Mi?rcoles, 22 de agosto de 2007
Chile: Fujimori, la impunidad y la Corte Suprema chilena
Situaci?n en Chile
?La Corte Suprema chilena tendr? una oportunidad hist?rica para superar la impunidad en Am?rica Latina y en el mundo? sostuvo desde Per? el peruano Francisco Sober?n, director de la Asociaci?n Pro Derechos Humanos, a la espera de la decisi?n que adopten los jueces de la Segunda Sala Penal de este m?ximo tribunal, respecto de la extradici?n del ex dictador Alberto Fujimori. La Coalici?n para la Extradici?n del ex dictador integrada entre otros por Amnist?a Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos de ese pa?s, est?n expectantes aun medio de los dif?ciles momentos que vive la naci?n hermana debido al reciente terremoto.
El martes 21 de agosto la Corte Suprema chilena inicia la vista de la causa de extradici?n, escuchando los alegatos del abogado del Estado peruano el reputado penalista chileno Alfredo Etcheberry y de la defensa de Alberto Fujimori, asumida por el profesional Gabriel Zaliasnik. Tras la negativa a la extradici?n pronunciada el 11 de julio de 2007 por el juez Orlando Alvarez, fascinado por los argumentos de la defensa del dictador, el proceso entr? a la recta final: la sentencia que emitir? en breve la Corte Suprema, ser? definitiva e inapelable.
Los familiares de las v?ctimas del caso La Cantuta, Gisella Ortiz y Raida C?ndor, viajaron a Chile para conocer directamente el resultado. El proceso de extradici?n se fundamenta en graves cr?menes contra los derechos humanos y delitos de corrupci?n. Chile y Per? reconocen la Convenci?n Americana de DDHH y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH . Per? invoca el Tratado de 1932 suscrito por Chile en 1936, adem?s del derecho internacional de DDHH, porque las acciones son torturas y desaparici?n forzada.
A quince a?os de una masacre
Al cumplirse el pasado 17 de julio, quince a?os de los sucesos por los cuales es acusado Fujimori, los familiares de los estudiantes y profesores de la Universidad 'La Cantuta' recordaron con un acto cultural y una misa en la iglesia lime?a de La Recoleta, el aniversario del secuestro, desaparici?n y ejecuci?n de sus familiares. ?Chile: devu?lvenos a Fujimori?, se le?a en uno de los carteles de las masivas marchas de protesta contra la sentencia de primera instancia que neg? la extradici?n del dictador.
La Corte Suprema tuvo a disposici?n 93 kilos de documentos que acreditan los delitos imputados al ex dictador, aportados por el Ministerio P?blico peruano, su Defensor?a del Pueblo, la Comisi?n de Verdad, y organizaciones de DDHH de Per?, as? como los fallos de la Corte Interamericana de DDHH en relaci?n al caso de Barrios Altos.
El cuaderno N? 15-05, se refiere a los casos ?Barrios Altos-La Cantuta?, masacres ejecutadas por el grupo ?Colina?, un escuadr?n de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ej?rcito, ?rgano controlada por Fujimori, en una relaci?n comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparici?n forzosa, incineraci?n de restos y entierros en fosas clandestinas, en la legislaci?n peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparici?n Forzada. En la chilena, ser?an homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El juez que fall? en contra de la extradici?n desech? todos esos argumentos, recurriendo a los criterios de la defensa de Fujimori, copiando textualmente sus fundamentos en el cuestionado fallo.
El modelo pinochetista
En su primera visita a Chile, realizada en marzo de 2006 al iniciarse la solicitud de extradici?n, Francisco Sober?n explicaba a esta periodista: ?Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Per? es como la DINA chilena, y la Operaci?n Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jim?nez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederaci?n General de Trabajadores, ultimado en diciembre de 1992.Nosotros exigimos la extradici?n del pr?fugo para que rinda cuentas por estos cr?menes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue c?spide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistem?ticas a los DDHH en los a?os de r?gimen autoritario y dictatorial que ejerci? en el Per? junto con Vladimiro Montesinos.?.
Sober?n recordaba entonces que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue impulsora de la creaci?n de la Comisi?n de Verdad cuando se produjo el colapso del r?gimen de Fujimori, por lo que se consideran herederos de ese trabajo, para continuar exigiendo verdad, justicia y reparaci?n.
En Per? en 1995 se promulg? una ley de amnist?a, que fue desestimada por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, y en septiembre del 2001, ese tribunal internacional reafirm? que carec?a de efectos jur?dicos. Forzada por esa decisi?n del derecho internacional en materia de derechos humanos, el 2005 la Fiscal?a peruana instruy? la apertura de las investigaciones cerradas por la aplicaci?n de la ley de amnist?a.
Masacre del Pedag?gico lime?o
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operaci?n represiva, ya que tambi?n ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzm?n Valle, ?La Cantuta?, un pedag?gico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. As? record? ella esos d?as: ?Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestr? a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ej?rcito y luego enterrados.?
Revel? tambi?n Andrea la forma en que se descubri? el cad?ver de su hermano Enrique Ortiz Perea:
?Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cart?n a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicaci?n. Se hicieron los ex?menes de ADN y tambi?n se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontr? all? el cad?ver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura F?sica y Deporte. Esta evidencia mostr? la forma cruel en que actuaba este escuadr?n de la muerte?.
Acusaci?n de un ex general
Fujimori se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando lleg? en un vuelo privado desde Tokio, Jap?n, pa?s en que se refugi? luego huir de Per? el 2000. Permanece bajo arresto domiciliario en Chicureo mientras se resuelve la extradici?n. Siguiendo las pautas de trato para victimarios de derechos humanos VIP, Fujimori espera el fallo judicial en una parcela de Chicureo, ubicada al norte de Santiago en la que, como sus vecinos, puede distraerse jugando en alguna de las canchas de golf, o utilizando la piscina temperada y el spa del que disponen ?gente como ?l? o con sus recursos financieros. Hasta ahora el ex dictador nunca ha enfrentado la justicia, pero s? hubo denuncias anteriores contra ?l.
La primera fue formulada por el ex general Rodolfo Robles Espinoza, siendo comandante de la Escuela de Instrucci?n del Ej?rcito (COINDE) y tercer hombre en la jerarqu?a del Ej?rcito peruano. El ex oficial ha declarado que por la forma que se manejaban las Fuerzas Armadas en esa ?poca, todo acto como el de La Cantuta, tuvo que ser conocido y aceptado por Alberto Fujimori. Robles Espinoza fue llamado a retiro, detenido y luego debi? asilarse en Argentina, reiterando en 1994 sus planteamientos ante la Comisi?n Interamericana de DDHH. Este organismo oblig? al Estado peruano a reparar el da?o infringido por la destituci?n del oficial, con una ceremonia de desagravio en la Comandancia General del Ej?rcito, y una reparaci?n econ?mica. Acusaciones similares han formulado tambi?n otros seis comandantes generales del ej?rcito.
Por los cr?menes citados, hay 57 procesados. Entre ellos Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, Nicol?s de Bari Hermosa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros generales y oficiales. Los dos a?os de funcionamiento de la Comisi?n de Verdad, con m?s de 28 audiencias p?blicas donde sobrevivientes y familiares de las v?ctimas daban su testimonio, ayudaron a mantener vivo en la opini?n p?blica los cr?menes ya descritos. Cuando se conoc?an los nombres de los perpetradores, se denunciaban en esas audiencias, pero en otros casos no se sab?an.
La decisi?n de la Corte Suprema revelar? si este tribunal ha incorporado realmente el respeto a la doctrina internacional de derechos humanos y a los pactos firmados por Chile, o si fallar? apelando a criterios y subterfugios como los que permitieron al dictador chileno morir sin una sola sentencia que rompiera la impunidad de la que goz? en vida.
Por: Luc?a Sep?lveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info)
Fuente: Argenpress
?La Corte Suprema chilena tendr? una oportunidad hist?rica para superar la impunidad en Am?rica Latina y en el mundo? sostuvo desde Per? el peruano Francisco Sober?n, director de la Asociaci?n Pro Derechos Humanos, a la espera de la decisi?n que adopten los jueces de la Segunda Sala Penal de este m?ximo tribunal, respecto de la extradici?n del ex dictador Alberto Fujimori. La Coalici?n para la Extradici?n del ex dictador integrada entre otros por Amnist?a Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos de ese pa?s, est?n expectantes aun medio de los dif?ciles momentos que vive la naci?n hermana debido al reciente terremoto.
El martes 21 de agosto la Corte Suprema chilena inicia la vista de la causa de extradici?n, escuchando los alegatos del abogado del Estado peruano el reputado penalista chileno Alfredo Etcheberry y de la defensa de Alberto Fujimori, asumida por el profesional Gabriel Zaliasnik. Tras la negativa a la extradici?n pronunciada el 11 de julio de 2007 por el juez Orlando Alvarez, fascinado por los argumentos de la defensa del dictador, el proceso entr? a la recta final: la sentencia que emitir? en breve la Corte Suprema, ser? definitiva e inapelable.
Los familiares de las v?ctimas del caso La Cantuta, Gisella Ortiz y Raida C?ndor, viajaron a Chile para conocer directamente el resultado. El proceso de extradici?n se fundamenta en graves cr?menes contra los derechos humanos y delitos de corrupci?n. Chile y Per? reconocen la Convenci?n Americana de DDHH y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH . Per? invoca el Tratado de 1932 suscrito por Chile en 1936, adem?s del derecho internacional de DDHH, porque las acciones son torturas y desaparici?n forzada.
A quince a?os de una masacre
Al cumplirse el pasado 17 de julio, quince a?os de los sucesos por los cuales es acusado Fujimori, los familiares de los estudiantes y profesores de la Universidad 'La Cantuta' recordaron con un acto cultural y una misa en la iglesia lime?a de La Recoleta, el aniversario del secuestro, desaparici?n y ejecuci?n de sus familiares. ?Chile: devu?lvenos a Fujimori?, se le?a en uno de los carteles de las masivas marchas de protesta contra la sentencia de primera instancia que neg? la extradici?n del dictador.
La Corte Suprema tuvo a disposici?n 93 kilos de documentos que acreditan los delitos imputados al ex dictador, aportados por el Ministerio P?blico peruano, su Defensor?a del Pueblo, la Comisi?n de Verdad, y organizaciones de DDHH de Per?, as? como los fallos de la Corte Interamericana de DDHH en relaci?n al caso de Barrios Altos.
El cuaderno N? 15-05, se refiere a los casos ?Barrios Altos-La Cantuta?, masacres ejecutadas por el grupo ?Colina?, un escuadr?n de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ej?rcito, ?rgano controlada por Fujimori, en una relaci?n comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparici?n forzosa, incineraci?n de restos y entierros en fosas clandestinas, en la legislaci?n peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparici?n Forzada. En la chilena, ser?an homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El juez que fall? en contra de la extradici?n desech? todos esos argumentos, recurriendo a los criterios de la defensa de Fujimori, copiando textualmente sus fundamentos en el cuestionado fallo.
El modelo pinochetista
En su primera visita a Chile, realizada en marzo de 2006 al iniciarse la solicitud de extradici?n, Francisco Sober?n explicaba a esta periodista: ?Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Per? es como la DINA chilena, y la Operaci?n Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jim?nez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederaci?n General de Trabajadores, ultimado en diciembre de 1992.Nosotros exigimos la extradici?n del pr?fugo para que rinda cuentas por estos cr?menes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue c?spide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistem?ticas a los DDHH en los a?os de r?gimen autoritario y dictatorial que ejerci? en el Per? junto con Vladimiro Montesinos.?.
Sober?n recordaba entonces que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue impulsora de la creaci?n de la Comisi?n de Verdad cuando se produjo el colapso del r?gimen de Fujimori, por lo que se consideran herederos de ese trabajo, para continuar exigiendo verdad, justicia y reparaci?n.
En Per? en 1995 se promulg? una ley de amnist?a, que fue desestimada por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, y en septiembre del 2001, ese tribunal internacional reafirm? que carec?a de efectos jur?dicos. Forzada por esa decisi?n del derecho internacional en materia de derechos humanos, el 2005 la Fiscal?a peruana instruy? la apertura de las investigaciones cerradas por la aplicaci?n de la ley de amnist?a.
Masacre del Pedag?gico lime?o
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operaci?n represiva, ya que tambi?n ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzm?n Valle, ?La Cantuta?, un pedag?gico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. As? record? ella esos d?as: ?Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestr? a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ej?rcito y luego enterrados.?
Revel? tambi?n Andrea la forma en que se descubri? el cad?ver de su hermano Enrique Ortiz Perea:
?Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cart?n a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicaci?n. Se hicieron los ex?menes de ADN y tambi?n se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontr? all? el cad?ver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura F?sica y Deporte. Esta evidencia mostr? la forma cruel en que actuaba este escuadr?n de la muerte?.
Acusaci?n de un ex general
Fujimori se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando lleg? en un vuelo privado desde Tokio, Jap?n, pa?s en que se refugi? luego huir de Per? el 2000. Permanece bajo arresto domiciliario en Chicureo mientras se resuelve la extradici?n. Siguiendo las pautas de trato para victimarios de derechos humanos VIP, Fujimori espera el fallo judicial en una parcela de Chicureo, ubicada al norte de Santiago en la que, como sus vecinos, puede distraerse jugando en alguna de las canchas de golf, o utilizando la piscina temperada y el spa del que disponen ?gente como ?l? o con sus recursos financieros. Hasta ahora el ex dictador nunca ha enfrentado la justicia, pero s? hubo denuncias anteriores contra ?l.
La primera fue formulada por el ex general Rodolfo Robles Espinoza, siendo comandante de la Escuela de Instrucci?n del Ej?rcito (COINDE) y tercer hombre en la jerarqu?a del Ej?rcito peruano. El ex oficial ha declarado que por la forma que se manejaban las Fuerzas Armadas en esa ?poca, todo acto como el de La Cantuta, tuvo que ser conocido y aceptado por Alberto Fujimori. Robles Espinoza fue llamado a retiro, detenido y luego debi? asilarse en Argentina, reiterando en 1994 sus planteamientos ante la Comisi?n Interamericana de DDHH. Este organismo oblig? al Estado peruano a reparar el da?o infringido por la destituci?n del oficial, con una ceremonia de desagravio en la Comandancia General del Ej?rcito, y una reparaci?n econ?mica. Acusaciones similares han formulado tambi?n otros seis comandantes generales del ej?rcito.
Por los cr?menes citados, hay 57 procesados. Entre ellos Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, Nicol?s de Bari Hermosa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros generales y oficiales. Los dos a?os de funcionamiento de la Comisi?n de Verdad, con m?s de 28 audiencias p?blicas donde sobrevivientes y familiares de las v?ctimas daban su testimonio, ayudaron a mantener vivo en la opini?n p?blica los cr?menes ya descritos. Cuando se conoc?an los nombres de los perpetradores, se denunciaban en esas audiencias, pero en otros casos no se sab?an.
La decisi?n de la Corte Suprema revelar? si este tribunal ha incorporado realmente el respeto a la doctrina internacional de derechos humanos y a los pactos firmados por Chile, o si fallar? apelando a criterios y subterfugios como los que permitieron al dictador chileno morir sin una sola sentencia que rompiera la impunidad de la que goz? en vida.
Por: Luc?a Sep?lveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info)
Fuente: Argenpress
