La Unión Europea (UE) donó hoy 1 millón de euros (1,4 millones de dólares) al Gobierno de Bolivia para realizar un estudio que determine cuál es el nivel de la producción, el comercio y el consumo legal y cultural de la hoja de coca.
Ivo Hoefkens, encargado de negocios de la Comisión de la Unión Europea en La Paz, dijo que con esa investigación se quiere contribuir al "conocimiento acertado" del tema para mejorar las políticas públicas y apoyar la lucha contra el narcotráfico.
La ayuda fue concretada con la firma de un convenio entre el representante de la UE y el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca.
Bolivia apoyará con 50 mil euros más (73.000 dólares) a la investigación que debe realizarse en un plazo de 18 meses.
El estudio dará información sobre las características del consumo, comercialización e industrialización lícita y productividad media por hectárea de coca, además de determinar el uso ritual de la planta.
Los cultivos de la planta, además de tener usos legales en Bolivia, son desviados a la producción de cocaína por las bandas de traficantes que operan en el país.
El ministro Choquehuanca aseguró que el plan es "significativo" para el movimiento campesino y particularmente, el "cocalero", cuyos sindicatos principales en Bolivia, aún son dirigidos por Morales.
"La hoja de coca es vida; es parte de nuestra cultura. Es alimento y alimento espiritual", sostuvo Choquehuanca.
Durante su Gobierno Morales ha propuesto elevar la cantidad de cultivos legales de 12.000 a 20.000 hectáreas, algo a lo que se opone Estados Unidos porque cree que ese aumento derivará en una mayor producción de cocaína.
En septiembre pasado, el Gobierno reportó la existencia de un total de 28.500 hectáreas en todo el país.
De las 20.000 que pretende legalizar el gobierno, 16.000 irían al consumo interno y otras 4.000 a proyectos de industrialización de la planta con fines medicinales, entre otros.
Esta semana, el Gobierno anunció que ya cumplió la meta anual de erradicación de cultivos de coca al destruir 5.778 hectáreas hasta fines de noviembre, frente al mínimo legal exigido de 5.000. EFE