Domingo, 02 de diciembre de 2007
Rebrote o una nueva etapa del conflicto armado
Hay un debate que se viene alargando desde hace un buen tiempo, tal vez desde que se inici? el Estado de Emergencia en el Alto Huallaga: es sobre el supuesto rebrote terrorista.
Diferentes l?deres y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de derechos humanos han advertido de una creciente acci?n senderista, tanto en el plano de adoctrinamiento como de organizaci?n de las poblaciones rurales. Frente a estas advertencias y pronunciamientos, los representantes del estado han dicho que no debemos ser alarmistas, que no existe rebrote ni cosa parecida. S?lo actos desesperados de SL para hacer notar su presencia y que no volver? a ser lo que fue antes.
Hasta hace dos a?os, se pod?a tolerar este debate, pero hoy ha devenido ocioso. Quienes han vivido de cerca el proceso de violencia desde 1980 pueden corroborar nuestra afirmaci?n: ya estamos en una nueva etapa del conflicto armado interno. Y no es ser alarmista. A pesar que algunos analistas (Fernando Rospigliosi) o los Ministros dicen que no hay posibilidad de rebrote (Allan Wagner y Luis Alva Castro), o que es el narcotr?fico que utiliza a SL como sicarios (Jaime Antezana), nosotros observamos caracter?sticas comunes a las de 1980. ?Artemio? dio el aviso y nadie le tom? en serio.
ADVERTENCIAS DEL INFORME DE LA CVR
Al respecto debemos citar la Conclusi?n N ? 81 del Informe Final de la Comisi?n de la Verdad y Reconciliaci?n, que dice:
? La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que hab?a tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas pol?ticas del pa?s. Una vez que el incremento del n?mero de acciones subversivas armadas lo volvi? inocultable, el gobierno de AP y la oposici?n perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a partir de sus propias agendas pol?ticas. Debe se?alarse que ese tiempo perdido en diagn?sticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del PCP-SL en diversas ?reas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno?.
Al inicio del Gobierno de Acci?n Popular y el PPC (1980 ? 1985) se dec?a que los actos de violencia eran realizados por las bandas de abigeos. Se err? el diagn?stico, se le consider? un problema marginal, mientras SL avanzaba en las comunidades rurales.
Muchas personas y organizaciones han insistido durante estos ?ltimos a?os en que las autoridades traten el tema con seriedad, pero no fueron escuchadas. La oficina del Comisionado para la Paz y el Desarrollo en Tingo Mar?a recibi? propuestas desde la sociedad civil, pero cay? en un enfoque unilateral y polic?aco del tema. Ni el Gobierno Regional, ni los gobiernos locales, menos los sectores del gobierno central han formulado propuestas para adecuarse al estado de emergencia.
No podemos esperar que comiencen a llegar los muertos en camiones, como antes, para decir hay rebrote o lo que quieran llamarlo. ?Estamos perdiendo el tiempo de manera incre?ble? ?estamos repitiendo los mismos errores del a?o 1980?
Si leemos la Conclusi?n N ? 82 nos daremos cuenta que no hemos cambiado en nada respecto al tratamiento del tema, que las instituciones siguen tan mal como antes:
? La CVR constata que el gobierno opt? por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales y con medidas de excepci?n que se prorrogaron ininterrumpidamente. Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinaci?n entre ellas, desprovistas de equipamiento b?sico y sin el respaldo de una pol?tica contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de la poblaci?n que fue trasladado hacia el gobierno (?)?
El Estado de Emergencia en Leoncio Prado, Mara??n, Huacaybamba y Huamal?es, (as? como en Tocache y Padre Abad) que fue implantado por el gobierno mediante Decreto Supremo N? 098-2005-PCM, a ra?z de la emboscada de Angashyacu (cerca de Aucayacu) en diciembre del 2005, ha venido prorrog?ndose sin mayores resultados. En ese momento se forma el Frente Policial Huallaga, recibiendo 50 millones de soles para sus fines, pero hasta ahora no tenemos ni informaci?n de sus logros ni resultados aceptables en la zona. Y ya son dos a?os de estado de emergencia.
ESTADO REACTIVO
Lamentablemente tenemos un Estado grande, flaco y tonto. Es un Estado pesado, reactivo, sin reflejos, sin eficacia. Esto se demuestra en el triste espect?culo que est?n dando los personajes del gobierno: en menos de un mes se producen dos emboscadas fatales, con cinco polic?as muertos y siete heridos en Huancavelica. Y ellos salen a explicar, dizque para tranquilizar al pa?s, que no hay rebrote, que son narcotraficantes. Pero luego caen en vergonzosas contradicciones, dicen que son elementos de SL que sirven al narcotr?fico, luego dicen que SL produce y comercializa su propia droga, se mantiene el estado de emergencia para combatir a Alipio y sus 200 hombres en el VRAE, y solicitan m?s presupuesto para el combate.
?Y las facultades extraordinarias que recibi? el gobierno para legislar en materia de seguridad, narcotr?fico y terrorismo?, ?por qu? ahora se forma una comisi?n para estudiar el endurecimiento de las normas?, ?por qu? el Presidente sale a mostrarse como el Gran Juez del pa?s anunciando que publicar? los nombres de los presos que fueron liberados por haber cumplido su condena o por indulto?
La idea de publicar los nombres de 1800 liberados indica con claridad que el Gobierno aprista no tiene pol?tica antisubversiva. Muchas personas lo vienen diciendo desde hace tiempo: hay que trabajar de manera integral para la lucha contra la subversi?n y el narcotr?fico. Sin embargo, s?lo hay una reacci?n gubernamental cuando se produce alg?n atentado, que no es broma, porque siempre mueren polic?as desguarnecidos. S?lo en el Huallaga tenemos alrededor de una docena de PNP asesinados por SL.
S.L. CONTIN?A SU GUERRA VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Mucha raz?n tiene el Presidente Regional de Hu?nuco cuando dice que para derrotar a SL hay que conocer el marxismo. Los que dirigen los destinos del pa?s (gobierno central, regional y local) deben conocer el mao?smo: la ?guerra del campo a la ciudad?, ?guerra prolongada?, etc., lo que explica el famoso ?Acuerdo de Paz? que tanta propaganda hizo Fujimori y Montesinos en su momento como un gran logro, cuando era la t?ctica de Abimael; la alianza SL ? narcotr?fico; las escuelas pol?ticas en el Alto Huallaga, la organizaci?n de las comunidades rurales, su inserci?n en organizaciones legales, y otras formas de mimetizarse para sobrevivir.
SL aplica todas las formas de lucha, seg?n el marxismo, a nivel econ?mico, pol?tico e ideol?gico. Sin embargo, esto no es una novela de rom?nticos guerrilleros que se van al monte a luchar por la justicia. SL est? cometiendo diversas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. A diario tenemos noticias que SL asesina a sospechosos de ?soplonaje? y a gente de ?mal vivir?, hace ?justicia? a la gente de las comunidades, secuestra a funcionarios y trabajadores de las instituciones de desarrollo, enrola a los j?venes de manera compulsiva, y otros hechos similares.
Es lo mismo que se?ala la CVR en su Conclusi?n N? 28:
? La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas pr?cticas, se?ala que miembros del PCP-SL, y en especial su direcci?n nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisi?n de cr?menes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la poblaci?n civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes espec?ficos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR , graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actu? el PCP-SL en el terreno, escud?ndose en la poblaci?n civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traici?n, entre otros m?todos similares como el recurso a acciones terroristas, constituy? un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la poblaci?n civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades?.
No se trata de pacificar a cualquier precio o caeremos en lo mismo que hizo Fujimori, con un marco legislativo anticonstitucional, con grupos clandestinos, sin arreglar los problemas sociales, pero si con una campa?a de propaganda para enga?ar al pueblo. Ojal? que no se repita lo que dice la CVR en su Conclusi?n N? 38, respecto al rol que le toc? jugar a los gobiernos de AP y el APRA en su primer gobierno:
? La CVR constata no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese per?odo carecieron de la comprensi?n necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado planteado por PCP-SL y el MRTA. Existi? un inter?s por poner en marcha la Constituci?n de 1979, por desarrollar el pa?s y por hacer que la relaci?n entre gobernantes y gobernados fuese expresi?n del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Bela?nde como el del presidente Alan Garc?a erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir social, pol?tica, econ?mica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilizaci?n del conjunto de la poblaci?n para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos democr?ticos a la subversi?n armada y al terrorismo?.
Ya estamos en medio de una guerra que nadie quiere, pero no hacemos lo suficiente para evitarlo. No esperemos que lleguen decenas de muertos, que haya asesinatos en nuestro barrio o en la universidad para convencernos. Hay que evitar la guerra construyendo el desarrollo y democracia con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Hu?nuco, 26 de noviembre de 2007
Por: Edgar Vilca Figueredo
dgar Vilca Figueredo
IREPAZ - HUANUCO
Fuente: Para que no se Repita
Diferentes l?deres y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de derechos humanos han advertido de una creciente acci?n senderista, tanto en el plano de adoctrinamiento como de organizaci?n de las poblaciones rurales. Frente a estas advertencias y pronunciamientos, los representantes del estado han dicho que no debemos ser alarmistas, que no existe rebrote ni cosa parecida. S?lo actos desesperados de SL para hacer notar su presencia y que no volver? a ser lo que fue antes.
Hasta hace dos a?os, se pod?a tolerar este debate, pero hoy ha devenido ocioso. Quienes han vivido de cerca el proceso de violencia desde 1980 pueden corroborar nuestra afirmaci?n: ya estamos en una nueva etapa del conflicto armado interno. Y no es ser alarmista. A pesar que algunos analistas (Fernando Rospigliosi) o los Ministros dicen que no hay posibilidad de rebrote (Allan Wagner y Luis Alva Castro), o que es el narcotr?fico que utiliza a SL como sicarios (Jaime Antezana), nosotros observamos caracter?sticas comunes a las de 1980. ?Artemio? dio el aviso y nadie le tom? en serio.
ADVERTENCIAS DEL INFORME DE LA CVR
Al respecto debemos citar la Conclusi?n N ? 81 del Informe Final de la Comisi?n de la Verdad y Reconciliaci?n, que dice:
? La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que hab?a tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas pol?ticas del pa?s. Una vez que el incremento del n?mero de acciones subversivas armadas lo volvi? inocultable, el gobierno de AP y la oposici?n perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a partir de sus propias agendas pol?ticas. Debe se?alarse que ese tiempo perdido en diagn?sticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del PCP-SL en diversas ?reas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno?.
Al inicio del Gobierno de Acci?n Popular y el PPC (1980 ? 1985) se dec?a que los actos de violencia eran realizados por las bandas de abigeos. Se err? el diagn?stico, se le consider? un problema marginal, mientras SL avanzaba en las comunidades rurales.
Muchas personas y organizaciones han insistido durante estos ?ltimos a?os en que las autoridades traten el tema con seriedad, pero no fueron escuchadas. La oficina del Comisionado para la Paz y el Desarrollo en Tingo Mar?a recibi? propuestas desde la sociedad civil, pero cay? en un enfoque unilateral y polic?aco del tema. Ni el Gobierno Regional, ni los gobiernos locales, menos los sectores del gobierno central han formulado propuestas para adecuarse al estado de emergencia.
No podemos esperar que comiencen a llegar los muertos en camiones, como antes, para decir hay rebrote o lo que quieran llamarlo. ?Estamos perdiendo el tiempo de manera incre?ble? ?estamos repitiendo los mismos errores del a?o 1980?
Si leemos la Conclusi?n N ? 82 nos daremos cuenta que no hemos cambiado en nada respecto al tratamiento del tema, que las instituciones siguen tan mal como antes:
? La CVR constata que el gobierno opt? por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales y con medidas de excepci?n que se prorrogaron ininterrumpidamente. Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinaci?n entre ellas, desprovistas de equipamiento b?sico y sin el respaldo de una pol?tica contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de la poblaci?n que fue trasladado hacia el gobierno (?)?
El Estado de Emergencia en Leoncio Prado, Mara??n, Huacaybamba y Huamal?es, (as? como en Tocache y Padre Abad) que fue implantado por el gobierno mediante Decreto Supremo N? 098-2005-PCM, a ra?z de la emboscada de Angashyacu (cerca de Aucayacu) en diciembre del 2005, ha venido prorrog?ndose sin mayores resultados. En ese momento se forma el Frente Policial Huallaga, recibiendo 50 millones de soles para sus fines, pero hasta ahora no tenemos ni informaci?n de sus logros ni resultados aceptables en la zona. Y ya son dos a?os de estado de emergencia.
ESTADO REACTIVO
Lamentablemente tenemos un Estado grande, flaco y tonto. Es un Estado pesado, reactivo, sin reflejos, sin eficacia. Esto se demuestra en el triste espect?culo que est?n dando los personajes del gobierno: en menos de un mes se producen dos emboscadas fatales, con cinco polic?as muertos y siete heridos en Huancavelica. Y ellos salen a explicar, dizque para tranquilizar al pa?s, que no hay rebrote, que son narcotraficantes. Pero luego caen en vergonzosas contradicciones, dicen que son elementos de SL que sirven al narcotr?fico, luego dicen que SL produce y comercializa su propia droga, se mantiene el estado de emergencia para combatir a Alipio y sus 200 hombres en el VRAE, y solicitan m?s presupuesto para el combate.
?Y las facultades extraordinarias que recibi? el gobierno para legislar en materia de seguridad, narcotr?fico y terrorismo?, ?por qu? ahora se forma una comisi?n para estudiar el endurecimiento de las normas?, ?por qu? el Presidente sale a mostrarse como el Gran Juez del pa?s anunciando que publicar? los nombres de los presos que fueron liberados por haber cumplido su condena o por indulto?
La idea de publicar los nombres de 1800 liberados indica con claridad que el Gobierno aprista no tiene pol?tica antisubversiva. Muchas personas lo vienen diciendo desde hace tiempo: hay que trabajar de manera integral para la lucha contra la subversi?n y el narcotr?fico. Sin embargo, s?lo hay una reacci?n gubernamental cuando se produce alg?n atentado, que no es broma, porque siempre mueren polic?as desguarnecidos. S?lo en el Huallaga tenemos alrededor de una docena de PNP asesinados por SL.
S.L. CONTIN?A SU GUERRA VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Mucha raz?n tiene el Presidente Regional de Hu?nuco cuando dice que para derrotar a SL hay que conocer el marxismo. Los que dirigen los destinos del pa?s (gobierno central, regional y local) deben conocer el mao?smo: la ?guerra del campo a la ciudad?, ?guerra prolongada?, etc., lo que explica el famoso ?Acuerdo de Paz? que tanta propaganda hizo Fujimori y Montesinos en su momento como un gran logro, cuando era la t?ctica de Abimael; la alianza SL ? narcotr?fico; las escuelas pol?ticas en el Alto Huallaga, la organizaci?n de las comunidades rurales, su inserci?n en organizaciones legales, y otras formas de mimetizarse para sobrevivir.
SL aplica todas las formas de lucha, seg?n el marxismo, a nivel econ?mico, pol?tico e ideol?gico. Sin embargo, esto no es una novela de rom?nticos guerrilleros que se van al monte a luchar por la justicia. SL est? cometiendo diversas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. A diario tenemos noticias que SL asesina a sospechosos de ?soplonaje? y a gente de ?mal vivir?, hace ?justicia? a la gente de las comunidades, secuestra a funcionarios y trabajadores de las instituciones de desarrollo, enrola a los j?venes de manera compulsiva, y otros hechos similares.
Es lo mismo que se?ala la CVR en su Conclusi?n N? 28:
? La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas pr?cticas, se?ala que miembros del PCP-SL, y en especial su direcci?n nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisi?n de cr?menes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la poblaci?n civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes espec?ficos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR , graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actu? el PCP-SL en el terreno, escud?ndose en la poblaci?n civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traici?n, entre otros m?todos similares como el recurso a acciones terroristas, constituy? un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la poblaci?n civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades?.
No se trata de pacificar a cualquier precio o caeremos en lo mismo que hizo Fujimori, con un marco legislativo anticonstitucional, con grupos clandestinos, sin arreglar los problemas sociales, pero si con una campa?a de propaganda para enga?ar al pueblo. Ojal? que no se repita lo que dice la CVR en su Conclusi?n N? 38, respecto al rol que le toc? jugar a los gobiernos de AP y el APRA en su primer gobierno:
? La CVR constata no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese per?odo carecieron de la comprensi?n necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado planteado por PCP-SL y el MRTA. Existi? un inter?s por poner en marcha la Constituci?n de 1979, por desarrollar el pa?s y por hacer que la relaci?n entre gobernantes y gobernados fuese expresi?n del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Bela?nde como el del presidente Alan Garc?a erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir social, pol?tica, econ?mica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilizaci?n del conjunto de la poblaci?n para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos democr?ticos a la subversi?n armada y al terrorismo?.
Ya estamos en medio de una guerra que nadie quiere, pero no hacemos lo suficiente para evitarlo. No esperemos que lleguen decenas de muertos, que haya asesinatos en nuestro barrio o en la universidad para convencernos. Hay que evitar la guerra construyendo el desarrollo y democracia con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Hu?nuco, 26 de noviembre de 2007
Por: Edgar Vilca Figueredo
dgar Vilca Figueredo
IREPAZ - HUANUCO
Fuente: Para que no se Repita
