contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Lunes, 17 de septiembre de 2007

No los quieren en los Andes de Piura

Se viene un conflicto en los andes de Piura. De un lado la minera Majaz, con el apoyo del Ministerio de Energ?a y Minas, y del otro los campesinos de la provincia de Ayabaca, decididos a proteger sus fuentes de agua y sus tierras de la contaminaci?n inherente a la actividad minera.

Majaz exhibe la bendici?n que el gobierno le ha dado a su proyecto R?o Blanco, pero los reparos de la Defensor?a del Pueblo no pueden ser ignorados.

Un sentimiento que se extiende y que parece ser exacerbado por el propio gobierno al negociar un contrato a espaldas de las comunidades de la zona. En la sierra de Piura, un conflicto a todas luces violento asoma en el horizonte. Una serie de hechos demuestran que el enfrentamiento entre la minera Majaz y las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, a ra?z del proyecto R?o Blanco, se agudizar? y traer? consecuencias que lamentar.

La disputa empez? el a?o 2003 y el domingo 16 de setiembre ingresar? a una etapa decisiva cuando se celebre la consulta vecinal convocada por los municipios de Ayabaca, Pacaicampa y Carmen de la Frontera para que sus respectivas poblaciones se pronuncien sobre si desean o no.

Si bien no se trata de una votaci?n vinculante, sus promotores esperan que el resultado a favor del "No" sea lo suficientemente contundente y haga entender a Majaz de la inconveniencia de seguir adelante con sus planes de extracci?n de cobre y molibdeno. De lo contrario, la tensi?n podr?a derivar en violencia. Lo que se viene Image Los campesinos de Piura se han organizado para preservar su ecosistema.

Apuestan por un modelo de desarrollo y no quieren imposiciones desde Lima. "Si lo que usted desea saber es qu? puede pasar si no se entiende que preferimos la agricultura a la miner?a, le voy a decir la verdad: si Majaz se queda puede haber violencia, no buscada por nosotros sino por ellos". Magdiel Carri?n, presidente de la Federaci?n Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, es claro en su advertencia sobre lo que seguramente ocurrir? si no se alcanza un acuerdo por las buenas. "?Qu? cosa se puede esperar de una empresa que ocupa sin autorizaci?n territorios ajenos? ?Y c?mo puede reaccionar el pueblo si no se le ofrece una salida pac?fica, si sus derechos elementales a la salud, a la vida, se vulneran, si no se nos considera ciudadanos iguales al resto y se decide nuestro futuro desde Lima?", pregunta Carri?n.

Al revisar los antecedentes de la historia, resulta notorio que Minera Majaz (subsidiaria de Monterrico Metals, cuyo principal accionista es el consorcio chino Zijin) cuenta con el apoyo total del Estado (l?ase 'gobierno') y que, en esa apuesta por la inversi?n que el proyecto R?o Blanco representa (US$ 1,000 millones en 20 a?os), los campesinos aparecen postergados en sus reclamos, son peruanos ignorados, invisibles para el Estado.

Y tal situaci?n solamente puede exacerbar ?nimos. ?De qu? clase de quejas hablamos? La principal tiene que ver con el hecho de que Majaz, seg?n la Defensor?a del Pueblo, est? ocupando ilegalmente los terrenos de las comunidades. Aun cuando los comuneros no poseen los derechos del subsuelo, dos tercios de la asamblea comunal deben dar su aprobaci?n antes de que la superficie sea utilizada por terceros.

Majaz no ha conseguido ese aval indispensable para iniciar exploraciones, y tampoco para la instala ci?n de campamentos. Majaz se defiende y arguye que todo se encuentra en orden. El gran temor de los campesinos es el da?o ambiental que R?o Blanco provocar?a en el ecosistema. Sobre este punto decisivo tampoco existe una respuesta expl?cita de la minera.

As?, a caballo entre la incertidumbre y lo que asumen que es un atropello a sus derechos, se aprestan a hacerse escuchar. "Defenderemos nuestro derecho a una vida con salud", sostiene Sixto Alberca, presidente del Frente ?nico en Defensa de la Vida del Medio Ambiente del distrito de Carmen de la Frontera. Los principales dirigentes se escuchan decididos e inflexibles en sus prop?sitos. No quieren a Majaz. ?Hasta d?nde est?n dispuestos a llegar? Engreimientos estatales Image La producci?n de limones se exporta a Europa y EEUU.

Tambogrande apost? por la agricultura y le va bien. Si los campesinos hubieran sentido desde el inicio una preocupaci?n real del Estado por absolver sus dudas y cuestionamientos, el panorama ser?a menos conflictivo. En cambio, hemos llegado a un punto en donde la violencia surge como posibilidad latente en defensa de lo que ellos consideran justo.

Un imprescindible y demoledor informe elaborado por una delegaci?n independiente coordinada por el Per? Support Group (PSG), organizaci?n con sede en el Reino Unido, da cuenta de ello. Las conclusiones a las que arriban los investigadores (un especialista en ambiente y desarrollo, catedr?ticos de antropolog?a y geograf?a y un miembro del Parlamento Brit?nico) son particularmente reveladoras.

Se?alan textualmente que el Ministerio de Energ?a y Minas (MEM) responde, ?nicamente, a las demandas y preocupaciones de Majaz, respeta sus derechos de concesi?n y de superficie y, por a?adidura, "para todos los fines y prop?sitos" desestima los hallazgos de la Defensor?a del Pueblo "el actor m?s neutral del conflicto". En contraparte, el mismo MEM no responde a las preocupaciones de las poblaciones locales, no respeta los derechos de superficie de las comunidades y, en buena cuenta, ignora sus demandas.

Los expertos recalcan adem?s que el Poder Judicial enjuici? a miembros de la poblaci?n local por da?os a la propiedad, pero no hall? culpable alguno por la muerte de dos campesinos, Reemberto Herrera Racho y Melanio Garc?a Gonz?lez, victimados durante las marchas de protesta hacia el asentamiento minero. "Esta situaci?n es peligrosa. Para la delegaci?n no resulta dif?cil apreciar que podr?a llevar, en ?ltima instancia, a que los activistas y pobladores locales concluyan que sus opciones para defender sus intereses son muy limitadas y que el recurso a la violencia parece ser su opci?n m?s efectiva.

La delegaci?n no la justifica, pero cree que antes de rechazarla es importante comprenderla?", se advierte en el estudio. A esta sucesi?n de tratos diferenciados, se suma el ?ltimo engreimiento del gobierno: un convenio de estabilidad tributaria firmado a inicios de agosto con Majaz, una pr?ctica discriminatoria en contra de las empresas peruanas que no disponen de ese r?gimen especial.

Suscrito al amparo de la Constituci?n de 1993, el contrato de estabilidad tributaria impide que se le aplique, por ejemplo, un impuesto a la sobreganancia mientras los precios de los minerales sigan tan extraordinariamente altos como hasta ahora, sin contar privilegios adicionales, como el derecho a renunciar al convenio, cosa que el Estado no puede hacer.

Problema legal

Ha sido escenario de enfrentamientos en los ?ltimos tres a?os. Alejandra Alayza, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), acaba de publicar el libro "No pero s?" que explica las complicadas relaciones entre comunidades y miner?a. Voz autorizada, declara que el procedimiento seguido en el caso Majaz ha sido irregular desde el inicio. "Lo ha dicho la propia Defensor?a del Pueblo, y aun as? el Estado se ha puesto de costado", agrega. Un aspecto que subraya es que en el Per? no existe un marco legal adecuado que regule la actividad minera. Luego, ante la ausencia de instrumentos que ayuden a decidir en d?nde se pueden realizar operaciones extractivas y d?nde no, "se abre la ventana, llegan inversionistas, seguramente que muy importantes, y hacen lo que quieren y de cualquier manera". "No es casualidad que Majaz haya ofrecido 80 millones de d?lares a los campesinos.

Por m?s que la consulta del 16 no sea vinculante, sabe que si arroja resultados negativos muy altos, no contar? con licencia social. Como dijeron muy bien por ah?, Majaz sali? de compras. Es una manera un poco a la bruta, ?no?", sostiene Alayza. Ciertamente, Majaz les propuso a las comunidades crear un fondo privado de 80 millones de d?lares (pagaderos a lo largo de los a?os que dure R?o Blanco). Sin embargo, los dirigentes rechazaron la oferta. "La salud no tiene precio", arguye Sixto Alberca. "Han querido comprar nuestras conciencias", lo secunda Magdiel Carri?n.

Majaz no pierde las esperanzas de que su millonario recurso termine siendo finalmente aceptado por las familias comuneras. "Algunos dirigentes sin representatividad han dado su opini?n. Nosotros esperamos que los involucrados eval?en si les conviene o no", dice Andrew Bristow, gerente de relaciones institucionales de la empresa. Bristow adelant? a DOMINGO que, sin importar los resultados de la consulta del 16 de setiembre, insistir?n en explicarles a los pobladores "los beneficios de la mina". "No queremos violencia. No es buena", a?ade. Coincidimos. Pero acaso la ?nica salida pac?fica viable pase por renunciar a pretensiones de exploraci?n y explotaci?n donde, todo hace suponer, no son bienvenidos. Existen severos riesgos ambientales El informe coordinado por el Per? Support Group indica: "Las mayores preocupaciones que genera R?o Blanco a la delegaci?n son sus efectos a largo plazo (?), ya existen otras concesiones en ?reas adyacentes y si la empresa tiene raz?n en que el proyecto liderar? un desarrollo minero mucho m?s amplio en la regi?n, el impacto ambiental ser? mucho m?s grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura". Jurisprudencia: el caso Tambogrande La consulta popular del 16 presenta un antecedente: la que se realiz? en el tambi?n piurano pueblo de Tambogrande, en junio del 2002.

En esa oportunidad, se consult? a sus habitantes si estaban de acuerdo con la explotaci?n que pretend?a llevar a cabo la minera Manhattan. El resultado fue un rotundo "No". "Y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Per?, mientras los mangos adquieren cada vez m?s renombre en el mercado internacional", escribe en un art?culo Wilfredo Ardito Vega, de APRODEH, tras una reciente visita a la zona que lo dej? gratamente sorprendido por el desarrollo acelerado de un pueblo que apost? por la agricultura.

Por Enrique Patriau

Fuente: Conflictos Mineros en Am?rica Latina

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