contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Viernes, 08 de agosto de 2008

Colombia: La implantaci?n de econom?as en el Naya hacen imposible la vida

“La cuenca del Naya requiere un lavado para limpiar toda la sangre derramada en sus tierras”, dice José Santos Caicedo, líder de las comunidades afrodescendientes que habita en esa gran cadena montañosa que divide los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca.

Detrás de esa limpieza profunda hay una exaltación de la vida de quienes habitan esa región del suroccidente del país, escenario desde hace varios años de cruentos choques armados entre Ejército, paramilitares y guerrilla que afecta a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, y cuyas consecuencias en este amplio corredor natural hacia la Costa Pacífica colombiana han provocado una gran crisis humanitaria de grandes proporciones que pone en riesgo a por lo menos 23 mil personas.

Su estratégica posición geográfica, unida a su gran diversidad y riqueza natural, convirtieron a la cuenca del Naya en una región ambicionada por diversos empresarios que buscan explotar sin equilibrio alguno los territorios. Madereros, mineros, ganaderos, palmicultores y coqueros vienen penetrando en la zona desplazando las economías tradicionales y socavando la seguridad alimentaria de sus pobladores.

El clamor por la vida de todos los habitantes ancestrales del Naya fue expresado este martes en Medellín por diversas organizaciones sociales indígenas y afrodescendientes durante la presentación del Informe Internacional sobre la problemática del Pacífico Colombiano, caso Alto Naya, el segundo que se hace en América Latina. El primero de ellos, realizado en el 2006, se centró en los indígenas Inaka Honhat, que habitan el Chacho argentino.

Patricia Tobón, abogada del colectivo de trabajo indígena Jenzera, organización que suscribe este documento junto a Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, explica que el caso del Alto Naya es el emblema de lo que pasa en todo el Pacífico colombiano. Por sus especificidades, el informe será llevado al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

“El propósito nuestro es que Naciones Unidas le dedique una sesión a este caso, examinen los expedientes, conozcan la historia y pueda realizar un llamamiento y plantearle algunas recomendaciones al Gobierno colombiano”.

Urgencia manifiesta

“El desarraigo de la población está en marcha con la implantación de economías que hacen de la cuenca del Naya un lugar imposible para la vida, pero también a través de campañas de exterminio sistemático o masivo”, señala el informe.

La abogada y líder indígena advierte que el desarraigo territorial es el objetivo central de aquellos actores legales e ilegales que se quieren apropiar del territorio. “No es una consecuencia del conflicto armado, es un objetivo fundamental que pretende sacar a las comunidades para transformar el uso de estas tierras, lo que acaba con los sistemas culturales que integran a la gente”.

La población de esta región de 300 mil hectáreas de extensión se define como interétnica, dado que en ella confluyen las comunidades indígenas de las etnias Eperara Siapidaara y Paeces, representada por cerca de 5 mil personas; afrodescendientes, que son mayoría, con cerca de 18 mil pobladores, y campesinos, un grupo de cerca de 600 personas.

La presión para cambiar las costumbres agrícolas provienen, especialmente, de grupos externos a la región que buscan ampliar la frontera de los cultivos de uso ilícito y reemplazar los sembrados de hoja de coca que han sido erradicados en los departamentos de Guaviare, Putumayo y Nariño. Con la intensificación del cultivo de hoja de coca se están afectando la producción de maíz, papa china, yuca y plátano, así como la minería artesanal, la caza y pesca artesanal.

“Las comunidades están siendo desplazadas por esos empresarios de la coca, que vienen a comprar tierras o a poseerlas por la fuerza, destruyendo procesos organizativos y culturales, y afectando la producción de alimentos”, indica Tobón. La situación ha llegado a tal punto que en una región en apariencia rica en recursos naturales sus habitantes consumen comida enlatada que transportan a la región desde municipios vecinos.

José Santos Caicedo, líder afrodescendiente, reitera lo que dice Patricia Tobón, pero tiene una visión más optimista del asunto: “si bien los cultivos de uso ilícito afectan de manera muy negativa a nuestras comunidades, ahora muchos se están resistiendo a eso, en un proceso de autonomía, y concluyendo que la coca genera riesgo y los cultivos hay que sacarlos”.

De allí que existan experiencias de erradicación autónoma de cultivos de uso ilícito, sin la presencia del Estado, pero con fuertes discusiones con los actores armados ilegales que circulan por el territorio y con aquellos que llevaron la coca a la zona. “Todo ello ha significado amenazas, asesinatos de jóvenes, zozobra en la gente”, precisa José.

El líder indígena Elí Ramos, de la etnia Paez, considera que en el Naya “la gente está totalmente olvidada por el Gobierno” y advierte que la única forma de subsistencia es cultivando hoja de coca en grandes cantidades. “La crisis económica y el olvido del Estado obligan a las comunidades a a buscar fuentes de ingresos, y la coca es ahora la única”.

Pero los temores del indígena Ramos van más allá, pues a la crítica situación económica, le agrega la represión estatal, la presencia de la guerilla y la amenaza de una próxima entrada de grupos paramilitares. “Esos grupos, que ahora se llaman Águilas Negras, entrarán supuestamente en persecución de la guerrilla, pero lo que andan buscando es desplazar a la gente para apropiarse de las tierras y cultivar otros productos impulsados por el Gobierno, como la palma africana”.

Su situación de riesgo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarles medidas cautelares a los comuneros de la cuenca del Naya, “en reconocimiento del alto nivel de riesgo de la población con que se han agredido sus derechos fundamentales de uno y otro lado de la contienda”.

Buscan titulación

El despojo de tierras por parte de los extraños a la región para aumentar los cultivos de hoja de coca se facilita porque no hay un proceso de titulación de tierras que le permita a sus poseedores ancestrales tenerla en calidad de dueños. “Eso es un problema al que el Estado no le ha prestado mayor atención”, expresa la abogada Tobón, quien no vacila en responsabilizar al Estado de ayudar, por acción y omisión, a aquellos que se quieren apropiar de esos territorios.

En ese sentido, el informe muestra cómo desde hace varios años en esta región del Naya y, en general, en el Pacífico colombiano, se está configurando lo que algunos mecanismos internacionales llaman genocidio premeditado, perpetrado por actores armados legales e ilegales que recurre a diversos mecanismos para afectar a las comunidades asentadas en un territorio específico.

La lucha de los pobladores ancestrales de la cuenca del Naya es lograr que los territorios que habitan les sean titulados de manera colectiva. Hasta el momento esto no se ha logrado de manera satisfactoria; así como tampoco se ha logrado que la masacre perpetrada por un comando paramilitar en alianza con el Ejército en abril de 2001, que dejó 37 campesinos muertos, haya sido reparada de manera integral.

En sus conclusiones, el informe consigna lo que, en la práctica, podría representar aquel “lavado de los territorios” que invoca el líder comunal José Santos Caicedo y que le significaría un nuevo camino a los pobladores del Naya: “La opción por una titulación colectiva e integral de las tierras y los territorios del Naya y la consideración de una modalidad de reparación de los daños colectivos que integre la titulación colectiva, la recuperación de las economías familiares y la reconstrucción del medio ambiente, así como la recuperación de la institucionalidad y la solidaridad interétnica”.

Por: Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

www.ipc.org.co

Fuente: Actualidad Étnica

 


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