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S?bado, 29 de diciembre de 2007

Bolivia en el espejo

El pasado 9 de diciembre la Asamblea Constituyente aprob? en la ciudad de Oruro una nueva Constituci?n para Bolivia. Cuando todo parec?a indicar que el proceso constituyente quedar?a definitivamente bloqueado, 165 de los 255 asamble?stas hicieron frente al boicot de las fuerzas m?s conservadoras y lograron sacar adelante el texto. 410 de los 411 art?culos fueron acordados por dos tercios de los diputados presentes. S?lo uno, relacionado con los latifundios, no obtuvo el consenso previsto en la ley de convocatoria de la Asamblea. A la espera del refer?ndum popular sobre el texto definitivo, el espejo boliviano arroja algunas im?genes ?tiles para explicar no s?lo lo que est? ocurriendo en el pa?s andino sino tambi?n algunas reacciones m?s all? del Atl?ntico.

Lo primero que se desprende del caso boliviano es que la Asamblea Constituyente hubiera sido impensable sin la presi?n de un sinn?mero de movimientos ind?genas, campesinos y populares excluidos hasta entonces de la vida pol?tica del pa?s. La convocatoria de la Constituyente, en efecto, no fue el producto de un pacto entre elites, al modo de la mitificada transici?n espa?ola. Fue por el contrario una impugnaci?n democr?tica, "desde abajo", a una "Rep?blica falseada" que hab?a condenado a la exclusi?n pol?tica, social y cultural a la mayor?a de la poblaci?n.

El presidente Evo Morales abri? camino a esa aspiraci?n y agiliz?, una vez electo, la convocatoria de la Asamblea. Sin embargo, la forma legal que se dio a ese impulso no fue la mejor. Por un lado, dificult? la participaci?n directa de los sectores populares organizados que, pese a estar expl?citamente reconocidos como actores del proceso, un complejo procedimiento los acab? subordinando al sistema de partidos existente. Por otro, otorg?, con el sistema de mayor?as cualificadas establecido (2/3), un notable poder de veto a la oposici?n.

Este contexto permiti? a la oligarqu?a y a sus aliados jugar todas sus cartas al sabotaje del proceso constituyente. Esta actitud, sumada, a un contexto pol?tico ya de por s? tenso y complejo y, naturalmente, a las limitaciones del propio oficialismo, explica que el texto finalmente aprobado adolezca de una considerable falta de sistematicidad e incluso de incongruencias, omisiones e innecesarias reiteraciones. La nueva Constituci?n boliviana no es una Constituci?n "de profesores", aprobada en tiempos relativamente pacificados, como la Constituci?n republicana espa?ola de 1931, ni tampoco la Constituci?n de una revoluci?n que, pese a sus divergencias internas, ha derrotado a sus antiguos adversarios, como fue la Constituci?n mexicana de 1917. Es un texto signado por el acoso de una derecha clasista y racista que ha demostrado estar dispuesta a lo que haga falta con tal de impedir que los "hijos" de Tupac Katari y Bartolina Sisa puedan llegar a ejercer el poder pol?tico en Bolivia.

Con todo, la Constituci?n de Oruro representa el intento m?s decidido de subvertir las din?micas de desigualdad socioecon?mica y de exclusi?n cultural de amplios sectores de la sociedad boliviana, comenzando por los integrantes de los pueblos ind?genas, que conforman alrededor del 60% de la poblaci?n total. Implica, sin duda, un avance cualitativo que lograr?a, al menos parcialmente, superar los l?mites de las reformas constitucionales de signo pluricultural hasta ahora realizadas en otros pa?ses del entorno.

El rasgo central del texto constitucional es la voluntad de articulaci?n pol?tica de una sociedad culturalmente m?s diversa y socialmente menos desigual. El Estado se caracteriza, al mismo tiempo, como "plurinacional, comunitario, libre, auton?mico y descentralizado" y como "unitario" (art. 1). Esa f?rmula, aparentemente contradictoria, refleja el complicado intento de asegurar el autogobierno de los m?s vulnerables ?los pueblos y comunidades ind?genas? y de deslegitimar al mismo tiempo los intentos secesionistas de los m?s poderosos ?las oligarqu?as de los ricos departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

M?s all? de esta tensi?n, sin embargo, existe a lo largo del texto una inequ?voca voluntad de superar la construcci?n monocultural y excluyente del Estado hasta ahora vigente. Para ello se apuesta por una concepci?n normativa pluricultural y plurinacional que d? voz y capacidad de decisi?n a los diferentes grupos ?tnicos y ling??sticos que componen el Estado, comenzando por aquellos que nunca las han tenido. Algunos de los dise?os institucionales previstos para dar concreci?n a este principio pueden ser discutibles. As? ocurre, por ejemplo, con la propuesta de un Tribunal Constitucional Plurinacional que, al ser elegido por sufragio universal (art. 208), podr?a generar una no deseada colisi?n de legitimidades electorales directas con el Presidente y con el Poder Legislativo. Lo que no puede objetarse es el principio de fondo que inspira este tipo de propuestas: sin instituciones con sensibilidad pluricultural y plurinacional no es posible que haya una democracia cre?blemente inclusiva. O dicho de otra manera: en sociedades integradas por pueblos con lenguas, tradiciones e instituciones propias, las condiciones materiales de ejercicio de la democracia s?lo pueden entenderse como condiciones de igualdad social, pero tambi?n cultural.

Esto, precisamente, es lo que se propone la nueva Constituci?n de Bolivia cuando considera fin esencial del Estado (art. 9) la construcci?n de una sociedad "cimentada en la descolonizaci?n, sin discriminaci?n ni explotaci?n, con plena justicia social, consolidando las identidades plurinacionales" (art. 9). O cuando, a la hora de caracterizar el sistema de gobierno (art. 11) junto a los elementos propios de una democracia representativa y participativa se incluye tambi?n la dimensi?n comunitaria que aportan los pueblos ind?genas.

Naturalmente, combinar los presupuestos de una ciudadan?a a la vez igualitaria y diversa, no es sencillo. Sobre todo porque no puede establecerse a priori si un trato igual es signo de inclusi?n o de ileg?tima descaracterizaci?n, o si un trato diverso es signo de respeto o inadmisible tolerancia de un privilegio. Una democracia pluralista como la que aspira a construir la Constituci?n boliviana no pretende asentarse en el relativismo ?tico seg?n el cual "todo da igual". Antes bien, el respeto a la diversidad y la exigencia de igualdad entre culturas y naciones aparece como un corolario de la consideraci?n de la dignidad humana como valor superior, como l?mite de lo decidible. El punto clave est? en que lo que deba entenderse por dignidad humana no puede venir decidido de antemano por un ?nico int?rprete ni por un traductor privilegiado de las diferentes pr?cticas culturales, normalmente perteneciente a las clases y grupos ?tnicos dominantes. Lo que la concepci?n pluralista procura es que la construcci?n de un horizonte com?n de sentido se realice a partir de los paisajes trazados por las distintas culturas existentes y no al margen de ellas.

De ah? la centralidad otorgada a la presencia de instituciones y jurisdicciones ind?genas en pie de igualdad con el resto de jurisdicciones ordinarias (art. 199). De ah? la necesidad de que los "derechos fundamentales" civiles, pol?ticos y sociales que todos sin exclusi?n deben respetar, no sean vistos sin m?s como imposiciones unilaterales de un actor social en detrimento del resto, sino como expresi?n de un di?logo constante entre culturas y de una permanente actualizaci?n del derecho de autodeterminaci?n de los pueblos, incluidos los ind?genas.

Evidentemente, la viabilidad de una apuesta normativa e institucional de este tipo no depende principalmente de las bondades "t?cnicas" de la Constituci?n ni pueden confiarse a la buena voluntad de los actores involucrados. Las cuestiones jur?dicas, como recordaba Lassalle, son ante todo cuestiones de poder. Y una democracia pluralista que, al tiempo que cuestiona una forma de organizaci?n culturalmente excluyente, abre nuevos espacios de decisi?n en torno al trabajo, la producci?n, el consumo, o los recursos naturales y energ?ticos, comporta transformaciones sociales enormes que no pueden ser aceptadas por quienes se benefician del estado actual de cosas.

Por ello las alarmas no han tardado en saltar. En Bolivia, como demuestran las m?ltiples exhibiciones de desobediencia "incivil" protagonizadas por la oposici?n y por los representantes de los departamentos m?s ricos, pero tambi?n fuera de ella donde el proceso de democratizaci?n en curso ha puesto en guardia a los corifeos del status quo.

En el caso espa?ol, no han faltado las voces que, aprovechando la tribuna que con generosidad les ofrece la prensa respetable, han puesto el grito en el cielo, afirmando por ejemplo que la Constituci?n boliviana pretende situar "los usos y costumbres de 35 grupos aut?ctonos en pie de igualdad con la legislaci?n cosmopolita del hombre blanco". Seg?n esta sutil lectura, se injertar?a en el Estado una "shar?a precolombina" dispuesta a imponerse por v?a "autoritaria y sangrienta" sobre la Bolivia inscrita en la tradici?n "liberal-individualista de Occidente".

M?s que cosmopolitismo, este tipo de declaraciones reflejan un tosco provincialismo que, m?s all? de su impl?cito racismo y de su escasa cultura hist?rica, ni siquiera hace honor a lo mejor de la tradici?n "liberal-individualista". Mucho m?s cuando no s?lo Bolivia, sino un total de 143 estados, entre ellos el espa?ol, acaban de acordar, en septiembre de este a?o, la Declaraci?n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind?genas. Esta Declaraci?n reconoce, con un ?nimo cosmopolita de cu?o muy diverso, que los pueblos ind?genas en tanto que "iguales a todos los dem?s pueblos", tienen derecho a la libre determinaci?n y gozan del "derecho a ser diferentes"; que "tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones pol?ticas, jur?dicas, econ?micas, sociales y culturales"; as? como a "practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales" ya que el respeto "de los conocimientos, las culturas y las pr?cticas tradicionales ind?genas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo".

Vistas as? las cosas, es comprensible que lo que est? ocurriendo en Bolivia genere hondo desasosiego no s?lo entre las oligarqu?as locales y sus aliados sino tambi?n m?s all? del Atl?ntico y, sobre todo, m?s ac? de los Pirineos. Y ello no s?lo por los jugosos intereses que las empresas espa?olas puedan tener en los recursos naturales y energ?ticos de Am?rica Latina. Hay otras razones: se trata de un proceso que est? dejando al descubierto el car?cter excluyente de las actuales democracias "de baja intensidad", la escasa sensibilidad pluriling??stica y plurinacional de las cuales, o las consecuencias nefastas de su privatizaci?n de ciertos servicios y recursos b?sicos, obliga a ablandar las barbas de quienes se han instalado c?modamente en el relato angelical de la "transici?n" y de las bondades de la monarqu?a parlamentaria. Por eso, con sus l?mites y errores, es importante asomarse al espejo de Bolivia. Porque refleja cosas que nos conciernen.

Marco Aparicio y Gerardo Pisarello*
Sin Permiso

* Marco Aparicio Wilhelmi y Gerardo Pisarello son profesores de Derecho Constitucional en las Universidades de Girona y Barcelona, respectivamente.

Fuente: Rebeli?n

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