La Coca Loca Company

La nueva Constitución ecuatoriana debilita uno de los pilares del Estado Plurinacional, que es la protección de los territorios indígenas.

Constitución recoge intereses de clases medias más que de pueblos indígenas.

La nueva Constitución del Ecuador, que se terminó de redactar el 19 de julio y que será sometida a referendo aprobatorio el próximo 28 de setiembre, presenta una serie de ambivalencias en temas como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la naturaleza; temas en los que, además, se expresa la correlación de fuerzas que participaron en el diseño de esta nueva hoja de ruta para el país.

Aunque presenta avances novedosos en su diseño, que la caracterizan como un marco constitucional social y progresista, no alcanza niveles que permitan catalogarla como una normativa revolucionaria, al menos no desde la cosmovisión indígena o el punto de vista de grupos ecologistas. “Lo que para algunos es un triunfo, para nosotros sólo es el punto de partida para una nueva lucha”, afirmó el ex asambleísta indígena Carlos Pilamunga.

Modelo de desarrollo extractivista

La Constitución fortalece la protección de una amplia gama de derechos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación gratuita hasta el nivel universitario o la seguridad social universal, incluida para las amas de casa, o el derecho humano al agua, lo que impide su privatización.

Pese a esos avances, pasará factura a la naturaleza y las comunidades indígenas, ya que mantiene la noción de desarrollo basada en la extracción de recursos y la acumulación capitalista, aunque ya desligada del esquema neoliberal. Es decir, se aleja del proceso de privatizaciones, recupera el rol regulador del Estado en el manejo económico y la planificación, y elimina formas precarias de contratación laboral, como la tercerización, pero manteniendo el modelo extractivista; esto es, un modelo basado fundamentalmente en la extracción de recursos naturales, con los consecuentes daños ecológicos.

En este sentido, por ejemplo, la incorporación de los derechos de la naturaleza —como el derecho a su reparación, al respeto, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso evolutivo—, exige el compromiso del Estado para protegerla de manera integral e implementar mecanismos de control estrictos para garantizar estos derechos, tiene su contrapartida en que no se llegó a catalogar la minería a gran escala como un mecanismo de depredación que afecta, precisamente, estos derechos, y por tanto, su prohibición no se plasmó en la nueva Constitución.

La minería a gran escala constituye uno de los puntos de tensión. Por un lado, mientras la Asamblea Nacional Constituyente elaboró una norma denominada mandato que, entre otros puntos, revierte al Estado las concesiones asignadas a grandes empresas, que abarcaban un 80% del territorio nacional, por el otro, basado en la nueva Constitución, el gobierno ha anunciado que presentará una nueva Ley de Minería que permitiría la acción de estas mismas empresas, pero en alianza con el Estado; esta ley sería aprobada por una comisión legislativa de la Asamblea Nacional que se instalará al ganar el sí en el referendo.

Esto significa que se ha logrado establecer un mecanismo para una buena participación estatal en las utilidades de la minería, consolidando la visión nacionalista del gobierno, aunque para otros, como el líder izquierdista, Diego Delgado, “sigue la larga noche neoliberal favoreciendo a las mismas multinacionales, sólo que ahora a nombre de la revolución ciudadana”.

Plurinacionalidad debilitada

El tema minero, así como el petrolero, tiene relación con la plurinacionalidad y la denominada consulta previa. La nueva Constitución establece el carácter plurinacional del Estado, lo que implica el reconocimiento de la existencia de diversas nacionalidades en su interior, caracterizadas por sus propias formas de organización social, justicia y visión de desarrollo.

La plurinacionalidad también implica la capacidad de decidir de estas nacionalidades sobre la intervención estatal o privada en sus territorios, para lo cual el mecanismo de consulta previa se considera un mecanismo idóneo, siempre y cuando los resultados de esta consulta sean de cumplimiento obligatorio; pero esto no se establece en la nueva Constitución. “No sólo la consulta, sino el consentimiento es lo que importa para la sobrevivencia de nuestros pueblos”, sostiene Pilamunga.

La nueva Constitución establece la obligatoriedad del Estado y el sector privado de consultar a las comunidades sobre la implementación de proyectos o actividades extractivas en sus territorios. Debe ser una “consulta previa e informada”, es decir, debe darse antes de la implementación de estos proyectos, y después de haber informado suficientemente a las comunidades sobre el impacto ambiental y social que pueden generar esos proyectos.

Sin embargo, la Constitución no da un carácter vinculante a los resultados de este proceso de consulta, esto es, no estipula que sea obligatorio cumplirlos, inclusive si son adversos a los planes estatales o de la empresa privada, y deja la decisión final en manos del poder central, con lo cual debilita uno de los pilares del Estado Plurinacional, que es la protección de los territorios indígenas. “Los compañeros indígenas deben comprender que es el Ejecutivo el que debe decidir sobre los recursos del Estado”, afirmó el presidente Rafael Correa.

Otros puntos, como la no definición del idioma kichwa como lengua oficial del Estado, al igual que el español, o la dependencia del sistema judicial indígena con relación al sistema jurídico occidental, también son aspectos de la nueva Constitución que cuestionan de hecho la vigencia del Estado Plurinacional. “Un Estado no es plurinacional si sólo se toma el aspecto folclórico y no se revisa el modelo de desarrollo”, sostiene el ex sacerdote Eduardo Delgado, dirigente de Polo Democrático, quien hizo un llamado para oponerse a la nueva Constitución porque “no ha desmontado el sistema neoliberal”.

Las ambivalencias constitucionales son producto de la correlación de las fuerzas políticas que llegaron a la ciudad costera de Montecristi, sede de la Asamblea Constituyente, pues si bien la derecha ecuatoriana fue derrotada en las tres últimas elecciones por los nuevos movimientos sociales emergentes, enraizados especialmente en la clase media, y partidos de izquierda, éstos no son homogéneos y algunos representan aún a sectores empresariales que, siendo nacionalistas, necesitan de ciertas libertades para su accionar, como por ejemplo, que el Estado les garantice el acceso a los recursos estratégicos.

En este sentido, si bien existe un trasfondo social en la nueva Constitución, lo que le ha merecido incluso el apoyo de sectores indígenas, como la Ecuarunari, no ha sido posible el avance hacia conceptos que cuestionen la democracia liberal.
Mario Unda, analista político vinculado a los movimientos sociales, sostiene que en el escenario ecuatoriano actual los movimientos sociales han desarrollando capacidades que sobrepasan ya los límites de la actual democracia.

“La lógica de la movilización ya ha descubierto democracias más altas que la democracia liberal, mientras que la democracia de [el presidente Rafael] Correa no rebasa los marcos liberales, representativos y delegativos”, dice Unda. “Precisamente estos modelos democráticos más altos son los que están representados, en su mayoría, en la cosmovisión indígena; una cosmovisión que, poco a poco, deberá ganar espacios en la normativa constitucional futura del Ecuador”, agrega. —Noticias Aliadas.

Por Luis Ángel Saavedra

Fuente: Noticias Aliadas