contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Jueves, 20 de noviembre de 2008

Ecuador limita al norte con las FARC

Ante ausencia de autoridades colombianas, guerrilla controla 90% de frontera colombo-ecuatoriana

La masacre de un grupo de guerrilleros colombianos y tres estudiantes mexicanos en territorio ecuatoriano el 1 de marzo, ejecutada por una operación aérea de las Fuerzas Armadas de Colombia, ha puesto en el debate varias aristas de una compleja realidad de la que no se ha deseado hablar, pese a conocerse desde hace muchos años en el Ecuador.

Desde el 2005 se han producido 17 incidentes en la frontera relacionados con incursiones del Ejército colombiano en territorio del Ecuador. Uno de los más graves ocurrió entre el 2 y 5 de noviembre del 2007, cuando helicópteros colombianos bombardearon posiciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población ecuatoriana de Yanamaru, en la oriental provincia de Sucumbíos.

En el pasado, las incursiones colombianas ya provocaron la muerte de al menos seis ecuatorianos en el río San Miguel —que separa Sucumbíos del departamento colombiano de Putumayo— y pese a que Colombia lo ha reconocido en las reuniones militares de la Comisión Binacional de Frontera, no se ha procedido a reparar los daños, ni a indemnizar a los familiares de las víctimas.

Fumigaciones tóxicas

Además de las incursiones militares colombianas, la población ecuatoriana de frontera ha debido soportar las consecuencias de las fumigaciones tóxicas que el gobierno colombiano implementó desde 1999, con el afán de eliminar los cultivos de coca.

“Los aviones cruzaron la frontera y fumigaron en nuestro territorio, tuvimos que poner letreros sobre los árboles para que las avionetas vean que estaban sobre Ecuador”, denunció Froilán Canticuz, dirigente de la comunidad indígena awá de Mataje, en la costa ecuatoriana, ante el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF), agrupación de la sociedad civil.

De acuerdo con el CIF, las fumigaciones han provocado daños en los cultivos y la salud de los habitantes de frontera, tanto en la provincia amazónica de Sucumbíos, como en la norteña provincia costera de Esmeraldas. La pérdida de cultivos ha provocado un lento éxodo de las comunidades fronterizas hacia las ciudades de Lago Agrio y Esmeraldas.

A esto se suma el arribo a Ecuador de miles de colombianos que huyen de la violencia en su país. Según el gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay alrededor de 250,000 colombianos en situación de refugio en el Ecuador. Las autoridades tienen en sus manos unas 50,000 solicitudes de refugio, de las cuales sólo han aceptado menos de 20,000.

Ante esto, desde el 2002 el CIF ha pedido la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estas comunidades. En la actualidad, tras la nueva agresión colombiana, el CIF exhortó al gobierno ecuatoriano a demandar a Colombia ante el Tribunal Internacional de La Haya por los daños provocados por las fumigaciones.

FARC controlan territorio

Irónicamente, ni las fumigaciones ni la arremetida de sus Fuerzas Armadas han logrado que el Estado colombiano retome el control territorial de la frontera, de unos 700 km de largo; de ahí que el ministro de Defensa del Ecuador, Wellington Sandoval, afirmara que “Ecuador limita al norte con las FARC”.

En efecto, salvo algunas excepciones, frente a cada población ecuatoriana de frontera se encuentra una base de las FARC o una población bajo control de las FARC.

Esta realidad ha generado una dinámica sui generis ya que, ante la ausencia del Estado colombiano, quienes necesitan realizar alguna actividad en territorio de frontera deben conversar con las FARC: los pequeños comerciantes ecuatorianos que cruzan la frontera deben contar con su permiso, las autoridades de los cantones y parroquias ecuatorianas deben hablar con la guerrilla para regular las actividades en sus límites; incluso las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona y desean hacer alguna reunión en territorio colombiano de frontera, deben contar con el aval de las FARC, según informes presentados por el Observatorio Internacional por la Paz (OIPAZ), el CIF y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organizaciones que trabajan permanentemente en frontera.

También es notorio el comercio con las FARC.

“Ellos llegan y compran productos a los campesinos; eso no significa que los campesinos sean de las FARC”, comenta Paco Chuji, presidente de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos (FONAKISE).

Esta dinámica ha llevado al gobierno colombiano a esbozar la tesis de que las FARC reciben apoyo del Ecuador y que atacan desde Ecuador, tesis encaminada a involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano.

Desde 1998, la implementación militar del Plan Colombia ha forzado al Ecuador a movilizar tropas a la frontera.

“Nos cuesta US$300 millones anuales el custodiar una frontera que Colombia no custodia; y no es suficiente, y nadie nos ayuda”, aseguró el presidente Rafael Correa.

Por otra parte, la presencia militar ecuatoriana ha transformado la vida cotidiana de las comunidades indígenas de la frontera, quienes además de estar acosadas por el conflicto, deben soportar el maltrato de militares ecuatorianos; ejemplo de ello es lo sucedido en Yanamaru, el pasado 5 de noviembre, cuando la comunidad, luego de sufrir la incursión colombiana, sufrió el robo de algunos enseres domésticos y víveres por parte del Ejército ecuatoriano, según la denuncia presentada en la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.

“Las cosas no se solucionan con más militares”, dice Chuji, al comentar la escalada militar luego del bombardeo del 1 de marzo, pero la presencia militar ecuatoriana permanecerá por mucho tiempo más, mientras Colombia no resuelva su conflicto de forma negociada, o mientras las FARC continúen controlando la frontera.

Fuente: .::. Noticias Aliadas ::..


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