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Es democrático que el prefecto de Santa Cruz declare la autonomía de su departamento y que afirme que cuando haga ratificar su estatuto con sus paisanos empezará a dictar leyes contra el gobierno nacional, formará su policía y definirá las normas de exportaciones; pero es antidemocrático, secesionista y demente, que el presidente regional de Puno plantee una discusión sobre federalismo en el Perú, donde sólo podemos ser un país unitario, ante el entrampamiento de la descentralización de Toledo, frente a la que varios apristas y derechistas ya han propuesto abiertamente el "derecho" del Ejecutivo de destituir a los presidentes regionales o convertirlos en representantes de una junta de alcaldes.

Es democrático que este mismo prefecto cruceño convoque por su cuenta a un referéndum para tomar decisiones contra la Constitución de su país (la que está todavía vigente) y dé por válidos sus resultados, enfrentándose a los organismos electorales; pero es antidemocrático y terrorista que los alcaldes y comunidades impulsen una consulta entre los pobladores de Ayabaca y Huancabamba sobre su opinión respecto al inicio de una gigantesca explotación minera dentro de sus territorios, que les ofrece trabajo, inversiones locales y regalías, pero que los campesinos ven como una amenaza para sus tierras.

Por este hecho, se militarizó inicialmente la zona y se respaldó desde el Estado a la minera, y ahora se está abriendo un juicio penal contra las autoridades locales, dirigentes y asesores que dirigieron el referéndum, acusándolos de los peores delitos, en medio del silencio de la prensa. Pero si Evo pusiese fuera de la ley a Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, el escándalo que haría toda la democracia mediática que tenemos por aquí, sería tan tremendo que nos pasarían cada hora informes sobre los desmanes del chavismo altiplánico, como ya lo hicieron con la no renovación de la licencia de la cadena RCTV en Venezuela.

Es democrático ser intransigente cuando se pierde la elección para la Constituyente y no aceptar acuerdos que no tengan 2/3 de los votos, como ocurre en Bolivia y como pretende la derecha también en el Ecuador; pero es antidemocrático querer cambiar la Constitución peruana aprobada por menos de 1% de diferencia en 1994, con ostensible fraude en las zonas rurales bajo control militar (votaciones de 100% por el sí, y que es la que consagró el golpe de Estado de 1992, las privatizaciones y la corrupción fujimorista.

Es democrático organizar grupos armados para proteger inmensos latifundios amenazados de reforma agraria por la nueva Constitución boliviana y encargarles controlar el ingreso de personas "de fuera", es decir de bolivianos de otras regiones; pero es antidemocrático y merece la cárcel, ser bolivariano, viajar a Quito o ser poeta.

Es democrático quitarle legitimidad a Morales elegido con 54% de los votos y aprobado por más de la mitad de los bolivianos, a pesar de la crisis; pero es antidemocrático exigir que García, que fue elegido con 22% de votos propios (primera vuelta) y está en 20% de respaldo, responda por sus promesas incumplidas y su entrega a la derecha, y usar medidas de lucha social, protegidas por las leyes, para presionarlo.

En otras palabras, son distintas, la democracia y la antidemocracia en Bolivia y el Perú.

Fuente: La Primera