contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Jueves, 08 de mayo de 2008

Colombia: Fumigaciones, erradicaci?n manual y desplazamiento forzado

Huir de zonas en que se fumigan cultivos de uso ilícito por presión de la guerrilla, enfrentamientos o amenazas, parecen no ser razones para que el gobierno reconozca desplazamientos.

Huir de zonas en las que se fumigan o se erradican cultivos de uso ilícito, bien sea por presiones de la guerrilla, por enfrentamientos armados o por la amenaza que representan los campos minados, parece que no son razones suficientes para que el gobierno acepte que estas personas son desplazadas.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, entidad encargada del registro y la atención a la población desplazada se niega a inscribir y atender como desplazados a miles de campesinos y colonos que provienen de éstas zonas y que han protagonizado protestas y movilizaciones para reclamar sus derechos.

Tal es la situación que se registra en los últimos días en el municipio de Tarazá, en el noroccidente del departamento de Antioquia, en donde se concentran alrededor de siete mil campesinos desplazados de 15 veredas que son epicentro de un operativo militar de erradicación de cultivos de coca, que ha provocado las presiones y amenazas del 18 frente de las Farc.

Acción Social y el gobierno departamental de Antioquia han calificado el desplazamiento como una acción de la guerrilla y se escuchan voces en el alto gobierno que acusan a los campesinos de apoyar y defender el narcotráfico, no obstante que los propios desplazados han dicho que apoyan la erradicación pero exigen proyectos alternativos y un tratamiento digno, de acuerdo con su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El pasado 23 de abril, el Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada declaró la 'emergencia humanitaria por el desplazamiento que se desarrolla actualmente en Tarazá' y fundamentó su decisión en la Ley 387 de 1997, en los decretos 2569 de 2000 y 250 de 2005 y en la Sentencia T 025 emitida por la Corte Constitucional en enero de 2004.

Los organismos de Naciones Unidas que en terreno acompañan a la población desplazada, así como los organismos de control del Estado, la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales, coincidimos en que este reconocimiento no es sólo legal, sino que interpreta el sentido común frente a una población que es objeto de múltiples violaciones a sus derechos y además es estigmatizada, perseguida y utilizada por guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública de acuerdo a sus conveniencias e intereses.

Los campesinos admiten que han sembrado coca porque no tienen más alternativa de subsistencia, bien sea por falta de, tierras, crédito y asistencia técnica o porque no hay vías ni estímulos para comercializar los productos. En todo caso, su participación en el 'negocio' se limita a sembrar y raspar hoja de coca, con lo cual ganan lo justo para sobrevivir con sus familias, mientras que los traficantes que procesan y exportan toneladas de cocaína a los mercados internacionales reciben y lavan millones de dólares y los grupos armados promueven y 'regulan' el negocio como parte de sus estrategias guerra.

Asumir estos desplazamientos como un problema de orden público y de lucha antidrogas puede provocar efectos nefastos sobre la población desplazada que, paradójicamente, podrían azuzar la guerra y expandir los cultivos que se quieren erradicar.

En efecto, la población desplazada por fumigaciones y erradicación manual tienen cuatro opciones: 1) desplazarse a las ciudades (en donde no son reconocidos como desplazados, no reciben atención humanitaria y son señalados como delincuentes), 2) cruzar las fronteras con países vecinos para buscar alternativas en otros países, 3) enrolarse en los grupos armados ilegales o integrar programas como soldados campesinos y red de informantes y 4) buscar otras regiones del país en dónde puedan sembrar coca y amapola sin tropiezos, tal y como ocurre en extensas zonas del sur oriente colombiano.

Es más inteligente reconocer su situación de desplazamiento forzado y ofrecer la atención que corresponde en un Estado Social de Derecho, concertar planes de erradicación de cultivos y proyectos alternativos y ganar la población para la institucionalidad y la democracia, antes que dejarlos a su suerte o en manos de los grupos armados, como ha sido tradicional con los sectores más empobrecidos del campesinado colombiano.

Pero el gobierno insiste en desconocer esta realidad y en negar la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reivindica los derechos de estas personas. 'Qué se mueran de hambre y de sed' dijo un funcionario de la gobernación de Antioquia frente a los campesinos desplazados en el municipio de Tarazá, acusándolos de 'guerrilleros y narcotraficantes'.

Por eso las protestas han terminado en desórdenes y actos de violencia, toda vez que el gobierno prioriza el rol de la Policía y el Ejército por encima de las entidades encargas de la salud, la educación y el bienestar de la población, lo cual constituye una grave equivocación y una pésima respuesta oficial a una crisis social y humanitaria que sigue sin solución a la vista.

Editorial de CODHES

Fuente: Relief web 

Etiquetas de Technorati: colombia,erradicación,guerrilla,desplazados,narcotráfico,hoja de coca


Añadir comentario

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com