contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

S?bado, 01 de julio de 2006

COCALEROS FORMALES E INFORMALES.

PERU NUEVOS ACTORES Y ECONOMIA FORMAL, INFORMAL Y DELICTIVA.

R. Sober?n[1]
Junio 2006

Quiero compartir en estos pocos minutos con ustedes una idea b?sica relacionada a este tema. Desde 1978 hasta el 2006, han transcurrido 28 a?os en los que el Per? ha pasado por un reg?men militar, tres gobiernos democr?ticos y uno civil militar caracterizado por la corrupci?n institucional del Estado que dur? una d?cada. En ese per?odo de tiempo, las 300,000 personas que habitan en las ciudades y comunidades de la vertiente oriental de los Andes que se encuentran articulados a la econom?a de la hoja de coca, han sufrido desde Lima, una visi?n excluyente y marginal del Estado de Derecho y sus instituciones, con severos recortes en su posibilidad de goce de sus derechos fundamentales en el orden pol?tico y civil, econ?mico, social y cultural. A este escenario convulso, se agrega hoy la prensa sensacionalista y algunos ?especialistas? que los convierte en ?narco cultivadores? y objeto de presi?n de los que hacen opini?n p?blica, so pretexto de una lucha contra el narcotr?fico que ha sido un fracaso en muchos pa?ses de la regi?n y particularmente en el Per?.

La primera fuente de exclusi?n ocurri? en la d?cada de los 80 y 90.En esos a?os, la violencia armada de Sendero Luminoso y las consiguientes violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las FFAA, expresados por la Comisi?n de la Verdad en el 2003, tuvo como v?ctimas principalmente a poblaci?n civil, rural y campesina que encontraron la violencia y la muerte.

La segunda constataci?n, es que en esta ?rea se ha vivido el mayor espacio de corrupci?n institucional que ha dejado huellas a?n no medidas entre la poblaci?n y la presencia institucional del Estado. La institucionalidad del Estado y la corrupci?n de los tr?ficos (drogas, combustible, contrabando, recursos) conviven hoy en d?a en una situaci?n insostenible y no hay respuestas adecuadas a este fen?meno. Por otro lado, la utilizaci?n pol?tica de los recursos del desarrollo alternativo por CONTRADROGAS hasta 1996 y DEVIDA es el t?pico caso de descontrol proveniente de una cooperaci?n internacional que surge a espaldas del aparato p?blico. A partir de entonces, se ha generado en la ?ltima d?cada, la mala utilizaci?n de m?s de US$ 1,000 millones procedentes de la cooperaci?n internacional, fundamentalmente proveniente de los EE.UU y aplicada por sus sub contratistas. ?Acaso se ha realizado alguna auditor?a o r?gimen de control por parte de la Contralor?a, el Ministerio P?blico, o el Congreso? Me temo que en este tiempo, la Embajada de los EE.UU ha tenido un rol m?s protag?nico que el propio Congreso de la Rep?blica al momento de decidir el destino de estos 250,000 kil?metros cuadrados de territorio nacional.

La tercera fuente es que en los ?ltimos quince a?os, se han producido m?s de 200 dispositivos de pr?rroga permanente de Estados de Excepci?n y recorte de libertades en las provincias cocaleras de Huanuco, San Mart?n y Ayacucho. As?, se han convertido en la forma que el Estado ha mirado a la selva alta y su poblaci?n, bajo el pretexto de las amenazas de orden p?blico, generando una espiral de inseguridad y desconfianza, donde la informalidad se acerca a la ilegalidad. El Estado Central no ha tocado las causas primeras que en 1989 fueron detectadas por las FF.AA para evitar que el campesinado se articule al discurso del terrorismo de SL: lucha contra la pobreza rural y mayor participaci?n de su poblaci?n en la toma de decisiones (ejercicio efectivo de la ciudadan?a). En su momento, los ex presidentes Garc?a, Fujimori y Toledo dijeron que el productor no era delincuente. Pero en la pr?ctica, lo han tratado como tal.

Asimismo, la aplicaci?n de pol?ticas sobre sustituci?n y reducci?n de cultivos de coca, han fracasado tanto en su ambito represivo como en materia de sustituci?n econ?mica de los cultivos. En cuanto al primero, la erradicaci?n ha demostrado ser un fracaso pues, desde 1978 observamos el cumplimiento reiterativo de los ciclos de la coca a lo largo del escenario andino amaz?nico, a veces en Colombia, otras en Per? y Bolivia?y el Estado n ose da cuenta del fracaso de esta pol?tica. Tengo la impresi?n que hoy por hoy el narcotr?fico internacional ha encontrado los niveles razonables de producci?n y productividad global que le permiten manejar con eficiencia y grandes ingresos un mercado de 600 toneladas de coca?na para m?s de 13 millones de consumidores de coca?na en el mundo. Cada a?o observamos el manejo que hacen de los n?meros y las cifras, tanto el Departamento de Estado como la ONU y las agencias nacionales, para justificar las pol?ticas de seguridad nacional y militarizaci?n, en estas regiones productoras convirti?ndose en un c?rculo vicioso. ?Es posible que la democracia conviva con estos bolsones de conflicto de baja intensidad? Creemos que no.

En estas tres d?cadas, la aplicaci?n pr?ctica del desarrollo alternativo ha fracasado en toda la extensi?n de la palabra para sacar definitivamente al sector campesino, del ciclo ilegal del narcotr?fico. Y esto continuar? sucediendo mientran no cambien las condiciones en las que participa en los mercados locales e internacionales. Me temo que de acuerdo a como se ha negociado el TLC con EE.UU, va a aumentar la brecha social de exclusi?n entre la agro industria de la costa y los productores de la selva alta.

Por otro lado, el no reconocimiento de las organizaciones sociales de este sector de la poblaci?n ha sido una constante: fracaso de Mesas de Dialogo incumplimiento de actas, permanente ?mecida?, represi?n selectiva y judicializaci?n de casos contra dirigentes cocaleros.

?qu? esta en juego?

No se trata solamente de hacer caso al clamor de las cifras electorales de la primera y segunda vuelta, es decir el temor a la fractura del sur. Sino que se pone en juego la ?ltima oportunidad de lograr una efectiva viabilidad del Estado en este sector del territorio nacional que comprende la regi?n oriental desde Amazonas hasta Madre de Dios. No solamente es necesario una fuerte dosis de voluntad pol?tica del pr?ximo gobierno, cuesti?n que se pone en duda con las afirmaciones del nuevo presidente para abordar el tema de la coca. Se requieren adem?s, acciones concretas de reforma institucional y apertura pol?tica, dirigidos hacia esta poblaci?n y su representaci?n pol?tica. Finalmente, algunas medidas concretas:

I) Evaluaci?n y fiscalizaci?n de las acciones de DEVIDA, OFECOD, en los ?ltimos a?os: el gasto, los resultados y la administraci?n;
II) Realizaci?n de profundos cambios institucionales: pasar gran parte del manejo estatal de la carpeta drogas, al sector de Agricultura, participaci?n de productores en directorio de DEVIDA, descentralizar ?mbitos de la gesti?n con participaci?n de gobiernos regionales y locales afectados;
III) Cambios legislativos urgentes para armonizar las leyes sobre drogas, para legislar sobre coca y su posible uso econ?mico y racionalizaci?n, as? como sobre el desarrollo general de la selva alta;
IV) Recuperaci?n de autonom?a pol?tica respecto a los EEUU, para el manejo de este problema sensible de drogas.



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[1] Abogado, M.A en Pol?tica Internacional y especialista en temas de ?Drogas, Seguridad y Amazon?a?. [email protected]

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