Legalización, libre cultivo y libre comercio de la Hoja de Coca.
EN CLARO DESAFÍO AL GOBIERNO, ORDENANZA REGIONAL LIBERA PRODUCCIÓN EN CUENCAS DE INAMBARI Y TAMBOPATA
En una actitud desafiante, y desconociendo normas de carácter nacional, ayer el gobierno regional de Puno emitió una ordenanza que declara a la hoja de coca "patrimonio regional y cultural", e incluso establece la elaboración de un nuevo padrón de productores, así como la suspensión de la erradicación forzosa.
La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, establece como zonas cocaleras de cultivo tradicional a las cuencas de Inambari y Tambopata, en las provincias de Carabaya y Sandia, "donde el volumen del cultivo de coca guarde relación con la carga familiar, el sueldo mínimo vital o el equivalente de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)".
La ordenanza añade que el gobierno regional impulsará un nuevo padrón de productores cocaleros en Puno, para lo cual coordinará con el Ministerio de Agricultura y la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
Cabe precisar que en el 2005 los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco pretendieron declarar a la coca como patrimonio cultural; sin embargo, la medida fue declarada "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional.
Pero esta controvertida ordenanza también contempla gestionar la suspensión de la erradicación forzosa en las referidas zonas cocaleras, pues sostiene que se comete un "ecocidio", ya que no existe una política nacional de protección de la hoja de coca.
La norma, refrendada por el radical presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, contempla gestionar ente el gobierno central el retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena y, por lo tanto, despenalizarla.
El experto en temas de narcotráfico Rubén Vargas señaló que con esta medida Fuentes "abre un frente de enfrentamiento" con el gobierno y las instituciones nacionales a cargo de la lucha contra el narcotráfico.
"Fuentes pretende congraciarse con los cocaleros para paliar su debilidad y encontrar el apoyo de la región, que aún le es esquivo. Es una acción política de un sujeto que no entiende la lucha contra las drogas", señaló el analista de la agencia Inforegión.
Vargas remarcó que está vigente la Ley 28095, que data de 1978, que prohíbe nuevos cultivos y empadronamientos de hoja de coca, por lo tanto una ordenanza regional no puede vulnerar el ordenamiento jurídico del Estado.
En una actitud desafiante, y desconociendo normas de carácter nacional, ayer el gobierno regional de Puno emitió una ordenanza que declara a la hoja de coca "patrimonio regional y cultural", e incluso establece la elaboración de un nuevo padrón de productores, así como la suspensión de la erradicación forzosa.
La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, establece como zonas cocaleras de cultivo tradicional a las cuencas de Inambari y Tambopata, en las provincias de Carabaya y Sandia, "donde el volumen del cultivo de coca guarde relación con la carga familiar, el sueldo mínimo vital o el equivalente de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)".
La ordenanza añade que el gobierno regional impulsará un nuevo padrón de productores cocaleros en Puno, para lo cual coordinará con el Ministerio de Agricultura y la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
Cabe precisar que en el 2005 los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco pretendieron declarar a la coca como patrimonio cultural; sin embargo, la medida fue declarada "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional.
Pero esta controvertida ordenanza también contempla gestionar la suspensión de la erradicación forzosa en las referidas zonas cocaleras, pues sostiene que se comete un "ecocidio", ya que no existe una política nacional de protección de la hoja de coca.
La norma, refrendada por el radical presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, contempla gestionar ente el gobierno central el retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena y, por lo tanto, despenalizarla.
El experto en temas de narcotráfico Rubén Vargas señaló que con esta medida Fuentes "abre un frente de enfrentamiento" con el gobierno y las instituciones nacionales a cargo de la lucha contra el narcotráfico.
"Fuentes pretende congraciarse con los cocaleros para paliar su debilidad y encontrar el apoyo de la región, que aún le es esquivo. Es una acción política de un sujeto que no entiende la lucha contra las drogas", señaló el analista de la agencia Inforegión.
Vargas remarcó que está vigente la Ley 28095, que data de 1978, que prohíbe nuevos cultivos y empadronamientos de hoja de coca, por lo tanto una ordenanza regional no puede vulnerar el ordenamiento jurídico del Estado.
MAS DATOS
El especialista Rubén Vargas dijo que todo esto es parte de la ideología de Hernán Fuentes. "El cree en esta suerte del llamado socialismo moderno, que incluso tiene cercanía con el chavismo venezolano", indicó.
Fuente: Correo