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Los más recientes acontecimientos políticos constituyen una cachetada a la sensatez. El gobierno hace escarnio de la inteligencia de los peruanos y busca engañar a la gente pensando que nadie tiene dos dedos de frente. La realidad muestra otra cosas: tras las maniobras del oficialismo, está el deseo de ocultar la verdad, como si fuera una fosa clandestina.

Por Gustavo Espinoza M.
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Ahora resulta que los siniestros colombianos, integrantes de la brigada 63 de las FARC y agentes del terrorismo internacional que se introdujeron subrepticiamente en el país, no eran tales. Jhon Jáder Cárdenas Manrique y Laidy Rivas Guerrero, intervenidos en Iquitos por la Policía Nacional y aún encarcelados, deberán abandonar el suelo peruano simplemente porque eran “migrantes ilegales”, y no por vínculo alguno con organizaciones terroristas del Perú o del exterior.

Lamentablemente, como no todo lo que brilla es oro, la muchacha deberá afrontar un drama adicional a su cautiverio: ella –que estaba en estado de gestación al momento de su captura- perdió su bebé cono consecuencia de los “interrogatorios científicos” a los que fuera sometida mientras se hallaba confinada en los calabozos de la DINCOTE, tal como lo revela la prensa peruana. Pero eso, como se sabe, es constituye apenas un “daño colateral” de menor cuantía.

Pero no es el único caso. También fueron consideradas inocentes otras personas detenidas en Iquitos a partir de este caso, y consideradas como •”colaboradoras” del terrorismo. Pero ellas fueron liberadas silenciosamente hace algunos días, y la historia sólo se supo cuando uno de los afectados denunció que lo habían traído a Lima y abandonado en la capital de la República, sin recursos para retornar a la selva, donde se halla su lugar de origen.

Pero hay más, los 5 colombianos capturados en Piura mientras se desplazaban por los amplios predios de la Universidad local y que fueron presentados, hace 48 horas como “guerrilleros de las FARC que ingresaron al Perú para hacer “propaganda al terrorismo”; fueron reconocidos inocentes, tal como lo confirmó el Jefe de Seguridad del Estado, sector Piura, Luís Guerrero Valladares, quien descartó de plano que ellos tuvieran vínculo alguno con la guerrilla colombiana “como se especuló inicialmente”. Ellos, como se sabe ahora, llegaron al Perú más bien huyendo del clima de violencia que se vive en su país, pero aquí fueron apresados indebidamente.

Estos casos prueban simplemente que la estupidez se ha convertido en la política oficial del gobierno de García en materia de lucha contra “la subversión”. Luego de considerar “delito de terrorismo” la concurrencia a un evento internacional celebrado en Quito y capturar personas acusándolas de portar allí banderolas con consignas en extremo subversivas como “Nuestra Patria, es América”; la administración de Lima busca desesperadamente justificar sus exabruptos orquestando una tempestad en un vaso de agua.

El tema traído a la discusión ahora se refiere a la decisión adoptada el pasado jueves 24 en el Parlamento Europeo, que resolvió no incorporar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -el MRTA- en la relación de las “organizaciones terroristas” que considera como tales.

La decisión carece completamente de importancia porque no es vinculante, porque se refiere a una consideración simplemente europea, y porque no tiene incidencia ni en nuestra legislación ni en nuestra realidad; pero dio lugar a un verdadero soponcio parlamentario en el que un alud de palabras logró finalmente arrancar una decisión extrañamente “unánime” de condena al citado acuerdo.

Ver en la televisión la sesión parlamentaria del día jueves en Lima, era contemplar un espectáculo francamente incomparable: El Vicealmirante Giampietri -el hombre de El Frontón. Junio de 1986- estaba virtualmente paralizado, cono si hubiese sufrido un fulminante ataque de apoplejía. Lourdes Alcorta echaba fuego por los ojos y aullaba improperios contra los parlamentarios de la UE. Los carismáticos fujimoristas encabezados por Carlos Raffo afirmaban impúdicamente que el MRTA había consumado “brutales violaciones a los derechos humanos”, como si la practica política del Alberto Fujimori hubiese sido miel sobre hojuelas. Y lios apristas se miraban trémulos sin saber qué era más importante: si condenar al MRTA o defender a la Chancillería que se había dejado ganar por una carta que remitiera a los parlamentarios del viejo continente la Asociación Pro Derechos Humanos.

En realidad, ahora se entiende más por qué el gobierno busca desesperadamente que el MRTA sea considerado por el mundo como una “organización terrorista”. Es que tiene a 7 personas encarceladas -los detenidos de Aguas Verdes- a los que no puede probar nada, pero a los que necesita condenar argumentando que pertenecen al MRTA, es decir “a una organización terrorista”. Es el caso de Roque Gonzales, Carmen Azparrent, Melissa Patiño, Armida Valladares, Guadalupe Rivas, Maria Gabriel Segura y Damaris Velasco.

Pero no es solo eso. Lo que ocurre es que el gobierno peruano busca con el mismo empeño polarizar la a la sociedad peruana procurando presentar un mosaico dividido en dos segmentos. A un lado, dice, están los “defensores de la democracia” y el “modelo neoliberal”. Y al otro, “los terroristas, traidores a la patria”. Quienes no suscriban el respaldo al régimen, deberán afrontar por tanto el estigma y -¿por qué no?- el riesgo de una condena judicial que “la ley ampara”
El asunto consiste tan sólo en recordar lo que ocurrió en el Perú entre 1985 y 1990 para reseñar el hecho que, en efecto, el MRTA recurrió a prácticas perversas, incompatibles con las concepciones revolucionarias de lucha: el secuestro y el terror. A partir de allí, explayarse como si el MRTA fuera una organización hoy existente y capaz de recuperar protagonismo en el escenario peruano. Todo el resto, es ficción.

Lo que no es ficción, es lo que se descubre cada día en los predios del antiguo cuartel Los Cabitos de Ayacucho, sede del Comando Político Militar de la Región del Centro, que tuvo a su cargo las “operaciones especiales” en la “lucha contra el terrorismo” entre 1983 y el año 2000.

Alli –como dice hoy el diario “La República- hablan las fosas del terror. Y es que se han desenterrado ya 81 cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y fetos, y se han hallado cuatro hornos clandestinos con restos de huesos y cenizas de numerosos cuerpos humanos que fueron cremados por los “heroicos combatientes que se enfrentaron a la subversión”.

En su momento -como se sabe- numerosos peruanos fueron allí torturados para hacerlos hablar, recibieron disparos en la nuca, y fueron enterrados clandestinamente en los predios de esa instalación militar para que nadie descubriera la historia, que hoy, sin embargo, aflora desde el suelo.

“La historia de Los Cabitos es escalofriante, da miedo, recuerda la historia de los campos de concentración nazi” –dice el jefe del Instituto de Medicina Legal Luís Bromley- y añade “Entre los 81 cuerpos recuperados hay niños de cuatro y cinco años que fueron asesinados con un disparo en la cabeza. El cuerpo de uno de estos niños estaba a los pies de una mujer que podría ser su madre, y que tenía un feto de nueve meses en su vientre. La mujer también recibió un disparo en la cabeza y su bebe por nacer, agonizó durante 30 minutos antes de morir por asfixia”.

En realidad, lo que las autoridades peruanas quieren hoy es ocultar los crímenes consumados contra el pueblo en estos años de barbarie. Y levantan para eso una hoguera fantasmal en torno al MRTA y sus episódicas prácticas perversas. Y lo hacen en dos contextos bien definidos:

Cuando al margen de la voluntad de los actores del proceso peruano, las audiencias del “caso Fujimori” entran a una etapa decisiva y se avecina una condena sin precedentes al gonfalonero de la muerte en el Perú. Y cuando en las próximas semanas tendrá lugar en Lima la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América latina, El Caribe y la Unión Europea.

El gobierno de García busca desesperadamente que no se muestre, en esta circunstancia, la realidad al mundo. Procura, por el contrario, levantar mitos que desmovilicen al pueblo y paralizar a la ciudadanía sembrando en ella terror y desconcierto. Ha declarado “feriados” los días de la Cumbre para que nadie salga de su casa. Quieren que no vuele una mosca. Y que si vuela, sea abatida por “terrorista y sediciosa”.

En otras palabras, la estupidez convertida en política. Sólo que en una circunstancia en la que el pueblo tiene más de dos dedos de frente y no se deja impresionar, ni embaucar, ni intimidar.

Aunque los programas de la televisión acusen a tirios y troyanos de “chavistas”, “terroristas” y “traidores a la patria”, la gente tiene una idea más clara de lo que ocurre en el escenario nacional y en el mapa de América Latina. Y es consciente, en efecto, que la suerte del neo liberalismo y sus acólitos, tiene los años contados. (fin)

(*) Del Colectivo Nuestra Bandera. http://www.nuestra-bandera.com

Fuente: Indymedia