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Giampietri, Rey y otros están abogando, sin decirlo, por la exculpación de Fujimori, y de paso de García, Mantilla y otros involucrados en la guerra sucia.

El odio a la CVR es un símbolo de lo que se cocina en el Perú: un autoritarismo implacable del poder.

DETALLE

El odio a la CVR es un símbolo de lo que se cocina en el Perú: un autoritarismo implacable del poder, sostenido por militares que aspiran a la impunidad, con fuerzas de choque para encarar opositores y una batería de prensa para construir los miedos.

Hay sectores de la derecha democrática que han tomado distancia de este proyecto, como se ve en estos días. Así como hay cada vez más empresarios medios y pequeños que se diferencian crecientemente del neoliberalismo vendido a las multinacionales. Tal vez por allí haya una esperanza de reconciliación del verdadero pueblo.

Ninguno de los vándalos que interrumpieron con gritos, patadas y puñetes el discurso de Salomón Lerner, ha leído siquiera las conclusiones del Informe Final de la CVR, pero saben que está contra su chino. Tampoco el vicepresidente y los ministros que han hablado en estos días han aportado alguna idea inteligente al debate. Pero todos participan de una misma idea: el Informe sólo sirve para enjuiciar militares que combatieron el terrorismo.

Obviamente lo que están diciendo estos personajes es que no aceptan el enjuiciamiento de ningún uniformado por cualquier hecho de la guerra, ya que ellos fueron los ganadores, y, por extensión, que tampoco están de acuerdo con procesar a los políticos que definieron políticas que tuvieron como consecuencia graves crímenes. Si lo quieren más claro: Giampietri, Rey, Cipriani y otros están abogando, sin decirlo, por la exculpación de Fujimori, y, de paso, de García, Mantilla y otros involucrados en actos de guerra sucia.

El Informe en sí mismo no les interesa –discutirlo hubiera sido profundamente sano para la sociedad peruana como acto de catarsis de los fantasmas de la guerra–, sino el principio que parecía un sentido común el año 2000, después del final de la dictadura, que era la necesidad de pasar a una etapa de posguerra, con una mirada más equilibrada de lo que realmente pasó y sobre una base de justicia en la que se establecieran responsabilidades reales, como una cura de la violencia, y para que nunca más se repitan masacres de pueblos, asesinatos selectivos, ejecución de rendidos y prisioneros, desapariciones, torturas, violaciones de mujeres, etc.

El Perú ha cambiado mucho desde el 2000 y grandes ilusiones se han diluido en el tiempo. Una de ellas era que habíamos aprendido la lección y empezábamos a imaginar una sociedad menos enfrentada. Pero justamente a los promotores de la concertación, como se le llamó al concepto de reunir sectores diferentes para intentar entenderse, es a quienes más palo les está cayendo por su intento de ir desmontando por partes la herencia de sociedad colonial y opresora que llevamos dentro.

La CVR y los organismos de derechos humanos han tomado la representación de lo que se llama genéricamente las víctimas y sus familiares, que involucra el más diverso conglomerado de personas, con un dolor común, que es el de la pérdida, y al que se agrega el de la falta de justicia. Contra ellas se han alzado los fujimoristas, siguiendo la pista de “Kerosene”, que les dijo en su cara que eran una mancha de terroristas, y de Montesinos, que se burló de la majestad de la Corte Suprema. Contra ellas opera Flores Aráoz al negar nuevamente la información para establecer responsables concretos por las masacres. Y sus compadres en el gobierno, empezando por Giampietri y llegando hasta García, quien guarda ominoso silencio, tras haber cumplido el papel de reciclador del fujimorismo.

Por Raúl Wiener
Redacción

Fuente: La Primera