S?bado, 07 de abril de 2007
Drogas-Bolivia: La lucha amable
COROICO, Bolivia, dic (IPS) - El gesto en?rgico de los polic?as antinarc?ticos bolivianos ha cambiado por otro amable que lleva atenci?n primaria de salud a los pobladores de los Yungas, a cambio de confianza y ayuda para detectar fabricantes y traficantes de drogas.
El viceministro encargado de la represi?n al narcotr?fico y ?l mismo cultivador de coca, Felipe C?ceres, ha insistido en que bajo el mandato presidencial del l?der ind?gena Evo Morales, la destrucci?n de plantaciones ilegales se ha de efectuar respetando los derechos humanos y sin violencia.
Esa pol?tica ha llegado a la comandancia de la Unidad M?vil de Patrullaje Rural (Umopar). Su jefe, el teniente coronel de polic?a Julio Cruz Vera, tiene como asistente un m?dico, lo cual se vincula con la pol?tica de aproximaci?n a la poblaci?n del subtr?pico andino, donde se cultiva coca y espor?dicamente se hallan peque?as f?bricas de pasta b?sica, producto intermedio en la elaboraci?n de coca?na.
En traje de camuflaje, Cruz Vera patrulla la extensa zona de monta?as y espesa vegetaci?n de los Yungas, en el departamento de La Paz, para explicar a los pobladores, la mayor?a agricultores, que el tr?fico de productos qu?micos y su empleo en la fabricaci?n de drogas puede afectar sus vidas y privarlos de su libertad.
"Se informaba de manera equivocada que ?bamos a erradicar y quitarles su producci?n de coca a los campesinos, pero ahora realizamos una acci?n c?vica para trabajar con los dirigentes y explicar la funci?n de interdicci?n (lucha) contra el narcotr?fico", dice a IPS el comandante de Umopar-Yungas, mayor Alfredo Villca.
La imagen que describe Villca es lo opuesto al clima que se viv?a un a?o atr?s, cuando Morales a?n no ejerc?a la presidencia de Bolivia, y el gobierno estaba en manos del abogado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodr?guez.
DE REPRESI?N A COMPRENSI?N
Villca controla las operaciones policiales antidrogas desde su oficina instalada en una colina de Coroico, a 90 kil?metros de La Paz, y su ?rea de acci?n se extiende desde el puesto policial de La Rinconada, al pie de los nevados que rodean la zona semitropical, hasta las c?lidas ?reas de las vecinas provincias de Larecaja y Caranavi.
La regi?n yungue?a est? dividida por la cordillera Real en las provincias Nor y Sud Yungas. En ?sta, las acciones de Umopar abarcan las poblaciones de Irupana y Pulchiri, ?sta ?ltima en la provincia Inquisivi.
A fines de 2005, la instalaci?n del cuartel de La Rinconada, a 30 kil?metros de La Paz, con respaldo de la embajada de Estados Unidos, fue resistida por los cultivadores de coca que tem?an la represi?n policial en el control del tr?nsito de productos qu?micos y de las cargas del vegetal de amargo sabor.
Tras 11 meses de gesti?n de Morales, a la saz?n m?ximo dirigente de los cocaleros del central Chapare, La Rinconada luce abandonada, y los veh?culos de carga y de pasajeros --que antes deb?an someterse a estricta revisi?n de los polic?as de Umopar, tambi?n conocidos como "leopardos"-- no encuentran all? nada que los detenga.
La ley antidrogas 1.008 promulgada en 1988 autoriza s?lo en la regi?n de los Yungas el cultivo de 12.000 hect?reas de coca para el consumo tradicional: la masticaci?n en las zonas andinas, la infusi?n y los ritos aymaras.
Pero datos del gobierno estadounidense y de la Organizaci?n de las Naciones Unidas establecen que los cocales bolivianos rondan las 25.000 hect?reas. Por tanto, hay m?s de 13.000 hect?reas il?citas localizadas en los Yungas y en el Chapare.
Morales anunci? el prop?sito de modificar la ley 1.008 para permitir el incremento de los cultivos legales de 12.000 a 20.000 hect?reas, siguiendo su pol?tica de respaldo a las seis federaciones de cultivadores del Chapare, donde permiti? a cada afiliado plantar coca en una extensi?n de 1.600 metros cuadrados (un cato).
El gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) ya hab?a flexibilizado la ley, al autorizar la plantaci?n de un cato de coca a cada una de las 40.000 familias cocaleras del Chapare, pero la medida de Morales multiplica el beneficio a un n?mero de afiliados hasta ahora no determinado.
En la regional los Yungas de la Asociaci?n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), los agricultores est?n convencidos de que la expansi?n de cultivos har? bajar el precio de la coca, cotizada en unos 100 d?lares por "taque" de 50 libras (22,5 kilogramos) en el mercado de La Paz.
De las 104 comunidades de Coroico, entre 80 y 90 son productoras de coca. En cada una funciona un comit? comunitario de Adepcoca, con un presidente y un secretario elegidos por un a?o en asambleas de afiliados.
Cada comit? emite una boleta de autorizaci?n a los 1.000 miembros registrados de Adepcoca, para cosechar y vender hasta 10 cestos de 30 libras (13,8 kilogramos).
La venta de vol?menes adicionales no autorizados por los comit?s determina la sanci?n al afiliado con la suspensi?n de su licencia de comercializaci?n por entre uno y tres a?os y el pago de una multa que oscila entre 62 y 125 d?lares, explica el asesor de la alcald?a de Coroico y dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo, Santiago Guti?rrez.
La estrategia sobre la coca y la droga del gobierno de Morales no est? lista, reconoci? el viceministro C?ceres a fines de noviembre.
Han sido enunciados, sin embargo, sus principios: la racionalizaci?n (eliminaci?n voluntaria) de plant?os, una campa?a internacional para despenalizar el vegetal, la mejora agr?cola y la creaci?n de condiciones para exportar derivados, as? como nuevas metas de reducci?n por a?o.
El 17 de este mes, el gobierno dijo que hab?a conseguido su meta anual: 5.000 hect?reas erradicadas en zonas il?citas, tres meses antes de concluido el plazo concedido por Washington, que amenazaba con poner mala nota a Bolivia, colocando en riesgo programas de ayuda estimados en unos 150 millones de d?lares.
Pero el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, expres? temor por el incremento de los cultivos tras la llegada de Morales al gobierno y por la flexibilizaci?n de la represi?n a los cocaleros.
L?MITES DEL CONTROL SOCIAL
Con la intensa campa?a represiva de los ?ltimos a?os en el Chapare, varios cocaleros se trasladaron a los Yungas.
"Algunos chapare?os quer?an producir pasta (b?sica) y se les quitaron sus tierras", afirma Guti?rrez.
Los comit?s comunales, vigentes desde 1994, cobran fortaleza en el control social de los cultivos de coca, con el respaldo del gobierno de Morales, que les otorga mayor protagonismo en la fiscalizaci?n y en la generaci?n de actividades econ?micas.
Pero el control social no bast? para evitar la producci?n de pasta b?sica. En las operaciones policiales realizadas entre enero y octubre fueron decomisados 51 kilogramos del estupefaciente en su fase primaria y detenidas seis personas en tres "cocinas", f?bricas escondidas en la maleza de los Yungas, seg?n el parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotr?fico (FELCN).
El presidente regional de Adepcoca de Coroico, Arapata y Coripata, Pac?fico Olivares, defiende el papel de los comit?s comunales en el control, "mejor que el de la FELCN y Estados Unidos, porque no permitimos la maceraci?n de coca".
En el atardecer de este mismo d?a, la Umopar ha descubierto una f?brica de coca?na en Nor Yungas y detenido a varias personas, nos dice Villca.
Olivares se indigna cuando se le pregunta por la droga. "No somos drogados", afirma.
El mayor Villca recuerda que en el a?o que finaliza, fueron detectadas y destruidas algunas f?bricas en las cercan?as de la carretera que une a Coroico con Caranavi, pero estima que el mayor tr?fico en la zona corresponde a bandas que transportan droga procesada en Per? para su venta en Brasil.
Los resultados de la lucha antidrogas en todo el territorio nacional permitieron a Umopar capturar 12 toneladas de coca?na en el a?o que finaliza frente a tres de la pasada gesti?n, mientras los decomisos de marihuana subieron de 43 a 100 toneladas en los primeros 10 meses del a?o, seg?n el comandante de los leopardos, Cruz Vera.
El narcotr?fico ha cambiado de actores, afirma. Desde su aparici?n en la d?cada del 60, los grandes capos de la industria prohibida imperaron en los 80, y con la dura represi?n de los a?os 90, las factor?as se trasladaron a Colombia.
Ahora, Bolivia ocupa el tercer lugar en la producci?n de coca?na en Am?rica Latina, despu?s de Colombia y Per?, pero bajo la modalidad de peque?as bandas familiares en zonas rurales de la regi?n andina y hasta en ciudades.
El jefe policial, entrenado en la doctrina militar estadounidense al igual que el personal a su mando, argumenta que la pol?tica antidrogas de Morales se inscribe en la "racionalizaci?n de la coca", con el apoyo de los comuneros al trabajo que realiza la fuerza de tareas conjunta integrada por efectivos de la polic?a y las Fuerzas Armadas.
"El control social funciona. Ellos (los agricultores) denuncian la existencia de plantaciones de marihuana o de f?bricas de coca?na, que son destruidas con el apoyo de un fiscal", afirma Cruz Vera.
Desde enero, la Umopar cultiva una relaci?n estrecha con los campesinos de las zonas productoras de coca. S?lo en los Yungas, 11.000 ni?os fueron vacunados contra diferentes enfermedades y recibieron dosis de vitamina A, mientras los adultos fueron tratados contra varias enfermedades como la fiebre amarilla, la leishmaniasis y la tuberculosis, afirma el m?dico Carlos Feraudy.
Inclusive la zona de La Asunta, en Sud Yungas, donde sus habitantes imped?an el ingreso de la polic?a, es accesible ahora para los uniformados que acuden con asistencia m?dica y programas de difusi?n sobre los productos qu?micos prohibidos que se emplean en la obtenci?n de pasta base, agrega Villca.
Por el momento, el uso de la fuerza contra los cocaleros est? excluido de los m?todos de trabajo de los polic?as antidrogas. Por eso, el dirigente Olivares sentencia: "Si un d?a nos quieren meter a los soldados, nos vamos a defender con u?as y dientes, o de lo contrario deben darnos una fuente de trabajo". (FIN/2006)
Por Franz Ch?vez y Diana Cariboni
Fuente: Inter Press Service News Agency
El viceministro encargado de la represi?n al narcotr?fico y ?l mismo cultivador de coca, Felipe C?ceres, ha insistido en que bajo el mandato presidencial del l?der ind?gena Evo Morales, la destrucci?n de plantaciones ilegales se ha de efectuar respetando los derechos humanos y sin violencia.
Esa pol?tica ha llegado a la comandancia de la Unidad M?vil de Patrullaje Rural (Umopar). Su jefe, el teniente coronel de polic?a Julio Cruz Vera, tiene como asistente un m?dico, lo cual se vincula con la pol?tica de aproximaci?n a la poblaci?n del subtr?pico andino, donde se cultiva coca y espor?dicamente se hallan peque?as f?bricas de pasta b?sica, producto intermedio en la elaboraci?n de coca?na.
En traje de camuflaje, Cruz Vera patrulla la extensa zona de monta?as y espesa vegetaci?n de los Yungas, en el departamento de La Paz, para explicar a los pobladores, la mayor?a agricultores, que el tr?fico de productos qu?micos y su empleo en la fabricaci?n de drogas puede afectar sus vidas y privarlos de su libertad.
"Se informaba de manera equivocada que ?bamos a erradicar y quitarles su producci?n de coca a los campesinos, pero ahora realizamos una acci?n c?vica para trabajar con los dirigentes y explicar la funci?n de interdicci?n (lucha) contra el narcotr?fico", dice a IPS el comandante de Umopar-Yungas, mayor Alfredo Villca.
La imagen que describe Villca es lo opuesto al clima que se viv?a un a?o atr?s, cuando Morales a?n no ejerc?a la presidencia de Bolivia, y el gobierno estaba en manos del abogado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodr?guez.
DE REPRESI?N A COMPRENSI?N
Villca controla las operaciones policiales antidrogas desde su oficina instalada en una colina de Coroico, a 90 kil?metros de La Paz, y su ?rea de acci?n se extiende desde el puesto policial de La Rinconada, al pie de los nevados que rodean la zona semitropical, hasta las c?lidas ?reas de las vecinas provincias de Larecaja y Caranavi.
La regi?n yungue?a est? dividida por la cordillera Real en las provincias Nor y Sud Yungas. En ?sta, las acciones de Umopar abarcan las poblaciones de Irupana y Pulchiri, ?sta ?ltima en la provincia Inquisivi.
A fines de 2005, la instalaci?n del cuartel de La Rinconada, a 30 kil?metros de La Paz, con respaldo de la embajada de Estados Unidos, fue resistida por los cultivadores de coca que tem?an la represi?n policial en el control del tr?nsito de productos qu?micos y de las cargas del vegetal de amargo sabor.
Tras 11 meses de gesti?n de Morales, a la saz?n m?ximo dirigente de los cocaleros del central Chapare, La Rinconada luce abandonada, y los veh?culos de carga y de pasajeros --que antes deb?an someterse a estricta revisi?n de los polic?as de Umopar, tambi?n conocidos como "leopardos"-- no encuentran all? nada que los detenga.
La ley antidrogas 1.008 promulgada en 1988 autoriza s?lo en la regi?n de los Yungas el cultivo de 12.000 hect?reas de coca para el consumo tradicional: la masticaci?n en las zonas andinas, la infusi?n y los ritos aymaras.
Pero datos del gobierno estadounidense y de la Organizaci?n de las Naciones Unidas establecen que los cocales bolivianos rondan las 25.000 hect?reas. Por tanto, hay m?s de 13.000 hect?reas il?citas localizadas en los Yungas y en el Chapare.
Morales anunci? el prop?sito de modificar la ley 1.008 para permitir el incremento de los cultivos legales de 12.000 a 20.000 hect?reas, siguiendo su pol?tica de respaldo a las seis federaciones de cultivadores del Chapare, donde permiti? a cada afiliado plantar coca en una extensi?n de 1.600 metros cuadrados (un cato).
El gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) ya hab?a flexibilizado la ley, al autorizar la plantaci?n de un cato de coca a cada una de las 40.000 familias cocaleras del Chapare, pero la medida de Morales multiplica el beneficio a un n?mero de afiliados hasta ahora no determinado.
En la regional los Yungas de la Asociaci?n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), los agricultores est?n convencidos de que la expansi?n de cultivos har? bajar el precio de la coca, cotizada en unos 100 d?lares por "taque" de 50 libras (22,5 kilogramos) en el mercado de La Paz.
De las 104 comunidades de Coroico, entre 80 y 90 son productoras de coca. En cada una funciona un comit? comunitario de Adepcoca, con un presidente y un secretario elegidos por un a?o en asambleas de afiliados.
Cada comit? emite una boleta de autorizaci?n a los 1.000 miembros registrados de Adepcoca, para cosechar y vender hasta 10 cestos de 30 libras (13,8 kilogramos).
La venta de vol?menes adicionales no autorizados por los comit?s determina la sanci?n al afiliado con la suspensi?n de su licencia de comercializaci?n por entre uno y tres a?os y el pago de una multa que oscila entre 62 y 125 d?lares, explica el asesor de la alcald?a de Coroico y dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo, Santiago Guti?rrez.
La estrategia sobre la coca y la droga del gobierno de Morales no est? lista, reconoci? el viceministro C?ceres a fines de noviembre.
Han sido enunciados, sin embargo, sus principios: la racionalizaci?n (eliminaci?n voluntaria) de plant?os, una campa?a internacional para despenalizar el vegetal, la mejora agr?cola y la creaci?n de condiciones para exportar derivados, as? como nuevas metas de reducci?n por a?o.
El 17 de este mes, el gobierno dijo que hab?a conseguido su meta anual: 5.000 hect?reas erradicadas en zonas il?citas, tres meses antes de concluido el plazo concedido por Washington, que amenazaba con poner mala nota a Bolivia, colocando en riesgo programas de ayuda estimados en unos 150 millones de d?lares.
Pero el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, expres? temor por el incremento de los cultivos tras la llegada de Morales al gobierno y por la flexibilizaci?n de la represi?n a los cocaleros.
L?MITES DEL CONTROL SOCIAL
Con la intensa campa?a represiva de los ?ltimos a?os en el Chapare, varios cocaleros se trasladaron a los Yungas.
"Algunos chapare?os quer?an producir pasta (b?sica) y se les quitaron sus tierras", afirma Guti?rrez.
Los comit?s comunales, vigentes desde 1994, cobran fortaleza en el control social de los cultivos de coca, con el respaldo del gobierno de Morales, que les otorga mayor protagonismo en la fiscalizaci?n y en la generaci?n de actividades econ?micas.
Pero el control social no bast? para evitar la producci?n de pasta b?sica. En las operaciones policiales realizadas entre enero y octubre fueron decomisados 51 kilogramos del estupefaciente en su fase primaria y detenidas seis personas en tres "cocinas", f?bricas escondidas en la maleza de los Yungas, seg?n el parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotr?fico (FELCN).
El presidente regional de Adepcoca de Coroico, Arapata y Coripata, Pac?fico Olivares, defiende el papel de los comit?s comunales en el control, "mejor que el de la FELCN y Estados Unidos, porque no permitimos la maceraci?n de coca".
En el atardecer de este mismo d?a, la Umopar ha descubierto una f?brica de coca?na en Nor Yungas y detenido a varias personas, nos dice Villca.
Olivares se indigna cuando se le pregunta por la droga. "No somos drogados", afirma.
El mayor Villca recuerda que en el a?o que finaliza, fueron detectadas y destruidas algunas f?bricas en las cercan?as de la carretera que une a Coroico con Caranavi, pero estima que el mayor tr?fico en la zona corresponde a bandas que transportan droga procesada en Per? para su venta en Brasil.
Los resultados de la lucha antidrogas en todo el territorio nacional permitieron a Umopar capturar 12 toneladas de coca?na en el a?o que finaliza frente a tres de la pasada gesti?n, mientras los decomisos de marihuana subieron de 43 a 100 toneladas en los primeros 10 meses del a?o, seg?n el comandante de los leopardos, Cruz Vera.
El narcotr?fico ha cambiado de actores, afirma. Desde su aparici?n en la d?cada del 60, los grandes capos de la industria prohibida imperaron en los 80, y con la dura represi?n de los a?os 90, las factor?as se trasladaron a Colombia.
Ahora, Bolivia ocupa el tercer lugar en la producci?n de coca?na en Am?rica Latina, despu?s de Colombia y Per?, pero bajo la modalidad de peque?as bandas familiares en zonas rurales de la regi?n andina y hasta en ciudades.
El jefe policial, entrenado en la doctrina militar estadounidense al igual que el personal a su mando, argumenta que la pol?tica antidrogas de Morales se inscribe en la "racionalizaci?n de la coca", con el apoyo de los comuneros al trabajo que realiza la fuerza de tareas conjunta integrada por efectivos de la polic?a y las Fuerzas Armadas.
"El control social funciona. Ellos (los agricultores) denuncian la existencia de plantaciones de marihuana o de f?bricas de coca?na, que son destruidas con el apoyo de un fiscal", afirma Cruz Vera.
Desde enero, la Umopar cultiva una relaci?n estrecha con los campesinos de las zonas productoras de coca. S?lo en los Yungas, 11.000 ni?os fueron vacunados contra diferentes enfermedades y recibieron dosis de vitamina A, mientras los adultos fueron tratados contra varias enfermedades como la fiebre amarilla, la leishmaniasis y la tuberculosis, afirma el m?dico Carlos Feraudy.
Inclusive la zona de La Asunta, en Sud Yungas, donde sus habitantes imped?an el ingreso de la polic?a, es accesible ahora para los uniformados que acuden con asistencia m?dica y programas de difusi?n sobre los productos qu?micos prohibidos que se emplean en la obtenci?n de pasta base, agrega Villca.
Por el momento, el uso de la fuerza contra los cocaleros est? excluido de los m?todos de trabajo de los polic?as antidrogas. Por eso, el dirigente Olivares sentencia: "Si un d?a nos quieren meter a los soldados, nos vamos a defender con u?as y dientes, o de lo contrario deben darnos una fuente de trabajo". (FIN/2006)
Por Franz Ch?vez y Diana Cariboni
Fuente: Inter Press Service News Agency
