El presidente del Congreso es un gran componedor. Por eso llamó al contralor y a la jefa de la Oficina Anticorrupción para que fumen la pipa de la paz y definan los límites entre la institución que debería estar investigando la corrupción y la que ha formado Alan García exactamente para los mismo, pero con menor autonomía. En el Perú parece que sobran los moralizadores, pero lo que sigue faltando es moralidad.

Explíquenme ¿cómo es que Richard Díaz, el viceministro de transporte de Toledo que dirigió las concesiones carreteras que se hicieron sin cumplir los requisitos de control contra los que reniega García, es ahora el jefe de responsabilidad social de la brasilera Odebrecht, la firma que más se benefició con esas obras?

O, ¿cómo se explica que Leoni Roca sea la gerente general de Aeropuertos del Perú, concesionaria de los terminales aéreos de provincias entregados por el gobierno de García, luego de haber ocupado el papel de jefe de la OSITRAN, organismo regulador del transporte que manejó el proceso de elaboración de las bases y selección de postores?

Podríamos seguir con la Aljovín y sus relaciones con la Telefónica –las suyas y las de su marido-, las de la Blume y Telmex, las de María Jesús Hume con el Banco de Crédito, ING, Integra, Patricia Teullet en COMEX, etc. ¿Cómo hacen para pasar con tanta facilidad de los puestos públicos a la gestión privada en los mismos sectores en los que estaban representando al Estado, y para mantenerse como eternos candidatos a algún cargo ministerial?

La pregunta es si el señor Matute ha investigado, aunque sea por rutina, alguno de estos casos para ver si no hay aprovechamiento de las posiciones de poder para favorecer a empresas privadas con las que después se termina relacionado. ¿Qué importancia puede tener la duplicación o triplicación de funciones anticorrupción, si ninguno de los anticorruptores es capaz de detectar si en el Perú –como algunos suponemos-, está funcionando una mafia de gente relacionada que se mueve cómodamente entre el poder y la gran empresa, y entre megacontratos de decenas y cientos de millones de dólares?

He leído en estos días un texto que plantea el tema crucial: ¿por qué en los procesos sobre corrupción que se llevan adelante, entre ellos los que recaen en la mafia de Fujimori, nadie se atreve a plantear preguntas sobre Newmont, Doe Run, Antamina, Telefónica, Graña y Montero, JJ Camet, Odebrecht, Tractebel y otras empresas que fueron favorecidas por los corruptos? ¿Es que a nadie se le ocurre que este es un tema de interés crucial para el Perú? ¿O es que hay una prohibición para referirse a estos temas?

Por Raúl Wiener

Fuente: www.rwiener.blogspot.com