contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

S?bado, 14 de junio de 2008

Coca en yapacan?

La coyuntura merece una reflexión de gobernantes y gobernados en previsión de nuevos conflictos internos y su repercusión en el exterior por lo delicado de la cuestión

El que colonizadores afines al gobierno del Movimiento al Socialismo hubiesen bloqueado la carretera que atraviesa Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, para impedir la llegada de un cargamento de coca de los Yungas paceños en nueve camiones de alto tonelaje, a la vez de demandar que se les permita el cultivo de un cato de la hoja por familia y su comercialización directa por los productores en la región, es señal reveladora de que ese aguerrido sector se cree en el derecho de exigir y recibir beneficios de la administración, por más de que la normativa vigente lo prohíba.

Más significativo es el hecho aun si se toma nota de que a decir de un dirigente campesino de la zona, la administración masista habría formalizado un compromiso en aquel sentido, a cambio de que se impidiera la realización del referendo de 4 de mayo sobre los estatutos autonómicos cruceños, lo que ocurrió en la práctica mediante la quema de ánforas y otros actos de violencia, versión que, sin embargo, fue desmentida por un Viceministro de Estado.

Por añadidura, gente del lugar relató que la coca yungueña desaparece a poco de llegar y que el descubrimiento de pozas de maceración es corriente allí, al igual que el consumo de cocaína, sobre todo entre los jóvenes, dando a entender que el narcotráfico ha echado raíces a escasos kilómetros de la capital oriental.

En este contexto, se trataría, por una parte, de que el negocio ilícito basado en el cultivo de la coca, pase a manos de los colonizadores, mientras que por la otra el riesgo de la propagación del consumo de la droga, no deja de ser motivo de preocupación de al menos algunos de los lugareños.

Como fuere, la procedencia del régimen actual, desde el emporio cocalero que es el subtrópico de Cochabamba, precisamente, así como la condición de líder de los explotadores del arbusto que conserva el Jefe del Estado de forma paralela a su función de Presidente de la República, y la política que en ejercicio del poder público despliega frente al circuito de la coca-cocaína, parecen determinar no sólo el repunte de esta actividad por encima del marco legal, sino la generación de demasiadas pretensiones y expectativas entre los labriegos involucrados, ex trabajadores mineros en su mayoría que migraron hacia el Chapare y Santa Cruz a partir de 1985 como consecuencia de la aplicación de lo que entonces se llamó Nueva Política Económica.

Refuerza esta inferencia la no desmentida incursión de cocaleros en áreas reservadas del parque Isidoro-Sécure, sin que se sepa de medidas fiscales para detenerla, salvo aquella relativa a la pretendida “racionalización” en materia de extensión de las plantaciones, de dudosa concreción por implicar intereses en juego.
Consideramos nosotros que la coyuntura merece una reflexión de gobernantes y gobernados en previsión de nuevos conflictos internos y su repercusión en el exterior por lo delicado de la cuestión.

Fuente: Los Tiempos


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