El Tribunal Constitucional de Perú (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la norma del Gobierno de la región andina de Puno que legalizaba el cultivo de la hoja de coca, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.

Según afirmó el juez del alto tribunal Ernesto Alvarez, esta demanda presentada por el Ejecutivo peruano se tendrá que resolver en un plazo no mayor a dos meses y 'con total objetividad', para determinar si la decisión del presidente de Puno, Hernán Fuentes, de otorgar incentivos al cultivo de coca, la principal materia prima de la cocaína, vulnera la Constitución.
El magistrado explicó que en los próximo días se notificará al Gobierno de Puno para la celebración de una audiencia en donde los representantes de la región deberán explicar el contenido de la norma y sus diferencias respecto a otras directivas similares que ya fueron declaradas inconstitucionales por el tribunal.
'Habiendo sentencias del TC en materia de legalización de hoja de coca por otros gobiernos regionales, se trata de escuchar los argumentos que planteen alguna diferencia para que se evalúen y se pueda llegar a una convicción diferente a las anteriores', manifestó el juez a la agencia oficial Andina.
El gobierno del nacionalista Hernán Fuentes, del movimiento regional Avanza País, declaró a la hoja de coca 'patrimonio regional, cultural inmaterial, etnobotánico, sociológico, histórico, alimenticio, medicinal e industrial, y símbolo del pueblo quechua-aimara'.
La controvertida ordenanza señala que hasta que no exista una política nacional para proteger la planta de la coca, deberá suspenderse la erradicación forzosa y biológica en las cuencas cocaleras de la zona por constituir un 'ecocidio'.
Pero el Gobierno Central considera que la decisión de Puno, región fronteriza con Bolivia y una de las más pobres de Perú, contraviene la Constitución peruana, respecto a la concepción de un Estado unitario, y atenta contra la política nacional antidrogas.
Puno decidió legalizar los cultivos de coca después de que las Naciones Unidas, en su informe mundial sobre drogas, solicitaran la abolición y prohibición de su consumo, practicado por los pueblos andinos para combatir el mal de altura, celebrar ritos y como medicina tradicional.
Hoy, en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), Fuentes anunció que dará 'batalla jurídica' en defensa de su ordenanza y restó importancia a la admisión de la demanda que a su juicio es sólo un 'trámite y nada más'.
Por otro lado, la Fiscalía formalizó una denuncia penal contra Fuentes por utilizar el portal de internet de su región para promocionar la página de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que promueve Venezuela, publicó hoy el diario 'Correo'.

Fuente: Terra Actualidad - EFE