El juicio a Alberto Fujimori no atañe solamente a los fiscales, jueces, abogados o a las partes directamente involucradas. Es un juicio en el que no se discute solo la culpabilidad del acusado. También se debate sobre las libertades democráticas y los derechos ciudadanos, sobre si se los hace valer o no. En ese sentido, incumbe a muchos.

Desde esa perspectiva, es notorio que, en su defensa de Fujimori, César Nakazaki también está haciendo la defensa del Estado dictatorial. Su alegato no solo exculpa a su cliente. También es un grotesco ataque, solapado con argumentos leguleyos, en contra de las libertades ciudadanas que forman parte de la democracia.

Así, el abogado defensor justifica el golpe de Estado de 1992, argumenta que la política antisubversiva de Fujimori fue humanitaria y pretende que la prensa no opine sobre el juicio como si fuera un caso sin interés público. Igualmente, en su reciente alegato sobre el secuestro de Gustavo Gorriti, Nakazaki sostiene que su cliente debe ser absuelto. Sostiene que Fujimori no tuvo responsabilidad sobre un hecho que fue parte notoria de la operación del golpe de Estado que él condujo en abril de 1992.

Sin embargo, la defensa de este abogado va más allá del propio Fujimori. También defiende a los ejecutores directos de ese secuestro y de otros: el general Hermoza y demás militares involucrados. ¿Cómo así? Pues, según su interpretación de la ley penal, un particular que detiene ilegalmente a una persona sí comete secuestro. Pero un funcionario estatal que tiene potestades para detener, pero las usa ilegalmente, solo comete abuso de autoridad.

Así sería, según Nakazaki, el desequilibrio entre atribuciones estatales y derechos ciudadanos en tiempos normales. En los estados de emergencia, en su teoría, tendría aún menos sentido acusar por secuestro a policías o militares que detengan ilegalmente. Celebra feliz la frase retórica de un jurista: esos estados de excepción son dictaduras constitucionales. Mala suerte, ciudadano.

En el caso de Gorriti, hombres armados irrumpieron en su casa de madrugada, no se identificaron, se lo llevaron sin decir a dónde, lo recluyeron incomunicado y nunca dieron razones de su detención a autoridad alguna. La ley penal dice que eso es secuestro. Nakazaki dice que solo es abuso de autoridad. Agrega, retorcidamente, que no hubo crueldad porque no le incendiaron su casa ni le destruyeron la personalidad.

Esta tesis de Nakazaki le serviría para lograr la prescripción del delito en mención, no solo para Fujimori, sino para otros implicados. Además, servirá a cualquier otro autor ulterior de actos análogos. Su alegato es una defensa adelantada de eventuales nuevas agresiones a los derechos ciudadanos. Este juicio también es, por tanto, un juicio sobre nuestros derechos y libertades.

Por Carlos  Reyna

Fuente: Un juicio sobre nosotros | LaRepublica.pe