sábado, 01 de diciembre de 2007
Narcotráfico, García y Fujimori
Por Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas - Rímac
Desde nuestra última entrega (15 de setiembre) han tenido lugar diversos hechos importantes:
+ la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori, para ser sometido a juicio por diversos delitos de corrupción y violación de derechos humanos;
+ el ataque a la comisaría de Ocobamba y la emboscada a vehículos policiales en Jerjer (Tayacaja).;
+ la toma de posición del Presidente García a favor de la gran inversión en recursos naturales;
+ las alzas de precios de productos de primera necesidad (pollo, pan, tomate) y de materiales de construcción;
+ la caída de la cotización del dólar;
+ la aprobación por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con el Perú, quedándose a la espera de su ratificación en el Senado de EE.UU.;
+ la continuidad de las protestas. Hemos tenido la consulta en Majaz; las huelgas de los docentes universitarios (FENDUP), de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos (FNTMMS), de los cocaleros de Huánuco y de los trabajadores del Poder Judicial. También la jornada nacional de protesta del 8 de noviembre, convocada por la CGTP. Asi como la protesta de la Amazonía, especialmente de la Región Ucayali, por el recorte de las exoneraciones tributarias. Y últimamente, el paro de los damnificados del terremoto del 15 de agosto, protestando por la lentitud en la ejecución de las obras de reconstrucción.
Dado el espacio reducido de que disponemos para nuestro comentario mensual, sólo comentaremos algunos de ellos.
LA CRECIENTE PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO
Dos hechos llamaron la atención de la Opinión Pública y las autoridades en estos meses: 1) el ataque a la comisaría de Ocobamba (Apurímac), a consecuencia del cual murió un oficial y tres policías resultaron heridos. Y, 2) la emboscada a dos vehículos policiales en la quebrada de Jeljer (Huancavelica), que costó la vida a un civil y a cuatro suboficiales de la Policía Nacional. A raíz de estos hechos han surgido diversas afirmaciones sobre quiénes podrían ser los autores: terroristas de Sendero Luminoso que se han reagrupado y por ello algunos hablan de “rebrote” del terrorismo; narcotraficantes, un nuevo grupo armado, etc.
A pesar que la información que nos llega es contradictoria, confusa y que las investigaciones no han terminado a la fecha, nos inclinamos a pensar que están más cerca de la verdad quienes sostienen que no son terroristas (Jaime Antezana, Fernando Rospigliosi, Santiago Pedraglio, entre otros); sino que ambos ataques (y otros sucedidos con anterioridad) evidencian que el narcotráfico está comenzando a desarrollar un aparato armado en el país, tal como lo hizo anteriormente en Colombia, México y Centroamérica. Su objetivo al hacerlo no es tomar el poder (como sí fue y sigue siendo la intención de Sendero Luminoso), sino proteger los caminos por donde transitan los “mochileros” (con insumos y droga) de ataques de otras “firmas” de narcotraficantes, de delincuentes y de la policía.
Y agregan que el apelativo de “narcoterroristas”, usado con frecuencia por parte de sectores del gobierno y por la mayoría de medios de comunicación, no ayuda a entender la gravedad de lo que está sucediendo, pues desvía la atención de cuál constituye hoy el mayor peligro para la seguridad del país. Además, no permite diseñar estrategias adecuadas de respuesta, pues una cosa es enfrentarse a delincuentes y otra a un grupo político cuyo objetivo es la toma del poder por medios violentos.
También nos dicen que la base social de este fenómeno serían tanto licenciados del ejército y ex senderistas, que se alquilan como sicarios del narcotráfico; como también jóvenes que ante la falta de trabajo en sus zonas se alquilan como “mochileros”, es decir como transportadores de la droga y/o sus insumos por las numerosas rutas que hoy existen para tal fin.
Asimismo, coinciden en señalar que el gobierno no tiene ninguna estrategia para afrontar este creciente problema, lo que ha quedado evidenciado en las versiones contradictorias dadas por sus diversas instancias con ocasión de ambos luctuosos acontecimientos. El Ministro del Interior, Alva Castro, habló de narcotraficantes; el de Defensa, Allan Wagner, de rezagos de Sendero Luminoso y el Presidente Alan García de acciones llevadas a cabo por los terroristas que han salido de prisión. Por eso J. Antezana afirma que “Hay mucha distancia entre el discurso oficial y las acciones concretas. Se ha hecho incautación de drogas, erradicación de cultivos de coca, pero no hay nada sobre el control de lavado de activos ni en cuanto a capturas importantes de los barones de la droga. No se está poniendo fuerza en articular una estrategia integral mientras que el narcotráfico continúa reafirmándose y captando nuevas zonas” ([1]).
Y nosotros agregamos que varios de sus integrantes más bien buscan aprovechar la comprensible preocupación de la opinión pública para llevar agua para su molino.
Por ejemplo, el Almirante Giampietri, primer vice-presidente de la República, aprovechó para disparar a su blanco favorito, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Giampietri dijo: "Hemos sido testigos de la persecución desatada por los órganos de izquierda en contra de los militares, que escudándose en el informe de la Comisión de la Verdad, han sometido a juicio a oficiales que defendieron a la Patria. Ahora no existe un marco jurídico que los proteja, ya lo habíamos advertido pero como no nos hicieron caso, pues ahora vamos a ver las consecuencias (…) no es solamente un asunto de narcotráfico, sino de los terroristas de Sendero Luminoso (…) ahora se sienten seguros para dar paso a la acción armada (…) la misma que se ha incrementado notoriamente, por lo que ahora atacan en grupos de 70 u 80 y no de 5 ó 10 como antes" ([2]). Según Giampietri “Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) carecen ahora de financiamiento y se "recursean" con el narcotráfico, brindándole seguridad” ([3]).
La Congresista Lourdes Alcorta y el Ministro de la Producción, Rafael Rey han tenido declaraciones similares a las de Giampietri. En ello expresan una coincidencia más con el fujimorismo, pues sus voceros más calificados: Santiago Fujimori y los diarios Expreso y La Razón, han tenido el mismo enfoque para analizar los sucesos de Ocobamba y Jeljer.
Una prueba más de que el gobierno no sabe qué hacer frente a este tema la ha dado el Presidente García al proponer hacer pública una lista de 1,800 terroristas que salieron de las cárceles en los últimos años. Según García: "Hay que someter a toda esta gente a restricciones, porque no puede ser que salgan de las cárceles los acusados por terrorismo para estar agitando nuevamente las calles, para estar radicalizando protestas, para volver a crear núcleos semiterroristas o terroristas tanto en la sierra como en algunas universidades" ([4]). Y para variar volvió sobre su propuesta de aplicar la pena de muerte a los terroristas.
Para los analistas mencionados líneas arriba, la insistencia gubernamental en que los autores son terroristas sería más bien una cortina de humo más. Así lo ha señalado, por ejemplo, F.Rospigliosi, quién afirma que: “Todo indica que son narcotraficantes y no terroristas (…) El VRAE se ha convertido en una zona liberada del narcotráfico, pero no del terrorismo (…) El gobierno está tratando de engañar a la gente con el cuento del terrorismo, para ocultar el verdadero problema: el narcotráfico está creciendo. Están usando más violencia y la corrupción está aumentando en las fuerzas de seguridad en esa zona” ([5]).
Sin embargo, el hecho de que los autores de los últimos hechos de violencia más saltantes (Ocobamba y Jeljer) sean narcotraficantes, no nos puede, ni debe, hacer olvidar la voz de alerta dada en estos meses por Susana Villarán y Santiago Pedraglio. Villarán ha manifestado que “Sendero está reagrupándose políticamente y eso requiere que se le dispute el terreno social con una fuerza como la nuestra” ([6][6]). Pedraglio nos dice: “Es conocido que Sendero Luminoso se está reorganizando política y orgánicamente en diferentes regiones del país y que algunas de las columnas armadas en el Huallaga y el VRAE obedecerían a sus directivas” ([7]).
GARCÍA Y LA GRAN INVERSIÓN
En su artículo “El síndrome del perro del hortelano” el Presidente Alan García propone privatizar los bosques amazónicos, para dar paso a la explotación forestal y energética y critica a aquellos que hablan de respeto a “pueblos no contactados”, lo que considera una invención.
También critica a las comunidades campesinas por acaparar tantas tierras y propone vender las tierras comunales para dedicarlas a la agro exportación y a la minería. Asimismo critica a los pescadores artesanales por oponerse a que se den en concesión sectores marinos, para dedicarlos a la maricultura. Y por último, se lanza contra aquellos que se oponen (CGTP, entre otros) a que para lograr bajar nuestros altos índices de informalidad se den derechos laborales progresivos y no todos a la vez. Su prioridad es dar incentivos a la gran inversión para favorecer el desarrollo del país.
En dicho artículo Alan García es bastante agresivo con los que se oponen a su propuesta. Comentando el caso de la minería señala “”aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado (...) en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas” (...) el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo” ([8]).
Su artículo fue favorablemente acogido por diversos medios de comunicación, entre ellos El Comercio que editorializó sobre la madurez alcanzada por García diciendo: “En lo formal e ideológico, resulta gratificante asistir a lo que podríamos llamar una maduración doctrinal del pensamiento político del doctor García, matizado ahora de pragmático estadismo y acompañado de la correspondiente valentía para sustentar puntos de vista no siempre populares”([9]).
Y también por el empresariado, por ejemplo, la CONFIEP, frente al anuncio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de una jornada nacional de protesta para el 8 de noviembre, señaló que: "Todo aquel que vaya en contra de la inversión, el empleo y el bienestar, quien se oponga a esto tiene que ser considerado como enemigo del país. El pueblo tiene que reaccionar en contra de las personas que se oponen a que haya menos pobreza, y a la mejor y mayor educación (…) El país está creciendo (económicamente) en 8% pero ellos piden (en su pliego de reclamos) que se cambie el modelo económico. Esa actitud es claramente negativa" ([10])
El pensamiento de García coincide también con la de un connotado miembro del Opus Dei, Rafael Rey, quién dijo: "Muchos comunistas que se han opuestos siempre a la inversión privada se han reciclado y han asumido dos banderas como si fueran los únicos que pueden defender el derecho al medioambiente y los derechos humanos. Con ese argumento y sin criterios razonables están predicando falsedades” ([11]).
Pero no todo ha sido aprobación. García fue fuertemente criticado por numerosos analistas por basar el desarrollo del país sólo en la extracción de los recursos naturales, privilegiando a la gran inversión, sin preocuparse por desarrollar nuestro mercado interno, promoviendo el aumento de la productividad de la micro y pequeña empresa, así como del agro para consumo interno. Pero sobre todo fue criticado por ratificarse en la opción de impulsar el crecimiento económico a como de lugar sin integrar en su preocupación la necesaria distribución equitativa de los frutos de dicho crecimiento.
LA EXTRADICIÓN DE FUJIMORI
Finalmente, luego de una larguísima espera de casi dos años, la justicia chilena determinó que procedía la extradición al Perú del ex presidente Alberto Fujimori. Los jueces chilenos afirman que “Fujimori no sólo tenía conocimiento de los hechos (delitos de lesa humanidad y corrupción), en su condición de presidente de la República, sino que él tenía dominio de los hechos” ([12]) por lo que procede enjuiciarlo por ambos tipos de delitos.
Nos parece que es saludable para el país que el 82% (encuesta nacional Ipsos-Apoyo) esté de acuerdo con su extradición y considere que el ex Presidente Alberto Fujimori sí es culpable de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción.
También nos parece saludable que sus partidarios (a pesar de todos sus esfuerzos) no hayan podido movilizar a las masas que sí lo respaldan ([13]), ni tampoco a gran parte del sector empresarial que considera a Fujimori como el arquitecto de la actual bonanza económica, por las medidas que se dieron durante su gobierno para ordenar la economía e impulsar la inversión privada. Este sector empresarial también destaca que al librarnos del terrorismo senderista, con “excesos comprensibles” otorgó la seguridad necesaria para que la inversión prospere.
Asimismo, es alentador el hecho de que los encargados de juzgarlo son conocidos por su seriedad, imparcialidad y honestidad. Según Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación “El tribunal que lo juzgará a Fujimori conoce mucho de derecho y tiene una honestidad acrisolada”. Esta opinión es compartida por la mayoría de analistas. Lo que no sucede con la opinión que se tiene sobre los miembros del tribunal que lo juzgaría en segunda instancia.
Igualmente alienta que, hasta ahora, a nivel de medios de comunicación se ha recordado a la Opinión Pública lo que hizo Fujimori, con una tendencia bastante crítica. Como dice Carlos Reyna “Todo esto va a volver a precisar, ante la gente, el verdadero perfil de Fujimori y del régimen que encabezó. Varias de las conclusiones y lecciones que se sacaron después de su fuga van a recobrar actualidad, o van a ser conocidas por primera vez por los más jóvenes (…) El conjunto de este nuevo develamiento le hará bien a la democracia. Buena parte de sus últimos retrocesos tienen que ver, precisamente, con el olvido de lo que han sido Fujimori y el fujimorismo” ([14]).
Nos parece que la extradición de Fujimori, es una derrota para el gobierno de Alan García, quién siempre demostró no tener ningún interés en la misma. En cambio, gana el Perú, pues tenemos la oportunidad de hacer justicia. La extradición es un gran triunfo para la causa de los derechos humanos y para la lucha anti-corrupción. Como bien señala Santiago Pedraglio: “lo que va aprendiendo el país es que nadie puede matar a personas desarmadas, ordenar que se las mate o dejar de impedirlo si está en sus manos; y que nadie tiene derecho a disponer de los bienes del Estado como se lo dicte su beneficio o el de sus colaboradores” ([15]).
De igual parecer es José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch para las Americas: “Ahora se abre la oportunidad de que en otros países si se dan circunstancias similares se aplique este precedente judicial. Hay que hacer notar que esta decisión proviene de una Corte Suprema que es bastante conservadora y que tiene un récord muy exigente en esta materia (…) Todo eso es algo completamente inédito y va a ayudar a desarrollar nuevos principios jurídicos en el ámbito de los derechos humanos” ([16]).
Salomón Lerner considera que la extradición de Fujimori: “respalda un arduo trabajo de la CVR, que estableció de manera indudable la responsabilidad penal de Fujimori, tal como aparece en la conclusión número 100 del Informe de la Comisión” que señala que “La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori como su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado “Colina”.
Pero también es buena noticia para la lucha anti-corrupción A. Bullard nos dice que “La extradición es una buena noticia para el crecimiento. Según el economista italiano Pablo Mauro, avanzar un escalón en la escala de corrupción (…) significa un crecimiento anual adicional de (…) hasta 2.5% más de crecimiento [del PBI] (…) Difícil encontrar otro factor que pueda influir tanto (…) Traer a Fujimori y juzgarlo reduce la sensación de impunidad que los políticos y funcionarios públicos pueden tener (…) Con ello es de esperar que la corrupción se reduzca. La justicia genera no solo bienestar moral sino también económico” ([17]).
Se ha discutido mucho si el juicio a Fujimori (cuya nueva fecha de inicio se ha fijado para el 10 de diciembre) debe politizarse o no. Coincidimos con Juan de la Puente cuando señala que “El arribo de Fujimori nos coloca ante dos procesos, cada uno con sus reglas, uno jurisdiccional y otro político, el primero de ellos con principios que al mismo tiempo deben garantizar la igualdad de todos ante la ley, el debido proceso y la independencia de los jueces” Según de la Puente politización sería si se presiona a magistrados para que lo condenen o liberen en base a consideraciones políticas y no jurídicas. “El segundo proceso es el político, o más precisamente el juicio político de los hombres y los hechos, al que tampoco puede sustraerse un ex presidente, especialmente si fugó, fue destituido y luego extraditado” ([18]).
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[1]) La República, 18 de octubre del 2007.
[2]) La Razón, 3 de noviembre del 2007.
[3]) Desco Resumen Semanal Año XXX – n. 1461 (7-13 de noviembre del 2007)
[4] ) Desco Resumen Semanal Año XXX n.1462 (14-20 de noviembre del 2007)
[5] ) La Primera, 3 de noviembre del 2007.
[6] ) Entrevista a Susana Villarán en Revista “Domingo” La República 4 de noviembre del 2007. Villarán se refiere a la reciente confluencia de la agrupación a la que pertenece: Partido por la Democracia Social –PDS- con los siguientes movimientos regionales: Convergencia Nacional Descentralista (CONREDES) de Junín, a la que pertenece el actual Presidente Regional de esa zona: Vladimiro Huaroc. Ayni de Huancavelica, Fuerza Social de Cajamarca (que también dirige el gobierno regional). Nueva Amazonía de San Martín (a cargo del gobierno regional) y Acción y Desarrollo Regional de Loreto. También asistieron a la reunión, pero no sabemos si finalmente se integraron a Fuerza Social el Movimiento Autogobierno Ayllu de Cusco y Llapanchik de Apurímac.
[7]) Perú 21 4 de noviembre del 2007.
[8] ) El Comercio, 28 de octubre del 2007.
[9] ) El Comercio, 4 de noviembre del 2007.
[[10] ) Expreso, 2 de noviembre del 2007.
[11] ) Expreso, 24 de octubre del 2007.
[12] ) Carlos Castro La República 23 de setiembre del 2007.
[13]) Cerca de un 23% de la población piensa que fue Fujimori quien acabo con el terrorismo. Además valoran las numerosas obras que hizo en sus pueblos, y el hecho de que estuviera cercano a ellos. Pero, sobre todo, lo respaldan porque están convencidos que el que cometió los delitos que se le imputan fue Vladimiro Montesinos.
[14] ) La República 24 de setiembre del 2007.
[15] ) Perú 21, 23 de setiembre del 2007.
[16] ) Entrevista en Perú 21, 22 de setiembre del 2007.
[17]) Perú 21, 24 de setiembre del 2007.
[18]) La República, 25 de setiembre del 2007.
Fuente: paraquenoserepita@yahoogroups.com
Instituto Bartolomé Las Casas - Rímac
Desde nuestra última entrega (15 de setiembre) han tenido lugar diversos hechos importantes:
+ la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori, para ser sometido a juicio por diversos delitos de corrupción y violación de derechos humanos;
+ el ataque a la comisaría de Ocobamba y la emboscada a vehículos policiales en Jerjer (Tayacaja).;
+ la toma de posición del Presidente García a favor de la gran inversión en recursos naturales;
+ las alzas de precios de productos de primera necesidad (pollo, pan, tomate) y de materiales de construcción;
+ la caída de la cotización del dólar;
+ la aprobación por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con el Perú, quedándose a la espera de su ratificación en el Senado de EE.UU.;
+ la continuidad de las protestas. Hemos tenido la consulta en Majaz; las huelgas de los docentes universitarios (FENDUP), de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos (FNTMMS), de los cocaleros de Huánuco y de los trabajadores del Poder Judicial. También la jornada nacional de protesta del 8 de noviembre, convocada por la CGTP. Asi como la protesta de la Amazonía, especialmente de la Región Ucayali, por el recorte de las exoneraciones tributarias. Y últimamente, el paro de los damnificados del terremoto del 15 de agosto, protestando por la lentitud en la ejecución de las obras de reconstrucción.
Dado el espacio reducido de que disponemos para nuestro comentario mensual, sólo comentaremos algunos de ellos.
LA CRECIENTE PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO
Dos hechos llamaron la atención de la Opinión Pública y las autoridades en estos meses: 1) el ataque a la comisaría de Ocobamba (Apurímac), a consecuencia del cual murió un oficial y tres policías resultaron heridos. Y, 2) la emboscada a dos vehículos policiales en la quebrada de Jeljer (Huancavelica), que costó la vida a un civil y a cuatro suboficiales de la Policía Nacional. A raíz de estos hechos han surgido diversas afirmaciones sobre quiénes podrían ser los autores: terroristas de Sendero Luminoso que se han reagrupado y por ello algunos hablan de “rebrote” del terrorismo; narcotraficantes, un nuevo grupo armado, etc.
A pesar que la información que nos llega es contradictoria, confusa y que las investigaciones no han terminado a la fecha, nos inclinamos a pensar que están más cerca de la verdad quienes sostienen que no son terroristas (Jaime Antezana, Fernando Rospigliosi, Santiago Pedraglio, entre otros); sino que ambos ataques (y otros sucedidos con anterioridad) evidencian que el narcotráfico está comenzando a desarrollar un aparato armado en el país, tal como lo hizo anteriormente en Colombia, México y Centroamérica. Su objetivo al hacerlo no es tomar el poder (como sí fue y sigue siendo la intención de Sendero Luminoso), sino proteger los caminos por donde transitan los “mochileros” (con insumos y droga) de ataques de otras “firmas” de narcotraficantes, de delincuentes y de la policía.
Y agregan que el apelativo de “narcoterroristas”, usado con frecuencia por parte de sectores del gobierno y por la mayoría de medios de comunicación, no ayuda a entender la gravedad de lo que está sucediendo, pues desvía la atención de cuál constituye hoy el mayor peligro para la seguridad del país. Además, no permite diseñar estrategias adecuadas de respuesta, pues una cosa es enfrentarse a delincuentes y otra a un grupo político cuyo objetivo es la toma del poder por medios violentos.
También nos dicen que la base social de este fenómeno serían tanto licenciados del ejército y ex senderistas, que se alquilan como sicarios del narcotráfico; como también jóvenes que ante la falta de trabajo en sus zonas se alquilan como “mochileros”, es decir como transportadores de la droga y/o sus insumos por las numerosas rutas que hoy existen para tal fin.
Asimismo, coinciden en señalar que el gobierno no tiene ninguna estrategia para afrontar este creciente problema, lo que ha quedado evidenciado en las versiones contradictorias dadas por sus diversas instancias con ocasión de ambos luctuosos acontecimientos. El Ministro del Interior, Alva Castro, habló de narcotraficantes; el de Defensa, Allan Wagner, de rezagos de Sendero Luminoso y el Presidente Alan García de acciones llevadas a cabo por los terroristas que han salido de prisión. Por eso J. Antezana afirma que “Hay mucha distancia entre el discurso oficial y las acciones concretas. Se ha hecho incautación de drogas, erradicación de cultivos de coca, pero no hay nada sobre el control de lavado de activos ni en cuanto a capturas importantes de los barones de la droga. No se está poniendo fuerza en articular una estrategia integral mientras que el narcotráfico continúa reafirmándose y captando nuevas zonas” ([1]).
Y nosotros agregamos que varios de sus integrantes más bien buscan aprovechar la comprensible preocupación de la opinión pública para llevar agua para su molino.
Por ejemplo, el Almirante Giampietri, primer vice-presidente de la República, aprovechó para disparar a su blanco favorito, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Giampietri dijo: "Hemos sido testigos de la persecución desatada por los órganos de izquierda en contra de los militares, que escudándose en el informe de la Comisión de la Verdad, han sometido a juicio a oficiales que defendieron a la Patria. Ahora no existe un marco jurídico que los proteja, ya lo habíamos advertido pero como no nos hicieron caso, pues ahora vamos a ver las consecuencias (…) no es solamente un asunto de narcotráfico, sino de los terroristas de Sendero Luminoso (…) ahora se sienten seguros para dar paso a la acción armada (…) la misma que se ha incrementado notoriamente, por lo que ahora atacan en grupos de 70 u 80 y no de 5 ó 10 como antes" ([2]). Según Giampietri “Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) carecen ahora de financiamiento y se "recursean" con el narcotráfico, brindándole seguridad” ([3]).
La Congresista Lourdes Alcorta y el Ministro de la Producción, Rafael Rey han tenido declaraciones similares a las de Giampietri. En ello expresan una coincidencia más con el fujimorismo, pues sus voceros más calificados: Santiago Fujimori y los diarios Expreso y La Razón, han tenido el mismo enfoque para analizar los sucesos de Ocobamba y Jeljer.
Una prueba más de que el gobierno no sabe qué hacer frente a este tema la ha dado el Presidente García al proponer hacer pública una lista de 1,800 terroristas que salieron de las cárceles en los últimos años. Según García: "Hay que someter a toda esta gente a restricciones, porque no puede ser que salgan de las cárceles los acusados por terrorismo para estar agitando nuevamente las calles, para estar radicalizando protestas, para volver a crear núcleos semiterroristas o terroristas tanto en la sierra como en algunas universidades" ([4]). Y para variar volvió sobre su propuesta de aplicar la pena de muerte a los terroristas.
Para los analistas mencionados líneas arriba, la insistencia gubernamental en que los autores son terroristas sería más bien una cortina de humo más. Así lo ha señalado, por ejemplo, F.Rospigliosi, quién afirma que: “Todo indica que son narcotraficantes y no terroristas (…) El VRAE se ha convertido en una zona liberada del narcotráfico, pero no del terrorismo (…) El gobierno está tratando de engañar a la gente con el cuento del terrorismo, para ocultar el verdadero problema: el narcotráfico está creciendo. Están usando más violencia y la corrupción está aumentando en las fuerzas de seguridad en esa zona” ([5]).
Sin embargo, el hecho de que los autores de los últimos hechos de violencia más saltantes (Ocobamba y Jeljer) sean narcotraficantes, no nos puede, ni debe, hacer olvidar la voz de alerta dada en estos meses por Susana Villarán y Santiago Pedraglio. Villarán ha manifestado que “Sendero está reagrupándose políticamente y eso requiere que se le dispute el terreno social con una fuerza como la nuestra” ([6][6]). Pedraglio nos dice: “Es conocido que Sendero Luminoso se está reorganizando política y orgánicamente en diferentes regiones del país y que algunas de las columnas armadas en el Huallaga y el VRAE obedecerían a sus directivas” ([7]).
GARCÍA Y LA GRAN INVERSIÓN
En su artículo “El síndrome del perro del hortelano” el Presidente Alan García propone privatizar los bosques amazónicos, para dar paso a la explotación forestal y energética y critica a aquellos que hablan de respeto a “pueblos no contactados”, lo que considera una invención.
También critica a las comunidades campesinas por acaparar tantas tierras y propone vender las tierras comunales para dedicarlas a la agro exportación y a la minería. Asimismo critica a los pescadores artesanales por oponerse a que se den en concesión sectores marinos, para dedicarlos a la maricultura. Y por último, se lanza contra aquellos que se oponen (CGTP, entre otros) a que para lograr bajar nuestros altos índices de informalidad se den derechos laborales progresivos y no todos a la vez. Su prioridad es dar incentivos a la gran inversión para favorecer el desarrollo del país.
En dicho artículo Alan García es bastante agresivo con los que se oponen a su propuesta. Comentando el caso de la minería señala “”aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado (...) en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas” (...) el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo” ([8]).
Su artículo fue favorablemente acogido por diversos medios de comunicación, entre ellos El Comercio que editorializó sobre la madurez alcanzada por García diciendo: “En lo formal e ideológico, resulta gratificante asistir a lo que podríamos llamar una maduración doctrinal del pensamiento político del doctor García, matizado ahora de pragmático estadismo y acompañado de la correspondiente valentía para sustentar puntos de vista no siempre populares”([9]).
Y también por el empresariado, por ejemplo, la CONFIEP, frente al anuncio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de una jornada nacional de protesta para el 8 de noviembre, señaló que: "Todo aquel que vaya en contra de la inversión, el empleo y el bienestar, quien se oponga a esto tiene que ser considerado como enemigo del país. El pueblo tiene que reaccionar en contra de las personas que se oponen a que haya menos pobreza, y a la mejor y mayor educación (…) El país está creciendo (económicamente) en 8% pero ellos piden (en su pliego de reclamos) que se cambie el modelo económico. Esa actitud es claramente negativa" ([10])
El pensamiento de García coincide también con la de un connotado miembro del Opus Dei, Rafael Rey, quién dijo: "Muchos comunistas que se han opuestos siempre a la inversión privada se han reciclado y han asumido dos banderas como si fueran los únicos que pueden defender el derecho al medioambiente y los derechos humanos. Con ese argumento y sin criterios razonables están predicando falsedades” ([11]).
Pero no todo ha sido aprobación. García fue fuertemente criticado por numerosos analistas por basar el desarrollo del país sólo en la extracción de los recursos naturales, privilegiando a la gran inversión, sin preocuparse por desarrollar nuestro mercado interno, promoviendo el aumento de la productividad de la micro y pequeña empresa, así como del agro para consumo interno. Pero sobre todo fue criticado por ratificarse en la opción de impulsar el crecimiento económico a como de lugar sin integrar en su preocupación la necesaria distribución equitativa de los frutos de dicho crecimiento.
LA EXTRADICIÓN DE FUJIMORI
Finalmente, luego de una larguísima espera de casi dos años, la justicia chilena determinó que procedía la extradición al Perú del ex presidente Alberto Fujimori. Los jueces chilenos afirman que “Fujimori no sólo tenía conocimiento de los hechos (delitos de lesa humanidad y corrupción), en su condición de presidente de la República, sino que él tenía dominio de los hechos” ([12]) por lo que procede enjuiciarlo por ambos tipos de delitos.
Nos parece que es saludable para el país que el 82% (encuesta nacional Ipsos-Apoyo) esté de acuerdo con su extradición y considere que el ex Presidente Alberto Fujimori sí es culpable de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción.
También nos parece saludable que sus partidarios (a pesar de todos sus esfuerzos) no hayan podido movilizar a las masas que sí lo respaldan ([13]), ni tampoco a gran parte del sector empresarial que considera a Fujimori como el arquitecto de la actual bonanza económica, por las medidas que se dieron durante su gobierno para ordenar la economía e impulsar la inversión privada. Este sector empresarial también destaca que al librarnos del terrorismo senderista, con “excesos comprensibles” otorgó la seguridad necesaria para que la inversión prospere.
Asimismo, es alentador el hecho de que los encargados de juzgarlo son conocidos por su seriedad, imparcialidad y honestidad. Según Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación “El tribunal que lo juzgará a Fujimori conoce mucho de derecho y tiene una honestidad acrisolada”. Esta opinión es compartida por la mayoría de analistas. Lo que no sucede con la opinión que se tiene sobre los miembros del tribunal que lo juzgaría en segunda instancia.
Igualmente alienta que, hasta ahora, a nivel de medios de comunicación se ha recordado a la Opinión Pública lo que hizo Fujimori, con una tendencia bastante crítica. Como dice Carlos Reyna “Todo esto va a volver a precisar, ante la gente, el verdadero perfil de Fujimori y del régimen que encabezó. Varias de las conclusiones y lecciones que se sacaron después de su fuga van a recobrar actualidad, o van a ser conocidas por primera vez por los más jóvenes (…) El conjunto de este nuevo develamiento le hará bien a la democracia. Buena parte de sus últimos retrocesos tienen que ver, precisamente, con el olvido de lo que han sido Fujimori y el fujimorismo” ([14]).
Nos parece que la extradición de Fujimori, es una derrota para el gobierno de Alan García, quién siempre demostró no tener ningún interés en la misma. En cambio, gana el Perú, pues tenemos la oportunidad de hacer justicia. La extradición es un gran triunfo para la causa de los derechos humanos y para la lucha anti-corrupción. Como bien señala Santiago Pedraglio: “lo que va aprendiendo el país es que nadie puede matar a personas desarmadas, ordenar que se las mate o dejar de impedirlo si está en sus manos; y que nadie tiene derecho a disponer de los bienes del Estado como se lo dicte su beneficio o el de sus colaboradores” ([15]).
De igual parecer es José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch para las Americas: “Ahora se abre la oportunidad de que en otros países si se dan circunstancias similares se aplique este precedente judicial. Hay que hacer notar que esta decisión proviene de una Corte Suprema que es bastante conservadora y que tiene un récord muy exigente en esta materia (…) Todo eso es algo completamente inédito y va a ayudar a desarrollar nuevos principios jurídicos en el ámbito de los derechos humanos” ([16]).
Salomón Lerner considera que la extradición de Fujimori: “respalda un arduo trabajo de la CVR, que estableció de manera indudable la responsabilidad penal de Fujimori, tal como aparece en la conclusión número 100 del Informe de la Comisión” que señala que “La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori como su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado “Colina”.
Pero también es buena noticia para la lucha anti-corrupción A. Bullard nos dice que “La extradición es una buena noticia para el crecimiento. Según el economista italiano Pablo Mauro, avanzar un escalón en la escala de corrupción (…) significa un crecimiento anual adicional de (…) hasta 2.5% más de crecimiento [del PBI] (…) Difícil encontrar otro factor que pueda influir tanto (…) Traer a Fujimori y juzgarlo reduce la sensación de impunidad que los políticos y funcionarios públicos pueden tener (…) Con ello es de esperar que la corrupción se reduzca. La justicia genera no solo bienestar moral sino también económico” ([17]).
Se ha discutido mucho si el juicio a Fujimori (cuya nueva fecha de inicio se ha fijado para el 10 de diciembre) debe politizarse o no. Coincidimos con Juan de la Puente cuando señala que “El arribo de Fujimori nos coloca ante dos procesos, cada uno con sus reglas, uno jurisdiccional y otro político, el primero de ellos con principios que al mismo tiempo deben garantizar la igualdad de todos ante la ley, el debido proceso y la independencia de los jueces” Según de la Puente politización sería si se presiona a magistrados para que lo condenen o liberen en base a consideraciones políticas y no jurídicas. “El segundo proceso es el político, o más precisamente el juicio político de los hombres y los hechos, al que tampoco puede sustraerse un ex presidente, especialmente si fugó, fue destituido y luego extraditado” ([18]).
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[1]) La República, 18 de octubre del 2007.
[2]) La Razón, 3 de noviembre del 2007.
[3]) Desco Resumen Semanal Año XXX – n. 1461 (7-13 de noviembre del 2007)
[4] ) Desco Resumen Semanal Año XXX n.1462 (14-20 de noviembre del 2007)
[5] ) La Primera, 3 de noviembre del 2007.
[6] ) Entrevista a Susana Villarán en Revista “Domingo” La República 4 de noviembre del 2007. Villarán se refiere a la reciente confluencia de la agrupación a la que pertenece: Partido por la Democracia Social –PDS- con los siguientes movimientos regionales: Convergencia Nacional Descentralista (CONREDES) de Junín, a la que pertenece el actual Presidente Regional de esa zona: Vladimiro Huaroc. Ayni de Huancavelica, Fuerza Social de Cajamarca (que también dirige el gobierno regional). Nueva Amazonía de San Martín (a cargo del gobierno regional) y Acción y Desarrollo Regional de Loreto. También asistieron a la reunión, pero no sabemos si finalmente se integraron a Fuerza Social el Movimiento Autogobierno Ayllu de Cusco y Llapanchik de Apurímac.
[7]) Perú 21 4 de noviembre del 2007.
[8] ) El Comercio, 28 de octubre del 2007.
[9] ) El Comercio, 4 de noviembre del 2007.
[[10] ) Expreso, 2 de noviembre del 2007.
[11] ) Expreso, 24 de octubre del 2007.
[12] ) Carlos Castro La República 23 de setiembre del 2007.
[13]) Cerca de un 23% de la población piensa que fue Fujimori quien acabo con el terrorismo. Además valoran las numerosas obras que hizo en sus pueblos, y el hecho de que estuviera cercano a ellos. Pero, sobre todo, lo respaldan porque están convencidos que el que cometió los delitos que se le imputan fue Vladimiro Montesinos.
[14] ) La República 24 de setiembre del 2007.
[15] ) Perú 21, 23 de setiembre del 2007.
[16] ) Entrevista en Perú 21, 22 de setiembre del 2007.
[17]) Perú 21, 24 de setiembre del 2007.
[18]) La República, 25 de setiembre del 2007.
Fuente: paraquenoserepita@yahoogroups.com
