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El Tribunal Constitucional (TC) resolverá en un plazo no mayor de dos meses y con "total objetividad" la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza del Gobierno Regional de Puno que viabiliza la legalización de la hoja de coca, afirmó hoy el integrante de este colegiado, Ernesto Álvarez.

Explicó que tras admitir la referida demanda, presentada por el Poder Ejecutivo, se notificará al Gobierno Regional de Puno para la realización de una audiencia, donde un representante legal del presidente regional, Hernán Fuentes, sustentará los argumentos de la citada ordenanza.

Álvarez refirió que en la audiencia, que se llevará a cabo en un lapso menor de 30 días, dicho representante deberá demostrar en qué se diferencia esta ordenanza respecto a otras normas similares que ya han sido materia de resolución del TC.

“Habiéndose expedido sentencias y pronunciamiento del tribunal en materia de legalización de hoja de coca por otros gobiernos regionales, de lo que se trata es escuchar los argumentos que planteen alguna diferencia para que el Tribunal Constitucional evalué esas diferencias y pueda llegar a una convicción diferente a las anteriores”, manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

Recalcó que el Tribunal Constitucional tiene una “sana curiosidad” por conocer la diferencia entre esta ordenanza con respecto a las aprobadas por los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco, las mismas que fueron declaradas inconstitucionales por el TC en el año 2005.

“Si los argumentos de defensa de esa ordenanza no marcasen una diferencia notable con respecto a las anteriores normas regionales, no cabría sino seguir la misma línea jurisprudencial del tribunal, que señala de que en materia de política sobre narcóticos corresponde al Estado nacional señalar las políticas”, afirmó.

No obstante, dijo que el Gobierno regional de Puno tiene el “beneficio de la duda” porque conociendo la referida jurisprudencia se ha podido esforzar en hacer una norma distinta, “mucho mas inteligente, y desarrollada”.

“Suponemos que el Gobierno regional se ha esforzado en hacer algo novedoso, eso es lo que vamos analizar y escuchar en la audiencia”, agregó.

El magistrado garantizó total objetividad en este caso y detalló que luego de la audiencia se emitirá un informe al respecto, que luego será sometido a votación.

“Nuestro trabajo es ajustarnos a la interpretación sistemática de la Constitución, siempre cautelando los intereses del Estado constitucional de derecho”, puntualizó.