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Lunes, 17 de septiembre de 2007

Majaz: El derecho a decidir

Antes que la "Inversi?n" de Majaz, esta el leg?timo derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro

Quiz?s, seria bueno que el Presidente Alan Garcia y los miembros de su Gobierno recuerden que existe una normatividad como la Declaraci?n Universal de Derechos Humanos, la Carta Democr?tica Interamericana; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y pol?ticos de las Naciones Unidas, la Convenci?n Americana sobre derechos Humanos a nivel internacional del cual el pa?s es parte y a nivel nacional la Constituci?n Pol?tica del Per?, la Ley Org?nica de Municipalidades N? 27972 y la Ley de los Derechos de participaci?n y Control Ciudadanos N? 26300 que los obliga a respetar con absoluta claridad el derecho de pobladores de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) a la consulta vecinal sobre la presencia de la minera Majaz en sus territorios el pr?ximo 16 de septiembre.

Con el riesgo de ser se?alado como "antiminero" como alg?n analista pol?tico trata a aquellos que se oponen a la prepotencia, el chantaje y la intromisi?n de una Empresa como Majaz que como muchas del sector minero so pretexto de traer inversi?n y desarrollo al pueblo, quieren imponer su verdad, contando con el desafortunado aval del Gobierno que lejos de preocuparse por los derechos de los pueblos rurales a decidir por su futuro, amenaza y llama "agitadores comunistas" a las personas que han tenido el valor de expresar sin temor su opini?n y desean como muchos pueblos si el desarrollo, pero en el marco de sus propias prioridades, como es la agricultura, entre otras.

La empresas mineras Majaz S.A., Mayar? S.A.C. y Rio Blanco Cooper Limited, al parecer formar parte de la empresa Monterrico Metals Plc, donde su accionista mayoritario es el consorcio Zijin Mining Group Ltd., que se dedica a la extracci?n de oro en China. El socio fundador de la minera Mayar? S.A.C, Alejandro Eguren Anselmi, fue gerente general de la minera Majaz S.A. en el primer semestre del a?o 2003, posee 999 de las mil acciones de la minera Mayar? S.A.C., tal como lo demuestra la partida de inscripci?n N? 11720791 de dicha empresa ante la Superintendencia Nacional de los Registros P?blicos (SUNARP), contando con un capital social de apenas mil nuevos soles, quedando al descubierto el v?nculo m?s entre ambas compa??as y su pretensi?n de constituir un distrito minero en las serran?as de Piura.

Como todos sabemos en una explotaci?n a tajo abierto traer?a como consecuencia la contaminaci?n de las nacientes de la cuenca de los r?os Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas se dirigen hacia los oc?anos Atl?ntico y Pac?fico, respectivamente, representar?a una amenaza a los ecosistemas de monta?a donde se ubican los bosques de neblina y p?ramos, que son fuente de agua para las localidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), las cuales utilizan este recurso h?drico para la agricultura y la ganader?a, actividades de las que depende su econom?a como lo afirma el Blgo. Fidel Torres.

Los efectos contaminantes alcanzar?an, tambi?n, a las provincias de San Ignacio y Ja?n, en Cajamarca. Seg?n mi colega Fidel Torres, significa que, de 862 millones de toneladas de suelo y roca removida, 556 millones de metros c?bicos de l?quidos y lodos t?xicos afectar?a el ecosistema de esa parte del pa?s, dado que la proporci?n contaminante equivaldr?a a dos veces el reservorio de San Lorenzo, siendo inevitable la creaci?n de una nueva colina, pero de basura mineral calculada en unos 905 millones de toneladas.

A todo esto debemos agregar el intento de compra de voluntades de parte de esta minera Majaz a las comunidades Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) con la promesa de otorg?rle 80 millones de dolares durante el proceso de explotaci?n, que como es sabido por lo general no se cumple y por supuesto a sido rechazado.

En un pa?s como el nuestro, donde la actividad minera ha generado un gran pasivo ambiental (Contaminaci?n, destrucci?n de ecosistemas, etc) que no ha sido asumido en su gran mayor?a por ellos y menos por el estado, adem?s muchos de ellos son renuentes aceptar sus errores y no quieren pagar sus multas como la PLUSPETROL o utilizan la amenaza, el seguimiento y la violencia como la minera Yanacocha a trav?s de empresas como FORZA, creo que lo bueno que algunas empresas mineras intentan hacer a favor de una miner?a limpia y responsable social y ambientalmente queda bastante aislada, mucho mas cuando existe un falso esp?ritu de cuerpo entre los miembros de la Sociedad Nacional de Miner?a que no denuncian, ni deslindan con empresas mineras como Majaz y otras que con sus acciones equivocadas y prepotentes abonan a la opini?n desfavorable de la gente hacia este sector.

No es ?tico echar la culpa a otros de los acciones y errores que las propias empresas minera han generan durante largo tiempo, pues as?, es dif?cil que los pueblos pueden confiar en la propuesta de una compa??a minera cuando desde el principio no dice la verdad y mas all? de respetar el derecho de los pueblos a una opini?n diferente, busca el lobby con el gobierno para desde all? pretender imponer su proyecto de inversi?n y que lamentablemente encuentra eco en una errada pol?tica del Gobierno de apoyo a la inversi?n "a cualquier precio".

Adem?s, es harto conocido que los mecanismos para otorgar concesiones y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental no son participativos y por tanto las posibilidades de los pueblos a encontrar all? una respuesta efectiva a sus prioridades es casi nula. Creo que lo mas sensato del lado del Gobierno es asumir su responsabilidad de hacer respetar la constituci?n y las normas legales del Pa?s poniendo como prioridad los derechos de los pueblos a una vida digna y sostenible, por lo tanto debe en todo momento dar las facilidades para que los mecanismos de consulta ciudadana se implementen y se generalicen pues el fundamento principal de la democracia es la participaci?n efectiva de la gente.

No se trata de oponerse a la Miner?a, ni de cualquier proyecto de inversi?n en nuestro Pa?s, se trata de c?mo estas inversiones son transparentes, sostenibles y respetuosas de la legislaci?n nacional, as? como de los derechos de todos los ciudadanos que habitamos este hermoso pa?s. No es casual que los alcaldes de la sierra Piurana, la Defensoria del Pueblo, la ONPE, el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS), Transparencia, entre otras instituciones reconozcan la validez de esta consulta, pues en el fondo existe la percepci?n de que esta en juego el derecho de un pueblo a decidir como quiere vivir.

Es muy c?modo venir al pa?s y decir quiero invertir sin vivir aqu?; es muy f?cil decidir por otros a nombre del Pa?s y el desarrollo y vivir en otro lado; pero para aquellos que vivir?n en la sierra piurana toda su vida les resulta dif?cil verse afectados en el futuro por una actividad minera que ellos no pidieron y que se pretende imponerles. La vida y la salud de las personas esta primero, los pobladores de la sierra piurana as? lo har?n saber con su valiente consulta del 16 de septiembre, que como ayer lo hiciera el pujante pueblo de Tambogrande, quedara claro que solo respetando los derechos y los sue?os de los pueblos se podr? construir un desarrollo que sea sostenible.

El Gobierno no debe temerle a la democracia, por el contrario tiene el deber de fomentarla, ojala esta vez retome el camino de la sensatez por el bien del pa?s.

Por: Blgo. Sandro Ch?vez

Fuente: Conflictos mineros en America Latina

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