Viernes, 06 de abril de 2007
Gobierno apuesta a la fuerza para eliminar la coca
LIMA, abr (IPS) - La lucha contra los cultivos de coca en Per? se apoya cada vez m?s en la destrucci?n forzosa de plantaciones, con muy pocos ?xitos en materia de desarrollo alternativo y la creciente resistencia de los campesinos cocaleros.
"Al que no quiera erradicar por las buenas, con la ayuda de un cr?dito y de una orientaci?n del Ministerio de Agricultura, hay que proceder a la erradicaci?n. ?Hasta cuando medias palabras, hasta cuando temores de este tipo?", dijo el domingo 1 de abril el presidente Alan Garc?a.
L?deres cocaleros replicaron que si el gobierno no cumpl?a con un acuerdo al que hab?an llegado el mes pasado, iniciar?an medidas de fuerza.
Los cultivadores de coca de Per? no conf?an en los programas de autocontrol de plantaciones y aseveran que el Estado no les da alternativas de sustento fuera del cuestionado vegetal, materia prima de la coca?na.
Per? es el segundo mayor productor de cultivos il?citos de Am?rica Latina, detr?s de Colombia, seg?n datos de la Organizaci?n de las Naciones Unidas.
La erradicaci?n forzosa aument? en este pa?s 61,2 por ciento en los ?ltimos seis a?os, mientras la eliminaci?n gradual y concertada cay? 22 por ciento en 2006.
El estatal Proyecto Especial de Control y Reducci?n de Cultivos Il?citos de Coca del Alto Huallaga (Corah), que se encarga de la erradicaci?n, inform? que en 2006 lleg? a 10.136 hect?reas eliminadas, la mayor cantidad desde 1999.
En ese mismo a?o cay? la erradicaci?n voluntaria, que se efect?a con participaci?n de los agricultores. S?lo se eliminaron 2.550 hect?reas, a diferencia de las 3.271 destruidas en 2005.
En la medida en que aumentaron los operativos compulsivos del gobierno tambi?n lo hicieron los incidentes violentos entre cocaleros y agentes del Estado.
No es casual que en 2006 hubiera un trabajador muerto y otros 42 heridos en pleno intento de destruir cocales, y decenas de cocaleros que denuncian haber sido atacados con balas y gases lacrim?genos por efectivos policiales que custodian las tareas de erradicaci?n.
Los ?ltimos enfrentamientos fueron a inicios de marzo en la provincia de Tocache, en la nororiental regi?n de San Mart?n, que forma parte del valle del norcentral Alto Huallaga, donde se eliminaron las 10.136 hect?reas en 2006. All? se produjeron hasta seis choques entre cocaleros y polic?as, que terminaron con varios campesinos heridos, incluso el m?ximo dirigente de los cultivadores de la zona, Wilder Satalaya.
Por la violencia, el 15 de marzo una comitiva de alto nivel lleg? por primera vez a Tocache para negociar con los productores. Al cabo, firmaron un acta en la que el gobierno se comprometi? a suspender las erradicaciones forzosas hasta realizar un nuevo empadronamiento nacional de cocaleros con el prop?sito de reconocer qui?nes realizan cultivos ilegales y cu?les son las zonas que abastecen al narcotr?fico.
Pero, desconociendo ese pacto, el presidente Garc?a anunci? luego que la suspensi?n de las medidas s?lo se mantendr?a hasta el 30 de marzo, poniendo en alerta y tensi?n a los cocaleros de Tocache por el inminente retorno de los operativos policiales, sin que el Estado haya elaborado el nuevo padr?n.
En ese contexto, los l?deres de Tocache han amenazado con tomar medidas de fuerza.
Seg?n cifras oficiales, en Per? hay 49.000 hect?reas de coca, de las cuales 92 por ciento son ilegales.
Pero los cocaleros consideran que esos datos est?n exagerados y piden un catastro en los 14 valles cocaleros para "sincerar las cifras" y volver a empadronar a los productores, porque el ?ltimo registro, que data de 1978, est? obsoleto y no revela la cantidad real de quienes venden su producci?n al mercado tradicional interno, volcado al consumo con fines medicinales y rituales.
"Queremos ser legales", dice a IPS Satalaya, el presidente de la asociaci?n de cocaleros de Tocache, quien asegura estar dispuesto a integrarse al programa de auto erradicaci?n si el gobierno modifica su enfoque represivo que, en su opini?n, es guiado por Estados Unidos, el principal mercado consumidor de drogas ilegales.
"Nosotros estamos dispuestos a colaborar con las autoridades, si nos dicen vamos a cultivar tal cosa en lugar de coca lo aceptamos, pero si tenemos mercado asegurado para poder sobrevivir", agrega Satalaya.
La legisladora y dirigente cocalera Nancy Obreg?n cree que el principal reto del Estado es recuperar la confianza de los campesinos, pues casi nunca cumple con sus compromisos.
"Siempre se nos ha dicho dejen de cultivar coca y a cambio le hacemos una posta m?dica o una carretera, al final nunca hacen la obra. As?, ?c?mo podemos comprometernos con el Estado?", dice Obreg?n a IPS.
El programa de auto erradicaci?n fue creado en 2003 por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) con la venia de Obreg?n y de otros l?deres cocaleros.
A partir de entonces, los cultivadores tienen la opci?n de firmar un acuerdo con la Comisi?n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) mediante el cual aceptan terminar con sus sembrados de coca a cambio de asistencia en infraestructura, servicios y otros cultivos.
Para cumplir su compromiso con las comunidades que optan por la erradicaci?n voluntaria, el Estado depende sobre todo de unos 50 millones de d?lares anuales que la cooperaci?n internacional destina para el desarrollo alternativo, 90 por ciento de los cuales proceden de Estados Unidos, seg?n datos de Devida.
Pero los fondos son insuficientes y los resultados est?n lejos de lo esperado. Apenas 50.000 familias de las 300.000 que viven en las 14 cuencas cocaleras han ingresado a este programa, a pesar de que la cooperaci?n internacional ejecutaba desde mucho antes de 2003 proyectos similares en lugares sometidos a erradicaci?n forzosa, reconoce el gerente de desarrollo alternativo de Devida, Fernando Hurtado.
"Hay una insatisfacci?n por la cobertura debido a que s?lo podemos ayudar a 18 por ciento de las familias de estas zonas. Nuestro principal problema es la falta de recursos", manifiesta Hurtado.
Para el director en Lima de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl?s), Aldo Lale-Demoz, otro aspecto que despierta desconfianza es que, en algunos casos, las organizaciones ejecutoras no han acompa?ado a la poblaci?n en todo el proceso.
Pese a ello, tambi?n existen experiencias exitosas, como el cultivo de la palma aceitera, el cacao o el palmito, dijo Lale-Demoz.
En 2006, las ventas de las 13 principales empresas campesinas apoyadas por UNODC superaron los 55 millones de d?lares, lo que represent? un incremento de 37,8 por ciento con relaci?n al a?o anterior. Del total vendido, 50 millones fueron exportaciones a pa?ses de la Uni?n Europea y de Am?rica del Norte.
Sin embargo, esas historias de progreso siguen siendo islas en medio de las necesidades que existen en los valles cocaleros, donde rige sobre todo la ley de la oferta y la demanda que se encargan de hacer respetar las mafias del narcotr?fico.
Mientras un kilogramo de cacao se vende en promedio a 1,88 d?lares, la misma cantidad de hoja de coca se cotiza a tres d?lares cuando la compran fabricantes de coca?na, el doble de lo que ofrece la Empresa Nacional de la Coca, ?nica instituci?n autorizada a comprar y vender el producto.
Otra ventaja de la coca son sus cuatro cosechas anuales, mientras cultivos alternativos como la palma aceitera exigen una espera de tres a?os.
El experto en drogas y seguridad Ricardo Sober?n, ex encargado del Programa de Narcotr?fico y Derechos Humanos de la Comisi?n Andina de Juristas, dice a IPS que m?s que promocionar productos alternativos, "el gobierno debe promover un programa de desarrollo integral en la selva donde se concentra la producci?n cocalera".
Para Sober?n, el movimiento cocalero de Per? a?n est? lejos de asumir una erradicaci?n voluntaria como la planteada por el gobierno boliviano, debido a que las organizaciones peruanas no cuentan con la trayectoria sindical ni con el consiguiente poder de articulaci?n de los cultivadores de la vecina Bolivia, presidida por el m?ximo l?der cocalero, Evo Morales.(FIN/2007)
Por Milagros Salazar
Fuente: IPS
"Al que no quiera erradicar por las buenas, con la ayuda de un cr?dito y de una orientaci?n del Ministerio de Agricultura, hay que proceder a la erradicaci?n. ?Hasta cuando medias palabras, hasta cuando temores de este tipo?", dijo el domingo 1 de abril el presidente Alan Garc?a.
L?deres cocaleros replicaron que si el gobierno no cumpl?a con un acuerdo al que hab?an llegado el mes pasado, iniciar?an medidas de fuerza.
Los cultivadores de coca de Per? no conf?an en los programas de autocontrol de plantaciones y aseveran que el Estado no les da alternativas de sustento fuera del cuestionado vegetal, materia prima de la coca?na.
Per? es el segundo mayor productor de cultivos il?citos de Am?rica Latina, detr?s de Colombia, seg?n datos de la Organizaci?n de las Naciones Unidas.
La erradicaci?n forzosa aument? en este pa?s 61,2 por ciento en los ?ltimos seis a?os, mientras la eliminaci?n gradual y concertada cay? 22 por ciento en 2006.
El estatal Proyecto Especial de Control y Reducci?n de Cultivos Il?citos de Coca del Alto Huallaga (Corah), que se encarga de la erradicaci?n, inform? que en 2006 lleg? a 10.136 hect?reas eliminadas, la mayor cantidad desde 1999.
En ese mismo a?o cay? la erradicaci?n voluntaria, que se efect?a con participaci?n de los agricultores. S?lo se eliminaron 2.550 hect?reas, a diferencia de las 3.271 destruidas en 2005.
En la medida en que aumentaron los operativos compulsivos del gobierno tambi?n lo hicieron los incidentes violentos entre cocaleros y agentes del Estado.
No es casual que en 2006 hubiera un trabajador muerto y otros 42 heridos en pleno intento de destruir cocales, y decenas de cocaleros que denuncian haber sido atacados con balas y gases lacrim?genos por efectivos policiales que custodian las tareas de erradicaci?n.
Los ?ltimos enfrentamientos fueron a inicios de marzo en la provincia de Tocache, en la nororiental regi?n de San Mart?n, que forma parte del valle del norcentral Alto Huallaga, donde se eliminaron las 10.136 hect?reas en 2006. All? se produjeron hasta seis choques entre cocaleros y polic?as, que terminaron con varios campesinos heridos, incluso el m?ximo dirigente de los cultivadores de la zona, Wilder Satalaya.
Por la violencia, el 15 de marzo una comitiva de alto nivel lleg? por primera vez a Tocache para negociar con los productores. Al cabo, firmaron un acta en la que el gobierno se comprometi? a suspender las erradicaciones forzosas hasta realizar un nuevo empadronamiento nacional de cocaleros con el prop?sito de reconocer qui?nes realizan cultivos ilegales y cu?les son las zonas que abastecen al narcotr?fico.
Pero, desconociendo ese pacto, el presidente Garc?a anunci? luego que la suspensi?n de las medidas s?lo se mantendr?a hasta el 30 de marzo, poniendo en alerta y tensi?n a los cocaleros de Tocache por el inminente retorno de los operativos policiales, sin que el Estado haya elaborado el nuevo padr?n.
En ese contexto, los l?deres de Tocache han amenazado con tomar medidas de fuerza.
Seg?n cifras oficiales, en Per? hay 49.000 hect?reas de coca, de las cuales 92 por ciento son ilegales.
Pero los cocaleros consideran que esos datos est?n exagerados y piden un catastro en los 14 valles cocaleros para "sincerar las cifras" y volver a empadronar a los productores, porque el ?ltimo registro, que data de 1978, est? obsoleto y no revela la cantidad real de quienes venden su producci?n al mercado tradicional interno, volcado al consumo con fines medicinales y rituales.
"Queremos ser legales", dice a IPS Satalaya, el presidente de la asociaci?n de cocaleros de Tocache, quien asegura estar dispuesto a integrarse al programa de auto erradicaci?n si el gobierno modifica su enfoque represivo que, en su opini?n, es guiado por Estados Unidos, el principal mercado consumidor de drogas ilegales.
"Nosotros estamos dispuestos a colaborar con las autoridades, si nos dicen vamos a cultivar tal cosa en lugar de coca lo aceptamos, pero si tenemos mercado asegurado para poder sobrevivir", agrega Satalaya.
La legisladora y dirigente cocalera Nancy Obreg?n cree que el principal reto del Estado es recuperar la confianza de los campesinos, pues casi nunca cumple con sus compromisos.
"Siempre se nos ha dicho dejen de cultivar coca y a cambio le hacemos una posta m?dica o una carretera, al final nunca hacen la obra. As?, ?c?mo podemos comprometernos con el Estado?", dice Obreg?n a IPS.
El programa de auto erradicaci?n fue creado en 2003 por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) con la venia de Obreg?n y de otros l?deres cocaleros.
A partir de entonces, los cultivadores tienen la opci?n de firmar un acuerdo con la Comisi?n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) mediante el cual aceptan terminar con sus sembrados de coca a cambio de asistencia en infraestructura, servicios y otros cultivos.
Para cumplir su compromiso con las comunidades que optan por la erradicaci?n voluntaria, el Estado depende sobre todo de unos 50 millones de d?lares anuales que la cooperaci?n internacional destina para el desarrollo alternativo, 90 por ciento de los cuales proceden de Estados Unidos, seg?n datos de Devida.
Pero los fondos son insuficientes y los resultados est?n lejos de lo esperado. Apenas 50.000 familias de las 300.000 que viven en las 14 cuencas cocaleras han ingresado a este programa, a pesar de que la cooperaci?n internacional ejecutaba desde mucho antes de 2003 proyectos similares en lugares sometidos a erradicaci?n forzosa, reconoce el gerente de desarrollo alternativo de Devida, Fernando Hurtado.
"Hay una insatisfacci?n por la cobertura debido a que s?lo podemos ayudar a 18 por ciento de las familias de estas zonas. Nuestro principal problema es la falta de recursos", manifiesta Hurtado.
Para el director en Lima de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl?s), Aldo Lale-Demoz, otro aspecto que despierta desconfianza es que, en algunos casos, las organizaciones ejecutoras no han acompa?ado a la poblaci?n en todo el proceso.
Pese a ello, tambi?n existen experiencias exitosas, como el cultivo de la palma aceitera, el cacao o el palmito, dijo Lale-Demoz.
En 2006, las ventas de las 13 principales empresas campesinas apoyadas por UNODC superaron los 55 millones de d?lares, lo que represent? un incremento de 37,8 por ciento con relaci?n al a?o anterior. Del total vendido, 50 millones fueron exportaciones a pa?ses de la Uni?n Europea y de Am?rica del Norte.
Sin embargo, esas historias de progreso siguen siendo islas en medio de las necesidades que existen en los valles cocaleros, donde rige sobre todo la ley de la oferta y la demanda que se encargan de hacer respetar las mafias del narcotr?fico.
Mientras un kilogramo de cacao se vende en promedio a 1,88 d?lares, la misma cantidad de hoja de coca se cotiza a tres d?lares cuando la compran fabricantes de coca?na, el doble de lo que ofrece la Empresa Nacional de la Coca, ?nica instituci?n autorizada a comprar y vender el producto.
Otra ventaja de la coca son sus cuatro cosechas anuales, mientras cultivos alternativos como la palma aceitera exigen una espera de tres a?os.
El experto en drogas y seguridad Ricardo Sober?n, ex encargado del Programa de Narcotr?fico y Derechos Humanos de la Comisi?n Andina de Juristas, dice a IPS que m?s que promocionar productos alternativos, "el gobierno debe promover un programa de desarrollo integral en la selva donde se concentra la producci?n cocalera".
Para Sober?n, el movimiento cocalero de Per? a?n est? lejos de asumir una erradicaci?n voluntaria como la planteada por el gobierno boliviano, debido a que las organizaciones peruanas no cuentan con la trayectoria sindical ni con el consiguiente poder de articulaci?n de los cultivadores de la vecina Bolivia, presidida por el m?ximo l?der cocalero, Evo Morales.(FIN/2007)
Por Milagros Salazar
Fuente: IPS
