue la enfermera Marta Cris?stomo Garc?a, quien fue sacada de su casa en septiembre de 1989 por ocho hombres encapuchados que usaban uniformes del Ej?rcito.

El informe mayoritario de la Comisi?n Melgar de mayo de 1989 concluy? que "categ?ricamente no hubo abuso por parte del personal militar en Cayara". Propuso en cambio que se iniciaran acciones legales contra el fiscal Escobar por haber "conducido mal" la investigaci?n. Adem?s, la mayor?a expres? sus felicitaciones al Comando Pol?tico?Militar de Ayacucho durante 1988, "por su eficiente trabajo y esp?ritu de lucha en la tarea de pacificar la regi?n bajo su responsabilidad, una misi?n que lograron completamente, respetando el orden legal de la naci?n".

El informe en minor?a de Gustavo Mohme y Javier Diez Canseco concluye que la masacre fue 'indiscutiblemente' responsabilidad del comandante pol?tico?militar de la zona, el general del Ej?rcito Jos? Valdivia Due?as y los soldados que perpetraron la matanza. Adem?s, el informe se?ala que "todo induce a la suposici?n que al enfrentar la denuncia p?blica de la masacre, el Comando Pol?tico-Militar de Ayacucho tom? la decisi?n de hacer desaparecer la evidencia".

A fines de agosto de 1989 por presi?n de la opini?n p?blica, el caso fue reabierto por orden de la oficina de la Fiscal?a de la Naci?n. En manos del fiscal de la provincia de V?ctor Fajardo no se logr? progreso alguno y en enero de 1990 el caso fue sobrese?do. En noviembre de 1990 el Senado de la Rep?blica pese a la intensa oposici?n de los organismos de derechos humanos, asciende al General Valdivia, principal acusado en este caso.

La aparici?n de los paramilitares

Una de las herencias m?s nefastas del r?gimen de Alan Garc?a fue la aparici?n de los grupos paramilitares en el pa?s, que contaron con tolerancia gubernamental. Aunque ya hab?an algunos indicios de su existencia, su primera acci?n significativa fue el 28 de julio de 1988 con el asesinato de Manuel Febres, abogado defensor del l?der senderista Osm?n Morote, por parte de un autodenominado "Comando Rodrigo Franco".

El Comando Rodrigo Franco fue el principal gestor de este nuevo tipo de violencia pol?tica que se concret? en amenazas de muerte, atentados y asesinatos selectivos.

Aparecieron tambi?n otras bandas similares de ?mbito m?s bien local "Comando de Aniquilamiento a Senderistas" en Cusco; "Comando Chav?n" en Ancash: "Comando Manuel Santana Chiri" en lea: "Comando Haya Vive". "Comando Regional de Aniquilamiento Manuel Cipriano" en Trujillo: "Comando Braulio Zaga Pariona". "Pelot?n Punitivo Peruano" y "Aguilas Negras" en Ayacucho.

Uno de los cr?menes que m?s impact? a la opini?n p?blica y que seg?n todos los indicios fue cometido por los grupos paramilitares fue el del secretario general de la Federaci?n Nacional de Trabajadores Mineros metal?rgicos y Sider?rgicos del Per?, Sa?l Cantoral. Otro asesinato pol?tico que se le atribuye al Comando Rodrigo Franco, fue el del diputado de la Izquierda Unida, Eriberto Arroyo M?o.

La gravedad que esta nueva manifestaci?n de la violencia pol?tica ven?a adquiriendo, as? como las constantes denuncias sobre las posibles vinculaciones que podr?a tener con el Estado y el partido de gobierno, generaron una importante presi?n de opini?n p?blica para que se investigue y sancione a los autores de esta organizaci?n paramilitar. Se cre? as? una Comisi?n Investigadora en el Parlamento, cuyo trabajo fue muy accidentado por los esfuerzos por sabotearlo desde dentro por parte de los parlamentarios apristas que la integraban en mayor?a.

Finalmente, ante la negligencia de la mayor?a que demoraba la presentaci?n del dictamen, los miembros en minor?a Sotomarino, Espinoza y Piqueras, hicieron conocer el suyo, en el que sostuvieron que "esta probada la existencia en nuestro pa?s de una organizaci?n que desarrolla actividades caracterizadas por su finalidad terrorista no subversiva, que ha reivindicado un n?mero considerable de sus atentados como propios". Asimismo que "existen m?ltiples evidencias que vinculan a la organizaci?n en cuesti?n con personas investidas de autoridad p?blica, como son el Se?or Ministro del Interior. M?ximo Agust?n Mantilla Campos, el General Fernando Reyes Roca, el General Ra?l J?rez Gago y General (r) Edgar Luque Freyre."

El informe en mayor?a se presentar?a muchos meses despu?s y como era previsible, desconoci? la existencia de los grupos paramilitares tratando de desviar la atenci?n de la opini?n p?blica con gruesas acusaciones contra otros parlamentarios.

No les gustaban los estudiantes

La l?gica paramilitar continu? entretanto cobrando vidas, ahora con la nueva modalidad del anonimato absoluto y la no reivindicaci?n de los hechos. Entre los casos m?s crueles de esta nueva forma de violencia en el pa?s, se puede mencionar los que se cometieron contra estudiantes universitarios.

Uno de los casos m?s graves fue el de dos estudiantes de la Universidad Cat?lica, Luis Alberto Alvarez Aguilar y Jos? Abel Malpartida P?ez, cuyos cuerpos destrozados fueron hallados el 28 de julio de 1989, en un descampado cerca a la playa de San Bartolo, 53 kil?metros al sur de Lima. Al d?a siguiente de su desaparici?n, la familia recibi? una llamada an?nima indicando que Luis Alberto Alvarez Aguilar se hallaba detenido en la Comisar?a de infantas, en el distrito de San Mart?n de Porras.

Otro caso similar ocurri? el 12 de abril de 1990, cuando los cad?veres de Oswaldo Haro Castillo de 26 a?os y Jorge Manuel Silva Seminario de 25, ambos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fueron encontrados en el interior de una acequia de regad?o. a la altura del kil?metro 32 de la carretera Carabayllo?Canta, en la Hacienda Caballero, al noreste de Lima. Hab?an desaparecido seis d?as antes cuando salieron de sus domicilios con la finalidad de dirigirse a su centro de estudios.

Los enfrentamientos sin heridos

Otra forma de violaci?n a los derechos humanos bastante grave, fue la de rematar a los heridos luego de enfrentamientos armados con grupos subversivos. El principal indicio de ello provino de los propios comunicados militares, en donde se consignaban para estos enfrentamientos un alt?simo n?mero de muertos y ninguno o muy pocos heridos.

Un caso muy notorio fue el acontecido durante el enfrentamiento del Ej?rcito con una columna del MRTA en la zona de Los Molinos, en Jun?n, en la madrugada del 28 de abril de 1989, cuando efectivos militares se toparon con una columna del MRTA que, oculta en dos camiones, se dirig?a a Concepci?n. El resultado final de la acci?n arroj? como saldo la muerte de los 62 ocupantes de los camiones y seis miembros de las Fuerzas Armadas. No qued? un solo herido o capturado. Entre los cad?veres hab?an ancianos, mujeres y ni?os.

Al lugar de los hechos y para felicitar a los responsables del operativo viaj? el propio presidente Garc?a quien se pase? entre los cad?veres, acompa?ado del ministro de Defensa Enrique L?pez Albujar (luego cobardemente asesinado por el MRTA) y el jefe del Comando Conjunto, general Artemio Palomino Vargas.

Final con fuga y tunel

El 9 de julio, a menos de veinte d?as de la transferencia al nuevo gobierno. V?ctor Polay, "Comandante Rolando" y 47 militantes del MRTA lograron fugar del penal de "m?xima seguridad" Miguel Castro Castro a trav?s de un t?nel de 330 metros construido desde fuera del penal. La construcci?n contaba con conexiones de agua y desag?e, instalaciones de servicios de alumbrado y un respiradero que facilitaba el trabajo operativo. Por la precisi?n del diserto del t?nel, la polic?a supuso la participaci?n de personal altamente calificado.

Mas all? del hecho mismo, la repercusi?n obtenida por el MRTA, a nivel nacional e internacional, constituy? un duro cuestionamiento no s?lo a la estrategia antisubversiva del gobierno, sino tambi?n a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales. M?s a?n, siendo el fin del gobierno de Alan Garc?a, le dej? una aureola de fracaso frente a la subversi?n.

As?, las diversas agrupaciones pol?ticas del pa?s coincidieron en se?alar al gobierno y a los ministros del Interior y Justicia, como los responsables de la escandalosa fuga. Pero los aludidos manifestaron que no ten?an la obligaci?n moral de renunciar. "No he decidido renunciar" ?dijo Mantilla, ministro del Interior. No creo que en medio de esta guerra como la que estamos viviendo hoy se pueda hablar de responsabilidad pol?tica por un hecho por el cual, si hay responsables, ser?n castigados...". Pese a la indignaci?n creciente, el todav?a presidente de la Rep?blica Alan Garc?a P?rez, ratific? su apoyo a sus colaboradores.

Barbarie y fracaso.

Un balance global de lo ocurrido en esos cinco anos, en materia de derechos humanos, nos indica que la detenci?n?desaparici?n forzada de personas se convirti? en un recurso sistem?tico de la estrategia antisubversiva, colocando a nuestro pa?s, desde 1987, como el lugar del mundo en donde a?o a a?o se produjeron el mayor n?mero de casos de este tipo. Por su lado las ejecuciones extrajudiciales salieron de las zonas de emergencia bajo control militar y comenzaron a repetirse, de manera cada vez m?s sistem?tica en otros lugares del pa?s. Surgieron los grupos paramilitares que, seg?n demasiados indicios, estuvieron vinculados a sectores del Partido Aprista y a miembros de las fuerzas de seguridad.

Lo que es m?s grave, frente a todas estas situaciones la impunidad con que actuaron sus promotores fue la ?nica respuesta. A ello contribuy? no s?lo el Poder Ejecutivo, sino tambi?n el Judicial y el Legislativo. Ello fue incluso m?s evidente y arbitrario cuando los casos involucraron en su ejecuci?n a miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante estos cinco a?os la acci?n contra el pa?s por parte de los grupos subversivos, creci? en intensidad. Se extendieron hacia otras regiones del territorio y usaron todas las formas de violencia, en especial aquellas que por su crueldad o repercusi?n pol?tica pudiesen desencadenar una reacci?n represiva indiscriminada contra la poblaci?n. La estrategia antisubversiva con que se enfrent? el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violaci?n a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de ingredientes fundamentales que explican ese fracaso.

El costo fue, para el Per?, demasiado alto. El n?mero de muertos por razones directamente vinculadas a la violencia pol?tica llegaban en 1990 a cerca de veinte mil. El costo econ?mico de la violencia y del esfuerzo fallido por acabar con ella, fue estimado conservadoramente para la d?cada en veinte mil millones de d?lares, equivalentes al total de la deuda externa del pa?s.

Quiz?s la actuaci?n de Alan Garc?a en este campo se podr?a resumir en una sola frase: "Hizo lo que dijo que no iba a hacer, porque al comienzo pensaba que si lo hac?a iba a fracasar; al final, lo hizo y fracas?".

* Este texto se basa principalmente en el Cap?tulo II "...y combati? a la barbarie con la barbarie" del libro La oportunidad perdida, publicado por el IDL en 1990

Por Oscar VIlca

Fuente: Argentina Indymedia (( i ))