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Lunes, 17 de noviembre de 2008

"Amnist?a dejar?a al Per? como Estado paria"

(1) “El juicio a Fujimori es un juicio emblemático y de gran trascendencia”.(2) “Es preocupante que se hayan expedido leyes que permitan el uso de las armas contra la población durante protestas”. (3) “Violaciones a DD.HH. comprometerían al primer gobierno de García”.

Alirio Uribe, abogado colombiano especializado en derechos humanos y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha asistido como observador internacional al juicio a Alberto Fujimori y es uno de los autores de un reciente informe de la FIDH sobre este proceso.

En este informe se destaca positivamente la forma en la que el tribunal viene conduciendo el juicio a Fujimori y se señala que el proceso se realiza respetándose todos los derechos del acusado.

En la siguiente entrevista, Uribe habla de la trascendencia internacional de este juicio, opina sobre la solidez de la acusación contra Fujimori y cuestiona severamente las recientes propuestas presentadas por el oficialismo para dar leyes de amnistía o de indulto para los violadores a los derechos humanos.

¿Cuál es la trascendencia internacional del juicio a Fujimori?
Es un juicio emblemático porque está dando cumplimiento a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los que se derogan leyes de impunidad y se le dice al Estado peruano que debe investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Fujimori es el primer ex jefe de Estado extraditado a su país para que responda judicialmente por crímenes de lesa humanidad y eso hace que para el mundo jurídico internacional y los organismos de derechos humanos este juicio tenga una gran trascendencia. El juicio a Fujimori es una forma de demostrarle al mundo que las leyes de impunidad no pueden tener efecto.

Pero, paradójicamente, mientras por un lado desde el Perú con este juicio se envía al mundo este mensaje contra la impunidad que usted destaca, simultáneamente se están promoviendo leyes de amnistía e indulto a favor de los violadores de los derechos humanos.
Nos extraña que se promuevan leyes de amnistía o de indulto cuando hay una jurisprudencia internacional que dice que estas leyes no se pueden aplicar. Eso preocupa porque pareciera que no se ha aprendido la lección por parte de quienes con estas leyes quieren favorecer a personas comprometidas con violaciones a los derechos humanos. Estas propuestas de amnistía e indulto dan un mensaje muy negativo. Lo más negativo es que la sociedad no salga de manera uniforme a decir que eso es absurdo y debe ser rechazado, sino que se diga que se va a estudiar el tema. Es una reacción muy suave.

En su informe sobre el juicio a Fujimori, la FIDH se pregunta si éste es el fin de la impunidad. ¿Es así, o, más bien, este juicio es un hecho excepcional en un contexto político que parece caminar hacia la impunidad?
Este juicio es un avance, pero nos preocupa que se considere que con una condena a Fujimori se cumplió con la justicia y que lo demás debe quedar en el olvido. En el juicio a Fujimori estamos mirando 25 asesinatos, pero todos sabemos que fueron miles los crímenes que se cometieron. La demanda de justicia, de verdad y de reparación va mucho más allá del juicio a Fujimori, que no debe ser el cierre sino el punto de partida para una superación de la impunidad.

Pero las propuestas de amnistía e indulto apuntan a la impunidad.
Así es, y eso es muy preocupante. La presentación de esas leyes se explica porque hay muchos factores de poder vinculados a violaciones a los derechos humanos que siguen vivos en distintos sectores políticos, judiciales y de la sociedad, y que van a tratar de que la justicia no avance más allá de Fujimori. Las investigaciones por violaciones a los derechos humanos podrían comprometer no sólo a Fujimori, sino también al gobierno de Belaunde y al primer gobierno de Alan García. Con esas leyes de impunidad hay una intención de evitar esas investigaciones.

¿Cómo quedaría el Perú si se llegara a aprobar una amnistía o un indulto para violadores de los derechos humanos?
El Estado peruano y el presidente García quedarían muy mal. El Perú quedaría como un Estado paria en el contexto internacional. Eso tendría efectos negativos para el Perú en lo político y económico, porque cada vez hay más cláusulas sobre derechos humanos en la cooperación internacional y en los tratados comerciales.

Los defensores de las leyes de amnistía e indulto dicen que serían de carácter selectivo, no para todos los acusados de violaciones a los derechos humanos. ¿Eso evitaría el rechazo internacional?
En el caso de la amnistía no es posible que sea selectiva, porque las leyes de amnistía son de carácter general y podría ser aplicada a cualquiera. No conozco ningún antecedente en el mundo de una amnistía selectiva. La CIDH ha señalado que son improcedentes las amnistías e indultos para violadores de derechos humanos. Los tratados internacionales no admiten la impunidad ni para mil personas, ni para diez personas. Lo que se exige es que se investigue y se juzgue a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos y no hay excepciones que valgan. Es errado considerar que se pueden dar amnistías o indultos selectivos para crímenes de lesa humanidad.

En el proyecto de ley de amnistía se señala que éstas son internacionalmente aceptadas cuando se dan en un contexto de pacificación nacional. ¿Ese argumento tiene base en el caso peruano?
Ese argumento no tiene base legal. Tendría validez si el Perú estuviera en un proceso de paz entre el gobierno y un grupo armado ilegal y la amnistía se diera por delitos políticos para alcanzar la paz, pero ese no es el escenario actual del Perú. Aquí lo que se quiere dar es un autoperdón y eso es inaceptable para la justicia internacional.

¿Los beneficiados con una amnistía o un indulto podrían ser llevados a cortes internacionales para ser juzgados?
Si el Estado peruano no quiere investigar y juzgar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos, entonces habría competencia para que esos casos sean juzgados en tribunales internacionales.

¿Cómo está visto internacionalmente el gobierno de García en el tema de derechos humanos?
Vemos que en este gobierno no hay la voluntad política para facilitar los procesos de reconstrucción de la verdad de las violaciones a los derechos humanos, hacer justicia y encontrar a los desaparecidos. No se han cumplido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que son muy importantes. También nos preocupa el funcionamiento de la Justicia Militar, que es un mecanismo de impunidad; que se hayan expedido leyes que permitan el uso de armas contra la población durante las protestas; que se declaren estados de emergencia, que es darle facultades extraordinarias al Ejecutivo para restringir derechos y libertades; que se hostilice a los organismos de derechos humanos. La evaluación del gobierno de García en este tema es negativa.

“Responsabilidad de Fujimori está probada”

¿La aplicación de la teoría del autor mediato para juzgar a Fujimori por los crímenes cometidos por las fuerzas militares bajo su mando, crea jurisprudencia internacional o está siguiendo jurisprudencia ya marcada en otros procesos?
En el juicio a Fujimori se está corriendo la misma ruta de otros procesos, como el realizado a la Junta Militar de Argentina, pero va a generar avances importantes en la jurisprudencia internacional para la aplicación de la teoría del autor mediato. Este juicio es un hito en la justicia internacional.

¿Cree que en el proceso se han presentado elementos suficientes para probar la responsabilidad de Fujimori bajo la teoría del autor mediato?
De la acusación del Ministerio Público, de los debates que se han producido a lo largo del proceso, de los testimonios dados en el juicio, de los Amicus Curie que han presentado expertos internacionales, todo indica que esa responsabilidad está probada. En la lectura de piezas procesales que ha hecho el Ministerio Público se han presentado los documentos y pruebas que permiten concluir que había una doble política, una legal y otra ilegal, de contrainsurgencia. Eso me parece que está probado.

La defensa de Fujimori argumenta que no hay documentos oficiales u órdenes firmadas por Fujimori que lo vinculen a una guerra sucia y a las acciones del Grupo Colina. ¿Es indispensable una prueba de ese tipo para señalar la responsabilidad penal de Fujimori?
Esas pruebas no son relevantes. Cuando se juzgan aparatos organizados de poder con responsabilidad mediata, no se puede esperar a tener pruebas directas, como documentos escritos u órdenes firmadas, en que se diga: cométase tales crímenes. Eso no existe. Lo que hacen los tribunales en este tipo de casos es relevar esas pruebas directas manejando indicios y la teoría del aparato organizado del poder y el control que sobre éste tiene el procesado para que otros actores cometan los crímenes. En este caso, eso me parece que está probado, a través de las pruebas indiciarias, los documentos presentados y los testimonios dados durante el proceso.

Por Carlos Noriega
Entrevista

Fuente: La Primera


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