La Coca Loca Company

Ante el fracaso de la guerra contra las drogas, una comisión latinoamericana de alto nivel se alista para proponer alternativas.

Por David Adams

Foto EFE/Photolibrary

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Durante las dos últimas décadas la guerra contra las drogas ha sido dictada primordialmente por Estados Unidos. Ésta se ha materializado en presupuestos multimillonarios para tratar de acabar con las redes de narcotráfico y decomisar cargamentos de cocaína en tierra, mar y aire. Pero hay un creciente consenso en el sentido de que la política antinarcóticos de Washington ha fracasado. Aun cuando pocos han querido hablar de eso en el pasado –por temor de molestar a la CasaBlanca – muchos políticos y analistas han llegado a la convicción particular de que la política estadounidense contra las drogas no sólo ha fallado en dar soluciones sino que de hecho se ha convertido en gran parte del problema.

“El enfoque en la reducción del suministro de drogas es ampliamente considerado hoy como un fracaso”, dijo Ethan Nadelmann, director de Drug Policy Alliance, el grupo más importante en la lucha por la reforma de las políticas antidroga en Estados Unidos, que cuenta con el respaldo del Open Society Institute, fundado por el inversionista millonario George Soros.

A pesar del éxito reciente de Colombia en el campo de batalla contra los grupos insurgentes de izquierda financiados con dineros provenientes de la droga, “hoy hay tanta droga como en el pasado”, agregó.

“Existe un cierto pragmatismo del que nadie esté listo para hablar de ello en público. Uno no puede detener el flujo de drogas. Éstas vendrán de un lugar u otro. Por ende, deberíamos enfocarnos en la demanda”, aseguró.

A comienzos de este año, el movimiento que busca la reforma de la política antidrogas recibió un gran estímulo con la formación de la Comisión Latinaomericana sobre Drogas y Democracia, una iniciativa respaldada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria Trujillo de Colombia y Ernesto Zedillo de México.

La comisión, compuesta por 18 miembros, incluyendo famosos escritores, políticos y activistas sociales, sostuvo su primera reunión el 30 de abril de 2008 en Río de Janeiro, y se planea la siguiente en Bogotá para septiembre. En febrero de 2009, en la ciudad de Monterrey, se hará entrega del informe final del grupo.

“Es necesario que la voz de América Latina sea escuchada en el debate global acerca de un problema transnacional que nos afecta a todos”, dijo Cardoso en su discurso durante la reunión inaugural de la comisión. El ex presidente afirmó que el incremento en la criminalidad por causa del narcotráfico reduce la confianza de la población en sus instituciones, algo que se ha constituido en “una amenaza para la democracia misma”.

El reciente auge de los carteles de la droga en México llevó al líder de los servicios de inteligencia de México, Guillermo Valdés, a decir que los mismos estaban “amenazando las instituciones democráticas del país”, incluyendo al Congreso de México. “Las pandillas han infiltrado las fuerzas de policía, los departamentos de justicia y los cuerpos colegiales del gobierno (...) y los narcotraficantes están tratando de tomarse el poder del Estado”, dijo Valdés.

Con el respaldo de varios grupos preocupados por el tema, tanto en América Latina como en Estados Unidos, la Comisión pretende abrir un nuevo debate acerca de las políticas antidroga en el hemisferio como parte de las negociaciones globales que se adelantan en las Naciones Unidas.

El objetivo de la Comisión es evaluar la efectividad y el impacto de las políticas antidroga en América Latina y colaborar con la búsqueda de políticas más eficientes, seguras y humanitarias. La idea nació durante un foro en Brasil patrocinado por la organización Plataforma Democrática, que estudiaba la forma en que percibe la juventud latinoamericana la democracia en la región. Uno de los temas que surgió fue cómo la violencia alimentada por las drogas se ha convertido en una amenaza para las instituciones democráticas. Sin embargo, las críticas abiertas a la actual política antidrogas fueron escasamente toleradas.

“Tenemos que romper el círculo vicioso en el que la prohibición ha implicado también la prohibición de pensar”, dijo Moisés Naím, uno de los miembros de la Comisión y director de la revista Foreign Policy, con sede en Washington DC. “El consenso de Washington sobre la política antidrogas se basa en dos pilares: las actuales políticas no funcionan, pero no pueden ser cambiadas”, agregó Naím, señalando que este estatus sin sentido hace que sea imposible para los políticos cuestionar la actual política por temor a ser acusados de ‘blandos en el tema de las drogas’.

Sucede lo mismo en América Latina, según los organizadores de la Comisión. “Cuando uno cuestiona la política antidrogas, las personas lo miran como si se tuviera cierta afinidad con el crimen –dijo Rubem Cesar, de Viva Río, uno de varios grupos de Brasil que patrocinan la Comisión–. Nosotros comprendimos que era necesario discutir el tema abiertamente, con el apoyo de prestantes conservadores que no pueden ser tildados de sospechosos”.

La idea es crear un consenso de alto nivel entre una gran variedad de personas con miras a impulsar un nuevo debate sobre el tema, agregó. Es por eso que varios de los miembros de la Comisión provienen de importantes organizaciones de medios, incluyendo a Alejandro Junco, director del Grupo Reforma de México; Enrique Santos Calderón, de la Casa Editorial El Tiempo de Colombia, y João Marinho, vicepresidente del Grupo O Globo de Brasil.

Un elemento clave del esfuerzo será orientar el debate antidrogas hacia el estudio de estrategias del tipo ‘reducción de daños’, de estilo europeo, que pueden mitigar el impacto que generan la producción de drogas y su consumo. Los exponentes de la ‘reducción de daños’ utilizan ejemplos exitosos de disminución de la propagación del sida entre drogadictos mediante la distribución gratuita de jeringas para quienes utilizan la droga por vía intravenosa.

Según el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 57 por ciento de los casos de sida entre mujeres están vinculados con el uso de inyecciones o con el sexo con parejas que se inyectan drogas. En términos generales, 36 por ciento de los casos de sida en Unión Americana pueden ser rastreados hasta el uso de drogas por vía intravenosa.

El mercado ilegal de drogas conduce además a una falta de control y regulación que lleva a la sobredosis y a la muerte de muchas personas por el uso de drogas contaminadas.

Los programas de intercambio de jeringas, instalaciones dispuestas para que el drogadicto tenga un lugar apropiado para aplicarse las inyecciones y las terapias de tratamiento antidrogas con supervisión médica profesional, han demostrado ser instrumentos exitosos en la reducción de las muertes por sobredosis y la diseminación de enfermedades contagiosas, sostiene la Drug Policy Alliance.

El grupo suele comparar las tasas de contaminación con el sida en algunos estados de Estados Unidos con aquéllas de países extranjeros, para enfatizar su punto de vista. El estado de Nueva Jersey tiene una de las leyes más severas contra la venta no controlada de jeringas por parte de las farmacias y el intercambio de jeringas. No es de sorprender, por eso, que esa entidad tenga una de las más altas tasas de contagio de VIH en el país. En España, que se demoró en introducir el programa de intercambio de jeringas, la tasa de transmisión entre usuarios de droga intravenosa es la más alta de Europa (33.1 por ciento).

Viva Río y otros grupos participantes, incluyendo el Instituto Fernando Henrique Cardoso y el Centro Edelstein de Investigación Social sostienen que la guerra contra las drogas toca tantos temas en una sociedad –desde la salud hasta el crimen violento, pasando por el hacinamiento en cárceles, la deforestación y el desplazamiento forzoso–, que se le debe dar la más alta prioridad en la agenda política y social. Los crímenes relacionados con la droga son especialmente preocupantes en Brasil, país que lidera el hemisferio en número de homicidios. “Estamos perdiendo a toda una generación”, dijo Ilona Szabó de Carvalho, coordinadora del Programa de Seguridad Hmana de Viva Río.

Brasil tiene 2.8 por ciento de la población mundial, pero allí se cometen el 11 por ciento de los asesinatos que ocurren en todo el mundo. Cada día mueren 102 personas por arma de fuego, de acuerdo con una investigación realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que mostró que el estado de Río de Janeiro es el lugar más peligroso para niños y adolescentes. En Brasil mueren cada año 103 menores de edad por cada 100,000 habitantes.

Esta elevada cifra de asesinatos se atribuye a los narcotraficantes que dominan las favelas en las lomas de Río de Janeiro, que poseen su propia y bien armada milicia.

La lista de críticos del actual programa antidrogas parece estar creciendo de manera constante cada año, e incluye desde ex presidentes hasta estrellas del espectáculo, y cuenta con el respaldo editorial de la revista The Economist.

UN LARGO DEBATE

El debate moderno sobre la política antidrogas tiene un largo historial que data de la era en que Milton Friedman hacía un llamado a la legalización en los años setenta.

El ex ministro de relaciones exteriores de México, Jorge Castañeda, fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en hablar públicamente acerca de la política antidrogas en un artículo titulado How we Fight a Losing War (Cómo pelear una guerra perdida), publicado en 1999 por la revista Newsweek.

En esa época, Castañeda sostenía que el cultivo de la marihuana era más rentable que cualquier siembra legal en la empobrecida campiña mexicana, como lo es la coca en Colombia. Utilizando un argumento norte-sur similar al que se utiliza hoy en el debate sobre el calentamiento global, preguntó por qué deben ser los países latinoamericanos los que deben detener la producción y el suministro de drogas ilegales, cuando el acaudalado vecino no hace nada por enfrentar el problema de la demanda entre su juventud.

“Cuál es el propósito de invertir cientos de millones de dólares en la lucha contra las drogas, llevando a algunos países hacia la guerra civil, fortaleciendo a los grupos guerrilleros y desencadenando una enorme violencia y corrupción sobre sociedades enteras, si los líderes de Estados Unidos pueden esquivar de manera sencilla los interrogantes acerca del uso de drogas por parte de los jóvenes estadounidenses”, escribió.

Castañeda propuso que el debate comenzara con una “evaluación a sangre fría de lo que ha funcionado y de lo que ha fracasado”. Se debía examinar, según él, métodos en los cuales puedan ser utilizados los mecanismos del mercado para hacer del negocio de las drogas un negocio menos rentable y por ende reducir su poder corruptor.

La legalización debería ser considerada como el único método que quizás haga que los precios bajen. “Para muchos en Estados Unidos, por razones nobles o perversas, la legalización continúa siendo algo imposible de considerar; pero sus costos y beneficios pueden ser vistos a la luz de un status quo pernicioso, hipócrita y disfuncional”, concluyó Castañeda.

En noviembre de 2000, el entonces presidente de Uruguay, Jorge Batlle, sumó su voz al llamado para que otros líderes de América Latina se le unieran en su oposición a la política antidrogas de Estados Unidos.

“Si este polvo valiera tan sólo 10 centavos no habría organizaciones dedicadas a recaudar billones de dólares para financiar ejércitos en Colombia”, dijo Batlle, hablando acerca de las políticas contra la cocaína durante la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, en Panamá. Batlle sostuvo que otros países deberían confrontar el tema de la legalización. “¿Cómo se genera el dinero para mantener todo esto? –preguntó–. ¿Creen ustedes que mientras esta sustancia tenga un valor de mercado tan fantástico pueda existir algún mecanismo que impida su tráfico? ¿Qué se puede hacer para que este producto pierda valor hasta el punto en que nadie se interese por el negocio?”.

El líder de Uruguay dijo que los países de América “deberían parar de jugar y tomar de raíz y en serio el tema de las drogas. Y si yo estoy equivocado, entonces por qué estamos tan temerosos de hacernos nosotros mismos la pregunta?”.

Batlle comparó el problema de las drogas con aquél causado por la prohibición del alcohol en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, sosteniendo que el problema del narcotráfico “se resolverá el día en que los consumidores anuncien que este no puede ser solucionado de ninguna otra manera salvo la que se utilizó para acabar con la ‘ley seca’”.

LAS FUMIGACIONES

Hasta hace muy poco, la guerra contra las drogas estaba enfocada primordialmente en Colombia –con programas de erradicación e interdicción–, al igual que en Bolivia y Perú. En 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó una gran intensificación de la guerra, al aprobar el “Plan Colombia”, una iniciativa valorada inicialmente en 1,300 millones de dólares y diseñada para reducir en 50 por ciento loc cultivos de droga en Colombia en el transcurso de cinco años.

Ocho años más tarde esa meta aún se ve lejana. Es más, la política antidroga de Estados Unidos ha contribuido a que la producción de droga se disemine más en Colombia. “Como el cultivo de la coca y su producción se han trasladado a las zonas de frontera, el daño ecológico y la violencia que acompañan el negocio de la droga ilegal también se han diseminado”, dijo John Walsh, un experto en políticas antidroga de la ONG Washington Office on Latin America, durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos en el mes de junio.

“Aquellos que apoyan los continuos esfuerzos de erradicación forzosa –dijo Walsh– argumentan que la producción de drogas ilegales sería mayor si no existieran los programas actuales. Pero este análisis no tiene en cuenta los efectos negativos y contraproducentes de esos programas. La erradicación forzosa de cultivos arrastra a los campesinos a la pobreza absoluta, y refuerza su dependencia de los cultivos ilícitos”. Cuando los aviones de fumigación comenzaron la erradicación de las plantaciones de coca más grandes de Colombia en 2001 y 2002, los productores de droga se trasladaron a parcelas más pequeñas diseminadas a todo lo largo y ancho del país.

Los expertos lo llaman “el efecto mercurio”, por la similitud con la forma en que una gota de mercurio se divide en muchas partes más pequeñas cuando se le aplica presión. La coca empezó a aparecer en zonas donde antes no se veía.

“Eso se denomina adaptación y descentralización. El cultivo de la droga ha pasado de cuatro a 25 departamentos”, dijo Bruce Bagley, experto en políticas antidroga de la Universidad de Miami.

Los campesinos empezaron a utilizar plántulas híbridas que arrojan mayor producción, lo que les permite obtener más coca en menos terreno. Comenzaron también a proteger sus cultivos contra las campañas de fumigación mediante una solución de ‘guarapo’ (miel) de caña de azúcar para preservar las hojas de coca.

La campaña oficial de fumigación utiliza un herbicida común a base de glifosato, el Round Up, mezclado con un agente reductor de tensiones superficiales diseñado para ayudar a que el veneno penetra las hojas de la planta, llegando eventualmente hasta su raíz. A esta versión revitalizada se le conoce como Round Up Ultra. Pero los campesinos siempre van un paso más adelante que el programa de erradicación, señala Bagley. El ‘guarapo’ evita que el glifosfato se adhiera a las hojas de la planta. Es más, al caer a la tierra ese glifosfato, a base de fosfatos, actúa como un fertilizante. “Hemos visto rendimientos impresionantes en los cultivos”, dijo Bagley.

“La fumigación en una zona no sustituye al gobierno”, dijo Isacson, señalando la debilidad de la presencia del Estado en las áreas afectadas, que se convirtieron en paraísos para la guerrilla izquierdista y las fuerzas paramilitares rivales. En su lugar, dijo, se debería hacer más esfuerzo en la promoción de un desarrollo alternativo que incentive a los cultivadores de coca a sembrar otros productos. Adicionalmente, sostienen los críticos, la sustitución de cultivos es un programa que carece de la necesaria financiación.

Los críticos de las fumigaciones dicen que éstas no han sido tan precisas como sostienen los funcionarios antinarcóticos de Estados Unidos, y con frecuencia han acabado con cultivos legales sembrados en cercanía de los cultivos de coca.
Los escépticos insisten, además, en que los programas de erradicación no funcionarán a menos que vayan de la mano de una adecuada financiación para el desarrollo de cultivos alternativos, como incentivo para el sembrador de coca. Aunque se ha hecho algún esfuerzo por sustituir cultivos en el sur de Colombia, éste ha carecido de la financiación adecuada y ha enfrentado problemas de seguridad difíciles de manejar por parte del gobierno. Zonas como el Valle del Guamez, en el departamento de Putumayo, tienen una gran influencia de la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al igual que de paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

EL PLAN COLOMBIA II

El año pasado el gobierno colombiano aceptó una derrota parcial en la campaña de fumigación y sostuvo que la sustituiría con un programa manual de erradicación de cultivos. El Congreso de Estados Unidos también recibió el mensaje y decidió cambiar el destino de los 500 millones de dólares anuales asignados al fortalecimiento militar –en apoyo de medidas antinarcóticos–, para enfocarse más en soluciones sociales como la agricultura alternativa y la infraestructura rural, en especial las carreteras.

El Plan Colombia II es más esperanzador, dijo Bagley. Las victorias militares contra las FARC y la desmovilización de las AUC han ayudado a mejorar sustancialmente la seguridad en el país. “Lo que ha hecho Uribe ha sido impresionante, pero él no puede resolver el problema sólo con ayuda militar –dijo–. El Plan Colombia II es justo lo que el doctor ordenó”.

El Plan depende de una campaña oficial para promover la agricultura alternativa mediante el otorgamiento de créditos y la inversión estatal en obras de infraestructura, de las que históricamente han carecido las zonas rurales. “Los campesinos necesitan una forma de vida alternativa –dijo Bagley–. Y hay que estar preparados para pagar sus salarios durante el próximo par de años. Si van a erradicar sus cultivos, deberán estar preparados para darles con qué vivir”. Eso se puede lograr mediante la combinación de planes de erradicación manual, programas de guardabosques, otorgamiento de créditos agrícolas y apoyo técnico.

La nueva legislación “se ve muy bien en el papel –dice Adam Isacson, quien sigue la política colombiana para el Center for International Policy en Washington–. Si se logra que haya presencia efectiva del Estado en esas zonas, se verán disminuir los niveles de cocaína en los próximos 10 años”.

LOS RESULTADOS

Todo el dinero y el esfuerzo invertidos en el control del suministro durante las últimas décadas ha tenido poco efecto visible en la disponibilidad de drogas en Estados Unidos, señalan algunos analistas.

En 2007, la Casa Blanca dijo que se había dado un triunfo “histórico” en la batalla contra las drogas, citando un “declive sin precedentes” en el suministro de cocaína a Estados Unidos y un elevado incremento en el precio de la droga.

El precio promedio de la cocaína en las calles de Estados Unidos se incrementó 24 por ciento entre enero y junio de ese año, llegando a 118.70 dólares por gramo, su nivel más alto en los últimos cinco años, según cifras oficiales. Tal alza estuvo acompañada de una baja de 11 por ciento en la pureza de la cocaína durante el mismo periodo, y una caída de 16 por ciento en las pruebas de detección de consumo de drogas en lugares de trabajo. Pero los escépticos de la guerra contra las drogas cuestionan las afirmaciones del gobierno. “La demanda a largo plazo de cocaína no ha sufrido alteración –dijo John Carnevale, ex director de planeación de la oficina de políticas antidroga de la Casa Blanca–. Los precios son fluctuantes.
Nunca hemos visto un efecto de largo plazo en el incremento del precio”.

La publicación de las cifras se dio en momentos en que la Casa Blanca se preparaba para anunciar un programa de 1,400 millones de dólares en ayuda para México en su lucha contra los narcotraficantes, el programa antidroga más importante dirigido al exterior por Estados Unidos desde el lanzamiento del Plan Colombia en el año 2000.

Funcionarios de Estados Unidos sostienen que la ofensiva militar en contra de los carteles de la droga lanzada por Felipe Calderón, presidente de México, está disminuyendo el flujo de contrabandistas mexicanos que cruzan por la frontera. Desde que asumió el cargo a finales de 2006, Calderón ha desplegado cerca de 25,000 hombres del Ejército para combatir las bandas de narcotraficantes.

Los expertos aseguran, sin embargo, que es posible que el flujo de drogas haya disminuido en meses recientes, pero que es poco probable que dicha situación dure mucho tiempo. “Estos éxitos son de corto plazo, son victorias aisladas en una batalla sinfín contra las drogas”, dijo Bagley. Los narcotraficantes colombianos y mexicanos son ampliamente conocidos por su poder de adaptación y su capacidad para cambiar con facilidad sus rutas y modalidades de transporte. Además de llevar la droga vía terrestre a través de Centroamérica y México, los traficantes han logrado trasladar sus cargamentos en barcos y aviones usando rutas que pasan por el Caribe en su trayecto de Sudamérica a Estados Unidos, al igual que a Europa y, cada día más, a África.

Esto se debe, en buena medida, a la imposibilidad de negarles a los narcotraficantes el acceso al comercio internacional y al enorme flujo de productos legales que cruzan las fronteras nacionales. México, por ejemplo, está clasificado como el tercer exportador más importante hacia Estados Unidos (211,000 millones de dólares), después de China y Canadá. Y es el segundo mercado de exportación para la Unión Americana (136,000 millones de dólares), después de Canadá.

“Un comercio legal de esta escala representa para el narcotraficante un sinfín de oportunidades para contrabandear su producto hacia Estados Unidos, y a medida que mejoren las tecnologías para su detección, los traficantes adaptarán nuevas técnicas de contrabando y nuevas rutas –sostuvo Walsh ante el Congreso en junio–. A menos que este enorme flujo de bienes sea reducido dramáticamente [un escenario ni previsto ni bienvenido], las estadísticas de incautación de drogas tendrán poco significado como cuantificadores del éxito en el control antidrogas”.

Las entre 300 y 400 toneladas métricas de cocaína que ingresan cada año a Estados Unidos son sólo una pequeña porción del comercio legal, lo que hace que su interdicción sea tan difícil. “En lugar de continuar en la búsqueda de la bala de plata, harían mejor los legisladores en reconocer que las drogas ilegales representan un problema perenne, que no puede ser eliminado, pero que puede ser manejado de manera significativamente mejor a como lo hemos hecho hasta ahora –concluyó Walsh–. Esto conlleva a la adopción de programas de reducción de impacto, que buscan minimizar el daño asociado con la producción de drogas ilegales, su distribución y su uso, minimizando también el daño generado por las políticas diseñadas para controlar las drogas ilegales”.

Ésta es la clase de temas que se espera examine la comisión durante su próxima reunión en Bogotá. Todavía no está claro cómo se efectuará el debate. La Comisión dijo que entiende perfectamente que retar el modo tradicional de pensar en relación con este tema no es tarea fácil. Lo importante es que se empiece a hablar de ello.

“La Comisión no aspira a resolver las cosas en tan sólo un año –dijo Szabó de Carvalho, de Viva Río–. Sabemos que es un esfuerzo a futuro y que éste es tan sólo un comienzo”.

Fuente: Poder 360°