contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Lunes, 08 de diciembre de 2008

Per?: Recomiendan derogar cinco decretos legislativos lesivos a los ind?genas y al pa?s

Reproducimos la Síntesis del Informe legal sobre los decretos legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 elaborado por la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y que recomienda su derogatoria por razones de orden constitucional, legal y técnico.

Síntesis del Informe legal sobre los decretos legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 elaborado por la Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República

En opinión de esta Comisión Consultiva, los decretos legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 tienen serias deficiencias de orden constitucional, legal y técnico, los cuales recomiendan su derogatoria, como se pasa a detallar:

Razones generales
a) Violan la Constitución Política del Perú

- Los decretos legislativos en cuestión distorsionan y desnaturalizan los términos de la delegación aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley N° 29157, que precisa que el contenido de los decretos legislativos que se dicten, deberá sujetarse estrictamente a los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) Perú-Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias para mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento.

- Los decretos legislativos 1064, 1081 y 1089 violan la Constitución Política del Perú al modificar leyes orgánicas. Estas normas vulneran el artículo 101, inciso 4, párrafo 2 y el artículo 104, párrafo 2, que establecen que esta facultad legislativa es indelegable y el artículo 106 que señala que solo pueden ser modificadas por votación calificada.

b) Son violatorias de la normatividad internacional de derechos humanos

- Los cinco decretos legislativos se han expedido transgrediendo el derecho a la consulta establecido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, artículo 6, incisos 1.a y 2, debido a que sus contenidos están referidos a temas que afectan de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas, los cuales no han sido consultados sobre sus contenidos.

- Tanto el derecho a la consulta como el derecho al consentimiento libre, previo e informado se encuentran consagrados tanto en el Convenio Nº 169 como en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Razones específicas
a) Decreto Legislativo Nº 1064

- Es inconstitucional porque modifica una norma -Ley 26505- aprobada por votación calificada que solo puede ser cambiada con igual procedimiento, según lo dispone el artículo 106 de la Constitución Política del Perú vigente.

- Este decreto legislativo es nocivo para la Amazonía porque consagra el cambio de uso de las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de aptitud forestal al régimen agrario. Ello promoverá la deforestación de los bosques para dar paso a plantaciones de monocultivos; así como alteraciones en los ecosistemas, en la biodiversidad, y la eliminación de diversas especies (preocupación expresada por miembros del Senado de los EE.UU.).

- Es una norma lesiva a los pueblos y comunidades indígenas pues pone en riesgo sus territorios al vulnerar sus derechos colectivos establecidos en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT.

- Contraviene a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en los artículos relativos al saneamiento físico legal de su propiedad agraria así como a su ordenamiento territorial.

b) Decreto Legislativo 1080

- Elimina la clasificación de semillas liberadas al comercio así como las categorías de certificación de semillas, las cuales se establecerán en el reglamento.

- Deja en suspenso lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley Orgánica N° 27262, que señala que sólo se comercializarán aquellas semillas que pertenezcan a cualquiera de las clases y categorías definidas en la ley.

- Se debilita la función supervisora al intentar convertir al INIA en juez y parte, al designarlo como órgano competente en las funciones de investigación, producción y comercialización de semillas. Tal condición promueve un clima de corrupción y competencia desleal entre el Estado y los productores de semillas o semilleristas.

- El INIA se convertiría tanto en la autoridad que promueve la biotecnología, como en semillas y en bioseguridad de las semillas transgénicas que esta misma institución produce, importa y comercializa.

- El decreto 1080 debilita la institucionalidad técnica existente en semillas como es el SENASA al eliminar las referencias a sus competencias de importancia en este tema.

- Posibilita el ingreso de productos transgénicos al eliminar del ámbito del SENASA su competencia sobre los organismos genéticamente modificados y los organismos vivos modificados (OVM), con lo que desaparecen las competencias de la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria para realizar la evaluación y gestión de riesgos de actividades desarrolladas con OVM y bioseguridad.

c) Decreto Legislativo 1081:

- Es inconstitucional porque modifica el Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, transgrediendo las restricciones establecidas en el artículo 101, inciso 4, párrafo 2, y el artículo 104, párrafo 2, de la Constitución Política del Perú; los cuales establecen que son indelegables las facultades legislativas respecto a las leyes orgánicas.

- Presenta los siguientes vacíos y deficiencias:

- No aclara qué materias serían delegadas por la autoridad de aguas, ni cómo atender las funciones y presidencia del Consejo Directivo de la ANA, así como los consejos de cuenca.

- No precisa las funciones de diversas instancias y organismos como las autoridades administrativas del agua, las administraciones locales y los consejos de cuenca.

- Existe un débil reconocimiento y consideración a las diferentes formas asociativas que cumplen roles promotores y de apoyo en cuanto a la gestión del agua. Excluye a las comunidades.

- No reconoce la participación de los usuarios productivos en la formulación de la Política Nacional de Recursos Hídricos, en el monitoreo de la calidad del agua y la definición de mecanismos para promover la participación y operatividad de los consejos de cuenca.

- No define con claridad los alcances del mandato del Consejo de Cuenca para el manejo de la cuenca y su relación con los temas agrarios y no agrarios.

- Considera la gestión del agua con una visión sectorial, olvidando su integralidad y sus múltiples usos y usuarios que deben ser tomados en cuenta para una gestión coordinada y multisectorial.

- Presenta una grave distorsión del principio precautorio (numeral 4.2) debido a que lo plantea en un sentido distinto al establecido en la Ley de Áreas Naturales Protegidas para las zonas reservadas.

- No toma en consideración la protección especial a la que tienen derecho los pueblos indígenas en relación al acceso a los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, contraviniendo el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.

d) Decreto Legislativo Nº 1089:

- Es inconstitucional porque modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, transgrediendo las restricciones establecidas en el artículo 101, inciso 4, párrafo 2, y el artículo 104, párrafo 2, de la Constitución Política del Perú, que establecen que son indelegables las facultades legislativas respecto a las leyes orgánicas.

- No ha sido consultado a los pueblos indígenas interesados, a pesar que esta norma se relaciona directamente con la administración de sus tierras y territorios, vulnerando así el derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

- Este decreto legislativo, no hace referencia alguna a la situación en la que quedarían las comunidades campesinas y nativas que no están tituladas o las que se encuentran en proceso de titulación o ampliación de tierras.

- Su aplicación puede generar conflictos por derechos superpuestos no resueltos al fijar un plazo muy corto (4 años) para culminar con el “catastro de predios rurales” y actualizar el catastro existente. Es importante, advertir que este problema se debe principalmente a la falta de voluntad política, a la falta de recursos y a la inadecuada definición de los roles de las entidades públicas involucradas.

- El decreto se inscribe en una lógica orientada a promover la inversión privada en las tierras de las comunidades nativas y campesinas y las tierras de capacidad de uso forestal deforestadas y no está acompañada de medidas que promuevan el desarrollo de las comunidades.

- Reproduce el cuestionado Proyecto de Ley Nº 1770/2007-PE pues al interpretarse con el Decreto Legislativo Nº 1064, la titulación y formalización promovida involucraría lo que este decreto denomina “predios rurales comunales”.

- Tiene el evidente propósito -al igual que el decreto legislativo 1064- de derogar el Decreto Ley Nº 22175 y su reglamento (Decreto Supremo Nº 003-79-AA del 25 de enero de 1979), entre otras normas, manteniendo vigente la Ley de Registro de Predios Rurales (Decreto Legislativo Nº 667).

e) Decreto Legislativo Nº 1090:

- Mantiene en lo fundamental un sistema forestal con muchas deficiencias en términos de inclusión de actores del bosque, deficiente promoción de la industria forestal y de la fauna silvestre, escaso respeto a la capacidad del suelo, limitada promoción de la descentralización, entre otras.

- Deja fuera a varios usuarios del bosque que ven comprometida su supervivencia, al no poder alcanzar una modalidad propia que active su economía y su desarrollo.

- Elimina la participación de la sociedad civil en la gestión, perdiéndose por tanto la transparencia.

- Debilita la institucionalidad forestal y reduce los mecanismos de control de la tala ilegal.

- Facilita el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial.

- Reduce a su mínima expresión la esencia del manejo forestal poniendo en peligro la afectación de nuestros bosques y áreas naturales protegidas (ANP) por el aprovechamiento irracional e ilegal de productos forestales.

- Pone en riesgo que Estados Unidos cierre sus mercados a los productos forestales si se verifica la procedencia ilegal de estos, lo cual afectaría directamente a los productores forestales.

- Contraviene los compromisos asumidos en el marco del TLC con los Estados Unidos en los términos siguientes:

- Elimina el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR), excluye la participación de los actores involucrados al bosque en temas de política forestal. En este mismo sentido, no contempla los Comités de Gestión de Bosques (CGB), por lo que no se prevé la participación de la sociedad civil en la gestión de la administración y control forestal.

- No incluye la georeferenciación de los árboles, por lo que será imposible desarrollar un control a lo largo de la cadena de custodia (trazabilidad).

- Debilita la gestión del sector forestal al no definir la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna con lo que no cumple con el fortalecimiento institucional de acuerdo al tratado del TLC.

Recomendaciones generales

La Comisión Consultiva recomienda:

- Derogar los Decretos Legislativos 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090.

- La modificatoria de los decretos no es suficiente ni cubre las necesidades de cada sector regulado por dichos decretos legislativos. Las modificatorias solo mantendrían sistemas obsoletos que no permiten la modernización de dichos sectores.

- La discusión y aprobación previo procedimiento correspondiente, de la Ley General del Agua, de manera que recoja el consenso de los diversos organismos y organizaciones de usuarios del agua, con una visión integral, multisectorial e interinstitucional en el manejo de la cuenca.

- Que el Congreso convoque a COFOPRI, INDEPA y a las organizaciones indígenas, así como a organismos privados para que impulsen la elaboración de un diagnóstico que determine el número de comunidades nativas y campesinas que a la fecha no han sido reconocidas y tituladas; particularmente aquellas que han iniciado el trámite de reconocimiento, titulación y/o ampliación respectiva. Ello a fin de incorporarlos dentro de los programas y metas de titulación que tiene a su cargo el COFOPRI, como entidad que ha asumido las funciones del extinto PETT.

- Desarrollar en consulta y participación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, la revisión y actualización del procedimiento de reconocimiento y titulación, tanto de las comunidades nativas como de las campesinas; respetando los derechos colectivos de estas comunidades dentro del marco del Convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

- Promover la consulta y participación de los pueblos indígenas y sus respectivas organizaciones en la elaboración de las propuestas legislativas que se refieren a Pueblo Indígenas. En este sentido existiendo un dictamen recaído en los proyectos de ley Nº 413/2006-CR, 427/2006-CR y 2016/2006-CR que, en un texto sustitutorio, propone una ley que regula el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y la participación, el Congreso deberá desarrollar un proceso de consulta antes de su pase al pleno.

Lima, 03 de diciembre de 2008

 

Acceda al texto completo del informe en el siguiente enlace:

 

Fuente: Servindi


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