contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Jueves, 20 de abril de 2006

DE LA REPRESION A ? LA REPRESION

Ante la ausencia de un debate m?s sustancial sobre la propuesta de "cocaina cero" del gobierno de Bolivia, Theo Roncken, de Acci?n Andina, toma la palabra ...

Cochabamba, 7 de marzo de 2006


DE LA REPRESION A ? LA REPRESION

Comentarios a la propuesta Coca?na Cero del gobierno boliviano

Theo Roncken (1)
Marzo de 2006

INTRODUCCION
La propuesta Coca?na Cero del gobierno boliviano debe entenderse, en primer lugar, como un calmante para las aguas revueltas en Washington, en un intento de entablar relaciones de respeto mutuo con el gobierno de George W. Bush. De ambos lados, el enfoque noticioso ha estado en la campa?a gubernamental por la despenalizaci?n de la hoja de coca. Sin embargo, el mensaje de fondo sigue siendo la declaraci?n de una guerra a las drogas af?n a la militarizada campa?a internacional liderada por la Casa Blanca.

Curiosamente, fueron mandatarios europeos quienes aseguraron el amarre del presidente boliviano a dicha campa?a. Cuando Evo Morales viaj? a Europa justo antes de su instalaci?n, Solana (Uni?n Europea), Chirac (Francia) y Zapatero (Espa?a) le dieron un claro mensaje: seguiremos apoyando a Bolivia, si su gobierno cumple con dos requisitos: velar por la seguridad jur?dica de nuestras empresas, y colaborar con la lucha contra las drogas. De esta manera, la propuesta boliviana de cero coca?na, posibilit? el di?logo con todas las agencias financieras internacionales, un asunto de vida o muerte para el gobierno del MAS.

El presidente Morales ha hablado de la construcci?n de nuevas relaciones de cooperaci?n antidrogas, enmarcadas en la dignidad, la soberan?a nacional y el respeto a los derechos humanos. Con el respaldo de las principales organizaciones cocaleras del pa?s, se plante? un cambio en el blanco de las pol?ticas, el cual de ahora en adelante, ser?a la coca?na, en vez de la hoja de coca, y el narcotr?fico en vez de los cultivadores de la hoja.

La distinci?n entre coca y coca?na, y entre el cultivo de la coca y el negocio de la coca?na, es importante. Ha sido y sigue siendo motivo de una larga y justa lucha reivindicativa. Sin embargo, los problemas que ocasiona y profundiza la implementaci?n de equivocadas pol?ticas de drogas en Bolivia, la Regi?n Andina y toda Am?rica Latina y el Caribe, no se limitan a la penalizaci?n de la hoja de coca, ni a la represi?n selectiva de sus cultivadores.

En los ?ltimos veinte a?os, las estrategias de ?cero drogas? en el mundo, a pesar de haber contado con millonarias inversiones, han brillado por su ineficacia y sus m?ltiples impactos negativos en la convivencia pac?fica, el respeto a los derechos humanos y la soberan?a de los pueblos. Cualquier pol?tica que no se aparta rotundamente de los postulados de dichas estrategias, est? destinada a seguir el mismo camino fracasado. En ese ?mbito, vale preguntarse qu? aportes podr?a dar una pol?tica de cero coca?na a la dignidad, la soberan?a, y el respeto de los derechos humanos de los bolivianos.

LA SOBERANIA LIMITADA
La guerra internacional a las drogas ha sido calificada como una guerra falsa. ?Por qu?? En primer lugar, porque de ninguna manera arroj?, ni arrojar?, los resultados que pretende buscar: la disminuci?n del consumo de drogas por los humanos. Y en segundo lugar, porque la lucha antidrogas ha impulsado m?ltiples cambios econ?micos, pol?ticos y militares que favorecen, de manera selectiva, los intereses de personas y grupos de gran influencia y poder pol?tico.

Algunos analistas sostienen que antes que una lucha contra las drogas, se trata de una lucha por el control del negocio de las drogas y sus ganancias. Ese tambi?n fue el tenor de una declaraci?n a la agencia EFE, a fines de enero pasado, del embajador de Venezuela en Madrid, Ar?valo M?ndez Romero. M?ndez critic? el veto estadounidense a la compra por Venezuela de aviones espa?oles y brasile?os para la lucha contra el narcotr?fico. El embajador se pregunt? ?si en verdad EEUU lo que quiere es combatir al narcotr?fico o controlar las rutas del narcotr?fico, que es otra cosa.? (El Universal, 24 de enero 2006).
Por otra parte, desde el ingreso de las instituciones militares en la lucha antidrogas, hacia fines de los a?os ochenta, los muy publicitados ?peligros de las drogas y el narcotr?fico? han justificado la implantaci?n, en todo el continente americano, de nuevos modelos de seguridad, formulados a partir de los intereses y las necesidades de grupos selectos del llamado ?mundo libre?.

De manera paralela, el enemigo de las drogas tambi?n facilit? la construcci?n de nuevas dependencias econ?micas, pol?ticas y militares, de las sociedades de Am?rica Latina y el Caribe hacia ese ?mundo libre?. Es en este contexto que se introdujeron cambios, aparentemente ineludibles e irreversibles, en el significado de la soberan?a de las naciones y los pueblos. En particular, se invent? la necesidad de hablar, de ahora en adelante, de una ?soberan?a limitada?, enmarcada en las nuevas interdependencias del mundo globalizado. Claro, sin cuestionar el car?cter dominantemente unilateral de dichas interdependencias.

En medio de todo esto, se encuentra la poblaci?n boliviana, haci?ndose responsable de una deuda externa de casi 5 mil millones de d?lares y mendigando por su condonaci?n; dejando que tras puertas cerradas se firme acuerdos que avalan el saqueo de sus recursos naturales; permitiendo que sus mejores polic?as y soldados se entrenen en lugares aislados y bajo mandos ajenos en t?cticas antidisturbios, en vez de ayudar a la poblaci?n a encontrar mas seguridad; condenando a la c?rcel a miles de familias por a?o por transportar el bid?n de ?cido o fabricar el kilo de pasta base de coca?na con el que pensaban salir de su pobreza indignante. En este contexto, es imposible hablar de soberan?a sin abordar los verdaderos obst?culos a la autodeterminaci?n de los pueblos.

Aqu? no se trata de querer cambiar el mundo en un d?a. Pero s? es necesario dejar de contar cuentos de hada sobre la supuesta existencia de fines comunes entre la poblaci?n de Bolivia y los l?deres pol?ticos y militares de los Estados Unidos. Estos ?ltimos, absortos en su camino de forjar una potencia hegem?nica, no han dado muestra alguna de querer entablar relaciones mutuamente respetuosas y soberanas. As? consta, entre muchos otros ejemplos, la reciente de-certificaci?n (el veto a recibir ayuda econ?mica) de una de las fuerzas bolivianas de elite, la ?Fuerza Contra Terrorista Conjunta? (FCTC). Las autoridades estadounidenses expresaron as? su inconformidad con la designaci?n del nuevo jefe del cuerpo represivo, que hasta el d?a de ayer segu?a a la letra los dict?menes de sus entrenadores extranjeros. Soberan?a no es lo mismo que soberan?a limitada.

?RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS?
Consideramos el funcionamiento de la legislaci?n especial antidrogas, la Ley 1008. Aplicada a un caso promedio de fabricaci?n o tr?fico de drogas, en el que se han arrestado a algunos sospechosos, ?Qui?nes llegan a estar tres a?os o m?s en la c?rcel, los peces grandes o los peque?os. Exactamente, casi sin excepci?n son los peque?os, quienes no gozan de los fondos, los contactos o los conocimientos necesarios para liberarse de los cargos. As? es en Bolivia y as? es en casi todo el mundo, principalmente en aquellos pa?ses en donde a?n reina un enfoque de cero drogas.

Hay casos en los que el detenido involucra a un pe?n subalterno del negocio, a cambio de su libertad, o incluso su contrataci?n no oficial como informante. Tambi?n hay casos de peones quienes se ?compran? la condena de un superior, a cambio de ciertas garant?as econ?micas para el sost?n de su familia. ?Cambiar? la propuesta de cero coca?na esas modalidades o, si se quiera, injusticias? No es probable. Puede ser que alg?n d?a se llegue a educar a polic?as antidrogas que no golpeen ni extorsionen a los detenidos. Pero el respeto a los Derechos Humanos no solo se trata de evitar que los funcionarios maltraten a los ciudadanos.

Mientras los objetivos de estos funcionarios sigan enfocados en la persecuci?n de aquellos que son caracterizados como ?gente mala?, o peor, en la necesidad de mostrar resultados num?ricos a las agencias que financian su trabajo, antes que en las verdaderas causas de los delitos, los afectados directos seguir?n siendo las familias pobres y desafortunadas que en los casi veinte a?os de vigencia de la Ley 1008 han poblado los penales del pa?s.

En otro caso conocido, casi se lleg? a destruir una empresa boliviana fabricante de boratos (Tierra S.A.), acusando a sus directivos sin ning?n sustento de traficar con qu?micos precursores. Es de esperar que las nuevas autoridades se dejen guiar por las duras lecciones de experiencias bochornosas como la del caso Tierra S.A., para que no equivoquen en grande al declararle la guerra al tr?fico de precursores. Surge la pregunta: ?qui?n en Bolivia realmente controla los datos de inteligencia, cuando los cuerpos antidrogas siguen recibiendo sus bonos especiales directamente desde la NAS estadounidense? No tiene la poblaci?n el derecho de ser informada sobre las medidas que toma el gobierno para que los agentes de dichos cuerpos respondan a sus jefes bolivianos, y para que, a su vez, esos jefes respondan a los intereses de la poblaci?n boliviana?

En per?odos gubernamentales anteriores las autoridades policiales siempre negaban la existencia de estructuras ?paralelas? de inteligencia, que respondiesen a mandos e intereses for?neos. Sin embargo, el hermetismo inform?tico sobre esas labores, defendido por esas mismas autoridades, no permit?a de ninguna manera comprobar sus declaraciones, mientras que ha habido en la historia de Bolivia casos notorios que justifican el cuestionamiento (por ejemplo, el caso del Narcoavi?n de 1995). En relaci?n a las pol?ticas de drogas, el manejo de los datos de inteligencia puede llegar a afectar no solo la vigencia de los derechos humanos (de los acusados, y, en ?ltima instancia, de toda la poblaci?n) sino, nuevamente, la soberan?a del pa?s. Entonces, cabe la pregunta, ?hasta qu? grado la nueva pol?tica antidrogas prev? la introducci?n de garant?as al respecto?

?DROGAS CERO?, LA SOLUCION MENOS VIABLE
Numerosos estudios acad?micos de distintas partes y entidades del mundo han aportado a un mayor entendimiento de los efectos reales de las pol?ticas de ?drogas cero?. Todos ellos apuntan a una clara realidad: ni la demanda de drogas ni el acceso a ellas se han visto disminuidos a consecuencia de las pol?ticas represivas de prohibici?n. Al contrario, dichas pol?ticas de prohibici?n incentivan las grandes ganancias de las capas altas del negocio de las drogas, facilitando sus m?ltiples influencias da?inas en los sistemas pol?ticos y de convivencia social (su incrustaci?n en los c?rculos del poder, distorsiones de econom?as locales y nacionales, el involucramiento en el negocio de personas de bajos recursos econ?micos, etc?tera).

El premio N?bel de Econom?a 1992, Gary S. Becker, recientemente public? los resultados de un estudio (Journal of Political Economy, febrero 2006), en el que concluye: ?A aquellos proveedores (de drogas) que son capturados y castigados no les va nada bien, lo cual es el resultado t?pico para los muchos peces peque?os envueltos en la distribuci?n de las drogas. De otro lado, aquellos que logran evadir el castigo ?a menudo a trav?s de sobornos y otros comportamientos corruptores-, por lo general obtienen grandes ganancias por el precio tan elevado? [Nuestro] an?lisis ayuda a entender por qu? ha sido tan dif?cil ganar la Guerra a las Drogas?. En vez de una prohibici?n de las drogas imposible de poner en pr?ctica, el estudio de Becker sugiere que: ?la legalizaci?n de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, ser?a una manera mucho m?s barata y m?s efectiva para reducir su uso.?

Tambi?n las vivencias de autoridades policiales de muchos pa?ses les han llevado a la conclusi?n de que la opci?n ?cero drogas? tiene resultados p?simos. Uno de ellos es Lu?s Alberto Rojas, el actual jefe de operaciones de la Secretar?a Nacional Antidrogas del Paraguay. A fines del pasado mes de febrero calific? a la prohibici?n como ?la [soluci?n] ?m?s costosa y la menos efectiva? para atajar el tr?fico de marihuana en su pa?s (Diario ABC Color, 23 de febrero 2006).

A partir de experiencias y conclusiones como ?stas, la mayor?a de los gobiernos de la Uni?n Europea han optado, en sus propios pa?ses, por la aplicaci?n de pol?ticas estatales de ?Reducci?n del Da?o?. Estas, en vez de pretender dirigirse a la aniquilaci?n de las drogas de la faz de la tierra, buscan soluciones de su integraci?n controlada en el quehacer social y econ?mico de la naci?n. Son soluciones que buscan reducir los da?os o perjuicios que conlleva la presencia de drogas en las sociedades.

Al dejar de perseguir a los consumidores de drogas para que sean castigados, se abre la posibilidad de que los problemas del consumo sean tratados por los profesionales adecuados: m?dicos, psic?logos y trabajadores sociales. Liberarles a los consumidores de estigmas tambi?n ayuda en la atenci?n a algunos efectos nocivos secundarios del consumo, como es la contaminaci?n con VIH/SIDA. En fin, se trata de un reconocimiento p?blico de que el abuso de drogas no puede ser atribuido en primer lugar a las sustancias. Detr?s de cada experiencia individual negativa que involucra a alguna droga, existe un mundo de motivaciones psicosociales, que necesitan ser identificadas y tomadas en cuenta, a la hora de buscar soluciones, dentro las familias y en los dem?s entornos sociales, posiblemente con apoyo profesional.

La prohibici?n, adem?s, obstaculiza el uso ben?fico de sustancias categorizadas como drogas ilegales. El polit?logo holand?s y experto en pol?ticas de drogas Martin Jelsma, cuenta en una entrevista con P?gina 12 (Buenos Aires, 28 de agosto 2005) c?mo el gobierno militar de Birmania todos los a?os destruye anualmente, en celebraci?n al D?a Mundial contra la Droga, todo el opio, morfina o hero?na incautados, mientras que, al mismo tiempo, en los hospitales de ese pa?s miles de personas mueren de enfermedades graves y dolorosas sin el alivio posibilitado por el uso medicinal de los opi?ceos. Entre las medidas necesarias. Jelsma propone tratos diferenciados mucho m?s finos que los que actualmente se usa para las distintas sustancias, destacando que la Organizaci?n Mundial de Salud (OMS), en un estudio cient?fico del a?o 1995, se?ala que ?las personas que entran en usos problem?ticos de clorhidrato de coca?na, en contraste con su uso recreativo no adictivo, constituyen una proporci?n relativamente baja en comparaci?n con lo que sucede con la pasta base o el crack?.

CONCLUSI?N
Un cambio en el blanco principal de una guerra a las drogas dirigida desde Washington (de coca a coca?na), sin el abandono de los err?neos postulados de dicha guerra, tarde o temprano terminar? en la aceptaci?n de nuevos acondicionamientos e imposiciones internacionales. Aunque el momento pol?tico no parece estar a favor de propuestas de cambio m?s sustanciales en la pol?tica de drogas en Bolivia, es necesario que las autoridades dejen de desinformar a la poblaci?n sobre las verdades de la prohibici?n a las drogas y el real alcance de las estrategias de ?droga cero?.
Los pueblos del mundo requieren soluciones eficaces y no violentas para los problemas relacionados a las drogas. Con urgencia, la poblaci?n de Bolivia y toda Am?rica Latina requiere tambi?n encontrar formas para defender su soberan?a y hacer respetar sus derechos humanos. Es poco probable que una pol?tica de cero coca?na pueda apoyar esa tarea.

(1) experto internacional en temas de narcotr?fico y representante de Acci?n Andina en Bolivia.

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