contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Martes, 18 de septiembre de 2007

Alan privatizado ?Acaso el Estado es de los grandes empresarios mineros?

El proceso de reprivatizaci?n del Estado, llevado a cabo de manera mafiosa durante el fujimorato, sigue gozando de buena salud. Dos hechos recientes as? lo se?alan: la entrega a los grandes empresarios del proceso de reconstrucci?n de las zonas devastadas por el sismo y la f?rrea oposici?n gubernamental a la consulta popular de tres municipios piuranos sobre la conveniencia de la actividad minera en su zona.

El Estado, por definici?n, encarna la autoridad p?blica y le corresponde ejercerla, se supone, en representaci?n y para beneficio de todos. Pero en nuestro pa?s el Estado republicano naci? como un Estado patrimonial, es decir, contradictoriamente, con due?os, como patrimonio del grupo criollo que hered? el poder colonial.

Esta situaci?n ha sido lentamente revertida a lo largo de la rep?blica, en especial en los ?ltimos 80 a?os, que han sido testigos de un important?simo proceso de democratizaci?n social y pol?tica. Sin embargo, esta democratizaci?n sufri? un duro rev?s durante la dictadura que, practicando una suerte de neopatrimonialismo, privatiz? no solo empresas sino buena parte de la autoridad p?blica.

El actual gobierno de Garc?a, a pesar de pertenecer a un partido cuyo fundador insurgi? a la vida pol?tica precisamente luchando contra el Estado patrimonial, ha decidido no s?lo continuar -como ya hizo el gobierno de Toledo- sino en muchos casos profundizar esta reprivatizaci?n estatal del r?gimen autoritario.

En el caso de Forsur es clar?simo. El Estado, en lugar de asumir sus obligaciones, abdica de ellas. Ciertamente, el problema de la reconstrucci?n es complejo, pero son las autoridades locales y regionales las que han debido ponerse al frente, con la ayuda y el asesoramiento del gobierno central. Los empresarios privados, sobre todo los relacionados con la zona, pueden y deben colaborar, pero no mandar. Si mandan se termina la autoridad p?blica y la l?gica de servicio que ella supone, para ser reemplazada por una autoridad distinta cuya l?gica, obedeciendo a su naturaleza, es la ganancia.

El caso de la consulta popular es similar. Nadie discute la importancia de la miner?a para el desarrollo del pa?s y de las regiones en las que se asienta, pero el desarrollo minero no puede darse al margen de la opini?n de las poblaciones en cuyos territorios se va a producir.

La oposici?n del gobierno a la consulta, no vinculante por lo dem?s, es su oposici?n a escuchar la opini?n de otros peruanos que no son empresarios mineros pero que van a ser directamente afectados por la actividad de estos. La salida deber?a ser el acuerdo y no la imposici?n, que es lo que hasta ahora se concluye de las reiteradas declaraciones del Presidente. ?Acaso el Estado es de los grandes empresarios mineros? Hasta ahora parece que s?. Es m?s, diera la impresi?n de que no est?n dispuestos a compartirlo con nadie.

En estas condiciones de profundizaci?n de la privatizaci?n del Estado, el choque con las instituciones de la democracia va a ser cada vez m?s agudo. Ojal? no lleguemos a ning?n desenlace fatal.

Nicol?s Lynch.
LA REPUBLICA Jueves, 13 de Septiembre 2007

Fuente: CONFLICTOS MINEROS EN AMERICA LATINA

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