contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Viernes, 13 de junio de 2008

Yapacan? se rebela para exigir m?s coca a Evo

Los dirigentes, aliados del Gobierno, son los que ahora se le enfrentan. Exigen que les deje plantar un cato, que salga la Fuerza de Tarea Conjunta y que les dé licencias para vender su hoja de coca.


• ALIADO DEL GOBIERNO • El 4 de mayo, en la región cruceña de Yapacaní, un grupo de personas impidió que se realice el referéndum. Para ello, quemaron las ánforas (foto).

Los colonizadores asentados en Yapacaní y aliados del presidente Evo Morales le dieron un revés al Gobierno. Bloquean la vía a Santa Cruz desde el lunes, exigen autorización para cultivar un cato de coca, que se vayan los uniformados erradicadores y piden licencias para comercializar su hoja.

Los bloqueadores impidieron la realización en esa región del referéndum de estatutos autonómicos cruceños, el 4 de mayo. El Gobierno respondió que no puede complacerlos y un viceministro viajó ayer para negociar.

El comandante del puesto policial de Yapacaní, coronel Ramiro Álvarez, reportó que el lunes se produjo un enfrentamiento en la zona de Puerto Abaroa, a 40 kilómetros de Yapacaní, porque los colonizadores cortaron el paso a nueve camiones cargados de coca procedentes de los Yungas de La Paz. “Los lugareños los retuvieron y evitamos que se enfrenten con los comerciantes”.

Un dirigente de los comercializadores denunció que los colonizadores protestan porque el Gobierno se comprometió a cumplir sus demandas, a cambio de que ellos ayuden a impedir el referéndum. Esa versión fue desmentida por un viceministro.

El bloqueo continuaba ayer, pero más adelante, en la zona denominada San Germán. Los comercializadores lograron pasar tras una gestión policial.

El secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, admitió que sus bases en Yapacaní bloquean “porque quieren que el Presidente les reconozca el cato de coca. Piden que salga la Fuerza de Tarea Conjunta que erradica la hoja, y requieren licencias para que ellos la comercialicen”.

Surco señaló que “es un tema complicado para nosotros, mandaré a una comisión. Por qué se comprometen para no cumplir”.

Sin embargo, complementó que “hay un grupo de dirigentes que crean este malestar, es gente de Címar Victoria (antecesor de Surco y representante precisamente de YapacaníGui?o. No todos los dirigentes responden a la instrucción o a la orden que les damos. Hablaré con el Gobierno para que vayan a resolver el tema. Yo no puedo pedir (a Morales) cato, no soy viceministro.

El dirigente aclaró que la actual Ley 1008 no permite al Gobierno atender las demandas de Yapacaní. “Al trabajar en la nueva Constitución, pedimos que se incorpore ese tema para el futuro, y que se apresuren los proyectos de desarrollo alternativo que el Ejecutivo nos prometió”.

Este medio se contactó ayer por la tarde con el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gerónimo Meneces, cuando viajaba para negociar en Yapacaní.

“Decidimos como Gobierno que ése es un lugar donde la plantación de coca no es legal. Ya estuve en al menos cinco ocasiones y les dije que tienen que racionalizar toda la coca. Las zonas donde sí se puede producir son en Chapare, Caranavi y Yungas. Les diré lo mismo, no puedo engañar ni dar esperanzas falsas a la gente. La posición es clara y no se modificará”, advirtió.

Hasta el cierre de esta edición, no se pudo volver a contactar al viceministro, para conocer los resultados de la conversación.

Por otra parte, el presidente de los comercializadores de coca de Santa Cruz, Luis Cedro, quien estuvo en la zona el lunes para rescatar a los camiones de comercializadores que fueron retenidos en la zona, señaló ayer que los propios colonizadores le dijeron que “exigían el cato y las otras demandas, porque el viceministro se comprometió a retirar a los erradicadores y que les iba a entregar un cato de coca a cambio de que ellos no permitan ningún movimiento en Yapacaní en el referéndum de estatutos autonómicos que se realizó el pasado 4 de mayo”.

Sin embargo, el viceministro Meneces manifestó que esa aseveración era una mentira. “El compañero Cedro está medio loco. Nosotros nunca prometimos algo semejante a los colonizadores de la zona de Yapacaní”.

DEMANDAS

El cato • Los colonizadores reclaman al Gobierno que les otorgue luz verde para tener un cato de coca, extensión de tierra de 40x40 metros.

Expulsión • El sector exige también que se vaya la Fuerza de Tarea Conjunta, que es la que se encarga de erradicar.

Las licencias • Otro de los objetivos de los colonizadores es obtener licencias para comercializar la coca que producen. El Gobierno dice que no.

Oficialmente hay 300 Has.

El Gobierno reconoció en mayo de este año que en varias comunidades de la provincia Yapacaní, departamento de Santa Cruz, existen plantaciones de coca, calculadas en aproximadamente 300 hectáreas.

Así lo afirmó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, el 8 de mayo, y añadió que las mismas serían erradicadas a la fuerza, “porque no están contempladas en la Ley 1008”.

Señaló en esa oportunidad que en la región de Yapacaní, que colinda con Bulo Bulo de Cochabamba, “el clima y la forestación acompañan para que los colonos planten coca, aunque el rendimiento no es comparable con el del trópico cochabambino o en Yungas del departamento de La Paz”, según reflejó la agencia gubernamental ABI.

El 2006, la Dirección de Producción de Coca (Digpro-coca) ya informaba que durante esa gestión se habían racionalizado 98 hectáreas en Yapacaní.

No hubo referéndum

El domingo 4 de mayo, en la región cruceña de Yapacaní no se realizó referéndum por los estatutos autonómicos del departamento, porque una turba quemó ánforas y sitió los colegios donde debía registrarse.

Unos 5.000 campesinos se reunieron en la población. Llegaron desde el Chapare y de otras regiones afines al Gobierno.

Desde muy temprano, los tres recintos de votación fueron tomados por dirigentes, lo que imposibilitó la llegada de los notarios y el material escolar a los recintos electorales.

Por otra parte, se quemaron las ánforas que la turba interceptó. El primer caso de este tipo ocurrió a las 8.00. Por la tarde, la Policía intervino y logró la entrega del último grupo de ánforas que quedaron completas a cambio de la liberación de un juez electoral que había sido retenido por la turba.

La violencia y beligerancia acompañaron la jornada.

Fuente: La Razón


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