domingo, 20 de enero de 2008
Según Devida, pobladores de zonas cocaleras afirman que deben reducirse plantaciones de coca
* Pobladores de zonas cocaleras afirman que deben reducirse plantaciones de coca
* El 41,9% pide la disminución, 28,7% la eliminación total y solo 7,9% mantenerlas. El 66% afirma que los narcos extorsionan y amenazan a los agricultores
Una encuesta realizada en 18 localidades de cuatro departamentos (Ayacucho, Huánuco, San Martín y Ucayali) ubicados en cuencas cocaleras revela que la gran mayoría de pobladores de esas zonas es consciente de los severos problemas y perjuicios sociales que genera el cultivo ilegal de la hoja de coca y la presencia de narcotraficantes en esos lugares.
Y no solo eso, sino que el estudio revela que solo una minúscula parte de los encuestados (7,9%) piensa que el total de plantaciones debe quedar tal cual está actualmente, mientras que la mayoría (41,9%) pide una reducción, y que se deje solo los cultivos legales. Otros, más radicales, pero con un significativo 28,7%, considera que debe eliminarse todos los cultivos.
El estudio también deja en claro los temores de la población acerca de los riesgos, peligros y perjuicios que arrastra no solo la siembra ilegal de hoja de coca sino también la presencia de los narcotraficantes que alientan a través de métodos coercitivos.
Por ello entre las respuestas brindadas aparece que el 42% considera que uno de los problemas principales que genera el cultivo ilegal de coca en la zona es la delincuencia, los robos y las extorsiones. Al mismo tiempo el 59,8% indica que los principales efectos negativos del narcotráfico en la sociedad son el aumento del crimen y de la delincuencia.
De otro lado, el 66% juzga que los narcotraficantes extorsionan y amenazan a los agricultores para que aumenten su producción de hoja de coca. Asimismo, el 69,8% considera que es verdad que se utilizan a niños para el sembrío y la cosecha de hoja de coca.
El estudio de Devida también revela que el 81,3% afirma que es verdad que el narcotráfico utiliza principalmente a adolescentes y jóvenes para transportar la droga de la Amazonía hacia la costa del país.
La encuesta fue realizada en diciembre por el equipo de investigación de Calandria Asociación de Comunicadores Sociales en coordinación con el personal especializado de Devida.
DEL CONSULTOR
Una creciente actitud crítica*
El estudio nos revela dos importantes cambios en la percepción de la población de las zonas de producción de coca. Uno de ellos referido al uso de la producción de hoja de coca. La mayoría de los encuestados cree que el principal uso de los cultivos de coca es para el narcotráfico o --lo que es lo mismo-- la elaboración de la droga.
Estos resultados, aun cuando mayoritariamente los encuestados reconocen que los que siembran coca lo hacen por ser pobres o por mayores ingresos que otros productos, dejan claro que la mayoría de la población de estas regiones reconoce que la coca que se siembra en los valles tiene como principal destino las pozas de maceración y laboratorios de producción de PBC y cocaína. Es decir, que los sembradores lo venden a las firmas del narcotráfico.
Esta constatación echa por tierra lo que el discurso cocalero y a favor de la coca pretendió hacer creer al país: que la coca que ellos defendían en los valles era para los usos medicinales, religiosos, para venderle a Enaco, para el consumo tradicional o la industrialización. Es evidente también que estos resultados revelan que las poblaciones tienen muy clara la diferencia entre la coca legal y la coca ilegal.
El segundo cambio, indesligable del anterior, es la aparición de una nueva actitud en los encuestados con respecto a los cultivos ilegales de coca. Una relativa mayoría está de acuerdo con una reducción total de cultivos de coca, salvo los cultivos legales. Pero lo más sorprendente de este estudio es que junto a esta actitud que está de acuerdo con la reducción total de la coca ilegal, hay un importante sector de la población que está de acuerdo con "eliminar todos los cultivos de coca": el 11,3% en Ayacucho, 28% en Huánuco, 24,5% en Ucayali y un imprevisto y sorprendente 50% en San Martín.
En conjunto, estos resultados muestran una creciente actitud crítica frente no solo al exceso de cultivos ilegales de hoja de coca sino el surgimiento de un consenso social respecto a una reducción parcial o total de la hoja de coca cuyo destino principal es el narcotráfico.
Es necesario que quienes toman las decisiones políticas tengan en cuenta el estudio y lo articulen a una política integral de lucha contra el narcotráfico.
* Jaime Antezana, Sociólogo
Fuente: El Comercio













