contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Jueves, 06 de marzo de 2008

Ojo al Bajo Cauca

Editorial de El Tiempo de Colombia

* Las protestas cocaleras deben llevar a una reflexión de fondo sobre los resultados de la 'guerra contra las drogas'

El hecho de que cerca de 5.000 campesinos de una veintena de veredas del Bajo Cauca antioqueño hayan emprendido lo que parece una reedición en menor escala de las grandes marchas cocaleras que en la década de los 90 conmovieron al sur del país, no debe ser visto como un mero incidente de orden público ni como una simple manipulación de las Farc contra la ambiciosa campaña de erradicación manual del Gobierno en esa región. Aun si algo de ello hay, más allá de las consideraciones de seguridad y del combate a un cultivo ilícito -como lo aceptan los propios campesinos-, hay que preguntar si la política contra las drogas que se aplica hace años en Colombia es la adecuada para hacer frente, además del narcotráfico, a los problemas sociales e institucionales que son el caldo del cultivo de sustancias ilícitas en el país.

En los últimos años, Antioquia y, en especial, el Bajo Cauca se han llenado de coca. Lo advirtió el año pasado el gobernador Aníbal Gaviria. Pese a que solo en el 2006 se fumigaron 18.000 hectáreas y se han erradicado más de 3.000 y a que se han destruido 400 'cocinas' y cristalizaderos de coca, los sembrados crecen. De allí la decisión del Gobierno de lanzar una masiva campaña de erradicación manual en terrenos hasta hace poco bajo control de paramilitares desmovilizados y en los que hoy están las Farc.

Nadie discute que esta fórmula es más eficaz que la aspersión aérea. La coca arrancada a mano o con palín se erradica; la fumigada puede ser soqueada o protegida del glifosato con los infinitos recursos de la malicia indígena. La erradicación manual el año pasado llegó a 67.000 hectáreas. Pero años de guerra contra las drogas, siguiendo la política de Estados Unidos, muestran de manera inequívoca que la represión no solo no basta sino que termina siendo contraproducente.

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En 1996, Colombia producía 300 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína; hoy, produce el doble, pese a que se han fumigado, solo desde el 2002 hasta hoy, más de 800.000 hectáreas y, desde el 2005, se han erradicado a mano otras 140.000. La onerosa relación costo-beneficio, los riesgos de seguridad en el caso de la erradicación manual y el inevitable divorcio con el campesinado cocalero que ve en el Estado un enemigo y no una ayuda claman por ajustes de fondo.

El cultivo de coca en el Bajo Cauca es un típico ejemplo del llamado balloon effect, es decir, de apretar el globo del cultivo en un lado, solo para verlo inflarse en otro. De Putumayo, la coca pasó a Nariño, hoy un caso crítico. Disminuciones en el sur de Bolívar, en Catatumbo y en Meta y Guaviare se han visto compensadas por la consolidación del cultivo en zonas como el Bajo Cauca, y no ha habido fumigación que lo impida. Ahora se ensaya la erradicación manual. Pero esta tampoco resuelve problemas de fondo que tienen menos que ver con el delito que con la sinsalida en la que se encuentran miles de familias de colonos sin tierra ni recursos, a las que una hectárea de coca les ofrece un ingreso anual promedio de entre 6.000 y 10.000 dólares.

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El asesinato de Miguel Daza, antiguo cocalero del sur de Bolívar convertido en promotor de la sustitución de cultivos, que conoció al presidente Bush, viene a poner de presente la capacidad de reproducción del narcotráfico, en una región donde, además de la guerrilla, nuevos grupos ligados al negocio reemplazan a los paramilitares desmovilizados. Es hora de cambiar el énfasis en el debate de la política antidrogas. Los miles de campesinos que han invadido Tarazá y Valdivia no son subversivos. Piden auxilio a un Estado y a una sociedad que los dejaron en brazos de 'paras', guerrilleros y narcos. Que la guerrilla pueda haberlos obligado a marchar no es lo de fondo. Difícil concebir mejor argumento para que las Farc sigan incidiendo en esa base social que la combinación de avionetas y marginación.

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Tailandia, Malasia y Turquía son ejemplo de otras políticas que pusieron fin a cultivos ilícitos. El énfasis debe hacerse en proyectos de desarrollo alternativo. No como apéndice de la erradicación forzosa, sino como estrategia de desarrollo, que permita a los cocaleros acceder a los beneficios que la sociedad ofrece a otros ciudadanos.


No se trata solo de proyectos productivos desarticulados, cuyos fracasos abundan, desde tiempos del Plante hasta los del Plan Colombia. Se trata de poner en pie, consultando a las comunidades cocaleras, estrategias y herramientas viables. Hay que hablar de tierras; de erradicación voluntaria, no forzosa, como la hecha en la Sierra Nevada en el 2006; de la inequidad en el campo; de fórmulas para relocalizar colonos e impedir que crezca la frontera agrícola -y con ella el desmonte de selva para sembrar coca-; de infraestructura; de conexión con los circuitos comerciales...

En fin, hay que trasladar el debate de la criminalización del campesinado cocalero a la respuesta de sus necesidades. Eso ayudará a impedir que nuevos Miguel Daza sean asesinados y que anónimos colonos bajen a los pueblos del Bajo Cauca a recordarle al Estado que existen.

Fuente: eltiempo.com.co

 


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