La Coca Loca Company

Medios de comunicaci?n, agencias de noticias y decenas de sitios webs alternativos circulan por todo el mundo un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma la existencia de familias ind?genas guaran?es en situaci?n de servidumbre por deudas, condici?n an?loga a la esclavitud, y sometidas a trabajos forzosos en varias regiones del pa?s. Las cadenas medi?ticas controladas por los grupos de poder minimizan la historia de los esclavos del Siglo XXI. Los gremios agroindustriales y ganaderos no se pronuncian.

En un trabajo de campo transparente realizado entre el 9 y 13 de junio sin influencia alguna de entidades estatales u organismos no gubernamentales, una delegaci?n de la CIDH encabezada por los comisionados Luz Patricia Mej?a y V?ctor Abramovich constat? que se han agravado las condiciones servidumbrales en las que viven varias familias guaran?es del chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

La comisi?n confirm? la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la poblaci?n guaran?; la existencia de relaciones de poder y dominaci?n violatorias de los derechos humanos; y la falta de acceso a la tierra, todo en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado y al inefectivo accionar de las instituciones llamadas a defender la justicia, especialmente la Fiscal?a.

La CIDH, organismo dependiente OEA, inst? al Estado boliviano a "aumentar su presencia institucional" en la regi?n a fin de ejecutar las leyes de reforma agraria y garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que hist?ricamente han sufrido y contin?an sufriendo una extrema discriminaci?n.

El informe de la CIDH "nos est? enrostrando a los bolivianos la existencia de reg?menes de convivencia arbitrarios, injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI", males que deben ser extinguidos de inmediato por el gobierno y la oposici?n con sinceridad democr?tica y patri?tica, interpreta el defensor del Pueblo Waldo Albarrac?n.

Las conclusiones del informe preliminar de la CIDH presentado el viernes 13 de junio fueron reproducidas por los diarios La Jornada y Reforma (M?xico), El Universal (Venezuela), P?gina 12 (Argentina), El Clar?n y el Mercurio (Chile), El Heraldo (Honduras) y varios otros. El informe tambi?n mereci? la atenci?n de Univisi?n, Telesur, Uni?n Radio, semana.com.ve, Radio Nederland y de agencias de prensa internacionales como Reuters Am?rica Latina, AFP, AnsaLatina, Prensa Latina, BBC Mundo, EFE, AP y Terra Espa?a, por citar s?lo algunas.

El informe de la CIDH lleg? a las primeras planas de la prensa escrita y a los principales titulares de la TV de Bolivia el s?bado 14 de junio, pero con el transcurrir de los d?as el tema se fue "enfriando". Desde el s?bado, el diario La Raz?n public? cinco notas referidas a la servidumbre; Los Tiempos tres y El Deber cinco. Muy pocos periodistas parecen dispuestos a dar seguimiento a la denuncia presentada hace escasos cinco d?as.

Al igual que los medios, los latifundistas y sus aliados mantienen la denuncia en la marginalidad informativa. Hasta ahora s?lo se ha pronunciado contra el informe de la CIDH el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz Pablo Klinsky (Podemos). Este legislador descalifica el informe que "estigmatiza a los cruce?os como esclavistas" porque fue elaborado por la OEA, un organismo "dominado" por Hugo Ch?vez.

No abrieron la boca la Confederaci?n de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federaci?n de Ganaderos de Tarija (Fegatar), la Federaci?n de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y la Federaci?n de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), sindicatos patronales que el 14 de mayo crearon un Comit? Interinstitucional para evitar el saneamiento de tierras en el chaco integrado y la creaci?n de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) guaran? en la localidad de Alto Parapet?.

Este Comit? afirma que no existe ninguna forma de esclavitud en el chaco boliviano y anuncia que no permitir? que el INRA confisque la propiedad privada "productiva para usar la tierra con fines pol?ticos y apropiarse de nuestros recursos naturales.".

Tampoco se refirieron al informe de la CIDH la C?mara Agropecuaria de Oriente, que en mayo de 2006 instruy? la conformaci?n de comit?s de defensa de la tierra; ni la Prefectura y el Comit? C?vico de Santa Cruz, que el 8 de marzo de 2008 sellaron un pacto pol?tico en defensa de las haciendas con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera.

El gobierno reacciona

"No se puede tapar el sol con un dedo (.) La CIDH se ha convencido de la realidad de los pueblos cautivos, cuyas familias viven en situaci?n de servidumbre", coment? el viceministro de Justicia Comunitaria Valent?n Ticona.

En atenci?n a las recomendaciones de la Comisi?n, Ticona anunci? la creaci?n de ocho centros "Iyambae" (quiero ser libre, en lengua guaran?) para capacitar a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos humanos. En estos centros se dictar?n talleres y seminarios y se capacitar? a los guaran?es en rubros como carpinter?a, molinos y otros con miras a conformar micro empresas que les permita liberarse de la servidumbre y el empadronamiento.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) prepara la reversi?n de tierras al Estado donde se constate casos servidumbre. El director general del INRA Juan de Dios Fern?ndez asegura que el informe constituye un respaldo m?s para las acciones que el Ejecutivo ejecutar? m?s adelante.

El gobierno hizo una pausa en el saneamiento de tierras en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de que terratenientes y ganaderos emboscaran y agredieran a m?s de 40 personas en el municipio de Cuevo. A pesar de ello, Fern?ndez aclar? que el saneamiento se cumple en otras regiones del departamento de Santa Cruz.

Muchos propietarios de predios peque?os est?n de acuerdo con que el INRA sanee y legalice sus terrenos. Se oponen al proceso quienes obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los reg?menes neoliberales que se turnaron en el poder en los ?ltimos 20 a?os.

Varias organizaciones, instituciones y medios de comunicaci?n llevan adelante una campa?a nacional contra el racismo y en apoyo a la demanda de tierras de los guaran?es cautivos en haciendas de la provincia Cordillera.

Integran este colectivo amplio y diverso el Cap?tulo Boliviano de Derechos Humanos, Fundaci?n Sol?n, Fundaci?n UNIR, Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Movimiento Cultural Saya Afro Boliviano (MOCUSABOL), Programa C?dula Gratuita, Centro de Promoci?n de la Mujer Gregoria Apaza, Organizaci?n Internacional de Trabajo (OIT), Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (Anni), CAID, Encuentro Social Alternativo (ESA) (Santa Cruz), Centro Afro Boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CAADI), Observatorio del Racismo del Defensor del Pueblo, Universidad de la Cordillera, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Apu Tunari, Comisi?n de Derechos Humanos de la C?mara de Diputados, Coordinadora de Juventudes Antifascistas de Bolivia, Puka?awi, Programa Alternativo Rev/belando, Movimiento Humanista y Centro de Inclusi?n y Desarrollo Humano, Centro de Estudios Jur?dicos e Investigaci?n (CEJIS), Plan Interministerial Transitorio de Apoyo al Pueblo Guaran?, Federaci?n de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Federaci?n de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), Central Obrera Regional (COR), Federaciones de Gremiales; Trabajadores en Carne y Ramas Anexas y Padres de Familia de la ciudad de El Alto, Parlamento Ind?gena, Parlamento Latinoamericano, Uni?n de Entidades de Psicolog?a, Amnist?a Internacional Bolivia, Asociaci?n de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y M?rtires por la Liberaci?n Nacional (ASOFAN), Comunidad de Derechos Humanos, Movimiento Franciscano Justicia y Paz, Coordinadora de Lucha contra la Impunidad, Confederaci?n Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Tijaraipa.

Los medios de comunicaci?n que cubren solidariamente la campa?a por la tierra son Radio Erbol, Radio Qhana? Indymedia Nacional, Radio Wayna Tambo, Bolpress y Televisi?n Boliviana.

Fuente: Viceministerio de Tierras