contra el narcotráfico, despenalización de la hoja de coca

Martes, 25 de septiembre de 2012

Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Barrios Altos

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Del 7 de Septiembre del 2012
 
CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
VISTO:
1. Las Sentencias de fondo, de interpretación de la Sentencia de fondo y de 
reparaciones  y costas  dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal” ) el 14 de marzo, 3 de 
septiembre y 30 de noviembre de 2001, respectivamente.

2. Las Resoluciones emitidas por la Corte el 22 de noviembre de 2002, 28 de noviembre 
de 2003, 17 de noviembre de 2004, 22 de septiembre de 2005 y 4 de agosto de 2008, en 
relación con el cumplimiento de las Sentencias dictadas en este caso. En esta última, el 
Tribunal declaró lo siguiente:
[…]
2. Que mantendr[ía] abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de 
los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:
a) el pago de la indemnización al señor Martín León Lunazco, hijo de la víctima 
Máximo León León (punto resolutivo 2.c) de la Sentencia de reparaciones de 30 de 
noviembre de 2001);
b) el pago de los intereses moratorios respecto a las indemnizaciones 
correspondientes a las beneficiarias Cristina Ríos Rojas, hija de la víctima fallecida 
Manuel Isaías Ríos Pérez, y Rocío Genoveva Rosales Capillo, hija de la víctima fallecida 
Alejandro Rosales Alejandro (punto declarativo 3.d de la Resolución de 22 de 
septiembre de 2005 y punto resolutivo 2.b de la Sentencia de reparaciones de 30 de 
noviembre de 2001);
c) el pago del monto de intereses moratorios adeudados a Maximina Pascuala 
Alberto Falero (punto resolutivo 2.b e inciso final en concordancia con el párrafo 36 de
la Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
∗ El Presidente de la Corte, Juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, no participa en el presente caso ni participó en la deliberación y firma de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento de la Corte aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. De acuerdo con este último artículo “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención, los Jueces no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del 
Estado demandado”.
2
d) el deber de investigar los hechos para determinar las personas responsables 
de las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la 
Sentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultados de dicha 
investigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo quinto de la Sentencia 
de fondo de 14 de marzo de 2001);
e) las prestaciones de salud (punto resolutivo tercero de la Sentencia de 
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
f) las prestaciones educativas (punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
g) los avances en la incorporación de “la figura jurídica que resulte más 
conveniente” para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales (punto resolutivo 
5.b) de la Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001); y
h) el monumento recordatorio que se debe erigir (punto resolutivo 5.f) de la 
Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001).
3. Los escritos de 13 de mayo y 1 de junio de 2009, mediante los cuales la República 
del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú” )  se refirió al estado del cumplimiento de las
Sentencias emitidas en el presente caso, así como los escritos de 31 de julio de 2009, y de 
26 y 27 de enero de 2010, mediante  los cuales,  respectivamente, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la 
Comisión” ) y los  representantes de las víctimas (en adelante “los representantes” )
presentaron sus observaciones a la información remitida por el Estado.

4. La Resolución de la entonces Presidenta de la Corte de 7 de diciembre de 2009, 
mediante la cual resolvió convocar a una audiencia privada, así como la audiencia privada 
celebrada por la Corte el 1 de febrero de 20101, en la cual  el  Estado, la Comisión y los 
representantes se refirieron al cumplimiento de las Sentencias dictadas en el presente caso.

5. Los escritos de 22 de febrero, 11  y 26  de marzo, y 17 de mayo de 2010,  24 de 
enero, 22 de febrero y 18 de abril de 2011, 30 de abril y 20 de agosto de 2012, mediante 
los cuales el Estado se refirió al estado del cumplimiento de las reparaciones ordenadas en 
el presente caso. De igual modo, el escrito de 24 de agosto de 2012, mediante el cual el 
Estado  remitió un documento que contiene “la posición institucional del Poder Judicial 
peruano”, respecto a la supervisión del cumplimiento del presente caso.

6. Los escritos de 16 de febrero, 1 de julio y 12 de agosto de 2010, 1 de abril y 4 de 
mayo de 2011, 12 de junio, 17 y 23 de julio de 2012, mediante los cuales los 
representantes presentaron sus observaciones a la información remitida por el Estado, así 
como los escritos de 25 de julio y 2 de agosto de 2012, mediante los cuales se refirieron al 
estado del cumplimiento de la obligación de investigar los hechos del caso. En el escrito de 
25 de julio de 2012, los representantes solicitaron a la Corte convocar a una audiencia de 
supervisión. 
                                          
1 A esta audiencia comparecieron: a) por el Estado, las señoras y señores Delia Muñoz Muñoz, Agente titular y Procuradora Pública Especializada Supranacional; César San Martín, Juez Supremo y Presidente de la Sala Penal Permanente del Poder Judicial; Dalia Suárez, funcionaria del Ministerio de Salud; Erika Ramos, de la Procuraduría Pública Especializada; Stephen Haas, del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Moisés Tambini del Valle, Embajador del Perú en Costa Rica; Gustavo Lembcke, Ministro de la Embajada del Perú en Costa Rica, y David Tejada, Primer Secretario de la Embajada del Perú en Costa Rica; b) por la Comisión Interamericana, la señora Lilly Ching, Abogada Especialista de la Secretaría Ejecutiva, y el señor Daniel Rodríguez; y c) por los representantes, las señoras y señor Gloria Cano Legua, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), así como Francisco Quintana y Alejandra Vicente, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL).


3
 
7. Los escritos de 4 de agosto de 2010, 1 de abril y 5 de julio de 2011, y 9 de agosto de 
2012, mediante los cuales la Comisión presentó sus observaciones a la información remitida 
por el Estado y los representantes.

8. Las notas de la Secretaría de la Corte de 1 de agosto de 2012, mediante las cuales el 
Presidente en ejercicio del Tribunal para el presente caso (en adelante “el  Presidente en 
ejercicio” ), en consulta con los demás Jueces de la Corte, resolvió convocar a las partes a 
una audiencia pública. 

9. Los escritos en calidad  de  amicus curiae presentados, respectivamente, el 20 de 
agosto de 2012 por el señor Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo del Perú, y el 27 de 
agosto de 2012 por el abogado César Augusto Nakasaki Servigón.

10. La audiencia pública celebrada por la Corte el 27 de agosto de 20122, en la cual el 
Estado, la Comisión y los representantes  se refirieron al cumplimiento de las medidas de
reparación pendientes de cumplimiento en el presente caso (supra Visto 2).

11. Los escritos de 28 y 29 de agosto de 2012, mediante los cuales el Estado presentó 
“su posición respecto de la Ejecutoria Suprema de fecha 20 de julio de 2012 (RN Nº 4104-
2010) expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República”, así 
como el escrito de 30 de agosto de 2012, mediante el cual los representantes de las 
víctimas presentaron su “posición respecto al cumplimiento de la sentencia en el presente 
caso, en seguimiento a la audiencia que tuvo lugar el 27 de agosto de 2012”.

CONSIDERANDO QUE:

1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el 
cumplimiento de sus decisiones.

2. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante “la Convención Americana” o “la Convención” ) desde el 28 de julio de 1978 y 
reconoció la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las 
sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. 
Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en 
la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo 
dispuesto por el Tribunal en sus decisiones3.
                                          
2 A esta audiencia comparecieron: a) por el Estado, los señores Oscar José Cubas Barrueto, Agente y Procurador Público Especializado Supranacional, y Segundo Vitery Rodríguez, Procurador del Poder Judicial; b) por la Comisión Interamericana, la señora Silvia Serrano Guzmán, Abogada Especialista de la Secretaría Ejecutiva; y c) por los representantes, los señores y señoras David Velazco Rondón, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Gloria Cano Legua, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL); Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Alejandra Vicente, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60, y Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de junio de 2012, Considerando tercero.

4
4. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida4. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado5.
5. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus 
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas 
sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones 
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como 
las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben 
ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente 
práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos 
humanos6.
6. En razón de la información presentada recientemente, el Tribunal estima pertinente 
referirse en la presente Resolución únicamente a la medida de reparación referente a la 
obligación de investigar los hechos para determinar las personas responsables de las 
violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la Sentencia de fondo, 
así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y la sanción de los 
responsables (punto resolutivo quinto de la Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001). 
En lo que respecta a las demás medidas pendientes de cumplimiento, la Corte queda a la 
espera de la información que, durante la audiencia,  el Estado anunció  que remitiría 
posteriormente, para oportunamente evaluar lo que corresponda al respecto.


A)  Alegatos de las partes así como observaciones de la Comisión 

7. El Estado solicitó a la Corte tener en cuenta los serios y significativos avances que se 
vienen realizando en el Perú a  efectos de dar cumplimiento a las obligaciones 
convencionales en lo que respecta a la obligación de investigar los hechos. Así, informó que
mediante Sentencia de 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República condenó a 25 años de prisión al ex  Presidente Alberto Fujimori
Fujimori, en su condición de autor mediato de los delitos de homicidio calificado bajo la 
circunstancia agravante de alevosía en agravio de las víctimas mortales en los casos Barrios 
Altos y La Cantuta, y lesiones graves en agravio de cuatro víctimas del caso Barrios Altos. 
Posteriormente, el  2  de enero de  2010  la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia, inter alia, confirmó por unanimidad dicha condena. Por lo tanto, dicha 
causa ya tendría la calidad de cosa juzgada. Además,  señaló que las condenatorias al  ex 
Presidente Fujimori Fujimori han sido difundidas oficialmente a través de la página web del 
                                          
4   Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35, y Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de junio de 2012, Considerando quinto.
5   Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Considerando tercero, y Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, supra nota 4, Considerando quinto.
6  Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 3, Considerando cuarto.

5
Poder Judicial, y que las sentencias en general derivadas de la Corte han sido puestas a 
disposición de todo el público usuario en la página del Ministerio de Justicia. Por otro lado, el 
Estado se refirió a la existencia de tres procesos seguidos contra los presuntos responsables 
del caso Barrios Altos, a saber: a) Exp. No. 32-2001 ante el Tercer Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio de Lima, en el  cual existirían dos cuadernos de ejecución y  el expediente 
principal se encontraría en la Corte Suprema de Justicia de la República; b) Exp. No. 28-
2001, en el cual existiría reserva de proceso y renovación periódica de órdenes de ubicación 
y captura respecto a determinadas personas. En dicha causa la Primera Sala Penal Especial 
de la Corte Superior  de Lima  habría dictado  Sentencia condenatoria el 1  de octubre de 
2010. Posteriormente, se habrían planteado recursos de nulidad y la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia habría emitido la  Ejecutoria Suprema de  20  de julio de 
2012. En contra de  dicha Ejecutoria,  la Procuraduría Pública Especializada en Materia 
Constitucional habría presentado una demanda de amparo contra la Sala Penal Permanente, 
y c) Exp. No. 4041-2010, en el cual se encontraría pendiente señalar fecha para la vista de 
la causa para la resolución de los recursos de nulidad planteados. 
8. Los representantes reconocieron que la Sentencia condenatoria dictada en el proceso 
seguido contra el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori “constituyó un hito histórico para 
el Perú y el mundo en la lucha contra la impunidad de graves crímenes contra los derechos 
humanos” y “ha sido emitida de manera razonada y justa y que la pena que se ha impuesto 
está acorde con la gravedad de los crímenes cometidos que constituyen efectivamente 
delitos de lesa humanidad”.  No obstante, señalaron que el Estado  no indicó el estado de 
cumplimiento de dicha Sentencia en los otros aspectos que ella estableció, “como son las 
medidas a favor de los agraviados y la formación de los cuadernos respectivos a ser 
derivados al Ministerio Público para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, a formular 
denuncia contra las personas sobre quienes, durante el proceso, aparecieron indicios de 
responsabilidad en la comisión de diferentes delitos”.  Asimismo,  presentaron información 
periodística sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ejecución de la pena 
impuestae indicaron que desconocían si se iniciaron investigaciones  al respecto, ya que 
sólo habían tenido acceso a información periodística que daría cuenta de la destitución del 
director del establecimiento penitenciario Barbadillo.  Por lo  anterior, solicitaron a la Corte 
que requiera al Estado del Perú información al respecto y, en relación con las personas que 
vendrían cumpliendo penas, quedaron a la espera de que “el Estado las ejecutara de 
manera adecuada y efectiva, sin conceder  indultos,  amnistías e incluso beneficios 
penitenciarios indebidos, que […] podrían perpetuar la impunidad”.  De igual modo, los 
representantes advirtieron la supuesta aprobación del Proyecto de Ley N° 3908/2009-PE 
presentado por el Poder Ejecutivo, en el cual habría solicitado facultades para legislar sobre 
la materia de la jurisdicción militar-policial, siendo posteriormente incluidas las materias 
procesal y penitenciaria sobre procesados o condenados por casos de graves violaciones a 
los derechos humanos. Según los representantes, el 10 de junio de 2010 el Congreso de la 
República del Perú habría aprobado el texto sustitutorio elaborado por la Comisión de 
                                          
Los representantes se refirieron a lo publicado en el diario “La República” el 16 de octubre de 2009, en cuanto a que el 26 de julio el señor Fujimori habría sido fotografiado aproximadamente al medio día fuera del perímetro del penal Barbadillo, donde se encontraría recluido. Dicho medio también habría recogido las declaraciones del jefe de la DIROES (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú ), quien habría señalado que “Fujimori no se encontraba dentro de las instalaciones del penal”, y que lo habría encontrado fuera del perímetro otorgado al INPE (Instituto Nacional Penitenciario) para su reclusión. Posteriormente, el 13 de mayo de 2010 la revista “Caretas” habría denunciado “la presencia de organizaciones vinculadas al fujimorismo que [serían] adoctrinadas al interior del establecimiento penitenciario donde se enc[ontraría] recluido Fujimori”. Asimismo, conforme a la información publicada en la misma revista el  20  de mayo de  2010, el Jefe  el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) habría declarado que el señor Fujimori habría llegado a recibir como visita en un mismo día a  180 personas vinculadas a organizaciones de su partido político. Además, conforme a imágenes captadas el 10 de mayo de 2010, el señor Fujimori aparecería “a unos 33 metros de su celda, coordinando obras a aproximadamente 20 metros de la puerta trasera del fundo Barbadillo”.
6
Justicia y Derechos Humanos, presidida por uno de los socios del estudio que patrocinó al ex 
Presidente Fujimori Fujimori. Finalmente, el Proyecto de Ley habría sido objeto de una 
reconsideración y se encontraría pendiente su suscripción por el Poder Ejecutivo. En 
consecuencia, solicitaron a la Corte que requiera al Estado información sobre los alcances de 
la mencionada ley y sobre sus posibles efectos. 
9. Por otra parte, en cuanto a las otras investigaciones abiertas, los representantes 
aclararon que no es cierto que se trate de procesos distintos, sino que es el mismo proceso 
seguido contra Vladimiro Montesinos Torres e integrantes del denominado Grupo Colina. En 
consecuencia, los representantes informaron que, mediante Sentencia emitida por la 
Primera Sala Penal Especial el 1 de octubre de 2010 se condenó a 15 personas por los 
hechos de Barrios Altos y se absolvió a otras cuatro personas. En la misma, se  habría 
establecido que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en perjuicio de las víctimas del 
caso Barrios Altos constituyen un delito de lesa humanidad, “al margen de cómo se 
encuadren en la legislación penal interna, siendo la legislación internacional la que 
determina su carácter de violaciones de los derechos humanos”. Además, se habría indicado 
“que  durante el juicio no se debatió ni probó que las víctimas del caso Barrios Altos 
hubieran formado parte de grupos terroristas”.  Dicha Sentencia  fue impugnada por los 
sentenciados, así como por la parte civil, siendo elevado el expediente a la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la que mediante Ejecutoria Suprema de 20 de 
julio de 2012  R.N. 4104-2010,  habría declarado  que las ejecuciones extrajudiciales 
ocurridas por el caso Barrios Altos no constituyeron delito de lesa humanidad por cuanto de 
acuerdo a algunos documentos oficiales la creación del  Grupo Colina tuvo por objeto 
combatir a miembros de los grupos terroristas y no a la población civil. Al respecto, 
señalaron que dicha decisión se apartaría de toda la jurisprudencia previa en el caso, tanto 
de instancias nacionales como internacionales, al considerar que el Grupo Colina no actuó 
en un contexto de violaciones generalizadas contra la población civil durante el conflicto 
interno; además,  de dicha decisión se  inferiría que las víctimas de los hechos del caso 
Barrios Altos no formaban parte de la población civil8. Asimismo, la Ejecutoria habría 
dispuesto la reducción de las penas impuestas a todos los sentenciados “apelando a una 
compensaci[ó]n por una supuesta afectaci[ó]n del derecho de los sentenciados a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable”, y en razón de “la descalificación de los hechos como 
delitos de lesa humanidad, [lo] que llevó a que la Sala declarara fundadas las excepciones 
de prescripción presentadas por los sentenciados” respecto al delito de asociación ilícita, por 
lo que las penas impuestas no serían proporcionales a la gravedad de la conducta. Por ende, 
consideraron que lo resuelto por la Sala Penal Permanente constituye un incumplimiento de 
la obligación de investigar y sancionar los hechos del caso Barrios Altos y habría generado 
“una grave inestabilidad jurídica y , al tratarse de un caso emblemático en la lucha 
contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el 
conflicto armado interno que vivió el Perú”. De igual forma, los representantes 
argumentaron  la alegada falta de imparcialidad  que  se habría visto reflejada tanto en el 
trámite como en los resultados del recurso de nulidad a cargo de la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia, así como en la reducción de las penas establecidas en la 
Ejecutoria Suprema de 20 de julio de 2012, en algunos casos sin establecer incluso 
fundamentación alguna “violando así el deber de motivar las decisiones judiciales”. En razón 
de los argumentos indicados, los representantes alegaron la violación: a) del deber de
                                      
8  Los representantes manifestaron que, si bien la Sentencia del caso Barrios Altos dictada por la Corte 
Interamericana el 14 de marzo de 2001 no califica expresamente estos hechos como un crimen de lesa humanidad, 
lo cierto es que en el caso La Cantuta de 29 de noviembre de 2006 dicho Tribunal determinó, “de manera 
categórica[,] que las acciones criminales del Destacamento Colina -la primera de las cuales fue el crimen de Barrios 
Altos- fueron parte de un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, […] que deben ser comprendidas 
como parte de una política de Estado en agravio de ciudadanos que no tenían ninguna vinculación con los grupos 
terroristas”.
Conclusiones
POR TANTO:
                                          
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de 
conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 24 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,
DECLARA QUE:
1. Dada la información presentada y las consideraciones de la Corte en la presente 
Resolución, aún no se ha dado cumplimiento total al deber de investigar los hechos para 
determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que 
se hizo referencia en la Sentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultados 
de dicha investigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo quinto de la 
Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001).
2. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes 
puntos pendientes de acatamiento:
a)  el deber de investigar los hechos para determinar las personas responsables 
de las  violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la 
Sentencia de fondo, así como divulgar públicamente los resultados de dicha 
investigación y la sanción de los responsables (punto resolutivo quinto de la 
Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001);
b)  el pago de la indemnización al señor Martín León Lunazco, hijo de la víctima 
Máximo León León (punto resolutivo 2.c) de la Sentencia de reparaciones de 30 de 
noviembre de 2001);
c)  el pago de los intereses moratorios respecto a las  indemnizaciones 
correspondientes a las beneficiarias Cristina Ríos Rojas, hija de la víctima fallecida 
Manuel Isaías Ríos Pérez, y Rocío Genoveva Rosales Capillo, hija de la víctima 
fallecida Alejandro Rosales Alejandro (punto declarativo 3.d de la Resolución de 22 
de septiembre de 2005 y punto resolutivo 2.b de la Sentencia de reparaciones de 30 
de noviembre de 2001);
d)  el pago del monto de intereses moratorios adeudados a Maximina Pascuala 
Alberto Falero (punto resolutivo 2.b e inciso final en concordancia con el párrafo 36 
de la Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
e)  las prestaciones de salud (punto resolutivo tercero de la Sentencia de 
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);25
f)  las prestaciones educativas (punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
g)  los avances en la incorporación de “la figura jurídica que resulte más 
conveniente” para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales (punto resolutivo 
5.b) de la Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001), y
h)  el monumento recordatorio que se debe erigir (punto resolutivo 5.f) de la 
Sentencia de reparaciones de 30 de noviembre de 2001).
Y RESUELVE:
1. Que el Estado del Perú debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar 
efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el 
punto declarativo  segundo  de esta Resolución, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Que el Estado del Perú debe presentar  a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a más tardar el 20 de enero de 2013, un informe en el cual indique todas las 
medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se 
encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los 
Considerandos 6 y 58 a 62, así como en los puntos declarativos primero y segundo de la 
presente Resolución.
3. Que los representantes  de las víctimas y la  Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos deben presentar  observaciones al informe del Estado mencionado en el punto 
resolutivo anterior, en plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir 
de la notificación de dicho informe.
4.  Que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a la República del 
Perú, a la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos  y a los representantes de las 
víctimas.
Manuel Ventura Robles
Presidente en ejercicio
Leonardo A. Franco  
Margarette May Macaulay
Rhadys Abreu Blondet
Alberto Pérez Pérez
Eduardo Vio Grossi
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Manuel Ventura Robles
Presidente en ejercicio
Pablo Saavedra Alessandri
        Secretario


Tags: Fallo de la CIDH, Derechos Humanos, Villa Stein, Mafia, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, Lesa Humanidad

Añadir comentario

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com