contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Mi?rcoles, 08 de marzo de 2006

Drogas Bolivia: Otro destino para la hoja de coca

Por Franz Ch?vez - International Press Service News Agency

LA PAZ, 7 ene (IPS) - Penalizada en el contexto internacional, destruida a fuerza de azad?n y machete en Bolivia, pero venerada por las culturas andinas, la hoja de coca busca nuevo destino bajo el primer gobierno ind?gena de esta naci?n, presidido por el l?der cocalero Evo Morales, que asumir? el mando el 22 de enero.

El nuevo gobierno tiene inter?s en modificar la pol?tica antidroga expresada en la Ley 1008, despenalizar el cultivo sin que ello signifique una liberalizaci?n, y excluirlo de la lista de productos que hacen da?o a la salud, aprobada por la Convenci?n de Viena, dijo a IPS el asesor del presidente electo y posible ministro de gobierno, Juan Ram?n Quintana.

Empleada como infusi?n y para rituales ind?genas, la coca (Erythroxylon coca) es reconocida en territorio boliviano y en la zona andina, pero en el exterior es un estupefaciente prohibido, aunque para alcanzar ese grado necesita un largo proceso qu?mico en asociaci?n con otros componentes que la convierten en coca?na.

Cientos de cultivadores de coca cantan victoria por estos d?as, tras la hist?rica elecci?n por mayor?a absoluta de su l?der, el sindicalista ind?gena Evo Morales, quien obtuvo un mill?n y medio de votos, equivalente a 53,4 por ciento, en los comicios del 18 de diciembre.

Una de las principales propuestas de la campa?a de Morales fue la legalizaci?n de la hoja de coca, en un desaf?o a las directrices antidroga de Estados Unidos que ha realizado esfuerzos por acabar con el cultivo excedente en la zona central de Bolivia, el Chapare, donde la Organizaci?n de las Naciones Unidas (ONU) presume la existencia de unas 18.000 hect?reas plantadas.

El cultivo de coca s?lo est? autorizado en la zona semitropical de los Yungas, departamento de La Paz, pero con un l?mite de 8.000 hect?reas para el consumo tradicional de masticaci?n en zonas rurales, infusi?n y en rituales ind?genas.

En los ?ltimos a?os, la plantaci?n excedente de coca concentr? la atenci?n del gobierno estadounidense que moviliz? recursos financieros y apoyo t?cnico para reemplazarla por cultivos alimenticios, acompa?ados de una importante asistencia militar dirigida a combatir el narcotr?fico.

En 1971, la ONU adopt? el Convenio sobre Sustancias Sicotr?picas, y en 1988, la Convenci?n contra el Tr?fico Il?cito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr?picas, ambos en la ciudad de Viena.

A fines de los a?os 80, la ONU consign? a la hoja de coca como sustancia controlada, y simult?neamente en Bolivia se identificaron zonas legales y prohibidas para su cultivo, una medida que abri? paso a campa?as de destrucci?n a cargo de polic?as y militares con apoyo estadounidense.

En 1980, seg?n archivos period?sticos, el Chapare era el centro de los cultivos ilegales con una extensi?n hist?rica de 45.000 hect?reas, y al finalizar el segundo mandato del ex dictador Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001), se estimaba la existencia de unas 6.000 hect?reas.

Ahora, los c?lculos sobre la superficie cultivada en esa zona difieren mucho. Mientras la ONU habla de 18.000 hect?reas, fuentes diplom?ticas estadounidenses dijeron a IPS que exist?an 5.800 hect?reas, con una marcada tendencia al incremento.

Durante el gobierno de Carlos Mesa, entre octubre de 2003 y junio de 2005, los cultivadores de coca representados pol?ticamente por el entonces diputado Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lograron una concesi?n cuestionada por Estados Unidos: la libertad para cultivar una superficie de 40 metros cuadrados por familia.

El permiso de plantar en aquella superficie denominada "cato" alivi? las tensiones que hab?an alcanzado el mayor grado de violencia durante los gobiernos derechistas de Banzer y de su sucesor Jorge Quiroga (2001-2002).

A partir de esa medida de Mesa naci? una pol?tica apoyada por el MAS y que constituye la base de una futura estrategia sobre la coca, a completar con un estudio sobre la demanda del vegetal que ser? financiado por la Uni?n Europea, explic? Quintana.

La viabilidad de una pol?tica flexible con la coca s?lo ser? posible si la nueva administraci?n reemplaza la actual ayuda de Estados Unidos y Europa con el apoyo de gobiernos solidarios con su causa, dijo a IPS el director del Centro Latinoamericano de Investigaci?n Cient?fica, Franklin Alcaraz del Castillo, especializado en f?rmacodependencia.

La econom?a boliviana es muy dependiente de la cooperaci?n internacional, y el d?ficit fiscal, estimado en 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 8.000 millones de d?lares, es cubierto con donaciones y pr?stamos.

S?lo Estados Unidos concede anualmente donaciones por 150 millones de d?lares. De ese monto se destina una tercera parte a la lucha antidroga y el resto se invierte en la creaci?n de oportunidades para los cultivadores de la coca, el desarrollo econ?mico de otras regiones, salud p?blica y apoyo a iniciativas democr?ticas.

La lucha militar y policial contra las drogas es cubierta con recursos estadounidenses que financian las operaciones de helic?pteros, aviones y equipos de navegaci?n fluvial.

Ante una opini?n contraria de Estados Unidos y Europa a la legalizaci?n de la coca, Morales se presenta como un mandatario de un pa?s pobre, con poca influencia pol?tica en el contexto internacional y en un escenario donde el vegetal ya est? clasificado entre las sustancias prohibidas, explic? Alcaraz del Castillo.

Esta semana, el mandatario electo se entrevist? con los presidentes Fidel Castro, de Cuba, Hugo Ch?vez, de Venezuela, y Jos? Luis Rodr?guez Zapatero, de Espa?a, como parte de una gira que contin?a por otros pa?ses europeos y concluir? con una visita al mandatario brasile?o Luiz In?cio Lula da Silva el 13 de este mes. El d?a 17, Morales tambi?n se reunir? con el gobernante argentino N?stor Kirchner.

El prop?sito es ganar respaldo financiero internacional que equilibre la balanza frente a la influyente cooperaci?n estadounidense, aunque Washington se anticip? a dialogar con el presidente electo a trav?s de su embajador en La Paz, David Greenlee, en un encuentro cuyo contenido no fue divulgado.

Quintana tambi?n anunci? una gesti?n gubernamental orientada a cambiar el esp?ritu de la Ley 1008, que niega la presunci?n de inocencia a las personas investigadas por supuesto delito de tr?fico de drogas.

"Esta ley violenta el derecho ciudadano y se convirti? en herramienta de naturaleza pol?tica para frenar a los movimientos sociales", dijo Quintana en referencia al cuerpo legal que llev? a prisi?n a decenas de personas por su presunta participaci?n en el narcotr?fico, inclusive cultivadores ind?genas.

http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=36272

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