contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Martes, 10 de junio de 2008

El liberal que amaba las comunidades

por Nelson Manrique

En un artículo publicado en Perú.21 ("Nada de cambios, por favor", 29 de mayo de 2008) Carlos Adrianzén defiende el Decreto Legislativo 1015, cuyo objetivo, según él, es "quebrar lo establecido y unificar requisitos para alcanzar acuerdos entre comunidades campesinas en todo el país". Esta es la explicación que ha dado el Gobierno sobre el tema; léanse las declaraciones del premier Del Castillo, por ejemplo.

Cuando se propone una nueva ley, inevitablemente genera desconfianza ver que se esconde lo que realmente se trata de conseguir, encubriéndolo tras cuestiones meramente formales.

Asumamos que a Adrianzén y al Apra verdaderamente les preocupa unificar la forma como se toman las decisiones en las comunidades campesinas de la costa y la sierra. Entonces, ¿por qué plantean hacerlo sobre la modalidad vigente en la costa y no sobre la que existe en la sierra? Aquí está lo que no se dice: en la sierra, para disponer la venta de las tierras de las comunidades se requiere la aprobación del 66% de los comuneros calificados, pero en la costa se requiere apenas el voto de la mitad más uno de los comuneros asistentes a una asamblea, lo que, como he demostrado en un artículo anterior, permite que apenas el 25% de los comuneros, e incluso menos, puedan decidir la venta de las tierras de la comunidad e incluso la disolución de la comunidad misma (Nelson Manrique, "Comunidades campesinas, una olímpica puñalada", Perú.21, 2 de junio de 2008).

Si lo que realmente busca Adrianzén es la unificación de los procedimientos, le desafío a proponer que esta se haga en torno a la modalidad serrana, fortaleciendo la propiedad de las tierras comunales en lugar de desprotegerlas. Salvo, claro, que el verdadero objetivo de la norma sea facilitar la venta de las tierras comunales a las empresas mineras que las codician. ¿Me equivoco?

Adrianzén se burla de mi afirmación de que el D. Leg. 1015 viola acuerdos internacionales firmados por el Perú. Lo hace y viola la Constitución. La Defensoría del Pueblo ya ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque el D. Leg. 1015 "vulnera los derechos de identidad cultural  (reconocido por el inciso 19 del artículo 2º y el artículo 89º de la Constitución Política del PerúGui?o, de participación y de consulta de las comunidades campesinas y nativas". Viola también el Convenio Nº 169 - OIT, ratificado por el Perú en 1994. Padece adicionalmente, de "vicios de inconstitucionalidad formal referidos a la vulneración del principio de reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales, y el exceso por parte del Ejecutivo en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas". ¿Y?

Fuente: Perú 21


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