Legalización, libre cultivo y libre comercio de la Hoja de Coca.
Hay un debate que se viene alargando desde hace un buen tiempo, tal vez desde que se inició el Estado de Emergencia en el Alto Huallaga: es sobre el supuesto rebrote terrorista.
Diferentes líderes y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de derechos humanos han advertido de una creciente acción senderista, tanto en el plano de adoctrinamiento como de organización de las poblaciones rurales. Frente a estas advertencias y pronunciamientos, los representantes del estado han dicho que no debemos ser alarmistas, que no existe rebrote ni cosa parecida. Sólo actos desesperados de SL para hacer notar su presencia y que no volverá a ser lo que fue antes.
Hasta hace dos años, se podía tolerar este debate, pero hoy ha devenido ocioso. Quienes han vivido de cerca el proceso de violencia desde 1980 pueden corroborar nuestra afirmación: ya estamos en una nueva etapa del conflicto armado interno. Y no es ser alarmista. A pesar que algunos analistas (Fernando Rospigliosi) o los Ministros dicen que no hay posibilidad de rebrote (Allan Wagner y Luis Alva Castro), o que es el narcotráfico que utiliza a SL como sicarios (Jaime Antezana), nosotros observamos características comunes a las de 1980. “Artemio“ dio el aviso y nadie le tomó en serio.
ADVERTENCIAS DEL INFORME DE LA CVR
Al respecto debemos citar la Conclusión N º 81 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que dice:
“ La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas políticas del país. Una vez que el incremento del número de acciones subversivas armadas lo volvió inocultable, el gobierno de AP y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a partir de sus propias agendas políticas. Debe señalarse que ese tiempo perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno”.
Al inicio del Gobierno de Acción Popular y el PPC (1980 – 1985) se decía que los actos de violencia eran realizados por las bandas de abigeos. Se erró el diagnóstico, se le consideró un problema marginal, mientras SL avanzaba en las comunidades rurales.
Muchas personas y organizaciones han insistido durante estos últimos años en que las autoridades traten el tema con seriedad, pero no fueron escuchadas. La oficina del Comisionado para la Paz y el Desarrollo en Tingo María recibió propuestas desde la sociedad civil, pero cayó en un enfoque unilateral y policíaco del tema. Ni el Gobierno Regional, ni los gobiernos locales, menos los sectores del gobierno central han formulado propuestas para adecuarse al estado de emergencia.
No podemos esperar que comiencen a llegar los muertos en camiones, como antes, para decir hay rebrote o lo que quieran llamarlo. ¡Estamos perdiendo el tiempo de manera increíble¡ ¡estamos repitiendo los mismos errores del año 1980¡
Si leemos la Conclusión N º 82 nos daremos cuenta que no hemos cambiado en nada respecto al tratamiento del tema, que las instituciones siguen tan mal como antes:
“ La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron ininterrumpidamente. Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de una política contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de la población que fue trasladado hacia el gobierno (…)”
El Estado de Emergencia en Leoncio Prado, Marañón, Huacaybamba y Huamalíes, (así como en Tocache y Padre Abad) que fue implantado por el gobierno mediante Decreto Supremo Nº 098-2005-PCM, a raíz de la emboscada de Angashyacu (cerca de Aucayacu) en diciembre del 2005, ha venido prorrogándose sin mayores resultados. En ese momento se forma el Frente Policial Huallaga, recibiendo 50 millones de soles para sus fines, pero hasta ahora no tenemos ni información de sus logros ni resultados aceptables en la zona. Y ya son dos años de estado de emergencia.
ESTADO REACTIVO
Lamentablemente tenemos un Estado grande, flaco y tonto. Es un Estado pesado, reactivo, sin reflejos, sin eficacia. Esto se demuestra en el triste espectáculo que están dando los personajes del gobierno: en menos de un mes se producen dos emboscadas fatales, con cinco policías muertos y siete heridos en Huancavelica. Y ellos salen a explicar, dizque para tranquilizar al país, que no hay rebrote, que son narcotraficantes. Pero luego caen en vergonzosas contradicciones, dicen que son elementos de SL que sirven al narcotráfico, luego dicen que SL produce y comercializa su propia droga, se mantiene el estado de emergencia para combatir a Alipio y sus 200 hombres en el VRAE, y solicitan más presupuesto para el combate.
¿Y las facultades extraordinarias que recibió el gobierno para legislar en materia de seguridad, narcotráfico y terrorismo?, ¿por qué ahora se forma una comisión para estudiar el endurecimiento de las normas?, ¿por qué el Presidente sale a mostrarse como el Gran Juez del país anunciando que publicará los nombres de los presos que fueron liberados por haber cumplido su condena o por indulto?
La idea de publicar los nombres de 1800 liberados indica con claridad que el Gobierno aprista no tiene política antisubversiva. Muchas personas lo vienen diciendo desde hace tiempo: hay que trabajar de manera integral para la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Sin embargo, sólo hay una reacción gubernamental cuando se produce algún atentado, que no es broma, porque siempre mueren policías desguarnecidos. Sólo en el Huallaga tenemos alrededor de una docena de PNP asesinados por SL.
S.L. CONTINÚA SU GUERRA VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Mucha razón tiene el Presidente Regional de Huánuco cuando dice que para derrotar a SL hay que conocer el marxismo. Los que dirigen los destinos del país (gobierno central, regional y local) deben conocer el maoísmo: la “guerra del campo a la ciudad”, “guerra prolongada”, etc., lo que explica el famoso “Acuerdo de Paz” que tanta propaganda hizo Fujimori y Montesinos en su momento como un gran logro, cuando era la táctica de Abimael; la alianza SL – narcotráfico; las escuelas políticas en el Alto Huallaga, la organización de las comunidades rurales, su inserción en organizaciones legales, y otras formas de mimetizarse para sobrevivir.
SL aplica todas las formas de lucha, según el marxismo, a nivel económico, político e ideológico. Sin embargo, esto no es una novela de románticos guerrilleros que se van al monte a luchar por la justicia. SL está cometiendo diversas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. A diario tenemos noticias que SL asesina a sospechosos de “soplonaje” y a gente de “mal vivir”, hace “justicia” a la gente de las comunidades, secuestra a funcionarios y trabajadores de las instituciones de desarrollo, enrola a los jóvenes de manera compulsiva, y otros hechos similares.
Es lo mismo que señala la CVR en su Conclusión Nº 28:
“ La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, señala que miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR , graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades”.
No se trata de pacificar a cualquier precio o caeremos en lo mismo que hizo Fujimori, con un marco legislativo anticonstitucional, con grupos clandestinos, sin arreglar los problemas sociales, pero si con una campaña de propaganda para engañar al pueblo. Ojalá que no se repita lo que dice la CVR en su Conclusión Nº 38, respecto al rol que le tocó jugar a los gobiernos de AP y el APRA en su primer gobierno:
“ La CVR constata no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese período carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado planteado por PCP-SL y el MRTA. Existió un interés por poner en marcha la Constitución de 1979, por desarrollar el país y por hacer que la relación entre gobernantes y gobernados fuese expresión del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Belaúnde como el del presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir social, política, económica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilización del conjunto de la población para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos democráticos a la subversión armada y al terrorismo”.
Ya estamos en medio de una guerra que nadie quiere, pero no hacemos lo suficiente para evitarlo. No esperemos que lleguen decenas de muertos, que haya asesinatos en nuestro barrio o en la universidad para convencernos. Hay que evitar la guerra construyendo el desarrollo y democracia con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Huánuco, 26 de noviembre de 2007
Por: Edgar Vilca Figueredo
dgar Vilca Figueredo
IREPAZ - HUANUCO
Fuente: Para que no se Repita
Diferentes líderes y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de derechos humanos han advertido de una creciente acción senderista, tanto en el plano de adoctrinamiento como de organización de las poblaciones rurales. Frente a estas advertencias y pronunciamientos, los representantes del estado han dicho que no debemos ser alarmistas, que no existe rebrote ni cosa parecida. Sólo actos desesperados de SL para hacer notar su presencia y que no volverá a ser lo que fue antes.
Hasta hace dos años, se podía tolerar este debate, pero hoy ha devenido ocioso. Quienes han vivido de cerca el proceso de violencia desde 1980 pueden corroborar nuestra afirmación: ya estamos en una nueva etapa del conflicto armado interno. Y no es ser alarmista. A pesar que algunos analistas (Fernando Rospigliosi) o los Ministros dicen que no hay posibilidad de rebrote (Allan Wagner y Luis Alva Castro), o que es el narcotráfico que utiliza a SL como sicarios (Jaime Antezana), nosotros observamos características comunes a las de 1980. “Artemio“ dio el aviso y nadie le tomó en serio.
ADVERTENCIAS DEL INFORME DE LA CVR
Al respecto debemos citar la Conclusión N º 81 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que dice:
“ La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas políticas del país. Una vez que el incremento del número de acciones subversivas armadas lo volvió inocultable, el gobierno de AP y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a partir de sus propias agendas políticas. Debe señalarse que ese tiempo perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno”.
Al inicio del Gobierno de Acción Popular y el PPC (1980 – 1985) se decía que los actos de violencia eran realizados por las bandas de abigeos. Se erró el diagnóstico, se le consideró un problema marginal, mientras SL avanzaba en las comunidades rurales.
Muchas personas y organizaciones han insistido durante estos últimos años en que las autoridades traten el tema con seriedad, pero no fueron escuchadas. La oficina del Comisionado para la Paz y el Desarrollo en Tingo María recibió propuestas desde la sociedad civil, pero cayó en un enfoque unilateral y policíaco del tema. Ni el Gobierno Regional, ni los gobiernos locales, menos los sectores del gobierno central han formulado propuestas para adecuarse al estado de emergencia.
No podemos esperar que comiencen a llegar los muertos en camiones, como antes, para decir hay rebrote o lo que quieran llamarlo. ¡Estamos perdiendo el tiempo de manera increíble¡ ¡estamos repitiendo los mismos errores del año 1980¡
Si leemos la Conclusión N º 82 nos daremos cuenta que no hemos cambiado en nada respecto al tratamiento del tema, que las instituciones siguen tan mal como antes:
“ La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron ininterrumpidamente. Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de una política contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de la población que fue trasladado hacia el gobierno (…)”
El Estado de Emergencia en Leoncio Prado, Marañón, Huacaybamba y Huamalíes, (así como en Tocache y Padre Abad) que fue implantado por el gobierno mediante Decreto Supremo Nº 098-2005-PCM, a raíz de la emboscada de Angashyacu (cerca de Aucayacu) en diciembre del 2005, ha venido prorrogándose sin mayores resultados. En ese momento se forma el Frente Policial Huallaga, recibiendo 50 millones de soles para sus fines, pero hasta ahora no tenemos ni información de sus logros ni resultados aceptables en la zona. Y ya son dos años de estado de emergencia.
ESTADO REACTIVO
Lamentablemente tenemos un Estado grande, flaco y tonto. Es un Estado pesado, reactivo, sin reflejos, sin eficacia. Esto se demuestra en el triste espectáculo que están dando los personajes del gobierno: en menos de un mes se producen dos emboscadas fatales, con cinco policías muertos y siete heridos en Huancavelica. Y ellos salen a explicar, dizque para tranquilizar al país, que no hay rebrote, que son narcotraficantes. Pero luego caen en vergonzosas contradicciones, dicen que son elementos de SL que sirven al narcotráfico, luego dicen que SL produce y comercializa su propia droga, se mantiene el estado de emergencia para combatir a Alipio y sus 200 hombres en el VRAE, y solicitan más presupuesto para el combate.
¿Y las facultades extraordinarias que recibió el gobierno para legislar en materia de seguridad, narcotráfico y terrorismo?, ¿por qué ahora se forma una comisión para estudiar el endurecimiento de las normas?, ¿por qué el Presidente sale a mostrarse como el Gran Juez del país anunciando que publicará los nombres de los presos que fueron liberados por haber cumplido su condena o por indulto?
La idea de publicar los nombres de 1800 liberados indica con claridad que el Gobierno aprista no tiene política antisubversiva. Muchas personas lo vienen diciendo desde hace tiempo: hay que trabajar de manera integral para la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Sin embargo, sólo hay una reacción gubernamental cuando se produce algún atentado, que no es broma, porque siempre mueren policías desguarnecidos. Sólo en el Huallaga tenemos alrededor de una docena de PNP asesinados por SL.
S.L. CONTINÚA SU GUERRA VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Mucha razón tiene el Presidente Regional de Huánuco cuando dice que para derrotar a SL hay que conocer el marxismo. Los que dirigen los destinos del país (gobierno central, regional y local) deben conocer el maoísmo: la “guerra del campo a la ciudad”, “guerra prolongada”, etc., lo que explica el famoso “Acuerdo de Paz” que tanta propaganda hizo Fujimori y Montesinos en su momento como un gran logro, cuando era la táctica de Abimael; la alianza SL – narcotráfico; las escuelas políticas en el Alto Huallaga, la organización de las comunidades rurales, su inserción en organizaciones legales, y otras formas de mimetizarse para sobrevivir.
SL aplica todas las formas de lucha, según el marxismo, a nivel económico, político e ideológico. Sin embargo, esto no es una novela de románticos guerrilleros que se van al monte a luchar por la justicia. SL está cometiendo diversas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. A diario tenemos noticias que SL asesina a sospechosos de “soplonaje” y a gente de “mal vivir”, hace “justicia” a la gente de las comunidades, secuestra a funcionarios y trabajadores de las instituciones de desarrollo, enrola a los jóvenes de manera compulsiva, y otros hechos similares.
Es lo mismo que señala la CVR en su Conclusión Nº 28:
“ La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, señala que miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR , graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades”.
No se trata de pacificar a cualquier precio o caeremos en lo mismo que hizo Fujimori, con un marco legislativo anticonstitucional, con grupos clandestinos, sin arreglar los problemas sociales, pero si con una campaña de propaganda para engañar al pueblo. Ojalá que no se repita lo que dice la CVR en su Conclusión Nº 38, respecto al rol que le tocó jugar a los gobiernos de AP y el APRA en su primer gobierno:
“ La CVR constata no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese período carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado planteado por PCP-SL y el MRTA. Existió un interés por poner en marcha la Constitución de 1979, por desarrollar el país y por hacer que la relación entre gobernantes y gobernados fuese expresión del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Belaúnde como el del presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir social, política, económica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilización del conjunto de la población para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos democráticos a la subversión armada y al terrorismo”.
Ya estamos en medio de una guerra que nadie quiere, pero no hacemos lo suficiente para evitarlo. No esperemos que lleguen decenas de muertos, que haya asesinatos en nuestro barrio o en la universidad para convencernos. Hay que evitar la guerra construyendo el desarrollo y democracia con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Huánuco, 26 de noviembre de 2007
Por: Edgar Vilca Figueredo
dgar Vilca Figueredo
IREPAZ - HUANUCO
Fuente: Para que no se Repita