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Martes, 02 de diciembre de 2008

Apra intenta tomar el Tribunal Constitucional

Mesía quiere quedarse por el caso El Frontón


(1) El Tribunal Constitucional deberá resolver este 20 de diciembre si El Frontón prescribe o no. (2) El objetivo es que aprista Carlos Mesía aplace caso, sostienen.

Sostiene miembro del Tribunal Constitucional César Landa después de que se frustrara elecciones. Magistrado decano convocaría a nuevas elecciones para mañana.

Mesía declinó 

Ante la andanada de cuestionamientos, el aprista Carlos Mesía puso su cargo a disposición para que sea el magistrado decano Juan Vergara quien asuma interinamente la presidencia del tribunal, pero, pese a los requerimientos de la prensa, no confirmó ni negó su intención de hacerse elegir.

La elección del presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) se frustró ayer debido a que tres magistrados de este organismo jurisdiccional no acudieron a votar en claro rechazo a la postulación a este cargo del aprista Carlos Mesía, quien había asegurado días antes que declina al cargo.

César Landa, Ricardo Beaumont y Fernando Calle argumentaron para su inasistencia que no existían las condiciones para una elección democrática, a la que concurrieron puntualmente el presidente interino Carlos Mesía, el magistrado decano Juan Vergara, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez.

Los magistrados que frustraron la sesión enviaron un comunicado a todos los medios, en el que criticaron duramente la conducta de Mesía, cuya gestión interina había culminado el sábado pasado.

“Lo cuestionamos por su falta de transparencia, sus bravuconadas y graves dificultades irresueltas que lindan con la incapacidad moral, trascendida a la opinión pública, preferimos con nuestra inasistencia a la sesión de hoy (ayer) no dar quórum al pleno y que se proceda de acuerdo al reglamento asumiendo la presidencia el magistrado más antiguo Juan Vergara, de modo tal que éste convoque a las elecciones de acuerdo a ley”, señala el documento.

“No hay ninguna irresponsabilidad en la decisión que hemos tomado pues es una respuesta a las reiteradas contradicciones en las expresiones que faltan a la verdad”, dijo a LA PRIMERA el magistrado Fernando Calle, refiriéndose al compromiso de Mesía de no postular y su posterior pretensión de hacerlo.

Su objetivo es El Frontón


César Landa fue más allá y dijo que la verdadera intención del aprista Carlos Mesía es llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional para lograr aplazar nuevamente el caso de El Frontón, como ya lo hizo en varias oportunidades.

“Mesía, en el momento que se tenía que ver el caso El Frontón, argumentó que era más importante el caso Huanta, luego lo aplazó hasta después de la cumbre APEC y ahora ha fijado fecha para el 20 de diciembre”, añadió.

Landa señaló que Mesía trabaja antidemocráticamente y cree que el tribunal es su feudo y dentro de éste comete una serie de irregularidades, como el hecho de haber retirado en varias oportunidades las publicaciones de fallos del tribunal en su página web, como la del caso de José Francisco Crousillat y la congresista Canchaya, hecho que es investigado internamente.

El caso que involucra a presidente García

El Tribunal Constitucional debe resolver este 20 de diciembre si el caso de El Frontón ha prescrito o no. Si el tribunal resolviera que el caso no ha prescrito, entonces el presidente Alan García y el primer vicepresidente Luis Giampietri no serían llamados sólo como testigos de este caso sino, según el abogado Carlos Rivera, se abriría la posibilidad de que sean incluidos en una denuncia por un crimen de lesa humanidad.

Rivera sostuvo, en diálogo con este diario, que García y Giampietri temen por lo que pudiese resolver el tribunal. Indicó también que el mandatario ejerce y ha ejercido presiones sobre los fiscales para que éstos no lo incluyan en ninguna denuncia por el caso y ha logrado que lo exculpen de sus responsabilidades.

Para recordar

El 18 y 19 de junio de 1986 se desarrolla un motín en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

El presidente Alan García y sus ministros acuerdan encargar el restablecimiento del orden a las Fuerzas Armadas. El Ejército se encargó de Lurigancho y la Marina de El Frontón.

El costo del debelamiento fue de más de 250 muertos.

El 6 de junio de 1987 el Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Marina emite resolución para sobreseer la causa y declarar que los investigados no tuvieron responsabilidad.

El 16 de junio de 1987 el Consejo de Guerra Permanente de la Marina confirma la anterior resolución.

El 20 de julio de 1989 dicho consejo archiva definitivamente el proceso y declara que no hay prueba contra los investigados.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que la matanza de presos debe ser esclarecida y sus responsables deben ser juzgados.

Fuente: La Primera


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